La Procuraduría General de la Nación avanza en las investigaciones disciplinarias por el escándalo de los denominados ‘sexocontratos’, relacionado con presuntas irregularidades en la contratación de mujeres en entidades del Gobierno del expresidente Gustavo Petro y el posible uso indebido de recursos públicos. En medio de este proceso, el Ministerio Público confirmó que citó a Deicy Jiménez y al funcionario que habría supervisado su contrato.
El anuncio fue realizado por el procurador general, Gregorio Eljach, durante la Cumbre de Petróleo y Gas que se desarrolla en Cartagena, donde explicó que la entidad ya decretó las diligencias para escuchar a las personas mencionadas en las informaciones que han trascendido sobre este caso.
Publicidad
De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, Jiménez fue citada para el próximo 9 de noviembre, mientras que el supervisor de su contrato, identificado como el señor Polo, deberá comparecer el 10 de noviembre. Estas actuaciones hacen parte de las verificaciones que adelanta la Procuraduría para establecer si hubo conductas que puedan derivar en responsabilidades disciplinarias.
Eljach precisó que la investigación de la entidad se concentra en los servidores públicos que no cuentan con fuero presidencial y en las actuaciones que habrían desarrollado mientras ejercían funciones públicas.
El procurador general explicó que el caso tiene dos ámbitos de competencia. Por una parte, las posibles conductas atribuidas al entonces presidente Gustavo Petro deben ser investigadas por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, organismo que tiene la competencia para adelantar ese proceso.
En ese escenario, la Procuraduría interviene como Ministerio Público y, según Eljach, ya recopiló información sobre los hechos que han sido divulgados y la remitió a esa comisión para que sea tenida en cuenta dentro de sus actuaciones.
Publicidad
Por otra parte, el Ministerio Público sí tiene facultades para investigar disciplinariamente a los demás funcionarios y servidores públicos que habrían tenido alguna participación en las presuntas irregularidades. Para ello, puede ordenar diligencias, recaudar pruebas y realizar inspecciones con el propósito de establecer qué ocurrió.
“Hay que ir a la fuente, a los hechos, a la realidad, a los documentos, al origen de la vinculación de ellos”, señaló Eljach al referirse a las verificaciones sobre las personas que habrían sido contratistas o funcionarios de planta durante el periodo investigado.
Publicidad
Asimismo, el jefe del Ministerio Público se refirió a las declaraciones del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien habría mencionado la existencia de una red de 48 mujeres presuntamente instrumentalizadas. Sobre este señalamiento, sostuvo que se requiere información concreta, con fechas, documentos y conductas específicas, para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
La Procuraduría señaló que continuará con las diligencias para determinar si hubo faltas disciplinarias y quiénes tendrían responsabilidad, de acuerdo con las funciones que desempeñaban al momento de los hechos.