Blu Radio conoció en exclusiva que la Corte Constitucional admitió en los últimos días un recurso presentado por la Superintendencia Nacional de Salud para intentar revocar las medidas judiciales que obligaron a ese ente de control a devolver los activos y reabrir la EPS indígena Manexka.
Esto porque los argumentos que tiene la SuperSalud respecto al funcionamiento de esa Entidad Promotora de Salud son demoledores, o por lo menos es lo que se desprende de los hallazgos obtenidos a través de una auditoría forense en la que se evidenció una defraudación a los recursos del sistema general de seguridad social en salud con la que se puso en riesgo a los afiliados de esa EPS.
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Por ejemplo, en el tema financiero se evidencia que Manexka no cumplía con los requerimientos establecidos en la normatividad y presenta un defecto en la constitución de su patrimonio mínimo por un valor de $8.374 millones.
Esto conlleva que la EPS incumpla con las condiciones de habilitación financiera e indicadores de permanencia conforme a lo establecido en la ley 691 del 2001, art. 14.
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Además, hay que señalar que el déficit de Manexka, según lo pudo establecer la SuperSalud, supera los $5.316 millones.
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Sobre el tema científico, hay un alto grado de vulnerabilidad en el riesgo que tiene la población menor de 5 años por las altas tasas de mortalidad perinatal de enfermedad respiratoria por Enfermedad Diarreica Aguda y mortalidad por neumonía en menores de 5 años.
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La auditoría también señala que tampoco se registró el cumplimiento de acciones encaminadas a garantizar oportunidad, suficiencia e integralidad en los procesos de autorizaciones y prestación efectiva de los servicios.
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Tampoco hay evidencia sobre el cumplimiento del plan de acción para la red de prestadores en temas como hematología, oncología, radioterapia, nefrología, inmunología, laboratorio clínico y reumatología, todos temas de especialidades.
En el tema administrativo, y respecto a la población indígena, dice el informe que debería ser un 60 % y “Manexka EPSI en el registro BDUA del Ministerio del Interior reporta 40.257 personas, que corresponde a un 18 %”, lo que constituye un incumplimiento normativo de su función.
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Además, el documento evidencia que hay exceso de gastos administrativos que superan, según la superintendencia, el tope del 8% establecido y pagos no autorizados por honorarios a la junta directiva que superan los 300 millones de pesos.
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-SuperSalud intenta reversar la reapertura de la EPS con tres solicitudes en Corte Constitucional:
La primera solicitud es suspender provisionalmente el cumplimiento de lo ordenado hasta que la Corte revise y se pronuncie sobre el fallo de tutela que ordenó devolver las cosas al estado anterior de la toma de posesión de bienes, haberes y negocios de Manexka, pese a los graves hallazgos encontrados en la auditoría de la SuperSalud y la Contraloría.
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La otra solicitud pide desvincular al suspendido superintendente Norman Julio Muñoz del incidente de desacato interpuesto en su contra debido a que, precisamente, la medida administrativa adoptada por la Procuraduría por el caso Medimás le impedía cumplir el fallo del tribunal.
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Además, la superintendencia solicita suspender el incidente de desacato abierto contra el actual superintendente Luis Fernando Cruz hasta tanto no se resuelva la revisión de la tutela seleccionada en audiencia pública del 14 de noviembre de 2017, como consta en comunicación enviada al magistrado Alberto Rojas Ríos.
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