La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión urgieron al Estado venezolano a derogar toda normativa que restrinja de manera indebida la libertad de expresión, en medio del proceso de reforma de la denominada Ley contra el Odio.
Por medio de un comunicado, los organismos señalaron que una modificación parcial de esta norma no sería suficiente para corregir las restricciones y los problemas que han advertido desde su promulgación, en 2017.
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La CIDH y la Relatoría expresaron preocupación por el uso de conceptos amplios y ambiguos que podrían facilitar interpretaciones arbitrarias, así como por las facultades que la ley otorga al Estado para imponer contenidos y exigir a los medios de comunicación retirar información de interés público.
Además, advirtieron que la aplicación de esta normativa habría sido utilizada de manera selectiva y desproporcionada para sancionar expresiones críticas. Según cifras citadas por el CIDH, entre 2017 y octubre de 2025 se registraron 85 casos de personas y medios señalados por presuntos delitos de odio. Entre ellos había 49 periodistas, trabajadores de medios y comunicadores, además de siete medios de comunicación. En 65 de esos casos se habría invocado la Ley contra el Odio.
La advertencia se conoce mientras la Asamblea Nacional venezolana adelanta un proceso para reformar parcialmente la ley, con el propósito de avanzar en la despenalización de algunas conductas contempladas en ella.
Ante este panorama, la CIDH y su Relatoría insistieron en que el proceso legislativo debe ser transparente y permitir la participación de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación y otros sectores que puedan verse afectados.
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Por eso, solicitaron a la Asamblea Nacional publicar el texto completo de la reforma que será discutida y habilitar espacios de participación para conocer las observaciones de estos sectores.
Los organismos también alertaron que las restricciones a la libertad de expresión no se limitan a la censura directa, pues las normas ambiguas y las posibles sanciones pueden generar temor, autocensura y desincentivar la participación en el debate público.