Santa Marta y varios sectores de La Guajira permanecen en alerta tras los hechos violentos registrados luego de un operativo contra integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Vehículos incendiados y ataques contra establecimientos comerciales aumentaron la preocupación entre habitantes y turistas.En este contexto, las autoridades reforzaron la presencia de militares y policías en diferentes puntos de Santa Marta, incluidas las zonas turísticas. Fue precisamente durante uno de estos operativos que los uniformados llegaron a las playas del Rodadero, donde fueron recibidos con aplausos por varios turistas, quienes manifestaron sentirse más tranquilos al ver el despliegue de seguridad.Militares llegaron a las playas y fueron recibidos con aplausosDe acuerdo con un informe de Noticias Caracol, comandos de fuerzas de operaciones especiales llegaron a una de las playas del Rodadero para saludar a los turistas y brindarles seguridad. La escena también se repitió en otras playas de Santa Marta.Algunos visitantes inicialmente pensaron que se trataba de una toma y que serían retirados del lugar. Sin embargo, cuando los uniformados comenzaron a hablar con ellos y les explicaron que estaban allí para garantizar su seguridad, los turistas empezaron a tomar fotografías y aplaudieron su presencia.Una de las turistas entrevistadas contó que había llegado a Santa Marta el día anterior y que, en medio de la situación de orden público, habían tenido que abandonar la playa. Según relató, les dijeron que debían retirarse debido al paro armado y regresaron al hotel después de comprar algunos víveres.Al día siguiente recibieron autorización para volver a la playa, aunque con precaución. La turista aseguró que al observar la presencia de la Policía, el Ejército y la Marina se sintieron más tranquilos.Comercios y hoteles también reportan afectacionesEl recorrido también mostró el impacto de la situación en diferentes sectores de Santa Marta. En la Quinta Avenida, una de las principales zonas comerciales, varios establecimientos permanecieron cerrados. Un comerciante comparó el panorama con el de una pandemia y señaló que las afectaciones alcanzaban a diferentes negocios y trabajadores.En el centro histórico, algunos establecimientos también tuvieron que cerrar. Uno de los administradores consultados explicó que había sido un día atípico y que habían tenido que suspender la atención al público. Sin embargo, destacó que la presencia de la fuerza pública los hacía sentir apoyados.Los vendedores informales también reportaron una caída en sus ventas. Uno de ellos explicó que normalmente puede vender siete, ocho o hasta diez sombreros durante una jornada, pero ese día no había vendido ninguno.En el sector hotelero del Rodadero, una administradora aseguró que la zona permanecía tranquila y que los huéspedes que ya estaban allí se habían mantenido. No obstante, señaló que otros hoteles habían reportado cancelaciones de reservas.Turistas evalúan sus planes ante la situaciónEntre los visitantes también había preocupación por las condiciones de seguridad. Una turista procedente de Bogotá contó que había viajado con su familia para celebrar los 25 años de matrimonio de sus suegros y conocer el mar, pero aseguró que la situación había cambiado sus planes.La visitante señaló que las calles estaban solas y que habían tenido dificultades para encontrar lugares donde comer o realizar actividades. Incluso contemplaban la posibilidad de regresar, aunque desconocían si el terminal estaba funcionando.Durante el informe también se mencionó una alerta de seguridad emitida por Estados Unidos, según la cual las autoridades colombianas habían informado sobre un bloqueo armado de 72 horas, con cierre de actividades civiles y toque de queda hasta el mediodía del viernes.El reporte indicó además que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar permanecía abierto y en operación, al igual que la ruta hacia Barranquilla, aunque se advertía sobre posibles demoras, limitaciones o riesgos en algunas vías.
Colombia enfrenta un escenario de seguridad cada vez más complejo, mientras las Fuerzas Militares tienen disponible para operaciones solo el 46 % de sus capacidades, según un nuevo estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).El diagnóstico señala que las dificultades no están relacionadas únicamente con la disponibilidad de equipos. También existen brechas en mantenimiento, combustible, repuestos, personal especializado, inteligencia y doctrina para utilizar las capacidades existentes.El informe fue presentado en momentos en que el Gobierno ha incrementado las operaciones militares contra grupos armados en diferentes regiones del país.Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la FIP, en diálogo con Blu Radio explicó que hablar de capacidad militar implica mucho más que contar con un determinado equipo.“La capacidad no es solamente del equipamiento, por ejemplo, del helicóptero, sino que tengamos doctrina, gente capacitada para operar ese equipamiento, el mismo equipamiento, pero también los recursos para su sostenimiento y operación”, señaló.De acuerdo con el estudio, la cifra corresponde a las capacidades de los componentes aéreo, terrestre, marítimo y fluvial que actualmente pueden ser utilizadas para realizar operaciones.La situación es particularmente preocupante en los componentes aéreo y naval-fluvial. El informe señala que el 55,5 % del inventario aéreo está fuera de servicio, mientras que en el componente naval y fluvial la cifra llega al 48,1 %.Flórez explicó que una de las principales causas está relacionada con la falta de recursos para sostener los equipos.“No hay plata para hacer mantenimiento, no hay plata para el combustible, no hay plata para los repuestos, y eso genera una falencia”, dijo.A esto se suma, la falta de personal especializado y de una doctrina que permita utilizar de manera adecuada algunas tecnologías que ya están en poder de las Fuerzas Militares.“No tenemos doctrina que nos permita utilizar los drones que hemos venido adquiriendo para poderlos utilizar en esquemas, ya sea de inteligencia o incluso esquemas ofensivos”, agregó.Para la FIP, una de las principales brechas está en los recursos destinados al mantenimiento y sostenimiento de las operaciones.El estudio señala que, entre 2015 y 2025, los costos estimados de operación crecieron tres veces más rápido que los recursos disponibles para cubrirlos. Además, los gastos de personal activo y retirado representaron el 76,2 % del presupuesto del sector Defensa en 2025, lo que reduce el margen disponible para operación, mantenimiento y modernización.Flórez advirtió que esta situación se vuelve más compleja porque el sector también debe asumir compromisos adquiridos en años anteriores. Según explicó, una parte importante de los recursos de inversión está comprometida en obligaciones relacionadas con adquisiciones previas, lo que limita la posibilidad de destinar recursos a nuevas capacidades.“Nuestra capacidad de inversión, porque la inversión es la que nos da la posibilidad de comprar equipamientos nuevos y adaptarnos a las necesidades, está demasiado limitada por las presiones de compras de años anteriores”, afirmó.La Fundación también llamó la atención sobre el peso de las obligaciones asociadas al personal retirado. De acuerdo con el estudio, el valor presente de las obligaciones reconocidas por asignaciones de retiro, invalidez y sustitución pensional ascendía en 2024 a cerca de 50 billones de pesos.Asimismo, el estudio señala que en 2025 la fuerza pública realizó 234 acciones contra grupos armados, un incremento de 34,5 % frente a 2024. Sin embargo, durante ese mismo periodo los principales grupos armados aumentaron su número de integrantes y ampliaron su presencia territorial.Para Flórez, el riesgo está en que el Estado tenga la capacidad de iniciar operaciones, pero no necesariamente de mantener despliegues prolongados.“Podríamos hacer operaciones, pero no podemos sostener operaciones de profundidad y no podemos sostener la tropa de manera estratégica en los sitios donde quisiera el Estado”, concluyó.Desde la FIP plantearon diez recomendaciones para cambiar la manera en que se planean y financian las capacidades militares. Entre ellas están recuperar primero las capacidades que todavía pueden ser utilizadas, establecer el costo mínimo necesario para mantener las operaciones, garantizar financiación de largo plazo para la modernización y anticipar cuáles son las capacidades que el país no puede permitirse perder.Asimismo, plantea fortalecer áreas como inteligencia, vigilancia y reconocimiento, comunicaciones, guerra electrónica, ciberdefensa, manejo de datos e inteligencia artificial, además de adaptar las capacidades frente al uso de nuevas tecnologías por parte de los grupos armados.El objetivo, según la Fundación, es pasar de una planeación basada en las coyunturas a una estrategia permanente que permita definir, financiar, sostener y actualizar las capacidades que el Estado necesita para responder a las amenazas actuales.
Los militares fueron identificados como Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián Ramírez Carrillo y Óscar David Monterroza Suárez. En el mismo hecho, ocurrido en la vereda La Unión, resultaron heridos un suboficial y otros tres soldados profesionales.El general Soto Sánchez aseguró que la Fuerza Pública empleará sus capacidades para ubicar a los responsables de los ataques. De manera preliminar, el Ejército atribuye el hecho en La Macarena a la Estructura Éver Castro, del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias ‘Calarcá’.“No vamos a retroceder frente a quienes pretenden intimidar a Colombia mediante el terrorismo”, manifestó el comandante del Ejército, al tiempo que ordenó continuar las operaciones ofensivas en el departamento.El oficial también rindió homenaje a los tres uniformados asesinados y expresó sus condolencias a sus familias, a quienes aseguró que la institución les brindará acompañamiento durante este momento.Los hechos ocurrieron en medio de una madrugada marcada por dos ataques contra tropas en el Meta. Además del caso de La Macarena, militares fueron atacados en la vereda Puerto Chorizo, en Vistahermosa, donde un dispositivo explosivo improvisado fue seguido por disparos de armas de largo alcance. Dos soldados profesionales resultaron heridos.El Ejército informó que activó sus capacidades operacionales, aéreas y médicas para evacuar y atender a los uniformados afectados. Las operaciones continúan en el suroriente del país con el objetivo de ubicar a los responsables de los ataques.
Las Fuerzas Militares entregaron un nuevo balance sobre los ataques contra la fuerza pública mediante sistemas aéreos no tripulados, (UAS) conocidos como drones, cargados con explosivos.Según el boletín, entre enero de 2024 y el 14 de septiembre de 2026 se han registrado 439 ataques de este tipo en diferentes departamentos del país. En 2024 fueron 108; en 2025, 158 y en lo corrido de 2026 ya se contabilizan 173 casos, por lo que este año registra la cifra más alta del periodo.El informe también señala que, como consecuencia de estos ataques, 26 agentes han muerto y 353 han resultado heridos. Solo durante 2026, el reporte registra 10 fallecidos y 200 heridos.Entre los departamentos donde se han registrado estos ataques están Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó y Bolívar. Según las Fuerzas Militares, estos hechos han sido atribuidos a diferentes grupos armados organizados, entre ellos el ELN y estructuras de las disidencias de las FARC.Cauca es el departamento con mayor número de ataques registrados durante el periodo, con 248 casos, seguido por Norte de Santander, con 65, y Valle del Cauca, con 34.
La Fiscalía imputó al exjuez penal militar Javier Ardila Arias por el delito de concusión, por presuntamente exigir 40 millones de pesos a un capitán del Ejército Nacional a cambio de favorecerlo dentro de un proceso penal militar que estaba bajo su conocimiento.De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido en abril de 2025, cuando Ardila Arias todavía estaba a cargo de las diligencias relacionadas con el uniformado.Según la investigación, el 7 de abril de 2025 el entonces juez penal militar se habría reunido con el capitán en una cantina de Florencia, Caquetá. En ese encuentro, presuntamente le habría solicitado los 40 millones de pesos a cambio de beneficiarlo judicialmente dentro del proceso que se adelantaba en su contra.Tres días después, de acuerdo con la Fiscalía, Ardila Arias se habría encontrado nuevamente con el oficial y habría reiterado la solicitud del dinero.La investigación que estaba en conocimiento del entonces juez tuvo origen en una operación realizada por el Ejército Nacional el 11 de marzo de 2025, en zona rural de San José del Fragua, Caquetá, contra organizaciones dedicadas al procesamiento de sustancias ilícitas.Durante sobrevuelos realizados con drones, fueron observados varios hombres que portaban prendas camufladas y fusiles. Posteriormente, según la información incorporada al proceso, se estableció que se trataba de integrantes del Ejército Nacional que habrían reportado coordenadas diferentes al lugar en el que realmente se encontraban.A partir de esos hechos, un capitán y dos suboficiales fueron procesados por los delitos de desobediencia y falsedad en documento público. Las diligencias quedaron a cargo de Javier Ardila Arias cuando ejercía como juez penal militar.La Fiscalía señaló que, dentro de esas actuaciones, el entonces funcionario judicial no impuso medida de aseguramiento contra los tres uniformados.
Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 40 Coronel Luciano D’Elhuyar, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, realizaron la incautación de 250 galones de combustible y dos motores fuera de borda en zona rural de Simacota, Santander.El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Pulpapel, en el marco de las operaciones militares que adelantan las autoridades para proteger a la población civil y combatir actividades ilícitas en la región.Le puede interesar: Ejército incauta 20.000 galones de combustible que serían del Clan del Golfo en SantanderDe acuerdo con el Ejército, los elementos fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de adelantar los procedimientos correspondientes.La institución señaló que esta incautación representa una afectación a recursos que podrían ser utilizados por estructuras dedicadas a actividades ilícitas en la región del Magdalena Medio, como el narcotráfico. La Quinta Brigada del Ejército indicó que continuará desarrollando operaciones coordinadas con otras instituciones para afectar las economías ilícitas y fortalecer las condiciones de seguridad en su área de operaciones.
Desde el Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares se hicieron aclaraciones sobre la aplicación de la nueva norma y se explicaron las pautas que deberán tener en cuenta los ciudadanos.El coronel Héctor Alexánder Juzga León aclaró que todos los ciudadanos que tengan un permiso de porte de arma vigente podrán movilizarse por el territorio nacional portando su arma, siempre y cuando el permiso se encuentre vigente.También explicó que las autoridades militares en todo el territorio nacional serán las encargadas de expedir las resoluciones pertinentes, de acuerdo con sus respectivas áreas de responsabilidad, para permitir la circulación de los ciudadanos que cuenten con un permiso de porte vigente.Asimismo, aclaró que el trámite de permisos nacionales y regionales, que anteriormente tenían un carácter especial, quedó anulado. Según explicó el oficial, ahora el ciudadano que quiera portar su arma en cualquier lugar del territorio nacional únicamente deberá movilizarse con su permiso de porte vigente.El Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos invitó a los ciudadanos que tengan vencido su permiso de porte a realizar la respectiva actualización. El coronel Juzga León señaló que el único canal autorizado para adelantar este trámite es la plataforma CIAEM 2.0, a través de la cual se pueden iniciar los procesos de revalidación.El oficial también detalló que las personas cuyo permiso lleve más de 30 días vencido deberán pagar, al iniciar el trámite en la plataforma, una multa equivalente a un salario mínimo legal vigente.“Posterior a ese pago, podrá iniciar en plataforma los trámites y el Departamento de Control, Comercio de Armas, con las 36 seccionales que tenemos desplegadas en el territorio, podrá efectuar los estudios, validaciones y verificaciones con las autoridades competentes”, explicó el coronel Juzga León.Según indicó, estas verificaciones incluyen consultas ante la Policía Nacional, Interpol, la Fiscalía General de la Nación y el propio Departamento de Control, Comercio de Armas, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 2535 de 1993 y adelantar la expedición o actualización de los permisos de porte y tenencia de armas.Finalmente, las autoridades recordaron a los ciudadanos que deben recurrir únicamente a los canales oficiales para realizar estos trámites y enfatizaron que no se requieren intermediarios ni terceros para adelantar estos procesos.
Momentos de angustia vivieron cerca de 800 estudiantes y docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, durante el ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar El Trapiche. Vale recordar que la institución educativa está ubicada muy cerca de la unidad militar, por lo que quienes se encontraban en clase tuvieron que permanecer dentro de los salones y buscar refugio ante las detonaciones y los disparos.En medio del temor, varios estudiantes se protegieron debajo de los pupitres, mientras intentaban resguardarse de los efectos del ataque ocurrido en horas de la noche. Un video conocido durante la noche del viernes evidencia la tensión que se vivió dentro de las aulas, mientras los jóvenes permanecían agachados y buscaban mantenerse a salvo ante la situación de orden público.El ataque comenzó alrededor de las 7:15 de la noche contra el cantón militar El Trapiche, ubicado en las afueras de Ocaña, sobre la vía que conduce hacia Ábrego y Cúcuta. De acuerdo con el informe radial, al menos 16 drones cargados con explosivos fueron utilizados contra la unidad militar, ocasionando daños en diferentes instalaciones y dejando cinco militares heridos. Posteriormente, se registraron combates en una zona rural cercana entre integrantes del ELN y las Fuerzas Militares.No hay clases este sábadoLa cercanía del campus universitario con el batallón llevó a las directivas de la Universidad Francisco de Paula Santander a suspender las clases durante este sábado. El director de la institución, Edwin Espinel, tomó la decisión junto con las directivas con el propósito de proteger a estudiantes y docentes, teniendo en cuenta además los controles de seguridad desplegados en las vías de acceso a la zona.La situación también generó preocupación por la ubicación de otras infraestructuras consideradas importantes para Ocaña. En inmediaciones del Batallón Santander se encuentran una subestación eléctrica que permite suministrar energía al municipio y a la provincia, además de la planta de captación de agua potable que abastece a la población. Por esta razón, las autoridades mantienen vigilancia sobre el sector mientras avanzan las verificaciones tras el ataque.El hecho dejó dos militares muertos, el capitán Marco David Parajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, además de cinco uniformados heridos. Mientras las autoridades atribuyeron el ataque al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, la Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido. Entre tanto, Ocaña permanece bajo medidas especiales de seguridad y con una comunidad todavía afectada por la zozobra provocada por la violencia.
El ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, dejó dos militares asesinados y otros cinco soldados heridos. Las víctimas mortales fueron identificadas como el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, quienes fallecieron durante la acción armada registrada en la noche del viernes.De acuerdo con el reporte preliminar entregado por el presidente Abelardo De La Espriella, el ataque ocurrió alrededor de las 7:20 de la noche, cuando artefactos explosivos fueron lanzados desde drones contra la guarnición militar. Además de los dos uniformados asesinados, cinco soldados profesionales resultaron heridos y una aeronave de la Fuerza Aérea fue alcanzada por esquirlas.Las autoridades atribuyeron inicialmente el atentado al Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura que opera en esta zona de Norte de Santander. Los explosivos impactaron diferentes puntos de la instalación militar y también afectaron un helicóptero, mientras que las autoridades avanzaban en la evaluación de los daños ocasionados en la infraestructura.Tras conocer la muerte del oficial y del soldado profesional, el mandatario expresó su solidaridad con sus familiares y destacó el servicio de los uniformados. “A las familias de nuestros dos héroes asesinados, toda mi solidaridad, mis oraciones y la gratitud de Colombia. A nuestros soldados heridos, mi deseo de pronta recuperación”, manifestó De la Espriella.Por su parte, el Ejército Nacional informó que activó los protocolos de seguridad establecidos luego del ataque y comenzó la verificación de las afectaciones provocadas por las explosiones. El presidente De La Espriella anunció, además, una nueva estrategia de seguridad para enfrentar a los grupos armados que operan en el Catatumbo.“Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal”, concluyó el jefe de Estado.
En internet existen millones de aplicaciones que provienen de desarrolladores diferentes, por lo que es prácticamente imposible ejercer un control total sobre cada una de ellas. Es por eso que, de vez en cuando, un usuario puede terminar instalando, sin saberlo, aplicaciones malintencionadas (malware) que pueden terminar mostrando publicidad sin parar, consumiendo datos en segundo plano o solicitando acceso a fotografías, mensajes y otras funciones que aparentemente no necesita para funcionar. Un análisis de ESET Latinoamérica advierte que estas aplicaciones suelen intentar pasar desapercibidas y que no existe una señal universal que permita confirmar que algo anda mal. “Una sola señal no necesariamente significa que se trate de una aplicación maliciosa, pero la combinación de estos comportamientos extraños es lo que debería levantar sospechas”, explicó Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.¿Qué hacer antes de eliminar una aplicación sospechosa?Si tiene certeza de que su teléfono está infectado, lo primero es dejar de abrir la aplicación y evitar seguir introduciendo contraseñas o información personal en su celular. También es recomendable revisar qué permisos recibió y, si continúa realizando alguna actividad extraña, desconectar temporalmente el teléfono de internet.En Android, normalmente puede intentarse la eliminación desde Ajustes > Aplicaciones > (nombre de la app) > Desinstalar, aunque la ruta puede cambiar según la marca y la versión del sistema.El inconveniente surge cuando una aplicación consigue permisos especiales de administrador y bloquea su propia eliminación. En esos casos es necesario retirar primero esos privilegios para después intentar desinstalarla o, si no lo consigue, puede iniciar su celular en modo seguro, que desactiva temporalmente las aplicaciones descargadas y puede facilitar el proceso.Por su parte, en iPhone una aplicación puede eliminarse manteniendo presionado su ícono y seleccionando "Eliminar app", pero antes debería comprobar qué permisos tenía concedidos. Borrar una aplicación puede no ser suficiente“El hecho de borrar una aplicación maliciosa representa un paso importante del proceso, pero no es el último porque una app pudo haber tenido acceso a nuestra información sensible”, señaló Micucci.El especialista recomienda cambiar las contraseñas de cuentas importantes, especialmente correo electrónico, redes sociales, cuentas de Google y de Apple y servicios financieros, preferiblemente desde otro dispositivo confiable si aún existe la posibilidad de que el teléfono siga comprometido.También es necesario revisar sus sesiones abiertas, dispositivos vinculados y movimientos bancarios que no reconozca, además de activar la autenticación de dos factores en las cuentas que lo permitan.¿Cómo eliminar una aplicación que no se deja borrar?El restablecimiento de fábrica queda como último recurso cuando las alternativas anteriores no funcionan y el teléfono continúa comprometido. El procedimiento elimina aplicaciones, configuraciones y los datos almacenados, por lo que es necesario respaldar antes la información que se quiera conservar.Para reducir el riesgo de repetir el problema, hay que recordar que solo se debe descargar aplicaciones desde tiendas oficiales, comprobar quién las desarrolló, revisar los permisos antes de instalarlas y mantener actualizado el sistema operativo.
Un nuevo temblor fue registrado durante la madrugada de este sábado 26 de septiembre en Colombia. El movimiento tuvo una magnitud de 4,5 y fue localizado en Chaparral, Tolima, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).El sismo ocurrió a la 1:38 a. m. y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros. El reporte actualizado modificó la magnitud inicialmente informada, que había sido de 4,4.El movimiento fue percibido en diferentes municipios del país, de acuerdo con los reportes de ciudadanos que comenzaron a compartir sus experiencias después de la sacudida.¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 4,5?Los reportes de ciudadanos señalaron que el sismo se sintió en diferentes zonas del Valle del Cauca, entre ellas Cali, Jamundí, Palmira, Yumbo y Sevilla.También hubo reportes desde Medellín y municipios de Antioquia como Sabaneta. En el Quindío, algunas personas indicaron haberlo sentido en Armenia, Calarcá y La Tebaida.En Tolima, además de Chaparral, hubo reportes desde Ibagué. La intensidad percibida varió según el lugar: mientras algunos ciudadanos describieron una sacudida fuerte, otros señalaron que fue breve.¿Qué dijo el Servicio Geológico Colombiano sobre el sismo?El SGC informó que el evento correspondió a un sismo de magnitud 4,5 y profundidad superficial, con referencia en Chaparral, Tolima.La actividad sísmica continuó durante la madrugada. A las 5:05 a. m., el SGC reportó otro movimiento de magnitud 3,4, también con profundidad superficial y referencia en Chaparral. Posteriormente, a las 5:39 a. m., registró un tercer evento, esta vez de magnitud 3,1, igualmente asociado con el municipio tolimense.Los ciudadanos que sintieron el primer movimiento describieron diferentes reacciones. Algunos reportaron que la sacudida fue fuerte en Cali, Armenia y La Tebaida, mientras que en Chaparral hubo personas que manifestaron preocupación por la continuidad de los movimientos registrados durante los últimos días.El SGC recordó a la ciudadanía que puede reportar si sintió un sismo a través de su plataforma de Sismos Sentidos, información que ayuda a complementar el seguimiento de los eventos registrados en el país.
Habrá Alumbrados Navideños en Medellín con total normalidad para el próximo mes de diciembre. Así lo confirmó el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, al despejar las dudas sobre la realización de esta tradicional celebración, pese a las alertas generadas por los efectos del Fenómeno de El Niño en el suministro eléctrico.El mandatario explicó que la decisión se sustenta en el uso de tecnología avanzada en iluminación. Según detalló Empresas Públicas de Medellín (EPM), los alumbrados utilizarán bombillas y mangueras luminosas tipo LED y materiales recuperables, una transición tecnológica que permite disminuir el consumo de energía hasta en un 40 % en comparación con sistemas tradicionales, garantizando un menor impacto sobre la red eléctrica."Vamos a ser responsables de acuerdo al momento que vamos viviendo con la ciudad, pero igual, acuerden que los alumbrados todo el año se construyen y se fabrican, están prácticamente listos, se va a hacer el montaje, iremos viendo cuáles son las realidades del país en ese momento de energía, pero acuérdese que todo el tema del consumo es con luces LED, con luminarias LED, que, básicamente, son de muy bajo consumo", detalló Gutiérrez.EPM reiteró que el uso eficiente de la energía debe ser un compromiso constante en los hogares antioqueños, evitando el encendido innecesario de bombillos y electrodomésticos mientras persistan las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno de El Niño.Con el uso de tecnologías de bajo consumo, la ciudad mantendrá su tradicional atractivo decembrino, mientras los operarios y las autoridades insisten en que la corresponsabilidad ciudadana en el ahorro de servicios públicos sigue siendo indispensable para evitar restricciones mayores en la región.
Un operativo de las autoridades en Medellín permitió la captura de cinco policías y cuatro personas señaladas de estar vinculadas con ‘La Oficina’, en medio de una investigación por una presunta red de corrupción que habría facilitado actividades criminales en diferentes zonas de la ciudad.Entre los detenidos se encuentra alias ‘Gordo’, señalado por las autoridades como coordinador del grupo delincuencial organizado Cotranal, quien tendría una trayectoria criminal cercana a 15 años al servicio de esa estructura.De acuerdo con la investigación, los uniformados presuntamente habrían utilizado sus funciones para omitir procedimientos de registro y control en las zonas que tenían asignadas, permitiendo así el accionar de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.Las autoridades indicaron que, de manera preliminar, los policías habrían recibido entre 3 y 4 millones de pesos mensuales por parte de coordinadores de la estructura criminal, a cambio de favorecer sus operaciones."Aquí no hay espacio para funcionarios corruptos ni para servidores públicos al servicio del crimen ni para los criminales. Aquí manda la ley y vamos por todos, absolutamente todos los ilegales. Vamos por los criminales, vamos por sus rentas, por sus redes, por quienes pretendan protegerlos desde adentro", indicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.Entre los uniformados capturados hay patrulleros adscritos a las estaciones de Policía de Manrique, Bello y Doce de Octubre, además de un integrante vinculado a la Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional, por lo que se busca establecer el alcance de las conexiones entre los agentes y las estructuras criminales.Los nueve capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta el proceso de judicialización por los delitos de cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir, según la investigación de las autoridades en la capital de Antioquia.
A poco más de una hora de Bogotá, entre las montañas de Cundinamarca, hay un lugar que puede hacer sentir a los visitantes que cambiaron de país sin haber tomado un avión. Se trata de Varsana Eco Aldea, un espacio ubicado en Granada que reúne arquitectura inspirada en la India, naturaleza y prácticas relacionadas con la tradición védica.El recorrido hacia este lugar también hace parte de la experiencia. El paisaje rural de Granada está rodeado de cafetales, cultivos de caña de azúcar y árboles frutales, hasta llegar a una propuesta que se aparta de los planes habituales cerca de la capital.Varsana comenzó a tomar forma a finales de la década de 1970 con una propuesta vinculada al Bhakti Yoga y la tradición védica de la India. Aunque buena parte de sus elementos están inspirados en esa cultura, el espacio se desarrolló en territorio colombiano.¿Qué se puede hacer en Varsana Eco Aldea?La visita no se limita a conocer el templo. En el lugar se realizan actividades como yoga, meditación colectiva y caminatas conscientes, además de contar con huertas orgánicas y sistemas de permacultura.También hay baños secos y espacios destinados a prácticas relacionadas con el cuidado del ambiente. La propuesta busca integrar estas actividades con la naturaleza y ofrecer un espacio para quienes quieren alejarse durante unas horas del ritmo de la ciudad.La alimentación vegetariana y la convivencia comunitaria también hacen parte de la dinámica de Varsana. Su propuesta está relacionada con principios como la no violencia, el respeto por los seres vivos, la meditación y la conexión con la naturaleza.El lugar no pretende ser una réplica de la India. Su propuesta combina elementos de esa tradición espiritual con el entorno rural de Granada, Cundinamarca, lo que hace que la experiencia tenga características propias.¿Cuánto cuesta visitar Varsana Eco Aldea?Uno de los datos que puede interesar a quienes buscan planes cerca de Bogotá es el precio de ingreso. Según la información suministrada, la pasadía tiene un valor de $35.000 por persona.La cercanía con Bogotá permite plantearlo como una salida de un día para quienes buscan conocer un lugar diferente sin tener que desplazarse fuera del departamento.Entre templos, espacios naturales, huertas y actividades de contemplación, Varsana ofrece una experiencia que combina elementos de la cultura india con el paisaje colombiano.Por su ubicación y propuesta, el lugar se ha convertido en una alternativa para quienes buscan cambiar por unas horas el ambiente de la capital y acercarse a un entorno rural, con actividades enfocadas en la tranquilidad, la naturaleza y la espiritualidad.