El Tribunal Superior de Bogotá deberá tomar una decisión frente a la apelación presentada tras la no aprobación del preacuerdo firmado entre Olmedo López y la Fiscalía General, en el que el exfuncionario aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir en mayo de 2025. En ese acuerdo judicial se proponía una reducción de la pena a 6 años y 2 meses de prisión.
Previamente a la diligencia, López reiteró su intención de mantener su cooperación con las autoridades sin importar el desenlace del trámite judicial. A través de una carta, el exfuncionario afirmó que su voluntad de colaborar no está condicionada al resultado del preacuerdo y que continuará aportando información en el marco de las investigaciones.
“Sin importar si se aprueba o no el preacuerdo, mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás”, señaló López en el documento, en el que también aseguró que seguirá atendiendo cada requerimiento de las autoridades judiciales. En ese mismo pronunciamiento agregó: “Si la justicia requiere más, habrá más”.
El exfuncionario también sostuvo que desde el inicio del proceso descartó la posibilidad de abandonar el país o guardar silencio frente a las amenazas o el soborno ofrecido.
Dentro de su comunicación, López destacó que sus declaraciones han involucrado a distintos niveles del Estado. Afirmó que sus testimonios han señalado a “altos funcionarios del Estado; incluyendo consejería presidencial, director del DAPRE, director nacional de la Función Pública, ministros, congresistas y contratistas”, y defendió el alcance de sus afirmaciones al asegurar que “mi deber es decir la verdad completa, sin reservas ni consideraciones personales. No se trata de versiones aisladas ni de afirmaciones sin sustento”.
Por su parte, su defensa, encabezada por el abogado José Moreno, también se pronunció públicamente a través de su cuenta en la red social X. Allí reiteró que su cliente continuará colaborando con la justicia independientemente de la decisión que adopte el Tribunal Superior de Bogotá frente a la apelación.
Según lo expresado por la defensa, la determinación que adopte el tribunal no afectará el compromiso del exfuncionario de seguir aportando información dentro de las investigaciones. Además, se indicó que López habría tenido la posibilidad de fugarse o solicitar asilo político por su pasado vínculo con el M-19, pero decidió permanecer en el país y atender los llamados judiciales.
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