La defensa del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que no considera necesaria su renuncia al cargo, luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara audiencia de imputación de cargos en su contra. Así lo manifestó Juan David León, abogado del directivo, en entrevista con el periodista Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, donde explicó la postura jurídica frente a las investigaciones que cursan contra su cliente.De acuerdo con León, la imputación no constituye, por sí sola, un cambio sustancial en la situación jurídica de Roa ni afecta el principio constitucional de presunción de inocencia. “No vemos tampoco necesario que lo haga, pero es una decisión que se está valorando por parte de él y el gobierno corporativo”, señaló el abogado al referirse a una eventual renuncia del presidente de la principal empresa petrolera del país.Los delitos que investiga la FiscalíaSegún se ha conocido, la Fiscalía imputaría a Ricardo Roa por dos presuntos delitos. El primero está relacionado con la violación de los topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, un delito incorporado al Código Penal colombiano en 2016, tras las reformas derivadas del escándalo de Odebrecht. El segundo tiene que ver con un supuesto tráfico de influencias, relacionado con la compra de un apartamento al ciudadano Serafino Diácono, que habría sido adquirido, presuntamente, por un valor inferior al comercial.Sobre este punto, el abogado enfatizó que se trata de investigaciones que se vienen adelantando desde hace aproximadamente tres años y que hasta ahora no se ha producido una notificación formal de la imputación. “La formulación de imputación hasta el momento no se ha notificado a la defensa, y tampoco es un acto procesal más allá que una comunicación de que está siendo investigado”, explicó León.Presunción de inocencia y continuidad en el cargoDurante la entrevista, Juan David León insistió en que la imputación de cargos no equivale a una declaración de responsabilidad penal y que, conforme a la Constitución, la presunción de inocencia solo se desvirtúa con una sentencia judicial en firme. “La presunción de inocencia solo se extingue cuando hay una decisión de un juez que quede firme. La Fiscalía, en este sistema procesal, tan solo es una parte más”, sostuvo.En ese sentido, la defensa considera que no existen fundamentos jurídicos suficientes para exigir la salida inmediata de Roa de la presidencia de Ecopetrol. El abogado recalcó que esta es una decisión que debe evaluarse en el marco del gobierno corporativo de la empresa y del fuero personal del funcionario.El caso del apartamento de Ricardo Roa y el presunto tráfico de influenciasUno de los ejes centrales de la investigación es la compra de un inmueble que, según la Fiscalía, podría configurar un tráfico de influencias. No obstante, León aseguró que la defensa ha demostrado la legalidad de la transacción. “Fue totalmente demostrada la legalidad de toda la transacción, incluso como intermediación mediante créditos, como cualquier ciudadano que necesita adquirir un bien”, afirmó.El abogado explicó que existe trazabilidad bancaria completa, que los recursos salieron de las cuentas personales de Roa y que la operación fue realizada dentro de los parámetros legales. Incluso recordó que en diciembre pasado su cliente rindió interrogatorio sobre este caso, en el marco de la investigación preliminar.Investigación por topes electorales en la campaña Petro 2022Otro de los temas sensibles es la presunta superación de los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022, que, según versiones preliminares, podría ascender a más de 1.500 millones de pesos. Sin embargo, la defensa cuestiona la falta de claridad sobre los montos y soportes que sustentarían dicha acusación.“Hasta el momento lo que hay es un manto de especulación. Nadie sabe a ciencia cierta si son 1.500 millones, si son más, de dónde salen”, indicó León, quien aseguró que la defensa venía sosteniendo una interlocución constante y proactiva con los fiscales del caso para aclarar cualquier irregularidad contable.Asimismo, rechazó que se haya cerrado la posibilidad de rendir interrogatorio frente a este tema. “Hoy mismo vamos a solicitar que sea escuchado el doctor Ricardo Roa… queremos que él pueda ejercer su derecho de defensa ante la Fiscalía General de la Nación”, afirmó.La defensa del presidente de Ecopetrol reiteró su disposición a colaborar con las autoridades judiciales y aclarar cada uno de los señalamientos. Mientras tanto, subrayó que, jurídicamente, la imputación de cargos no implica una condena ni una inhabilidad automática para ejercer el cargo.
Mediante un auto preferido este lunes, 10 de marzo, los magistrados investigadores Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz ordenaron reactivar la investigación formal al interior del Consejo Nacional Electoral en contra del presidente Gustavo Petro, el exgerente de campaña, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aidée Mogollón; los auditores de la campaña y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. Esto, por cuenta de las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente del 2022. Según el documento, las pruebas fueron solicitadas por los apoderados de Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña, Mary Lucy Soto, auditora de la campaña; del movimiento político Colombia Humana, del Partido Unión Patriótica, así como pruebas de oficio por parte de los dos magistrados investigadores.En el auto, los magistrados Prada y Ortiz ordenaron, entre otras diligencias y pruebas, solicitar a la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) entregar toda la información correspondiente a la avioneta utilizada durante la campaña con matrícula HK5328; recibir los testimonios de Ralph Castillo, encargado del manejo de las donaciones en la campaña; Henry Jara Jara, representante legal de la USO; Dagoberto Quiroga, exsuperintendente de Servicios Públicos y exrepresentante legal de la Colombia Humana; también de William Velandia, presidente de Fecode, entre otros.Así como pedir a la empresa TB LIVE SAS las copias del contrato para el arrendamiento y producción del evento de celebración del triunfo de la segunda vuelta presidencial, en el Movistar Arena, entre otras pruebas.Asimismo, el CNE solicita la entrega de los informes de contabilidad y auditoría de la campaña, anexar el informe integral de ingresos y gastos correspondiente a la campaña al Senado de la República de 2022 de la coalición Pacto Histórico.Con este auto, el proceso entra a la etapa de práctica de pruebas, la cual podrá tener un periodo de entre dos y tres meses y se espera que tomen una decisión antes de junio de 2025, momento en el que caducan los términos de investigación.
Ante el despacho del fiscal anticorrupción Elkin Ardila Espinosa llegó Néstor Daniel García Colorado, exfuncionario de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, para presentar su versión sobre el intento del zar del contrabando Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, de ingresar dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.Durante su declaración, de acuerdo con lo revelado por Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, García Colorado afirmó que los encuentros con ‘Papá Pitufo’ en San Andresito y Guaymaral se llevaron a cabo por influencia de Víctor Hugo Sierra, quien habría facilitado el acercamiento entre los comerciantes de San Andresito y el entonces candidato Gustavo Petro.Asimismo, aseguró que Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección y cercano al presidente Petro, no estuvo presente en encuentros posteriores. Durante su testimonio, el exfuncionario reiteró en varias ocasiones que su relación con Diego Marín se produjo exclusivamente a través de Víctor Hugo Sierra.Uno de los puntos clave de su declaración fue su negación de haber recibido $50 millones de pesos, equivalentes al 10 % de los $500 millones en efectivo que presuntamente ‘Papá Pitufo’ entregó al catalán Xavier Vendrell, hombre cercano a Gustavo Petro, incluso hoy en su Gobierno. Además, García Colorado reveló que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, tuvo conocimiento en 2024 sobre las gestiones que él realizó en relación con ‘Papá Pitufo’ y la campaña presidencial.Según su testimonio, García Colorado no informó en su momento a Ricardo Roa sobre estos encuentros, ya que este último aún no era gerente de la campaña de Petro. Sin embargo, reconoció haber tenido dos reuniones con Diego Marín: una en la calle 93 de Bogotá y otra en Guaymaral, lugar donde supuestamente se efectuó la entrega de los $500 millones a Xavier Vendrell.Tras dicha entrega, García Colorado asegura que se desvinculó del asunto y que la relación de ‘Papá Pitufo’ con la campaña continuó a través de Vendrell y Víctor Hugo Sierra. Estas declaraciones podrían ser clave en la investigación que adelanta el fiscal Ardila Espinosa sobre la presunta financiación irregular de la campaña de Petro.Cabe recordar que estas diligencias forman parte de un proceso más amplio, en el que también han sido entrevistados otros testigos clave, como el coronel William Castellanos, exjefe de seguridad de Petro. Castellanos fue interrogado la semana pasada sobre su participación en un recorrido a Buenaventura en una avioneta presuntamente vinculada al contrabandista Diego Marín.
Finalizó la declaración del coronel William Castellanos, exjefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, ante la Fiscalía. Castellanos, quien acompañó a Petro durante su carrera como senador, alcalde de Bogotá y candidato presidencial, entregó detalles sobre los presuntos vínculos de la campaña con el cuestionado Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.El coronel Castellanos aseguró que no tuvo conocimiento de la supuesta entrega de 500 millones de pesos en efectivo por parte de ‘Papá Pitufo’ al catalán Xavier Vendrell. Sin embargo, sí confirmó que viajó en la polémica avioneta prestada para una de las giras de campaña presidencial rumbo a Buenaventura, aeronave que, según información recabada, sería propiedad de ‘Papá Pitufo’.Según Castellanos, la avioneta fue gestionada por Polo Ávila y Eduardo Ávila Navarrete, quienes han sido tradicionalmente cercanos a la carrera política de Petro. Actualmente, Polo Ávila ocupa un puesto en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá en representación del presidente de la República, mientras que su hermano, Eduardo Ávila Navarrete, es el embajador de Colombia en España.El exjefe de seguridad también reveló que, tras el viaje a Buenaventura, le informaron que no podrían regresar en la misma avioneta, por lo que tomaron un vuelo de Satena de vuelta a Bogotá. No obstante, Castellanos no habló sobre una presunta reunión entre el presidente Petro y ‘Papá Pitufo’ en la capital.En los próximos días, se espera que la Fiscalía cite a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para esclarecer más detalles sobre el caso.
Este miércoles, 12 de febrero, se conoció el primer pronunciamiento del catalán Xavier Vendrell sobre el escándalo que lo vincula, presuntamente, a Diego Marín, conocido como el zar del contrabando o alias 'Papá Pitufo'. A través de un comunicado, aseguró que “nunca” fue su responsabilidad la gestión de recursos económicos durante la campaña del presidente Gustavo Petro.Señaló que conoció a Marín, conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’, por una persona “de alta reputación en el movimiento político colombiano y cofundador de la Alianza Verde”, asunto confirmado, según dijo, por el mismo “señor García Colorado a medios de comunicación locales”.Reconoció que recibió dineroEn el mismo comunicado, Vendrell aceptó que sí recibió plata de ‘Papá Pitufo’, pero que la devolvió por no conocer su origen. Afirmó que, luego de esto, se le indicó que debía devolver esos recursos, cosa que, recalcó, hizo “de inmediato”.“El mencionado señor Marín, quiso hacer una donación a nombre de los comerciantes de Bogotá a la campaña, si bien la recibí, cuando se fue a legalizar el ingreso, fui notificado que no se podía verificar el origen de los fondos, y dentro del esquema de administración de riesgos de la campaña no se recibirían”, aseveró.Armando Benedetti, ¿cuál es su papel?Este mismo martes, se conoció una foto de Armando Benedetti hablando con Vendrell en la Casa de Nariño, revelada por el director de la Unidad Nacional Protección (UNP), Augusto Rodríguez. Al respecto también se pronunció Vendrell.Cabe recordar que el presidente Petro confirmó que, durante la campaña, sí asistió a una reunión en la que estaba presente ‘Papá Pitufo’. Sin embargo, aclaró que solo lo vio una vez y que, en ese momento, no sabía quién era; dijo que fue en Bogotá y no en Madrid.“Asimismo, desmiento totalmente que Armando Benedetti ni el presidente Petro, ni yo mismo, hayamos tenido ninguna reunión en Madrid con el señor Marín. Considero que toda la energía que se tiene, se debe usar para hacer que Colombia cambie y no para profundizar peleas internas”, puntualizó Vendrell.¿Qué había dicho el presidente Gustavo Petro? "Le expliqué, sin saber quien era, que mi política consistía en transformar los sanandresitos de espacios de contrabando en espacios de producción nacional. No ofreció dinero para la campaña mientras estuve allí", escribió vía X. Este es el comunicado completo de Xavier Vendrell"Ante las diferentes versiones sobre mí, en varios medios de comunicación colombianos durante los últimos días, comunico a la opinión pública lo siguiente:Nunca fue mi responsabilidad en la campaña del entonces candidato Gustavo Petro la gestión de los recursos económicos. Puntualmente, conocí a Diego Marín por una persona de alta reputación en el movimiento político colombiano y cofundador de la Alianza Verde, asunto confirmado por el mismo señor García Colorado a medios de comunicación locales. El mencionado señor Marín, quiso hacer una donación a nombre de los comerciantes de Bogota a la campaña, si bien la recibí, cuando se fue a legalizar el ingreso, fui notificado que no se podía verificar el origen de los fondos, y dentro del esquema de administración de riesgos de la campaña no se recibirían. En este sentido se me indicó que debía devolver esos recursos, cosa que hice de inmediato.Asimismo, desmiento totalmente, que Armando Benedetti, ni el Presidente Petro, ni yo mismo, hayamos tenido ninguna reunión en Madrid con el señor Marín.Considero que toda la energía que se tiene, se debe usar para hacer que Colombia cambie y no para profundizar peleas internas.La campaña a la presidencia del 2022 logró ser gigante porque gozó de organización y método, alejada de intrigas contra los compañeros de lucha. No entiendo el objeto de la filtración sesgada y llena de mentiras producida entorno a los hechos citados, pero mientras el Presidente no indique lo contrario, seguiré trabajando para lograr el cambio en Colombia"
Este martes, durante la continuación de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos, la fiscal del caso Lucy Laborde expuso cómo el hijo del presidente, siendo diputado del Atlántico, habría incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos al no reportar los dineros que, según la investigación, habría recibido de Samuel Santander Lopesierra, mejor conocido como el ‘Hombre Marlboro’.Le puede interesar: La fiscal aseguró que Petro, junto a su entonces esposa Daysurys Vásquez, recibió estos dineros en efectivo y de manos de ‘Kiki’ Lopesierra, la hija del ‘Hombre Marlboro’ y quien sirvió de intermediaria."El señor Nicolás Fernando Petro Burgos no reportó a la DIAN la adquisición de estos dineros entregados por el señor Samuel Santander Lopesierra, a través de su hija Mónica Patricia Lopesierra Rosado y, por lo tanto, incurre en el delito de lavado de activos, precisamente el verbo rector ocultar", expuso la fiscal Laborde.La representante del ente acusador aseguró que Nicolás Petro no solo habría adquirido estos recursos, sino que también los habría “invertido y ocultado para dar apariencia de legalidad” a dichos dineros.En la diligencia, la fiscal nuevamente sacó a relucir la compra de una lujosa casa por más de 1.600 millones de pesos y la compra de un carro de alta gama, muy a pesar de que los ingresos que obtenía Petro Burgos como diputado del Atlántico para el año 2018 no lo justifican.La audiencia preparatoria de juicio continuará este miércoles a las 8:30 de la mañana, en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.
De manera virtual, Nicolás Petro Burgos siguió compareciendo la tarde de este lunes ante el juzgado segundo penal del circuito de Barranquilla, donde la fiscal del caso se ha dedicado a enumerar cada uno de los documentos, informes, entrevistas y demás elementos que ha recaudado el ente acusador para intentar probar en juicio que el hijo del presidente incurrió en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.La fiscal ha dicho que usará, por ejemplo, información extraída del iPhone de Day Vásquez, como los chats de WhatsApp entre ella y Camilo Burgos Soto, primo materno de Nicolás y quien habría movido dineros irregulares durante la campaña presidencial de 2022.La fiscal también se valdrá de las conversaciones que la ex esposa de Nicolás sostuvo con el político Máximo Noriega, ex aspirante a la Gobernación del Atlántico, y tendrá en cuenta una declaración jurada de Gabriel Elías Hilsaca, hijo del 'Turco' Hilsaca.Entre las pruebas también figuran los resultados de una inspección a la Gobernación del Atlántico, así como documentos relacionados con el pago de los honorarios de Nicolás como diputado del Atlántico y su declaración de bienes y rentas del 2021.La lista es extensa, tanto así que la continuación de esta audiencia preparatoria de juicio fue programada para desarrollarse durante varios días de esta semana.Este lunes, la diligencia fue suspendida por solicitud de la fiscal, que pidió tiempo para revisar algunos documentos antes de seguir enunciando cada una de las pruebas y seguirá este martes, a partir de las 9 de la mañana.
En medio de una creciente tensión política, Héctor Carvajal, abogado del presidente Gustavo Petro, declaró que no recurrirá la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrirle una investigación al mandatario por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño en 2022.Carvajal confirmó que la defensa del presidente no reconocerá las actuaciones del CNE por considerarlas fuera del marco legal.El abogado también explicó que, en paralelo, el equipo internacional de defensores de Petro ha solicitado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Colombia se abstenga de continuar con investigaciones administrativas en contra del presidente."Lo que se busca es ratificar las medidas cautelares para proteger el cargo del presidente, como ya lo hizo la Corte Interamericana en el pasado”, concluyó.Este caso, que podría terminar en manos de la Corte Constitucional, promete seguir siendo un foco de atención en los próximos meses, ya que la estabilidad política del país está en juego.“Una multa abre la puerta a un juicio por indignidad”En relación con una eventual multa contra el mandatario, Carvajal advirtió que una sanción de este tipo podría abrir las puertas a un juicio por indignidad, lo que pondría en riesgo el cargo presidencial.“Es grave que se deje imponer una multa al presidente de la República porque no se puede sentar un precedente de esa naturaleza en el país”, aseguró el abogado en entrevista.Multa del CNE: un ataque al fuero presidencialCarvajal fue claro al señalar que cualquier sanción impuesta por el CNE no solo carece de legitimidad, sino que además podría desatar consecuencias jurídicas de gran alcance.“El CNE no tiene competencia para emitir multas contra un presidente. Si no lo puede investigar, mucho menos multar”, expresó con firmeza. Según el abogado, una multa impuesta al presidente Petro no sería una simple sanción administrativa, sino un paso hacia un proceso de destitución.De acuerdo con Carvajal, la Ley 996 establece que, en caso de violación de los topes de financiación de campaña, la imposición de una multa da pie a un juicio por indignidad que podría culminar en la pérdida del cargo.La respuesta de Petro ante las acusacionesEn relación con las acusaciones de que la campaña de Gustavo Petro violó los topes de financiación, el abogado defendió la postura del mandatario. Afirmó que el presidente ha colaborado plenamente con los procesos legales y ha solicitado que el caso sea de conocimiento público para garantizar la transparencia. “El presidente pidió que sea público el proceso para que todo el mundo conozca que realmente no hubo violación de topes”, explicó.Sin embargo, Carvajal subrayó que la estrategia de defensa de Petro se centra en la protección de su fuero presidencial, un derecho consagrado en la Constitución colombiana. “La defensa del presidente tiene que enfocarse en lo fundamental, en el fuero. Él viene haciendo alusión al tema probatorio, porque ya se está debatiendo”, añadió.Comparaciones con el caso SamperDurante la entrevista, se le preguntó a Carvajal si este proceso guardaba alguna similitud con el juicio político que enfrentó el expresidente Ernesto Samper en los años noventa. El abogado respondió que, aunque el contexto político es diferente, la ley actual establece un camino claro hacia la destitución en caso de violación de las normas de campaña.“Hoy en día hay una ley estatutaria que establece el procedimiento para llevar a cabo este tipo de violación. No es imposible que este proceso termine en la destitución del presidente, debido a la polarización política que vive el país”, comentó.Carvajal también mencionó las diferencias clave entre los casos: “En los tiempos del presidente Samper no existía la ley de las campañas. Hoy la situación es distinta, porque hay una normativa clara que regula la financiación electoral”, enfatizó.El papel del Consejo de Estado y la tutela pendienteA pesar del rechazo del Consejo de Estado a las solicitudes de anulación presentadas por la defensa de Petro, Carvajal reveló que aún queda una batalla jurídica por librar.El abogado indicó que, de no obtener una resolución favorable en las instancias colombianas, existe la posibilidad de recurrir al sistema interamericano de derechos humanos. Este argumento se basa en el precedente de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013, cuando Gustavo Petro fue destituido como alcalde de Bogotá por la Procuraduría General. “Son dos situaciones idénticas y ambas por autoridades administrativas, solo que una era por la Procuraduría y ahora es el CNE”, señaló.
“Ha comenzado el golpe de Estado”, escribió en X el presidente Gustavo Petro luego de conocerse la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que formuló pliego de cargos contra la campaña del 2022 por irregularidades en los topes de financiación y en la que, en ese momento, era gerente Ricardo Roa, ahora presidente de Ecopetrol.Esto, por supuesto, provocó una ola de reacciones de varios sectores. Por un lado, están los que consideran que el CNE no tiene las facultades para investigar al presidente Petro, pero, también, otros alegan que este organismo actúa en cumplimiento de la ley. Para la magistrada Alba Velásquez, postulada por el Polo Democrático, “hay una vulneración a la Constitución”.Cabe recordar que la votación terminó 7 a 2 a favor de abrir una investigación contra el jefe de Estado. En ese sentido, la magistrada Velásquez aseguró en diálogo con Mañanas Blu que, desde que la sala tuvo conocimiento del primer proyecto de resolución que sacaron los ponentes, manifestó su postura de que el CNE sí es competente par conocer sobre las campañas presidenciales, pero no para investigar."Yo, aunque he mostrado mi postura respecto de que el Consejo Nacional Electoral no es el organismo competente para investigar, la investigación está ahí y no me puedo apartar porque tengo que conocerla y al final tengo que tomar una decisión. Sin embargo, lo que sí quiero decir, es que yo sí encuentro que hay una vulneración de la Constitución, porque ha establecido un fuero presidencial y ese fuero, considero en lo personal, que no se está respetando", recalcó.Así, señaló que tiene varios reparos respecto a la decisión de la entidad, pues consideró que los magistrados no son los competentes para el caso y, por eso, explicó que presentó un salvamento de voto.“Lo que yo dije en el informe que presenté el día de ayer (martes) fue, primero, el salvamento de voto porque considero que no somos competentes y, segundo, un reproche a varios de los aspectos planteados en la resolución que fue presentada por los ponentes. No puedo hablar de ello acá porque estaría pisando la débil línea de los impedimentos y no quiero incurrir en eso porque pues debo estar en el debate y así debe ser, pero tengo muchos reparos que están en ese informe respecto de las apreciaciones y el enfoque que los ponentes le dan al análisis probatorio”, detalló.
En entrevista con Mañanas Blu, César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), se refirió a la formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro, su campaña presidencial y varios miembros clave del equipo de campaña, entre ellos su gerente, Ricardo Roa. Los cargos, que giran en torno a la presunta violación de los topes de financiación permitidos por la ley en la campaña presidencial de 2022, han generado un fuerte debate en la esfera pública y jurídica.¿Se vulnera el fuero presidencial?Uno de los puntos clave de la entrevista fue la preocupación sobre si la apertura de esta investigación por parte del CNE vulnera el fuero del jefe de Estado.Al respecto, Lorduy fue enfático al explicar que su actuar está dentro de los límites que establece la ley y la Constitución y dijo, además, que la decisión tiene el respaldo de diversas jurisprudencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional."Nosotros ejercemos competencia y en ejercicio de esa competencia hemos actuado", aseguró el presidente del CNE. Lorduy aclaró que la investigación no compromete la función del presidente como jefe de Estado, sino que se limita a la campaña electoral.“No se confunda que al incluir al presidente de la República nuestras competencias pueden ir más allá de las que nos corresponden”, afirmó tras dejar claro que cualquier posible implicación penal o disciplinaria sería remitida a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el órgano encargado de investigar al mandatario en ejercicio.La competencia del CNE para investigarUn tema recurrente en la entrevista fue la interpretación jurídica sobre la competencia del CNE para investigar a un presidente en ejercicio.Algunos juristas han señalado la existencia de un "fuero de atracción" que obligaría a que cualquier investigación sobre el mandatario se trasladara de inmediato a la Comisión de Acusaciones.No obstante, Lorduy defendió la posición del CNE argumentando que "el Consejo de Estado determinó que el Consejo Nacional Electoral es el organismo competente para investigar las campañas y para establecer las sanciones a que hubiera lugar". Según sus palabras, la investigación se centra exclusivamente en las finanzas de la campaña de Gustavo Petro como candidato, sin interferir en su actual rol como presidente. Al citar una decisión clave del Consejo de Estado, Lorduy reafirmó que el CNE está autorizado para llevar adelante la investigación sobre las irregularidades en la financiación de la campaña de 2022."Declarar competente al Consejo Nacional Electoral para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación e imponer las sanciones administrativas correspondientes si a ello hay lugar", leyó el presidente del CNE durante la entrevista. Posibles sanciones y consecuenciasRespecto a las posibles sanciones, César Lorduy señaló que, en caso de encontrarse responsables a los involucrados, las multas serían proporcionales a los gastos que excedieron los topes de financiación y a los recursos públicos que fueron utilizados en la reposición de votos. Además, el CNE tiene la facultad de imponer sanciones administrativas, pero en ningún caso puede intervenir en procesos de carácter penal o disciplinario.“La multa podrá ser en función de los gastos que se hayan incurrido y que estén con posterioridad a los topes establecidos por la ley”, explicó. A la pregunta sobre la posibilidad de compulsar copias a la Comisión de Acusaciones, Lorduy afirmó que, si se demostraran las violaciones, esa sería la ruta por seguir."Es nuestra obligación, si hubiere lugar a ello, compulsarle copias a la Comisión de Acusaciones", dijo.La investigación debe concluir antes de junio de 2025, fecha en la cual caducan las presuntas irregularidades administrativas, lo que significa que aún queda un largo camino antes de conocer una decisión definitiva.La respuesta de Petro y las implicaciones políticasTras la decisión del CNE, el presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente, calificando la decisión como una burla al voto popular y señalando a los magistrados como "politiqueros pagos". Frente a estas declaraciones, Lorduy defendió la integridad del proceso y la honorabilidad de los magistrados del CNE y dijo que las decisiones se toman con base en pruebas y no en consideraciones políticas."Bastante lejos está de que haya un comportamiento o un argumento de carácter político", subrayó. Finalmente, aunque Lorduy evitó entrar en especulaciones sobre las posibles implicaciones políticas de esta decisión, reconoció que el escenario político puede verse afectado."Las consecuencias políticas serán o deberán ser evaluadas por otro actor", afirmó.
A través de un comunicado oficial, Venezuela lamentó los hechos violentos de los últimos días que han dejado víctimas mortales y graves afectaciones para la población civil en el Catatumbo, según indican en el texto,En el documento, difundido por el canciller Yván Gil en su cuenta de la red social X, el país vecino asegura haber sido “sorprendido” por los recientes acontecimientos y rechazó cualquier acción armada que ponga en riesgo la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas.El pronunciamiento se conoce en medio del deterioro de la situación de orden público en el Catatumbo colombiano, después de que el ELN incendiara un bus en la vía Málaga–Pamplona, un ataque que se suma a otros dos casos registrados durante el último mes en corredores viales estratégicos que conectan a los departamentos de Arauca, Santander y Norte de Santander.Hay que recordar que esta es una región estratégica, considerada uno de los principales corredores del narcotráfico y de operaciones de grupos armados ilegales.“El país ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano y observa con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera”, señala el comunicado.El Gobierno venezolano insistió además en que la paz y la estabilidad regional solo podrán preservarse mediante “mecanismos de entendimiento y respeto mutuo”, evitando acciones que puedan profundizar las tensiones o aumentar los riesgos para las poblaciones fronterizas.
La investigación por la muerte de una madre y su pequeña hija de tres años tomó un rumbo inesperado luego de que las autoridades determinaran que existen serias inconsistencias en la versión entregada por el esposo de la mujer, quien inicialmente aseguró que todo se trató de un accidente.Las víctimas fueron identificadas como Iria Djanira Roman Costa Talaska, de 36 años, y María Laura Roman Talaska, de apenas tres años. Sus cuerpos fueron encontrados dentro del automóvil de la familia, que terminó sumergido en el río Paraná, en el municipio de Puerto Rico, en el estado de Paraná, en Brasil.Por estos hechos fue detenido Márcio Talaska, de 38 años, esposo de Iria y padre de la menor. La Policía Civil de Paraná lo considera el principal sospechoso, luego de contrastar su testimonio con imágenes de cámaras de seguridad y con los resultados de la reconstrucción del recorrido realizado la noche de la tragedia.De acuerdo con las autoridades, Márcio aseguró en un primer momento que su esposa era quien conducía el vehículo y que habría perdido el control antes de caer al agua. Sin embargo, la evidencia recopilada apunta a que era él quien estaba al volante.Las grabaciones de seguridad muestran que el trayecto hasta la rampa desde donde el automóvil se precipitó al río duró cerca de ocho minutos. Según los investigadores, durante ese recorrido no hubo señales de desorientación ni indicios de que la familia estuviera perdida, lo que debilitó la hipótesis de un accidente fortuito.Los cuerpos de Iria y de la niña fueron localizados por los bomberos en la madrugada del 3 de mayo. El informe forense concluyó que ambas murieron por ahogamiento, lo que indica que seguían con vida en el momento en que el vehículo cayó al río.Otro elemento clave en la investigación es el comportamiento del sospechoso después del hecho. Según la Policía Civil, Márcio logró salir rápidamente del automóvil y tardó alrededor de un minuto y medio en solicitar ayuda.Horas antes, la familia había asistido a una reunión social. Testigos afirmaron que el ambiente entre la pareja era tenso y que Iria eligió una canción relacionada con una traición amorosa, situación que habría provocado incomodidad y pudo desencadenar una discusión.Aunque no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar, las autoridades analizan si la muerte de Iria puede ser tipificada como feminicidio, mientras que la de la menor es investigada como homicidio.La defensa de Márcio Talaska indicó que sus familiares se encuentran conmocionados por lo sucedido. Entretanto, la Policía continúa reuniendo pruebas para establecer si la caída del vehículo al río fue un acto intencional y no un accidente, como se creyó en un principio.
Habitantes del sector de Colina Campestre y del barrio Santa Helena, en la localidad de Suba, realizaron un plantón para denunciar el presunto relleno ilegal de un predio con escombros y residuos biológicos, situación que, según la comunidad, estaría generando graves afectaciones ambientales y de salud en la zona.La protesta se llevó a cabo en el Bosque Urbano Santa Helena, el martes 12 de mayo, donde vecinos bloquearon el paso de las volquetas que, según denunciaron, ingresan constantemente al terreno para depositar residuos de construcción y demolición.“Todo el tiempo hay polvo, hay olores horribles, todo el tiempo se puede ver cómo se mueven las casas por el paso de volquetas totalmente llenas de escombros”, denunció Laura una de las habitantes del sector.La comunidad afirmó que el terreno lleva cerca de un año siendo intervenido y que inicialmente las personas encargadas de las obras aseguraron que únicamente realizarían labores de limpieza y retiro de maleza. Sin embargo, los residentes denuncian que posteriormente excavaron varios metros de profundidad y comenzaron a rellenar el lugar con basura y escombros.Según los vecinos, al sitio ingresarían incluso hasta dos volquetas por minuto durante gran parte del día. Además, denunciaron presuntas agresiones por parte de trabajadores y contratistas cuando intentan impedir el paso de los vehículos.“Agredieron a una señora de la tercera edad que intentó bloquear el paso de las volquetas y también golpearon a un vecino”, agregó Laura.Ante las denuncias, el alcalde local de Suba, César Salamanca, aseguró que la actividad no cuenta con licencia y anunció medidas contra quienes estarían realizando el relleno del predio.“El lote es privado, pero lo están rellenando sin licencia. La curaduría nos confirmó que no existe permiso para esta actividad”, señaló el mandatario local.Salamanca explicó que actualmente existen 10 expedientes abiertos por este caso y anunció que la Alcaldía Local adelanta el proceso para realizar el sellamiento definitivo de la actividad.Además, indicó que también se revisará la situación de los permisos de movilidad para las volquetas y el impacto que estas han generado sobre las vías del sector.“Esperamos que la comunidad pueda ver la restauración de las vías afectadas y que todo quede como estaba antes de que comenzara esta actividad”, agregó.Salamanca también aseguró que, aunque los responsables del predio argumentaban tener permisos ambientales, la Secretaría de Ambiente habría aclarado que únicamente se emitió un PIN informativo, documento que no autoriza el ingreso, ni disposición de residuos de construcción y demolición en el lugar.
A pocas semanas del cierre de la legislatura, organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y lideresas indígenas encendieron las alarmas por el riesgo de que se hunda el proyecto de ley que busca prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina (MGF) en Colombia.La iniciativa ya superó tres debates en el Congreso y solo le falta una última discusión en la plenaria del Senado. Sin embargo, la congestión legislativa y la prioridad que han tomado otros proyectos, como el de jurisdicción agraria, tienen en vilo su aprobación antes del 20 de junio, fecha en la que termina el actual periodo legislativo.Ante este panorama, catorce organizaciones enviaron una carta urgente a la Mesa Directiva del Senado solicitando que el proyecto sea priorizado en el orden del día de la plenaria de niñez para evitar que se archive por falta de trámite.En la carta, las organizaciones advirtieron que “nos queda poco tiempo” y señalaron que la protección de niñas y adolescentes no puede seguir aplazándose. También recordaron que la mutilación genital femenina constituye una grave violación de derechos humanos y una forma de violencia basada en género que deja consecuencias físicas y psicológicas permanentes.El proyecto de ley busca llenar el vacío jurídico que existe actualmente en Colombia frente a esta práctica, reconocida oficialmente por el Estado desde hace casi 20 años. De acuerdo con cifras citadas por las organizaciones, entre 2020 y 2025 se documentaron al menos 204 casos, de los cuales 177 corresponden a niñas indígenas, especialmente en departamentos como Risaralda y Chocó.Especialistas y defensoras de derechos humanos aseguran que las cifras podrían ser mucho más altas debido al subregistro, especialmente en territorios apartados y comunidades donde la práctica persiste por razones culturales y tradicionales.La iniciativa legislativa propone una política pública integral basada en prevención, atención y producción de información. Entre las medidas contempladas están estrategias pedagógicas en las comunidades, fortalecimiento de los sistemas de registro y creación de rutas claras de atención en salud para niñas y mujeres en riesgo.Uno de los puntos que destacan las organizaciones es que el proyecto tiene un enfoque no punitivo e intercultural, construido con participación y liderazgo de mujeres indígenas. El objetivo, aseguran, es promover el diálogo comunitario y proteger a las niñas sin estigmatizar a los pueblos indígenas ni afrodescendientes.El pasado 7 de abril, la Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad la iniciativa, liderada por la senadora Clara López Obregón. Durante ese debate se reveló que el 56 % de las víctimas registradas son niñas entre los 0 y 5 años de edad y que también se han identificado casos en población afrodescendiente.Las organizaciones firmantes, entre ellas Equality Now, Profamilia, Fundación Plan, la Red Nacional de Mujeres y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, insistieron en que la aprobación de esta ley representaría un hecho histórico para la región, pues podría convertirse en la primera legislación específica contra la mutilación genital femenina en América Latina.Además, recordaron que en noviembre de 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó por primera vez una audiencia pública temática sobre esta práctica en las Américas y pidió a los Estados adoptar marcos normativos sólidos para enfrentarla.“El Senado tiene hoy la oportunidad histórica de convertir el reconocimiento del problema en una respuesta legal efectiva”, señalaron las organizaciones en la carta enviada al Congreso.Si el proyecto no alcanza a ser debatido y aprobado antes del cierre de la legislatura, deberá iniciar nuevamente todo su trámite desde cero en el próximo periodo legislativo.
En un operativo adelantado en el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia, la Policía Nacional capturó a seis personas señaladas por el porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en medio de una redada contra la minería ilegal.Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego tipo revólver, 26 cartuchos, 21 kilogramos de explosivos, 200 detonadores, 20 metros de cordón detonante y un cilindro de gas acondicionado con explosivo que, según las autoridades, representaba un grave riesgo para la población y podría ser utilizado para acciones criminales y terroristas. "Esta actividad operacional se da en el marco del amparo y la protección a un título minero que está siendo presuntamente perturbado por personas que se dedican a la minería ilegal en nuestro país", indicó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que este resultado evidencia la capacidad operativa y violenta de estas estructuras ilegales, así como la importancia de anticiparse a las amenazas para proteger a las comunidades y la infraestructura del territorio.“Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que, con valentía y compromiso, continúan protegiendo a Colombia”, expresó.Golpe a la minería ilegal en CaracolíEn otro operativo realizado en Caracolí, en la subregión del Magdalena Medio, uniformados de la Policía lograron inhabilitar un yacimiento minero ilegal y destruyeron maquinaria utilizada para la extracción ilícita de minerales, afectando de manera directa las capacidades logísticas de estas redes ilegales.Durante la operación fueron destruidas cuatro dragas tipo buzo, una retroexcavadora, ocho motobombas y tres motores generadores de aire, equipos cuyo valor aproximado asciende a 420 millones de pesos.De acuerdo con el ministro Sánchez esta acción impacta las finanzas de quienes buscan enriquecerse mediante actividades ilícitas que destruyen los recursos naturales y afectan la seguridad de las comunidades.“La minería ilegal no solo financia el crimen; también deja graves daños ambientales y sociales. Seguiremos actuando con contundencia para proteger el territorio y defender la legalidad”, afirmó, al tiempo que reiteró su reconocimiento a policías y militares por sostener esta ofensiva.