La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que el Estado venezolano debe garantizar una respuesta "integral y transparente" frente a los sismos del pasado 24 de junio, con un enfoque de derechos humanos. “Los terremotos ocurrieron en un contexto preexistente de ausencia de Estado de derecho y de emergencia humanitaria, que limitan la capacidad estatal de respuesta”, afirmó la CIDH en un comunicado.La CIDH expresó, además, su preocupación por la falta de información oficial consolidada sobre las personas desaparecidas. Aunque el Gobierno reportó 5.546 fallecidos, 16.740 heridos, 6.462 personas rescatadas y más de 128.000 familias atendidas, el organismo señaló que no existen cifras oficiales sobre desaparecidos. En contraste, organizaciones de la sociedad civil estiman que al menos 29.484 personas continúan sin ser localizadas.El organismo también advirtió que, tres semanas después de la emergencia, persisten graves dificultades para garantizar el acceso a servicios de salud, agua potable, saneamiento y atención en salud mental. Asimismo, alertó sobre la sobrecarga de las morgues y de los servicios forenses, así como las dificultades para identificar a las víctimas y entregar sus restos a sus familiares.La Comisión indicó que recibió información sobre posibles traslados no voluntarios de personas damnificadas hacia otros estados del país. Por ello, insistió en que cualquier proceso de reubicación debe realizarse de manera voluntaria, con información suficiente y en condiciones dignas.Además, denunció reportes sobre restricciones al acceso de la prensa a las zonas afectadas, obstáculos para la distribución de ayuda humanitaria, retención de insumos y dificultades para el trabajo de organizaciones de asistencia. En ese sentido, pidió al Estado garantizar información "pública, oportuna, accesible y verificable" sobre la emergencia y fortalecer la cooperación internacional para atender a las comunidades afectadas.Finalmente, la CIDH reiteró que Venezuela debe "restablecer el orden constitucional, garantizando una legítima y pacífica sucesión constitucional que permita empezar a reconstruir la institucionalidad llamada a prevenir y atender este tipo de desastres", al considerar que la crisis institucional ha incidido en la capacidad de respuesta frente a la emergencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó dos acuerdos de solución amistosa alcanzados entre el Estado colombiano y familias víctimas del conflicto armado, en los que el país reconoció su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos y se comprometió a adoptar medidas de reparación integral.El primer caso corresponde al asesinato, en marzo de 2003, de una adolescente de 15 años y de su hijo de nueve meses. La joven fue a una cita con el padre biológico del bebé, Ermen Núñez Martínez, quien supuestamente le entregaría dinero para su manutención. Al día siguiente, ambos fueron encontrados muertos y calcinados en Soledad, Atlántico.Las necropsias establecieron que la adolescente murió por un impacto de bala y el menor por asfixia y las investigaciones señalaron que el crimen habría sido ordenado por el padre del niño y ejecutado por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Estado reconoció su responsabilidad internacional por las graves fallas en la investigación, marcada por la pérdida de pruebas, la destrucción del expediente en un incendio, la prescripción de algunos cargos y la falta de protección para la familia, pese a las amenazas denunciadas. Como parte del acuerdo, entregó una placa conmemorativa a los familiares y asumió medidas de justicia, satisfacción y reparación.El segundo acuerdo corresponde al caso de Martha Lucía González Rodríguez, quien fue perseguida por su labor como jueza de orden público tras investigar las masacres de Honduras y La Negra en 1988. Las decisiones judiciales que adoptó contra narcotraficantes, paramilitares e integrantes de las Fuerzas Armadas desencadenaron amenazas que la obligaron a exiliarse. Meses después, en 1989, su padre, Álvaro González Santana, fue asesinado en Bogotá en represalia por su trabajo.La investigación de ese crimen estuvo marcada por irregularidades y permaneció sin avances significativos durante décadas. Además, Martha González y su familia continuaron siendo víctimas de amenazas y atentados, lo que prolongó su exilio y evidenció la falta de protección estatal. El acuerdo contempla una indemnización económica, trece medidas de satisfacción, entre ellas un homenaje a la jueza y la postulación de Martha González a un premio internacional de paz, así como el compromiso de continuar las investigaciones para esclarecer el crimen y sancionar a los responsables.La CIDH destacó que ambos acuerdos representan un avance hacia la justicia restaurativa y la reparación integral de las víctimas, al considerar que contribuyen a reconstruir el tejido social y fortalecer una cultura de paz. Asimismo, resaltó la disposición del Estado colombiano para resolver este tipo de casos mediante el mecanismo de solución amistosa y anunció que hará seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos.
La Comisión Colombiana de Juristas respaldó la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación formal y llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro del proceso que busca establecer posibles vínculos con estructuras paramilitares en Antioquia. La organización aseguró que esta actuación representa una esperanza para las víctimas de los hechos que son materia de investigación.“Este llamado constituye un avance significativo en la lucha contra la impunidad y una esperanza para que las víctimas puedan obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a estos graves hechos”, afirmó la Comisión.La investigación busca esclarecer la presunta relación del exmandatario con grupos paramilitares que habrían operado desde la hacienda Las Guacharacas, en Antioquia, así como posibles vínculos con las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en el municipio de Ituango, y con la masacre de San Roque, también en ese departamento.El proceso también aborda la muerte de Jesús María Valle Jaramillo, abogado y defensor de derechos humanos que denunció la actuación de grupos paramilitares en Antioquia cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador del departamento, y quien posteriormente fue asesinado en 1998.En el comunicado, los representantes jurídicos de la familia de Valle Jaramillo recordaron que la Corte Suprema de Justicia declaró en 2018 como crímenes de lesa humanidad varios de los hechos investigados dentro de este expediente.Asimismo, señalaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos relacionadas con las masacres de Ituango, en una sentencia de 2006, y posteriormente por el asesinato de Valle Jaramillo, en otra de 2008. Según la Comisión, estos antecedentes refuerzan la importancia de avanzar en el esclarecimiento judicial de los hechos.
Por primera vez en la historia del país, Colombia contará con un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. La hoja de ruta busca orientar durante los próximos diez años la política pública en esta materia y, según el Gobierno, responde tanto a un compromiso derivado del Acuerdo de Paz de 2016 como a una recomendación formulada por Naciones Unidas desde 1993.Según explicó, Lourdes Castro, consejera presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, aunque Colombia había recibido reiteradas recomendaciones internacionales para contar con esta herramienta, no la había adoptado debido a la necesidad de concertar su contenido con víctimas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. Castro indicó que la construcción del documento tomó más de dos años y medio y contó con acompañamiento de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, incluyó encuentros territoriales y mecanismos virtuales de participación que permitieron recibir cerca de 2.000 propuestas ciudadanas.“Logramos finalmente tener 200 acciones en el marco de 6 componentes estratégicos que incorporan este plan nacional de acción en derechos humanos, que es un plan de estado con un horizonte temporal a 10 años, y que, pues, en los meses que que nos quedan, implementar a la mayor brevedad posible para que empiece a funcionar. Pero es una buena noticia para el país, es una buena noticia para los derechos humanos, es una buena noticia para la paz y la democracia”, señaló Castro.La funcionaria destacó que uno de los principales ejes aborda la lucha contra la pobreza, la inequidad y la discriminación. “Este sigue siendo un problema estructural de derechos humanos. Tenemos que cerrar las brechas en materia de inequidad social y discriminación si realmente queremos lograr un goce efectivo de los derechos humanos”, explicó.Otro de los componentes está relacionado con la tierra, el territorio y la crisis climática. Según Castro, el plan incorpora desafíos emergentes en materia de derechos humanos, entre ellos los efectos del cambio climático sobre las comunidades y los territorios.La hoja de ruta también contempla acciones relacionadas con el respeto a la vida, las libertades y la participación democrática. En ese punto, la consejera destacó la importancia de “fortalecer esa participación democrática” y garantizar mecanismos que permitan el ejercicio efectivo de derechos y libertades. Asimismo, resaltó la inclusión de un componente enfocado en culturas, tecnologías y derechos humanos, con énfasis en los desafíos que plantea la transformación digital. “La inteligencia artificial plantea importantes desafíos en términos de garantías y derechos humanos”, advirtió.La construcción de paz aparece igualmente como uno de los pilares centrales del plan. “No podemos hablar de una paz duradera sin goce y protección efectiva de los derechos humanos”, sostuvo la consejera, quien añadió que la paz y los derechos humanos mantienen un “vínculo indisoluble”.Finalmente, el documento incorpora acciones relacionadas con justicia, institucionalidad y gobernanza, incluyendo esfuerzos para combatir la impunidad, fortalecer la respuesta estatal frente a las violaciones de derechos humanos y mejorar la articulación entre entidades.Castro destacó que las distintas acciones fueron diseñadas para dialogar entre sí bajo los principios de interdependencia e indivisibilidad que caracterizan a los derechos humanos.
Una delegación integrada por ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia llegó a Bruselas para sostener reuniones con eurodiputados, parlamentarios y organizaciones internacionales con el propósito de visibilizar la situación de derechos humanos en el país y como se vive en términos del conflicto armado.La agenda incluyó conversaciones sobre el recrudecimiento del conflicto armado, los riesgos que enfrentan líderes y defensores de derechos humanos y el panorama político de cara a las elecciones presidenciales.Diana Patricia Pito, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), explicó que uno de los principales objetivos fue acercar a los parlamentarios europeos a las realidades que viven las comunidades en los territorios.Según señaló, durante los encuentros se expusieron cifras, casos documentados y preocupaciones relacionadas con la defensa de la vida. Además, indicó que parte de las conversaciones estuvieron enfocadas en conocer cuál será el futuro de la cooperación y la solidaridad internacional con Colombia, así como en mantener el respaldo y las recomendaciones para que el país continúe avanzando en garantías efectivas para la protección de los derechos humanos.Desde Mafapo, Jacqueline Castillo calificó la gira como positiva y destacó el interés mostrado por los parlamentarios europeos. “Nos acogieron muy bien y estuvieron muy interesados en escucharnos”, aseguró.Castillo explicó que durante las reuniones se plantearon inquietudes sobre los riesgos de impunidad en algunos casos y destacó la importancia de que continúe el apoyo de la Unión Europea al trabajo que viene adelantando la JEP, así como al proceso de paz.Por su parte, Vicente Vallies, representante de la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO), señaló que la gira permitió sensibilizar a distintos sectores de la Unión Europea sobre el momento que atraviesa el país.“Se ha logrado sensibilizar a eurodiputadas y eurodiputados sobre lo que está pasando actualmente con el proceso electoral y las consecuencias que puede tener en Colombia”, indicó.Además, aseguró que existe una voluntad de mantener el respaldo a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y a los procesos de diálogo con actores armados. “Creo que la Unión Europea ya está convencida nuevamente de la necesidad de los diálogos y que más guerra son más víctimas”, afirmó.El recorrido también incluyó encuentros con representantes de Suecia e Irlanda. Diana Montealegre, de la organización Diakonia, explicó que las conversaciones estuvieron marcadas por la preocupación frente a posibles retrocesos en los avances alcanzados en materia de paz y derechos humanos.“Percibimos una preocupación compartida sobre los riesgos de retroceso en las apuestas por las que los ganadores llevan años trabajando”, señaló Montealegre, quien agregó que los interlocutores europeos permanecen atentos al desarrollo de la segunda vuelta presidencial y a sus posibles implicaciones para la implementación del acuerdo de paz.La gira continuará en Suecia como parte de una estrategia que busca abrir espacios de incidencia internacional y respaldo político para organizaciones y liderazgos que trabajan desde los territorios en la defensa de los derechos humanos, la memoria, la justicia y la construcción de paz en Colombia.
Las autoridades de Santander activaron protocolos de seguridad y verificación luego de que aparecieran panfletos atribuidos a las denominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en los que se amenaza a integrantes de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), líderes sociales y miembros del movimiento político Pacto Histórico en municipios del Magdalena Medio santandereano.Según el documento difundido, varias personas vinculadas a organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y actores políticos de Puerto Wilches fueron declaradas como "objetivo militar" y señaladas de pertenecer a grupos insurgentes. En el panfleto se exige además que abandonen el municipio en un plazo de 48 horas.La alerta fue emitida por Credhos, organización que rechazó y condenó las amenazas, advirtiendo que este tipo de hechos ponen en riesgo la integridad de líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos de la región.Ante la situación, las autoridades departamentales convocaron una mesa de seguridad en la que se evaluaron las acciones de protección para las personas mencionadas en los mensajes intimidatorios. Como resultado, se reforzaron las medidas de seguridad en Barrancabermeja y Puerto Wilches, municipios donde se reportó la circulación de los panfletos.El secretario del Interior de Santander informó que se activaron los protocolos de seguimiento e investigación para establecer el origen de los documentos y determinar su alcance real."Estamos haciendo el acompañamiento debido a lo que informa y anuncia el contenido del panfleto para brindarle las garantías a todos los ciudadanos del departamento de Santander", indicó el funcionario.La Gobernación de Santander confirmó que las autoridades trabajan de manera articulada con la Fuerza Pública y los organismos de investigación para verificar la autenticidad de los mensajes y adoptar las medidas necesarias de prevención y protección.Las amenazas se producen en un momento de preocupación por la seguridad en el Magdalena Medio, una región donde históricamente han tenido presencia diferentes grupos armados ilegales. En su comunicado, Credhos recordó que recientemente había advertido sobre la expansión y reconfiguración de estructuras armadas en municipios como Puerto Wilches, Sabana de Torres y Rionegro.La organización señaló que la aparición de este tipo de panfletos representa un riesgo para el ejercicio de la participación política, la defensa de los derechos humanos y la permanencia de líderes sociales en los territorios. Por ello, solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales fortalecer las garantías de protección para las personas amenazadas y avanzar en las investigaciones que permitan identificar a los responsables.Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier amenaza o situación que pueda afectar la convivencia y la seguridad a través de la línea 123 de la Policía Nacional o la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación.
Un informe estadístico sobre las dinámicas de violencia en Norte de Santander durante 2025 evidenció un preocupante deterioro de las condiciones de seguridad en el departamento, con incrementos en homicidios, amenazas, extorsiones, secuestros y desapariciones presuntamente forzadas, especialmente en municipios del área metropolitana de Cúcuta y zonas afectadas por el conflicto armado y las economías ilícitas.De acuerdo con el reporte de la Corporación Red Departamental de Derechos Humanos (CORPOREDDEH), durante 2025 se registraron 845 homicidios en Norte de Santander, frente a 566 casos reportados en 2024, lo que representa un aumento del 49,3 %.El municipio más afectado fue Cúcuta, donde se reportaron 362 homicidios en 2025, seguido por el área metropolitana con 471 casos. Según el informe, la mayoría de las víctimas fueron hombres y la población más impactada correspondió a personas entre los 29 y 59 años.El estudio señala además que el arma de fuego sigue siendo el principal mecanismo utilizado en los asesinatos. Solo en Cúcuta, 314 homicidios fueron cometidos con proyectil de arma de fuego, lo que equivale al 86,7 % de los casos registrados en la ciudad.Las amenazas también reflejaron un panorama alarmante. Durante 2025 fueron reportados 1.730 casos en el departamento, siendo Cúcuta el municipio con mayor número de denuncias con 687 hechos, seguido por Ocaña, Tibú y Villa del Rosario.El área metropolitana de Cúcuta concentró 961 amenazas durante el año, consolidándose como la zona más afectada por intimidaciones y hechos relacionados con estructuras criminales y grupos armados ilegales.En materia de desapariciones presuntamente forzadas, el informe documentó 96 casos en Norte de Santander durante 2025. Cúcuta encabezó nuevamente las cifras con 37 casos, seguida por Tibú con 18 y Ocaña con 15 desapariciones, dice el informe de la Corporación Red Departamental de Derechos Humanos. El reporte advierte además que históricamente el departamento acumula 6.403 personas desaparecidas, de las cuales 4.792 continúan sin aparecer.Otro de los delitos con incremento fue la extorsión. Durante 2025 se registraron 560 casos, frente a 498 reportados en 2024. Cúcuta concentró más de la mitad de las denuncias con 288 casos, seguida por Ocaña, Los Patios y Villa del Rosario.El documento también reportó 61 secuestros entre extorsivos y simples en el departamento. Tibú y Cúcuta aparecen como los municipios con mayor incidencia de este delito, asociado a disputas territoriales, economías ilegales y presencia de grupos armados.La Corporación Red Departamental de Derechos Humanos advirtió que estas cifras reflejan la persistencia de dinámicas de violencia relacionadas con narcotráfico, criminalidad organizada, control territorial y conflicto armado, especialmente en municipios fronterizos y corredores estratégicos del departamento.El informe concluye que Norte de Santander enfrenta una grave crisis de seguridad y derechos humanos, por lo que pidió fortalecer las acciones institucionales de prevención, protección, judicialización y atención a las víctimas.
La Oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia expresó su preocupación por la denuncia realizada por la Liga Internacional de Mujeres por ls Paz y la Libertad, LIMPAL Colombia, sobre supuestos ingresos no autorizados e intentos de hackeo a sus cuentas institucionales y redes sociales.Según indicó la oficina, los hechos se habrían registrado después de que la organización publicara un análisis relacionado con el enfoque de género y los derechos humanos de las mujeres en las propuestas de las candidaturas presidenciales.La ONU rechazó “todos los ataques digitales” contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, al advertir que este tipo de hechos pueden generar intimidación, amenazas y limitar su labor. Además, hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen, juzguen y sancionen lo ocurrido, y fortalezcan las medidas de protección frente a ataques en entornos digitales.La entidad también pidió a las candidaturas presidenciales condenar cualquier ataque contra organizaciones defensoras de derechos humanos, incluidas aquellas que trabajan por los derechos de las mujeres.“Las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos cumplen una labor esencial para la democracia, la participación y la protección de los derechos humanos”, señala el mensaje.Por su parte, Limpal informó que activó protocolos internos de seguridad digital tras detectar presuntos accesos no autorizados e intentos de hackeo en sus cuentas institucionales. En el comunicado, la organización pidió a la ciudadanía no responder mensajes sospechosos ni compartir información sensible mientras avanzan las verificaciones sobre el alcance del incidente.La organización aseguró además que este tipo de hechos representan una forma de violencia digital que busca “callar, intimidar y silenciar” la acción política y social de las mujeres defensoras de derechos humanos.
Estados Unidos reiteró este miércoles su oferta de 100 millones de dólares en "asistencia humanitaria directa al pueblo cubano" después de que las autoridades de La Habana tacharan de "fábula" el ofrecimiento que ya adelantó el secretario de Estado, Marco Rubio, la semana pasada."El Departamento de Estado reitera públicamente la generosa oferta de EE.UU. de proporcionar 100 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables", anunció en un comunicado.Según el Departamento de Estado, la decisión de recibir esa asistencia recae ahora en el Gobierno cubano, que debe elegir entre "aceptar la oferta o rechazar una ayuda vital y crucial" para la isla.El comunicado insiste en que Rubio ha realizado numerosas ofertas privadas a las autoridades de La Habana, entre ellas el apoyo para un servicio de internet satelital gratuito y los mencionados 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa.El pasado viernes, en una rueda de prensa durante su visita a Roma para reunirse con el papa León XIV, Rubio insistió en que EE.UU. ha proporcionado ya "seis millones de dólares en ayuda humanitaria, distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia católica"."Estamos dispuestos a hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria", añadió, pero dijo que hasta ahora el Gobierno no había aceptado distribuirla.Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó el viernes de "fábula" esta oferta."¿Dónde están (los 100 millones), a qué los dedicaría?", cuestionó el jefe de la diplomacia de la isla y dijo que "lo que sí conoce muy bien el político anticubano (en referencia a Rubio) son las cifras en miles de millones de dólares que cuesta a Cuba la guerra económica de EE.UU."Desde enero pasado, Washington presiona al Gobierno de la isla para que introduzca reformas económicas y políticas y ha amenazado con intervenir militarmente en Cuba.Como parte de esa escalada impuso un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya arrastraba el país.
Hace un par de semanas La Fiscalía General de la Nación anunció que llamaría a imputación a Alexander Díaz, conocido con el alias Calarcá, cabecilla del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes , por su presunta responsabilidad en varios delitos relacionados con hechos violentos ocurridos en distintas regiones del país.Según el ente acusador, la decisión se sustenta en diversos hallazgos que vincularían al señalado cabecilla con acciones criminales específicas, entre ellas el homicidio de una líder social, el ataque con minas antipersona contra una patrulla del Ejército Nacional que dejó siete militares muertos, así como un ataque dirigido contra integrantes del grupo comandado por alias 'Iván Mordisco', que dejó como saldo varias personas fallecidas, entre ellas adultos y menores de edad en el departamento de Guaviare.La Fiscalía explicó que las advertencias y decisiones judiciales se soportan en una investigación que se originó tras el hallazgo de dispositivos electrónicos incautados durante un retén en el que se encontraba el cabecilla. De acuerdo con la entidad, estos elementos fueron sometidos a análisis técnicos especializados que permitieron identificar información relevante para el avance de las investigaciones.Según indicó la entidad, tras el análisis técnico de estos dispositivos se habrían encontrado evidencias que lo vincularían con hechos delictivos cometidos con posterioridad a su designación como vocero en la mesa de negociación. Este hallazgo es considerado por el ente acusador como un elemento clave dentro del proceso investigativo, debido a que permitiría establecer la continuidad de conductas criminales mientras el señalado participaba en escenarios de diálogo.Luego de adelantar un proceso de extracción y análisis de la información contenida en los dispositivos electrónicos, se lograron identificar elementos que relacionarían a alias 'Calarcá' con múltiples conductas delictivas. Según lo expuesto, dichos hechos se habrían mantenido pese a su participación como vocero en procesos de negociación.
Luego del terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, Bancolombia activó sus protocolos de atención para verificar el estado de sus trabajadores, clientes, instalaciones y servicios en las regiones afectadas por el sismo de magnitud 7,4.Ante ello, la entidad decidió que, de las 563 sucursales que tiene en el país, 46 permanecerán cerradas temporalmente, principalmente al sur de Colombia, donde se concentraron varias de las afectaciones. La decisión responde a las revisiones realizadas sobre la infraestructura de las oficinas, con el propósito de garantizar condiciones seguras antes de retomar la atención presencial a sus clientes.¿Qué oficinas de Bancolombia estarán cerradas por el terremoto?La mayor parte de las sucursales que suspendieron sus servicios temporalmente están ubicadas en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó. Entre ellas se encuentran oficinas en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y otros municipios afectados.Adicionalmente, en Antioquia también fueron cerradas las sucursales de Jardín y El Peñol. En Chocó, por su parte, las oficinas de Quibdó e Istmina suspendieron sus servicios mientras se evalúan las condiciones para definir su reapertura.El banco explicó que las demás oficinas continuarán operando con normalidad. Sin embargo, recomendó que, para mantenerse al tanto sobre sucursales abiertas y horarios, se valide la información en su sucursal telefónica.¿Cómo hacer operaciones de Bancolombia si una oficina está cerrada?Para los clientes que necesiten realizar movimientos bancarios durante la emergencia, Bancolombia informó que sus canales digitales continúan funcionando con normalidad y están disponibles las 24 horas.Entre las opciones habilitadas están:App Mi Bancolombia.App Negocios.Sucursal Virtual Personas.Sucursal Virtual Negocios.Botón de Pagos Bancolombia.Cajeros automáticos.Corresponsales bancarios.Sucursal Telefónica.Tarjetas Bancolombia para pagos.La recomendación para quienes se encuentren en las zonas afectadas es revisar primero los canales oficiales antes de desplazarse hasta una oficina.Bancolombia abrió canales de donaciones por terremotoLa Fundación Bancolombia habilitó una cuenta de ahorros para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por la emergencia.La cuenta habilitada para este fin es el número 24542391932. De acuerdo con la entidad, los recursos serán utilizados en acciones de atención y apoyo en los territorios impactados, en articulación con autoridades, organizaciones aliadas y actores locales.Bancolombia indicó que continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier actualización relacionada con sus oficinas y servicios a través de sus canales oficiales.
La cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela se elevó a 6.301, mientras familiares siguen buscando desaparecidos entre las ruinas de edificios colapsados, según un balance divulgado el lunes por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez.A la fecha el gobierno no ha publicado una cifra oficial sobre los desaparecidos luego de los sismos de 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de unos 190 edificios ubicados en su mayoría en el costero estado La Guaira, a unos 40 km de Caracas. Muchos venezolanos revivieron escenas de los terremotos que sacudieron el país caribeño, tras sentirse este lunes en varias regiones un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, que deja un saldo de al menos 111 muertos y decenas de heridos.El balance anterior publicado el 3 de agosto por autoridades venezolanas cifraba el número de muertos en 6.125. Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedaban cerca de 1.400 desaparecidos hace poco más de una semana.Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 9.567 han sido catalogadas por las autoridades como de "alto riesgo". El número de "viviendas restringidas" se ubica en 12.411. Por ello, muchas de las familias que las ocupaban son atendidas en refugios temporales o se fueron a vivir con familiares o amigos.Casi 24.000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el estado La Guaira, un popular balneario cuya vida giraba en torno al turismo prácticamente inexistente luego de los terremotos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de Turquía en secreto el pasado 8 de julio y utilizó un avión militar más pequeño para continuar su viaje hacia Reino Unido, en una operación destinada a ocultar su ubicación ante una posible amenaza de asesinato procedente de Irán, según una investigación publicada por The Washington Post. (The Washington Post)El episodio ocurrió después de la participación de Trump en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara. Aunque públicamente se informó que el mandatario había abandonado Turquía a bordo de un antiguo Boeing 747 utilizado como Air Force One, en realidad habría sido trasladado de manera discreta a un C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense.De acuerdo con la información publicada por el diario estadounidense, la operación buscaba impedir que posibles adversarios conocieran cuál era el avión que transportaba realmente al presidente.Trump utilizó un avión como señueloTrump había llegado a Turquía a bordo del nuevo Boeing 747-8 que fue entregado a Estados Unidos por Catar. Sin embargo, para el regreso, el mandatario apareció públicamente abordando el antiguo Air Force One.En ese momento, Trump explicó que el cambio obedecía a una razón logística: el nuevo avión sería trasladado previamente a la base aérea de Mildenhall, en Reino Unido, para que militares estadounidenses pudieran conocerlo y recorrer sus instalaciones. (The Washington Post)La versión pública hizo que periodistas y parte del personal de la Casa Blanca creyeran que Trump viajaba en el Boeing 747 más antiguo. Sin embargo, según The Washington Post, el avión que aparentemente transportaba al presidente funcionó en realidad como un señuelo. Trump habría sido trasladado desde la zona del aeropuerto hasta el C-32A, una aeronave de menor tamaño utilizada habitualmente para transportar a altos funcionarios estadounidenses. El objetivo era mantener en secreto la ubicación del presidente durante una parte del trayecto.Una amenaza iraní habría motivado el operativoLa decisión de cambiar de aeronave estuvo relacionada con preocupaciones de seguridad vinculadas a Irán, según las fuentes citadas por el diario.La posibilidad de que Trump fuera objetivo de un ataque iraní ya había sido mencionada durante su salida de Turquía. El propio presidente reconoció entonces que existían amenazas contra él y afirmó que era considerado por Irán como uno de sus principales objetivos.Durante ese viaje, los periodistas que permanecieron a bordo del avión que salió de Ankara recibieron instrucciones de mantener cerradas las persianas de las ventanillas. La medida llamó la atención de los reporteros y alimentó las dudas sobre las verdaderas razones del cambio de aeronave. (The Washington Post)La nueva información publicada ahora apunta a que las medidas de seguridad fueron mucho más amplias de lo que se conoció inicialmente.El avión regalado por Catar también quedó bajo escrutinioEl episodio volvió a poner el foco en el nuevo avión presidencial entregado por Catar a Estados Unidos.El Boeing 747-8 fue donado por la familia real catarí después de que Trump cuestionara durante meses el estado de los dos aviones Boeing 747 utilizados como Air Force One desde la década de 1990.La aeronave fue sometida a modificaciones para adaptarla a las necesidades del Gobierno estadounidense. No obstante, desde que comenzó a utilizarse surgieron interrogantes sobre si contaba con todas las capacidades de protección disponibles en los aviones presidenciales más antiguos.Entre las diferencias señaladas se encuentran determinados sistemas de seguridad y defensa frente a posibles amenazas externas. Informaciones previas habían indicado que el nuevo avión no disponía inicialmente de algunas de las capacidades de detección y contramedidas que sí poseen las aeronaves presidenciales tradicionales. (The Washington Post)El cambio de avión durante el viaje de Trump a Estados Unidos incrementó esas dudas y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad del aparato.La Casa Blanca defiende la seguridad del nuevo Air Force OneAnte la publicación de The Washington Post, la Casa Blanca defendió las condiciones de seguridad del nuevo avión.El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, aseguró que la aeronave cuenta con sistemas y protocolos destinados a proteger al presidente y a los integrantes de su equipo.La administración de Trump no confirmó públicamente todos los detalles de la operación descrita por el periódico, incluida la forma exacta en la que el mandatario fue trasladado desde el avión que utilizó como señuelo hasta el C-32A. La información sobre la salida secreta se conoce semanas después de la cumbre de la OTAN y en un contexto de fuerte tensión entre Estados Unidos e Irán. Durante la reunión en Ankara, Trump había reiterado sus advertencias contra Teherán y, posteriormente, Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos iraníes. (The Washington Post)
Una alerta técnica fue presentada ante la Gobernación de Santander por el estado de dos puentes metálicos considerados estratégicos para la conectividad del departamento: el puente Baraya, ubicado sobre el río Fonce en la Ruta del Petróleo, y el puente sobre el río Suárez que comunica con los municipios de El Hato y Palmar.La advertencia fue realizada por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, cuyos integrantes, durante un recorrido reciente por la Ruta del Petróleo, identificaron varias afectaciones que, según advierten, requieren una intervención prioritaria para evitar riesgos en la seguridad vial y en la estabilidad de las estructuras.Uno de los puntos que genera mayor preocupación está en el puente Baraya. La sociedad señala que el estribo norte de la estructura estaría en riesgo de perder estabilidad debido a la socavación que ha sufrido el lecho del río.De acuerdo con la alerta, “a pocos metros aguas abajo del puente funciona una concesión minera dedicada a la extracción de material pétreo. Los ingenieros advierten que, según lo manifestado por habitantes de la zona, antes de que comenzara esta explotación el nivel del río coincidía con la base de la pila, mientras que actualmente el cauce habría descendido cerca de tres metros”.La Sociedad Santandereana de Ingenieros pidió que la autoridad ambiental revise el impacto de esta actividad y ejerza los controles correspondientes sobre la explotación minera y sobre otras operaciones similares ubicadas en puntos considerados críticos para la infraestructura vial de Santander.El segundo llamado de atención corresponde al puente sobre el río Suárez, ubicado en el ramal que conduce hacia El Hato y Palmar. Allí, los ingenieros encontraron un deterioro aún mayor de la pintura anticorrosiva y una afectación en uno de los elementos de la estructura metálica.Según el documento, la primera diagonal de la cercha norte, en el costado occidental, fue golpeada por un vehículo y permanece doblada. La Sociedad Santandereana de Ingenieros advierte que esta deformación afecta las condiciones de trabajo de la estructura y genera riesgos para su estabilidad. Aunque aparentemente la baranda fue reparada, el elemento estructural no habría recibido la misma intervención.La organización recordó que ambos puentes tienen cerca de un siglo de construcción. Fueron levantados en 1938 y, pese a su antigüedad, continúan prestando servicio y hacen parte de la red vial del departamento, con importancia para la movilidad, la actividad económica y el turismo.Ante este panorama, la Sociedad Santandereana de Ingenieros solicitó al gobernador Juvenal Díaz Mateus instruir a la Secretaría de Infraestructura para que realice una inspección técnica prioritaria, determine el alcance de los daños y establezca las intervenciones necesarias.También pidió coordinar con las autoridades ambientales la revisión de la licencia y de la operación de la concesión minera ubicada cerca del puente Baraya, debido a la preocupación por la posible relación entre la extracción de material y la acelerada socavación del lecho del río.
Las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) dieron un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional al convertirse en una institución universitaria, cambio que abre la posibilidad de ampliar su oferta académica y ofrecer programas de formación de posgrado.La transformación se concretó después de ocho años de proceso y representa un cambio que va más allá del nombre de la institución, pues permitirá a las UTS ampliar sus niveles de formación y avanzar en una oferta académica que incluya programas de posgrado.Uno de los primeros proyectos será la Maestría en Administración de Empresas, cuyo proceso avanza ante el Ministerio de Educación Nacional y que, de acuerdo con las proyecciones de la institución, podría comenzar a ofrecerse el próximo año.El rector de las UTS, Omar Lengerke, destacó que esta transformación permitirá ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes de Santander y anunció que la institución proyecta nuevos programas en diferentes áreas del conocimiento.“Ingresan a una nueva institución. Se matricularon en las Unidades y hoy ingresan a la Universitaria Tecnológica de Santander, una universidad acreditada en alta calidad. Vamos a tener programas en el área de la salud, posgrados, maestrías y doctorados. Con orgullo, de aquí en adelante van a decir: estudian en la Universitaria Tecnológica de Santander”, afirmó Lengerke.De acuerdo con el rector, entre las áreas que se busca fortalecer están salud, comunicación y humanidades, con nuevos programas que respondan a las necesidades de formación de la región.Otro de los aspectos destacados es el acceso a la educación superior. Según Lengerke, actualmente el 98 % de los estudiantes de las UTS cuenta con gratuidad, una condición que, aseguró, hace parte del compromiso de la institución de facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior.Con este cambio, las UTS buscan ampliar progresivamente su oferta académica y consolidarse como una institución con nuevos niveles de formación para estudiantes y profesionales de Santander.
