La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez los preacuerdos suscritos con 9 de los 11 presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado PPP, investigados por su posible participación en hechos violentos y actos de vandalismo registrados en Bogotá durante jornadas de protesta. Los nueve procesados aceptaron cargos y los acuerdos contemplan penas de prisión que van desde los 5 años hasta los siete años y diez meses, de acuerdo con los términos expuestos para cada caso.
La investigación está relacionada con ataques contra buses del Sistema Integrado de Transporte Público, daños a estaciones de TransMilenio, fabricación y lanzamiento de artefactos explosivos improvisados y hechos de violencia contra integrantes de la Policía y ciudadanos. Entre las conductas investigadas se encuentran el concierto para delinquir, terrorismo, daño en bien ajeno, perturbación del servicio de transporte público y violencia contra servidor público, entre otros delitos.
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El proceso también ha estado relacionado con hipótesis investigativas sobre una presunta financiación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el supuesto uso de universidades públicas de Bogotá como lugares de refugio. En junio de 2026, la fiscal general Luz Adriana Camargo expidió la Resolución 171, mediante la cual ordenó reasignar el expediente a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa para revisar las conductas investigadas, las responsabilidades individuales y la posibilidad de mecanismos de terminación anticipada cuando se cumplieran los requisitos legales.
Durante la diligencia, la Fiscalía explicó que, conforme a los elementos materiales probatorios y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los elementos del caso no acreditarían una estructura orientada permanentemente al terrorismo ni una jerarquía vertical, sino una dinámica de violencia colectiva urbana en contextos de protesta y un colectivo de tendencia anarquista con organización horizontal. También precisó que el concierto para delinquir se configura por una asociación, sin que ello implique necesariamente un plan terrorista preconcebido o una subordinación estricta. En el proceso fueron reconocidas como víctimas TransMilenio y la Universidad Nacional.
Entre los procesados está Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias ‘Salvatore’, quien aceptó cargos por ocho delitos y tendría una pena acordada de siete años y nueve meses de prisión. Juan Sebastián Manios Lozano, alias ‘Tolima’, aceptó cargos por siete delitos y tendría una pena de siete años y diez meses. En el expediente se relaciona a Manios con un ataque a un SITP en el que, de acuerdo con la descripción del caso, habría lanzado una papa bomba al interior del vehículo cuando llevaba aproximadamente 12 pasajeros.
Camilo Andrés Portilla Castañeda, alias ‘Copete’, aceptó cargos por seis delitos y tendría una pena pactada de siete años y siete meses. Cristhian Camilo Medina Rojas, alias ‘Topo’, aceptó cargos por cuatro delitos y tendría una pena de siete años y dos meses. Silvia María Camargo Pinzón, alias ‘Chimal’, aceptó cargos por tres delitos y tendría una pena de cinco años y cinco meses.
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También aceptaron cargos Daniel Felipe Pulido Sarmiento, alias ‘Chinche’, con una pena acordada de siete años; Kennet Steven Mestra Montes, con cinco años y diez meses; Carlos Raúl Torres Laguna, alias ‘El Pri’, con siete años y siete meses; y Brayan Stiven Valderrama Cubies, alias ‘Garu’, con cinco años y diez meses.
En cuanto a Omar Araya y Johan Castellanos, inicialmente no aceptaron cargos. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, se evaluará si el próximo 25 de noviembre, en una nueva diligencia, se formula acusación contra ellos o se alcanza un preacuerdo con la Fiscalía.
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