Los hallazgos de MinDefensa por los que salió el director de Justicia Penal Militar

BLU Radio conoció en primicia el informe de control interno sobre la auditoria No. 15 que inició el 24 de enero de este año y finalizó el 26 de febrero. Del documento se hizo un reporte preliminar el 26 de febrero, que fue enviado a Justicia Penal Militar y el 6 de marzo se obtuvo la primera respuesta preliminar y tres días después o sea el 9 de marzo, se obtuvo la segunda respuesta.

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Con ese material control interno del Ministerio de Defensa, el 8 de mayo se proyectó el informe final que fue enviado a la propia Justicia Penal Militar, a la Procuraduría y a la Fiscalía.

En contexto, la Justicia Penal Militar es un organismo judicial que depende del Ministerio de Defensa. Está compuesta por 273 despachos judiciales distribuidos así: 167 juzgados de instrucción, 58 fiscalías y 48 juzgados de instancia.

El informe tiene 11 hallazgos, todos relacionados con los traslados y nombramientos de jueces y fiscales de la justicia penal militar.

En el documento se habla de una debilidad en la planeación de los traslados. De acuerdo con el informe se hicieron 141 traslados de jueces y fiscales a diferentes ciudades sin tener abiertas esas vacantes en esas ciudades. Es decir, si un juez de Quindío quería ir a la costa y Ramirez hacia el traslado, no bastaba más procedimiento ni autorización. Sin embargo, para eso el juez de la costa tenía que pasar a otro lado, con los problemas que trae para ellos un traslado de esos, colegios, universidades, casa, etc. Según el reporte esos traslados no fueron argumentados debidamente.

El informe también dice que fue débil la planeación jurídica de los actos administrativos de traslados. Para remover a estos empleados de justicia penal militar se debía publicar las hojas de vida en la página de Presidencia con tres días de antelación, pero las resoluciones de traslado se hicieron antes de eso, o sea ya existían las resoluciones de traslado antes de ser publicadas publicaran las hojas de vida, es decir antes de hacer los nombramientos, porque para nombrarlos se debía surtir el proceso de publicación de los currículos.

Dicho procedimiento se hace por transparencia, se publican las hojas de vida y si alguien se manifiesta sobre el postulado, pues se manifiesta. De esto también depende que se nombre o no un funcionario público.

Según el informe, la publicación de las hojas de vida se hizo después de expedidas las resoluciones, por lo que quedarían sin efecto dichos traslados, por lo que se entiende del informe.

De ahí en adelante se desprenden los hallazgos que, por este par de vicios legales, se fueron dando: no se respetó la antigüedad de jueces y fiscales al momento de hacer los traslados. Además, de los 30 cargos administrativos solo estaban ocupados 21 y no se llenaron las 9 vacantes restantes.

Por ejemplo, no había coordinador del grupo de asesoría legal, se revocaron resoluciones sobre los traslados. La información para los traslados que aparecían en los cuadros de Excel, en muchos casos, no correspondían con la realidad, por lo que los traslados no pudieron ser debidamente argumentados.

En total, 59 despachos judiciales estaban vacantes y no fueron llenados, lo que generó congestión de los procesos.

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Concluye el informe afirmando que la comunicación entre Justicia Penal Militar y el Ministerio de Defensa fue deficiente. Se registra el envío de correos electrónicos para notificar traslados y vacantes, pero la dirección administrativa del Ministerio a la fecha de la auditoria no había dado respuesta, por lo que esas vacantes ni esos traslados podrían haber sido posibles.

El informe no aclara si se efectuaron o no los 141 traslados y tampoco si se llenaron o no las vacantes que existían al momento de la auditoria.

Conozca el informe:

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