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¿Qué pasó con reciente caso chuzadas? De 12 capturados, solo 6 permanecen en la cárcel

La Fiscalía ha ofrecido principios de oportunidad y ninguno se le atrevido a hablar para acelerar la investigación.

312624_BLU Radio. Chuzadas // Foto: Referencia AFP
BLU Radio. Chuzadas // Foto: Referencia AFP
THOMAS SAMSON/AFP

Cuando en agosto del 2018 la Fiscalía hizo las primeras capturas supo que se estaba enfrentando al caso de espionaje más grande en la historia reciente del país. Militares en retiro habían conformado una empresa desde la cual interceptaban ilegalmente y obtenían información reservada de políticos, empresas, integrantes de la fuerza pública, funcionarios judiciales y particulares, que vendían al mejor postor.

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Lo que no sabían en ese momento es que escalar la investigación iba a tener tanta dificultad, pues ninguno de los capturados estaba dispuesto a contar quién lo ordenaba y quién lo permitía. El modus operandi venía de años atrás.

Por esas dificultades en la investigación y los miles de números para identificar de ‘chuzados’ y ‘chuzadores’, los términos en varios casos se han vencido como en el más reciente del general (r) Humberto Guatibonza, a quien le otorgaron libertad ayer. Blu Radio hace una radiografía de cómo va el proceso.

Los primeros capturados permanecen en la cárcel, pero también podrían pedir libertad por vencimiento de términos pues aún no inicia el juicio en su contra. Se trata del coronel (r) del Ejército Jorge Humberto salinas, dueño de la empresa de chuzadas ilegales JHS Consultores; el coronel Carlos Andrés Pérez, y el mayor Luis Mesías Quiroga, todos miembros de la compañía. Por su parte, la supuesta ‘hacker’ de la empresa, María Alicia pinzón, goza desde el principio de casa por cárcel.

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Un mes después de esas detenciones, la Fiscalía capturó al general Humberto Guatibonza; a quien fue su asesor de prensa en la Policía Metropolitana de Bogotá y quien fungía como su socio, Carlos Arenas, y al ingeniero Julián Villarraga, quien trabajaba para la empresa HG Consultorías S. A. S de propiedad del general.

En este paquete el único que sigue en casa por cárcel es Arenas.

Luego, el CTI capturó a Juan Carlos Madero y al abogado Diego Rayo quienes fueron mencionados por el coronel Salinas como los supuestos intermediarios entre la empresa de chuzadas ilegales con el senador de La U Armando Benedetti, quien habría pagado para interceptar el teléfono del abogado Jaime Lombana y hacer seguimientos a su hijo, señalamientos que ha negado el congresista. Ambos indiciados hoy también gozan de libertad.

Este año se vinieron las últimas capturas -por ahora- del caso. La primera la del exdirector de inteligencia del DAS Laude Fernández, quien fungía como representante para Colombia de la multinacional de seguridad Berkeley Research Group (BRG) y quien como contratista de Avianca habría interceptado ilegalmente a pilotos del sindicato de aviadores de la aerolínea ACDAC. Continuaron las de funcionarios de la propia Fiscalía: Luis Carlos Gómez Góngora, exinvestigador del CTI y coordinador de la sala de interceptaciones de la entidad, hasta ahora el único condenado en esta investigación porque aceptó los cargos y Fabio Martínez Lugo, exfiscal de la unidad contra las bandas criminales. Todos los anteriores permanecen en la cárcel.

Es decir, de los 12 capturados solo 6 permanecen en la cárcel, dos más gozan de casa por cárcel y otros 4 están libres por vencimiento de términos.

Principios de oportunidad imposibles

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La primera línea de investigación la abrió al Fiscalía con las primeras capturas pues en el computador de la hacker encontraron 175 carpetas con nombres de importantes empresas, personas y hasta casos judiciales como:

Avianca, argos, Davivienda, Goodyear, Pepsico, caso gordo o barbas y caso Premium, entre otros.

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Desde ese momento, la Fiscalía trata de establecer si los números que aparecen en esas carpetas corresponden a víctimas o victimarios.

La segunda línea de investigación se abrió con las capturas de los funcionarios de la Fiscalía, pues la propia entidad se dio cuenta que estaban ingresando números de particulares dentro de supuestos paquetes de números de investigados y de esta manera terminaban chuzados ilegalmente los particulares que nada tenían que ver con comisión de delitos. Aquí la entidad realizó una auditoría a la sala diamante y encontró miles de números que aún se encuentran en verificación.

La labor de los fiscales del caso es maratónica porque solos han tenido que averiguar con los operadores a quien corresponde cada número y luego verificar si son víctimas o victimarios, igual en el caso de las carpetas.

La Fiscalía le ha ofrecido inmunidad penal a cambio de información a Laude Fernández y a los exfuncionarios de la entidad, pero ninguno se ha atrevido a hablar. Por esto, según fuentes del proceso la fiscalía sigue investigando arduamente el caso, pero han avanzado- hasta el momento- en un 10 % de la investigación.

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