El soldado Alexis Contreras, quien adquirió tuberculosis mientras prestaba su servicio militar en el Batallón Nueva Granada, falleció tras 45 días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Bucaramanga. Su caso ha despertado indignación debido a las denuncias de presunta negligencia por parte de sus superiores.Le puede interesar: El militar desarrolló una meningitis tuberculosa que afectó su sistema neurológico y requirió la extracción de un pulmón, lo que agravó su estado de salud. Según información revelada, los primeros síntomas de la enfermedad se manifestaron en octubre de 2024, pero el diagnóstico se realizó cuando la infección ya había causado daños irreversibles.La Fundación Donar Nos Une, que ha estado acompañando a la familia del soldado fallecido, ha exigido respuestas ante lo que considera un grave caso de omisión médica y falta de protocolos de prevención en la institución militar. Según la fundación, las autoridades de salud no han tomado medidas efectivas para determinar si hay más casos de tuberculosis entre los soldados que prestan servicio en el batallón."Dicha enfermedad afectó su cerebro con una meningitis tuberculosa de igual manera le extrajeron un pulmón por el cual su salud se complicó. El soldado Alexis Contreras presentaba dicha enfermedad desde octubre 20 de 2024, donde varios cursos del soldado como Brando Arley Blanco resultó contagiado, igualmente con tuberculosis, donde se recupera bajo tratamiento en casa", informó la Fundación.El secretario de Salud, Andrés Manosalva, ha sido señalado por la fundación por no atender oportunamente la situación, lo que pone en riesgo a más personas expuestas a la enfermedad. A la fecha, las pruebas para descartar nuevos contagios en el batallón aún no se han realizado, dice la denuncia."El secretario de salud, Andrés Manosalva, hace oídos sordos a esta situación que pone en riesgo a la familia Contreras y a la familia del soldado Blanco. A la fecha no ha sido posible realizar más pruebas para descartar otros posibles casos de tuberculosis", agrega la denuncia.En enero pasado una menor de 16 años también falleció por tuberculosis en Barrancabermeja. Mientras tanto, en Bucaramanga murió un joven, también diagnosticado con tuberculosis y quien permanecía detenido en la estación Norte de la Policía.
La información que solicita la Corte Constitucional para que se integre como prueba al interior de la revisión de constitucionalidad del decreto legislativo 0062 del 24 de enero de 2025 por medio del cual se «decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y Gonzáles del departamento del Cesar» busca compilar información de los entes territoriales, militares, policivos, como, de hacienda y tesoro para constatar las medidas que el Estado adoptó o pudo adoptar antes de decretar un Estado de Conmoción Interior, esto, por cuanto se trata de un estado de excepción.En ese sentido, el alto tribunal le pidió al Comando General de las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional que informen sobre las acciones que, dentro del escalamiento del conflicto en las zonas específicas, cada autoridad tanto militar, como civil, adoptó antes de la expedición del decreto de conmoción y desde el 2022; esto, para demostrar si en efecto existieron cambios dramáticos que no pudieron ser contenidos por el desarrollo común de la fuerza e inteligencia militar en esas zonas de conflicto.Además, la Corte pide referenciar también los poderes que desde 2022 cada fuerza en específica tiene en el territorio nacional, como, la fuerza violenta o el aumento de tropas de la guerrilla del ELN.Por otro lado, la Corte Constitucional instó a los entes territoriales que brinden información acerca del aumento de procesos de desplazamiento forzado por cuenta del ELN o afines, a partir del 2022, la cuantificación de las víctimas, entre otras, para demostrar si existió o no falta de capacidad premeditada del Estado para atender dicha emergencia.Es decir, la capacidad de respuesta institucional desde los entes territoriales para constatar si tuvo la capacidad de advertir e intentar mitigar dicha situación, incluyéndose, además, las alertas tempranas que pudo emitir la Defensoría del Pueblo.Ahora bien, en cuanto al tema fiscal, la Corte le pidió al Ministerio de Hacienda que especifique cuáles figuras tiene el Gobierno para incrementar, modificar o redireccionar recursos del Presupuesto General de la Nación para atender crisis humanitarias o escaladas de violencia en el territorio, y ver si se intentó ejercer dichas atribuciones para fortalecer la estrategia y fuerza militar, como, en general para atacar desde todas las perspectivas la crisis antes de la declaratoria del estado de excepción.La Corte Constitucional busca recopilar la suficiente información de las entidades para lograr determinar si la medida adoptada por el poder ejecutivo si es meritoria a un estado de conmoción interior o si, por el contrario, corresponden a circunstancias que podían o pueden superarse con el ejercicio legítimo del estado y de sus atribuciones al margen de la declaratoria de esa excepción.En ese sentido, luego de recibidas las pruebas, la Corte deberá estudiar dentro de un control de constitucionalidad si el decreto legislativo expedido cumple: (i) los requisitos formales y (ii) los requisitos materiales, dentro de los que se destacan: a) Presupuesto fáctico (contexto), b) Presupuesto valorativo y, (c) Presupuesto de suficiencia; pues, en caso de no ser exitoso, se puede declarar la inconstitucionalidad del acto al no satisfacerse dichas exigencias y quedaría sin piso el Estado de Conmoción Interior decretado.
De acuerdo con el documento de inteligencia conocido por Blu Radio, en respuesta a un cuestionario del ministro de Defensa, Iván Velásquez, es posible que los dineros productos de narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el contrabando que se desarrolla en ambos lados de la frontera (Colombia - Venezuela), esté propiciando la circulación de ese dinero ilegal a través de inversiones en sectores como el inmobiliario, industrial, mercantil y hasta el financiero, facilitando lavado de activos y el financiamiento del ELN y las disidencias de las Farc.Incluso, indica que, como posible evidencia de lo anterior, está el caso del banco canadiense TD Bank que, de acuerdo con la justicia de los Estados Unidos, alcanzó a poner en operación dos cajeros electrónicos en Cúcuta, omitiendo señales de alerta por el alto flujo de retiros, con lo cual permitió transferir entre enero de 2018 y abril de 2024 más de 670 millones de dólares, lo que se traduce en aproximadamente 2 billones de pesos en más de 676 mil retiros. Por eso, este banco tuvo que pagar una multa de 3.000 millones de dólares.Este dinero, según el documento, provendría de actividades generadoras de ingresos ilegales para los grupos armados organizados que hacen presencia en Norte de Santander, como extorsión y el secuestro a palmicultores, ganaderos, comerciantes y sector petrolero, entre otros.Incluso, el contrabando es otra fuente de finanzas ilícitas para los grupos que delinquen a lo largo de los pasos fronterizos, usados también para el tráfico de combustibles y mercancías en general, entre alimentos, licores, textiles y electrodomésticos.Esos pasos que agregan las FFMM en el informe para el ministro de Defensa, casi siempre son los mismos que se utilizan para el tráfico de drogas e insumos para su procesamiento, teniendo en cuenta la limitada capacidad de controles aduaneros.La minería ilegal de carbón practicada por los criminales en algunos municipios del departamento también genera ingresos a los grupos armados organizados. Además, dice el informe, que es posible que ingresen de forma ilegal oro y dineros de la explotación acuífera del arco minero de la Orinoquía en Venezuela, actividades auspiciadas por el ELN y las disidencias de las Farc, utilizadas también como mecanismo de control territorial y social.Esos dineros, producto del narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el contrabando que se desarrolla en ambos lados de la frontera, sumado al alto flujo comercial adelantado en Cúcuta, más la escasez de controles e informalidad, está propiciando la circulación de esas rentas criminales a través de inversiones en algunos sectores como el inmobiliario, industrial, mercantil y hasta el financiero, facilitando el lavado de activos y el financiamiento criminal, plata que habrían movido los criminales en las transacciones que se habrían hecho entonces desde el banco canadiense.
Fue en el municipio de Miraflores, departamento del Guaviare, que soldados del Ejército recibieron información de inteligencia militar sobre la presencia de delincuentes de las disidencias de las Farc en esa zona del país. Allí, en medio de combates, las tropas capturaron a un delincuente de esta estructura y abatieron a dos criminales.En esa operación, también se logró la recuperación de seis menores de edad que hacían parte de este Grupo Armado Organizado Residual al ser reclutados por estos delincuentes, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad competente.En el sitio de la operación fueron incautados siete fusiles, cuatro armas cortas, 36 proveedores, dos miras telescópicas, más de 1900 cartuchos de diferente calibre, tres artefactos explosivos improvisados y abundante material de intendencia y comunicaciones.“En la zona se mantienen las operaciones militares para proteger a la población civil y seguir afectando las estructuras criminales del Bloque Amazonas, que planea acciones terroristas contra los ciudadanos y la Fuerza Pública”, indicó el Ejército.
El pasado fin de semana, el presidente Gustavo Petro publicó una imagen, que borró minutos después, en la que se ve la ubicación de un supuesto campamento de la guerrilla del ELN.Según revelaron fuentes a Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, el mapa publicado por el presidente Petro en su cuenta de X no sería de las Fuerzas Militares. Sin embargo, de acuerdo con la información conocida, se continúan con las verificaciones para establecer la veracidad de la imagen.Sobre esta imagen también se pronunció el director de la Policía, general William Salamanca, luego de que se le preguntara sobre si esa publicación puso en riesgo operaciones en el Catatumbo.“No, los operativos están en marcha, están en marcha”, respondió el general Salamanca. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, negó que el mensaje del presidente haya tenido interferencia en las acciones militares.“Bueno, lo que sí es cierto es que el viernes anterior estuvimos en el Catatumbo con el señor presidente, él impartió unas instrucciones, nos reunimos de manera reservada con el señor presidente, él fue contextualizado del análisis pormenorizado que hace la Policía Nacional , la inteligencia nuestra, con las Fuerzas Militares y él, como lo ha hecho siempre ante la criminalidad, una ofensiva y estamos en esa ofensiva”, expresó Salamanca.Críticas a Petro por publiación sobre el ELNLa publicación generó un intenso debate en Colombia. Según la senadora María Fernanda Cabal, esta acción constituye un acto de traición a la patria.En palabras de Cabal, "Petro es indigno de ser presidente”, por poner en riesgo operativos militares estratégicos al divulgar información sensible. La senadora cuestionó la ética y la responsabilidad del político, recordando incidentes previos donde Petro habría compartido datos clasificados. “De acuerdo con El Colombiano la ubicación revelada por Petro sería la del campamento del ELN en la zona “que los comandos de las Fuerzas Especiales No. 5 que llegaron de Tolemaida iban a asaltar”. Petro esto es TRAICIÓN A LA PATRIA. usted es indigno para ser presidente”. Los domingos se están convirtiendo en el día de los disparates. Hace 8 días le declaró la guerra comercial a EEUU y hoy revela la ubicación del ELN antes de operaciones para atacar ese campamento. Es fundamental que se revise la condición mental de Petro”, escribió en dos mensajes la senadora.
Destaca el documento que firmó el general Hugo López, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, que el presupuesto asignado para 2025 no tuvo incremento respecto al que se le asignó a las fuerzas durante 2024, todo esto a pesar del aumento de la inflación, lo que genera una pérdida de poder adquisitivo.Además, según alerta, el 1 de enero de este año el Ministerio de Hacienda bloqueó un total de 279.985 millones de pesos a las Fuerzas Militares, lo que limita el presupuesto necesario para llevar a cabo operaciones a nivel nacional por parte del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Armada.Sobre la región del Catatumbo, destaca el general López, representa un desafío significativo para el control efectivo del territorio, por lo que la escasa asignación de recursos económicos y tecnológicos necesarios para operar en un entorno complejo es necesaria. El documento es la justificación de las FFMM para explicar el porqué el presupuesto existente en la actualidad es insuficiente para mantener la operación militar que busca restablecer el orden público en esa zona del país.Destaca el documento además que la insuficiencia en equipos de inteligencia, sistemas de monitoreo y capacidades logísticas dificulta una respuesta en tiempo adecuada ante las dinámicas de violencia generadas por la presencia de grupos armados organizados, economías ilícitas y redes transnacionales crimen.Las Fuerzas Militares alertaron además que la situación se ve agravada por las dificultades geográficas de la región, caracterizadas por un terreno montañoso y selvático que dificulta la movilidad y operatividad de la Fuerza Pública.“Al igual que en el Catatumbo, otras regiones enfrentan problemáticas socioeconómicas y de seguridad complejas que requieren la atención del Estado. Áreas con alta vulnerabilidad social, como el Pacífico y Arauca, pueden presentar factores similares: ataque a la población civil, economías ilícitas, desplazamiento forzado, alteración de la seguridad, daños a bienes protegidos y al ambiente que erosionan la gobernabilidad”, agrega el documento.Las prioridades mencionadas anteriormente compiten con las necesidades del Catatumbo, dificultando así la asignación adecuada de personal, equipos y recursos financieros para abordar las amenazas de manera integral. “En este contexto, las disputas por el control territorial entre actores armados persisten, alimentando economías ilegales como el narcotráfico y el contrabando, lo que fortalece su influencia sobre comunidades vulnerables”.
Un documento del Comando General de las Fuerzas Militares, entregado como anexo del Decreto de Conmoción Interior ante la Corte Constitucional, señaló que el presupuesto asignado es insuficiente para mantener operaciones en el país, en medio de la crisis de violencia en el Catatumbo.El informe detalla que la ausencia de un aumento presupuestal entre 2024 y 2025, junto con el congelamiento de 279.000 millones de pesos, afecta gravemente la capacidad operativa de las Fuerzas Militares. Según el documento, esto limita la disponibilidad de personal, equipos, inteligencia militar y logística para responder a emergencias en el Catatumbo, el Pacífico y Arauca, regiones con graves problemas de orden público.Restricciones presupuestarias y su impacto en la seguridadEl documento explicó que el presupuesto asignado no tuvo incrementos, pese a que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) proyectó una inflación del 5,2 %. Esta falta de ajuste ha reducido el poder adquisitivo de la institución, lo que agrava la situación operativa.El general Alejandro López, Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, precisó que, además del congelamiento presupuestal, la falta de asignación de recursos afecta la capacidad de respuesta de la fuerza pública en zonas de alto conflicto. El informe enfatiza que sin financiamiento adecuado, es imposible mantener operativos contra los grupos armados ilegales que controlan territorios estratégicos mediante economías ilícitas como el narcotráfico y el contrabando.Las Fuerzas Militares advierten que la falta de inversión en tecnología e inteligencia impide el monitoreo de las actividades de estos grupos y dificulta la reacción en momentos de crisis. La ausencia de sistemas de vigilancia y análisis de datos reduce la eficacia de las operaciones y deja en vulnerabilidad a comunidades en zonas de conflicto. Según señaló un informe de Noticias Caracol.Prioridades en conflicto y debilitamiento de la seguridad nacionalEl anexo, recibido por la Secretaría de Gabinete del Ministerio de Defensa, alerta sobre la imposibilidad de atender de manera simultánea crisis en distintas regiones debido a la escasez de personal y recursos. Según el documento, las disputas territoriales entre actores armados continúan fortaleciendo sus redes ilícitas, lo que agrava la situación de seguridad.El informe también recoge las advertencias de militares en retiro, quienes han señalado que las Fuerzas Militares enfrentan limitaciones estructurales que van desde la falta de personal hasta la obsolescencia tecnológica de sus equipos. La carencia de capacidades de recolección y análisis de datos también ha sido mencionada como un obstáculo para la operatividad de la institución.Esta comunicación a la Corte Constitucional forma parte de los argumentos para sustentar la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo, decretada por el Gobierno Nacional. El documento subraya que la reducción del presupuesto y la ausencia de inversión comprometen la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos de seguridad en varias regiones del país.Escuche el informe acá:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) renunció a la persecución penal de 16 miembros de la fuerza pública, entre activos y retirados, que no fueron seleccionados como máximos responsables en casos de falsos positivos que se registraron entre 2005 y 2006 en Meta y Santander."La renuncia a la persecución penal es un mecanismo que implica que no se ejerce la acción penal o no se continúa con ella en la justicia ordinaria, ni en la transicional. Aplicar este beneficio a los comparecientes, que no ostenten la más alta responsabilidad en relación con estos graves crímenes, les permite rehacer de manera efectiva su vida en sociedad, al tiempo que contribuyen a la restauración del daño causado", señaló la JEP.De esta manera, se resuelve de forma definitiva la situación jurídica de los comparecientes que aportaron verdad plena y reconocieron su responsabilidad en los hechos."La magistratura encontró que, durante el trámite judicial ante la JEP, los comparecientes reconocieron su participación en la planeación, ejecución y encubrimiento de tres hechos en los que cinco personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) fueron asesinadas y, en algunos casos, desaparecidas en Puerto Concordia (Meta) y Lebrija (Santander); además, detallaron los roles específicos que desempeñaron en cada uno de los crímenes. A juicio de la magistratura, estos aportes permitieron reconstruir lo ocurrido con un nivel de detalle que supera ampliamente lo alcanzado por la justicia ordinaria" agregaron desde la JEP.Con esto se busca que se les eliminen los antecedentes penales a estos 16 comparecientes, tampoco se podrán iniciar nuevos procesos por las conductas ya resueltas.
En medio de un consejo de seguridad liderado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, junto con el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, se evaluaron acciones conjuntas para enfrentar a los grupos criminales que delinquen en el departamento. El encuentro también contó con la participación de altos mandos militares, alcaldes y representantes de gremios y comunidades.Durante el consejo de seguridad se definieron acciones concretas para contrarrestar la criminalidad y brindar garantías a las comunidades frente a posibles ataques de grupos armados ilegales.“Para el Gobierno nacional este consejo de seguridad es muy importante porque nos llevamos de primera mano una información muy clara sobre el incumplimiento por parte de las disidencias de las Farc del bloque 'Jorge Suárez Briceño' al cese al fuego bilateral que está pactado. Son insumos muy importantes para cuando en el próximo mes de marzo el Gobierno nacional tenga que evaluar cuando se cumplan los seis meses del cese bilateral si será ampliado o no es bilateral”, señaló el ministro del Interior.En este espacio, el ministro Cristo advirtió a los grupos disidentes que hoy están en la mesa de negociación con el Gobierno nacional que de no cumplir con los compromisos se pondrá fin al cese bilateral al fuego.Por su parte, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, resaltó que con estas nuevas acciones se recupera la confianza en las instituciones y se garantiza la seguridad de los huilenses en los 37 municipios del departamento.“Aunque hemos tenido mejorías sustanciales, pero es claro que el problema de seguridad y orden público no lo hemos superado y persiste y es una amenaza real. El Huila es estratégico dentro del contexto nacional y como Gobierno no vamos a bajar la guardia, sino, por el contrario, reforzar los temas de seguridad del departamento”.Aumento de pie de fuerzaComo parte de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional, se confirmó la llegada de un Pelotón de Fuerzas Especiales Urbanas BAFUR y un batallón de Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA, conformado por 1.000 hombres del Ejército Nacional, que estarán destinados a fortalecer la seguridad en puntos estratégicos del territorio.“Para reforzar la seguridad del departamento vamos a tener un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido quienes van a llegar a apoyar los trabajos y las misiones que se van a realizar para bloquear esas intenciones de los diferentes grupos criminales que quieren tener una amenaza persistente sobre el departamento y para proteger a la población civil”, indicó el brigadier general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante de la Quinta División del Ejército.Igualmente, se anunció el arribo de 160 uniformados especializados de Policía Nacional, se anunció el arribo de 160 uniformados especializados, con el propósito de reforzar la vigilancia en el departamento.“Vamos a enviar este número de uniformados 160 en total a partir del día 21 de febrero que terminen su periodo de formación. Asimismo, se fortalecerán los grupos Gaula de Neiva y Huila, con el fin de combatir de manera más efectiva el delito de la extorsión y sobre todo vamos a incrementar mucho más la capacidad investigativa y también el incremento de la actividad de prevención en todos los delitos”, señaló el mayor general Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, subdirector general de la Policía Nacional.
El Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y La Fiscalía publicaron el cartel de los más buscados en el Catatumbo, ofrecen recompensas por quien dé información que ayude a dar con el paradero de alias 'Pablito', alias 'Antonio García', alias 'Gabino', alias 'Pablo Beltrán’ y otros cabecillas y líderes del ELN en la región.Precisamente, por alias 'Pablito', alias 'Antonio García', alias 'Gabino' y 'Pablo Beltrán’ ofrecen una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos.Además, ofrecen hasta $500 millones a quien dé información sobre el paradero de alias 'Alfred', alias 'Arbey' y alias 'Gonzalo Satelite'.También están ofreciendo hasta $100 millones a quien dé información que ayude a capturar a otros 7 miembros de la estructura del ELN en el Catatumbo.La tarde del jueves, se dio la primera operación militar en el Catatumbo por parte del Ejército Nacional que, según información de las Fuerzas Militares, logró relegar a guerrilleros del ELN que delinquen en el sur del Tarra.Gobierno declara estado de conmoción interior en CatatumboEl Gobierno decretó el estado de conmoción interior en varios municipios del noreste de Colombia, específicamente en 16 municipios del departamento de Norte de Santander y dos del departamento del Cesar. Esta medida, que durará 90 días, se tomó debido a la crisis que vive la región del Catatumbo por la ofensiva emprendida por la guerrilla del ELN.Según el decreto, la conmoción interior se debe a la "perturbación extraordinaria del orden público" en la región, causada por enfrentamientos armados, amenazas, desplazamientos forzados masivos y afectaciones a los derechos fundamentales de la población civil. El Gobierno considera que la situación ha escalado de manera imprevisible y desborda la capacidad ordinaria del Estado.La declaración del estado de conmoción interior ha sido criticada por muchos sectores de Colombia, pero el Gobierno la justifica debido a la gravedad de la situación. Según el decreto, ya se han recibido 41 cuerpos y se estima que entre 60 y 80 personas han muerto por la violencia. Además, la ofensiva armada ha dejado más de 36.000 desplazados y ha afectado a miles de personas en la región.Con esta declaración, el Gobierno tendrá facultades especiales para conjurar las causas de la perturbación y impedir la extensión de sus efectos. El decreto también establece que se tomarán medidas para proteger a la población civil y restaurar el orden público en la región.
