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La ONU expresó, a menos de una semana y media para las elecciones legislativas, su preocupación por el incremento de la violencia en Colombia, especialmente en las circunscripciones especiales de paz, donde pidió garantías de seguridad para el ejercicio de los derechos políticos.
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia presentó un informe en el que se recogen los resultados de la situación de derechos humanos en el país andino durante el año pasado y en el que lanzan una batería de recomendaciones al Gobierno para reducir estas afectaciones a los derechos.
La representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, puso de manifiesto su preocupación por la presencia de grupos armados no estatales y grupos criminales en los territorios donde se han constituido las 16 circunscripciones especiales de paz para este ciclo electoral, donde por primera vez en el país víctimas del conflicto van a elegir a sus propias voces en el Congreso.
Esta violencia y presencia de grupos armados suponen "un riesgo para las garantías en el marco electoral", por lo que la ONU instó al Estado a garantizar el libre ejercicio del derecho político en estos territorios.
Más de 500 misiones en todo el territorio han permitido a la oficina de Naciones Unidas llevar a cabo un diagnóstico de la situación de la violencia en los territorios de las curules de paz, que hace que tengan una especial vulnerabilidad. "Queremos unas elecciones tranquilas y pacíficas donde todos los ciudadanos puedan participar con las garantías de seguridad", concluyó Rivero.
Situación de derechos humanos
Durante 2021, la ONU constató un incremento de la violencia en zonas rurales y en algunos centros urbanos, mientras que la pandemia y la violencia agudizaron las inequidades sociales y económicas existentes en Colombia.
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Las cifras de masacres y de asesinatos son las más altas registradas desde 2014. En 2021, la ONU verificó 78 masacres con 292 personas fallecidas y 100 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos, así como 54 asesinatos de excombatientes desmovilizados.
La violencia se manifiesta principalmente en zonas con altos niveles de desigualdad y con baja presencia del Estado, mientras que las comunidades reportan un incremento en el reclutamiento infantil y minas antipersona, apunta la ONU.
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