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En el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla se reanudó este lunes la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el secretario de Educación departamental, Dagoberto Barraza, y los otros tres implicados en un presunto caso de corrupción en el Plan de Alimentación Escolar del Atlántico, en el que estarían en juego más de 3.000 millones de pesos.
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Hace dos semanas, la Fiscalía solicitó enviar a la cárcel de forma preventiva a todos los imputados y el delegado de la Procuraduría estuvo de acuerdo con que se imponga esta medida tanto a los dos contratistas detenidos, Uriel Reyes y Félix Barrios, como al mismo secretario Barraza, de quien consideró que sí hizo caso omiso a los informes de interventoría que alertaban sobre irregularidades en los contratos del PAE y que, además, podría obstruir a la justicia.
En el caso específico del funcionario Emil Pacheco Jiménez, líder de cobertura alimenticia de la Secretaría de Educación, la Procuraduría pidió detención domiciliaria por considerar que los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos e interés indebido en la celebración de contratos, que le fueron imputados, no comprometen ni vician el proceso.
Habló la defensa.
Los abogados de Dagoberto Barraza afirmaron que el secretario no tenía las misiones que le ha achacado la Fiscalía, como la de supervisar los contratos del PAE que fueron suscritos por un interventor.
Sobre los gramajes de los alimentos que fueron cuestionados por el ente acusador porque no cumplían con los pesos exigidos, la defensa argumentó que el tamaño de los productos se habría visto reducido después de cocinarlos, lo que es natural tras un proceso de cocción.
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En cuanto a si hubo contrataciones a dedo, con requisitos más flexibles o aligerados, los abogados sostuvieron que se hizo de esa forma porque así lo permitía la figura de urgencia manifiesta con las que se adjudicaron algunos contratos para garantizar que hubiese alimentación para los niños una vez iniciara el calendario escolar.
Para evitar que el secretario de educación sea enviado a la cárcel, la defensa también expuso, con certificados médicos en mano, que Dagoberto Barraza tiene bajo su responsabilidad a su madre, de 74 años, quien padece de problemas cardíacos por su avanzada edad y no puede dejar sola.
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Este martes, a las 8 de la mañana, los abogados de los detenidos continuarán exponiendo su defensa y, una vez haya terminado todas las intervenciones, el juez deberá analizar tanto los argumentos de la Fiscalía, Procuraduría y defensa para tomar una decisión frente a la medida de aseguramiento que impondrá.
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