Francisco Rangel, profesional universitario de la Gobernación de Santander, quien era el supervisor del contrato que buscaba restaurar el Teatro Municipal Manuela Beltrán del municipio de El Socorro, es uno de los tres sancionados por la Procuraduría por irregularidades en la ejecución del contrato.
Para el caso de Rangel, la sanción consiste en la suspensión por tres meses pues no cumplió a cabalidad con la supervisión del contrato.
En la decisión de primera instancia, la Procuraduría también sancionó con multa de 10 salarios mínimos mensuales vigentes al representante del Consorcio Cultura, José Luis Larrota Maldonado, designado como interventor, y a la contratista de la Gobernación de Santander, Johana Paola Santos Rey, quien cumplía labores de supervisión.
La Procuraduría evidenció que, sin haberse culminado la remodelación ni el mantenimiento contratados, certificaron como recibidas a satisfacción las obras adelantadas en el teatro municipal.
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Debido a las obras inconclusas el teatro, considerado patrimonio cultural, no se ha podido utilizar por la falta de funcionalidad, del ascensor, la planta de micrófonos, el sistema inalámbrico y el aire acondicionado, entre otros.
El contrato de mantenimiento del Teatro Municipal Manuela Beltrán de El Socorro fue por un valor que supera los $4.460 millones.
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Los disciplinados interpusieron recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal.
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