El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este martes a la Administración del presidente Donald Trump a reactivar temporalmente su política para enviar a algunos deportados a terceros países y anunció que escuchará los argumentos del caso en diciembre.
La decisión del Supremo deja en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre el país al que serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una medida que la Administración justifica como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.
Los seis jueces que conforman la mayoría conservadora del tribunal votaron a favor del Gobierno de Trump. Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron.
La Administración Trump había solicitado en días previos al Supremo que autorizara estas deportaciones al argumentar que su suspensión supondría una "emergencia nacional" y afectaría su capacidad para expulsar a determinados migrantes.
La reactivación de estas deportaciones supone un nuevo paso en la política migratoria del Gobierno, que ha recurrido al envío de migrantes a terceros países, incluidos algunos señalados por violaciones de derechos humanos, como parte de su estrategia de deportaciones masivas y de sus promesas de campaña.
El fallo de los magistrados significa que, por ahora, la Administración puede continuar con el programa y llevar a cabo deportaciones rápidas, incluso a países como Guinea Ecuatorial, donde algunos deportados desde Estados Unidos fueron encapuchados, atados y golpeados por agentes de la Policía, según una investigación publicada por The New York Times.
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El Supremo tiene previsto escuchar los argumentos sobre la legalidad de la política en diciembre, antes de emitir una decisión definitiva sobre el caso.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, más de 25.000 migrantes han sido enviados a 29 terceros países bajo esta política, según datos recopilados por organizaciones y medios estadounidenses.