El sacerdote nicaragüense Fernando Calero fue detenido por la Policía
, con lo que suman tres los curas encarcelados en las últimas 24 horas, denunció este viernes la abogada e investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina.
"Policía sandinista secuestra al sacerdote Fernando Calero, párroco de Nuestra Señora de Fátima (en el municipio de) Rancho Grande, (departamento de Matagalpa). Se desconoce su paradero", señaló Molina, autora del estudio titulado 'Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?', a través de su cuenta de la red social X (antes Twitter).
Según la investigadora, Calero fue "secuestrado por la Policía Nacional en su parroquia" tras haber mencionado al obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien preside la Diócesis de Matagalpa, en una misa.
"No existe una acusación formal en contra de él y no se tiene información de su paradero", explicó.
Calero se suma a los sacerdotes Carlos Avilés y Héctor Treminio, vicario general y tesorero de la Arquidiócesis de Managua, respectivamente, que fueron detenidos el jueves por la Policía y civiles.
La semana pasada, las autoridades detuvieron al obispo Isidoro Mora, a dos sacerdotes
y a dos seminaristas.
Ni el Gobierno ni la Policía Nacional han confirmado o negado la presunta detención de los religiosos.
El cardenal nicaragüense y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, aún no se pronuncia sobre esos arrestos.
Quien sí lo hizo fue el exiliado obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, a quien el papa Francisco
ordenó dejar Nicaragua en 2019 por motivos de seguridad, quien se declaró indignado por los encarcelamientos de tres sacerdotes de la Arquidiócesis de Managua.
Dos obispos, cinco sacerdotes y dos seminaristas presos
En el caso de Mora, obispo de la Diócesis de Siuna, en el Caribe de Nicaragua, fue arrestado un día después de mencionar en una homilía al obispo Rolando Álvarez, condenado en febrero pasado a más de 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria tras negarse a abandonar su país.
Mora es el segundo obispo detenido en Nicaragua. El primero fue Álvarez, quien el 10 de febrero pasado fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida por delitos considerados traición a la patria.
Esa condena fue dictada un día después de que Álvarez rechazó subirse a un avión que lo iba a llevar, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, hacia Estados Unidos, lo que provocó la indignación del presidente Ortega, quien en una cadena nacional lo calificó de "soberbio", "desquiciado" y "energúmeno".
Las relaciones del Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El Gobierno de Nicaragua
excarceló en octubre pasado a 12 sacerdotes y los envió al Vaticano, aunque entre esos religiosos no se encontraba el obispo Álvarez.
Nicaragua atraviesa una crisis desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
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