Obtener la licencia de conducción y realizar trámites asociados en Colombia podría ser un proceso mucho más ágil, económico y claro para los ciudadanos si las autoridades toman decisiones administrativas orientadas a la interoperabilidad tecnológica. Así lo concluye un reciente estudio elaborado por la firma Rincón Cárdenas & Moreno sobre el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), el cual revisó 65 normas y recopiló 31 hallazgos clave sobre el funcionamiento actual de estos servicios.
Hoy en día, quienes adelantan procesos de formación de conductores, exámenes de aptitud, cursos para infractores o revisiones técnico-mecánicas suelen enfrentarse a demoras causadas por la desarticulación institucional. Según el análisis, existen validaciones de identidad duplicadas entre el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y el SICOV. Para resolverlo, el documento propone avanzar hacia una autenticación única e interoperable, respaldada por estándares técnicos comunes para los equipos biométricos.
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Asimismo, el estudio plantea conectar directamente al RUNT y al SICOV con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT). Esta articulación permitiría verificar comparendos en tiempo real y acreditar los cursos de descuento sin depender de registros ni conciliaciones manuales, brindando mayor certeza y rapidez al usuario.
“El ciudadano necesita trámites más simples, costos comprensibles y certeza de que los controles se cumplen. La integración entre sistemas ofrece una oportunidad para evitar duplicidades, pero debe preservar la trazabilidad y la información que necesitan las autoridades para ejercer su vigilancia”, explicó Erick Rincón, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
Otro eje fundamental de la propuesta apunta a la transparencia financiera. El informe recomienda que el usuario pueda identificar con exactitud qué fracción de su pago se destina al centro de enseñanza o reconocimiento, cuánto va a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y qué porcentaje corresponde al SICOV.
Finalmente, los investigadores advierten que cualquier modernización administrativa debe garantizar la custodia segura de los datos personales y biométricos —cuyos registros inmutables deben conservarse por al menos cinco años— y medir con indicadores verificables el impacto real del sistema en la prevención del fraude vial.