La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que el Estado venezolano debe garantizar una respuesta "integral y transparente" frente a los sismos del pasado 24 de junio, con un enfoque de derechos humanos. “Los terremotos ocurrieron en un contexto preexistente de ausencia de Estado de derecho y de emergencia humanitaria, que limitan la capacidad estatal de respuesta”, afirmó la CIDH en un comunicado.
La CIDH expresó, además, su preocupación por la falta de información oficial consolidada sobre las personas desaparecidas. Aunque el Gobierno reportó 5.546 fallecidos, 16.740 heridos, 6.462 personas rescatadas y más de 128.000 familias atendidas, el organismo señaló que no existen cifras oficiales sobre desaparecidos. En contraste, organizaciones de la sociedad civil estiman que al menos 29.484 personas continúan sin ser localizadas.
El organismo también advirtió que, tres semanas después de la emergencia, persisten graves dificultades para garantizar el acceso a servicios de salud, agua potable, saneamiento y atención en salud mental. Asimismo, alertó sobre la sobrecarga de las morgues y de los servicios forenses, así como las dificultades para identificar a las víctimas y entregar sus restos a sus familiares.
La Comisión indicó que recibió información sobre posibles traslados no voluntarios de personas damnificadas hacia otros estados del país. Por ello, insistió en que cualquier proceso de reubicación debe realizarse de manera voluntaria, con información suficiente y en condiciones dignas.
Además, denunció reportes sobre restricciones al acceso de la prensa a las zonas afectadas, obstáculos para la distribución de ayuda humanitaria, retención de insumos y dificultades para el trabajo de organizaciones de asistencia. En ese sentido, pidió al Estado garantizar información "pública, oportuna, accesible y verificable" sobre la emergencia y fortalecer la cooperación internacional para atender a las comunidades afectadas.
Finalmente, la CIDH reiteró que Venezuela debe "restablecer el orden constitucional, garantizando una legítima y pacífica sucesión constitucional que permita empezar a reconstruir la institucionalidad llamada a prevenir y atender este tipo de desastres", al considerar que la crisis institucional ha incidido en la capacidad de respuesta frente a la emergencia.
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