El caso de Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano de 26 años, ha encendido la alarma por la atención médica y psicológica en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El joven, quien fue militar en Colombia antes de emigrar en 2023, terminó recluido en una celda en el condado de Phelps, Misuri, tras ser señalado por usar una tarjeta de crédito robada.La tragedia estalló luego de que resultara positivo para COVID-19. Su diagnóstico lo llevó a un aislamiento solitario que cortó la comunicación diaria con su madre, Adriana Garzón, con quien solía hablar cada noche para recibir una bendición católica. La falta de contacto y la soledad agravaron su estado emocional. A pesar de haber deslizado notas en inglés y español bajo la puerta de su celda suplicando asistencia y una llamada telefónica, sus pedidos no prosperaron. El 8 de abril de 2025, los guardias lo hallaron sin vida con una sábana al cuello.La reconocida cadena internacional alemana DW (Deutsche Welle) visibilizó el drama a través de un trino en su cuenta de X:"Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano retenido en un centro de detención del ICE pidió atención psicológica y una llamada a su madre, pero fue ignorado. Horas después, fue encontrado inconsciente en su celda. Su caso destapa una alarmante ola de suicidios en centros de detención migratoria en Estados Unidos."Fallas de salud mental sacuden el ICEUna investigación de la agencia Associated Press (AP) destapó una serie de graves falencias en el manejo del caso del colombiano y la alarmante situación general de los migrantes:Evaluación deficiente: El examen médico inicial a Brayan se demoró 35 horas, violando los protocolos del ICE, y su valoración psicológica se hizo mediante un traductor electrónico porque el personal no hablaba español.Consultas canceladas: Aunque reportó ansiedad extrema, las citas de salud mental se suspendieron por falta de personal idóneo y por las restricciones del coronavirus.Cifras históricas de autolesión: Desde enero de 2025, al menos diez inmigrantes (en su mayoría latinoamericanos de Colombia, México y Nicaragua, además de un ciudadano chino) han muerto por autolesión bajo custodia, registrando el número más alto para un solo año fiscal.Gustavo Petro pidió protesta diplomática tras muerte de colombianoEl impacto de esta muerte escaló rápidamente al plano político. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con dureza en las redes sociales y ordenó de inmediato a la Cancillería emitir una nota de protesta formal ante el gobierno de Donald Trump.A través de su cuenta en la plataforma X, el mandatario colombiano expresó:La dolorosa pérdida de este joven colombiano hoy se suma a las voces que exigen una profunda revisión estructural de las políticas y de la custodia de los migrantes en territorio norteamericano.
El presidente Gustavo Petro ordenó a la Cancillería colombiana enviar una nota de protesta al Gobierno de Donald Trump tras conocerse la muerte del colombiano Brayan Rayo Garzón, quien permanecía detenido en un centro migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que el joven colombiano murió en medio de las condiciones de detención y cuestionó la política migratoria estadounidense.“Se suicidó un joven colombiano en un campo de concentración de ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió suicidarse. La Cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el Gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos”, escribió.Brayan Rayo Garzón, de 26 años, permanecía recluido en una cárcel de Misuri bajo custodia de ICE. De acuerdo con la información conocida del caso, el joven llevaba varios días aislado mientras enfrentaba síntomas asociados al COVID-19, entre ellos fiebre y escalofríos. También habría solicitado atención en salud mental y pidió comunicarse con su madre.Sin embargo, funcionarios del centro de detención lo encontraron inconsciente dentro de la celda. Según el reporte forense, murió por suicidio tras ser hallado con una sábana alrededor del cuello.El caso ha generado cuestionamientos sobre las condiciones en los centros de detención migratoria en Estados Unidos y el acceso a atención médica y psicológica para los migrantes retenidos por ICE. Además, la muerte de Rayo Garzón hace parte de los primeros casos reportados de suicidios en centros de detención migratoria durante el segundo mandato de Trump.
Un juez federal en Nueva York prohibió este lunes en gran medida que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen detenciones dentro o en las inmediaciones de tribunales de inmigración en la ciudad, en una decisión que revierte fallos previos y cuestiona la base legal de la práctica.El juez Kevin Castel emitió la orden este lunes en el distrito sur de Nueva York, al considerar que la política utilizada por el Gobierno federal para justificar los arrestos en tribunales se basaba en una interpretación errónea de directrices internas del Departamento de Seguridad Nacional.La resolución, consultada por EFE, supone un giro respecto a resoluciones anteriores del propio juez, que había permitido la continuidad de estas detenciones hasta que el Gobierno reconoció en marzo haber cometido un error al aplicar una guía administrativa de forma incorrecta.La práctica había sido un componente central y controversial de la estrategia migratoria de la Administración Trump en la ciudad, con arrestos de migrantes que acudían a audiencias rutinarias, lo que generó denuncias de organizaciones civiles por el impacto disuasorio sobre la asistencia a los tribunales.Los demandantes argumentaron que estas detenciones provocaban miedo entre los migrantes y podían afectar el acceso al debido proceso, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional defendió la medida como una herramienta necesaria para ejecutar órdenes de deportación.
Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) podrían estar presentes en algunos de los partidos del Mundial de Fútbol que se jugarán en Estados Unidos, para apoyar a las autoridades locales en la seguridad del torneo que arranca en junio, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).Según dijeron este miércoles fuentes del DHS a la cadena NBC, ICE ha ofrecido respaldo a los departamentos de policía locales y a otras agencias federales para brindar seguridad adicional en los perímetros de los estadios durante los partidos.Los agentes de ICE comúnmente hacen parte de los refuerzos federales para cuidar eventos deportivos de grandes multitudes como el Súper Bowl y el Kentucky Derby.Una de las fuentes dijo a NBC que los agentes de ICE no realizarán controles de estatus migratorio a las personas y añadió que el uso de uniforme por parte de los oficiales de esa agencia dependerá de cada sede.La información sale a la luz después que el presidente del comité anfitrión del Mundial en Miami, Ridney Barreto, afirmara la semana pasada haber recibido garantías personales del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, de que el ICE no estará presente en los estadios este verano."Mucha gente está comentando (y diciendo): 'Bueno, el ICE estará en el estadio'. Hablé con Marco Rubio. El ICE no va a estar en el estadio. Esto no se va a convertir en una especie de operación de redadas masivas. Ese no es el propósito de esto", dijo Rodney a The Athletic, el servicio deportivo de The New York Times.Pero defensores de los inmigrantes han expresado escepticismo, una coalición de organizaciones defensoras de los inmigrantes en Florida enviaron una carta solicitando el anuncio de una moratoria oficial sobre la aplicación de las leyes de inmigración durante el torneo futbolístico.Hasta el momento, no está claro si algún departamento o agencia ha aceptado la oferta del ICE. Sin embargo, los oficiales y agentes del ICE que presten servicios de seguridad no verificarán el estatus migratorio de los espectadores ni de los empleados, afirmaron los funcionarios.Las fuentes explicaron a NBC que el DHS no ha emitido ninguna directriz interna dentro de la agencia que instruya a los oficiales del ICE encargados de las labores de control migratorio a mantenerse alejados de los estadios de la Copa Mundial.
La aprobación de nuevas tarjetas de residencia legal en Estados Unidos, conocidas como 'Green Cards', se ha reducido casi a la mitad desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump, mientras los arrestos migratorios se han triplicado, reveló una investigación del conservador Instituto Cato."El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspendió el procesamiento de muchas solicitudes de 'green cards', lo que permite al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestar a inmigrantes legales, incluyendo refugiados, personas con protección condicional y esposos de ciudadanos de EE.UU.", escribió el autor del informe, David J. Bier.El Gobierno estadounidense aprobó 34.000 tarjetas de residente en enero pasado frente a las 65.000 del mismo mes de 2025, cuando Trump volvió a la Casa Blanca, según el informe, disponible en línea y basado en datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).En contraste, el ICE detuvo a más de 38.000 migrantes durante el primer mes de 2026 frente a los 12.348 de enero del año pasado, añadió el estudio.La suspensión de solicitudes para tarjetas de residentes "es un esfuerzo deliberado para impulsar los arrestos del ICE al frustrar los esfuerzos de las personas para permanecer en el lado correcto de la ley", según Bier, director de Estudios de Inmigración de instituto.El investigador atribuyó la caída de nuevas 'green cards' a que Estados Unidos impidió que inmigrantes que ya residen en el país, como refugiados y beneficiarios de 'parole' (protección) humanitario, cambien su estatus a residentes legales de largo plazo.También, señaló una disminución del 20 % desde el comienzo de la Administración de Trump en la aprobación de tarjetas de residentes patrocinadas por familiares que ya viven en Estados Unidos.Asimismo, apuntó a la orden de Trump de diciembre pasado que suspendió los trámites migratorios para 19 países, como Cuba y Venezuela, y que este año se amplió a 40 naciones, incluyendo Nicaragua.El informe adjudicó la menor aprobación de tarjetas de residente a que la campaña de deportaciones masivas del presidente "depende crucialmente de impedir a los inmigrantes recibir o extender su estatus legal"."La suspensión de varias vías para la 'green card' ha permitido al ICE incrementar los arrestos de personas que, de otra forma, habrían tenido estatus legal o habrían estado protegidas de arrestos. Remover su estatus legal es una precondición necesaria para remover a las personas del país", concluyó Bier.
La policía estatal de Texas podrá detener y expulsar del país a las personas que sospeche están en Estados Unidos de manera irregular, según un fallo emitido hoy por un Tribunal de Apelaciones.La corte permitió este viernes la entrada en vigor de una ley, conocida como SB4, que había sido aprobada por la legislatura estatal en 2023 y que estaba en pausa después de que varias organizaciones en defensa de los derechos humanos presentaron demandas para frenarla.En el fallo, el tribunal dictaminó que las organizaciones no tienen derecho procesal para presentar esta demanda.La norma tipifica como un crimen estatal, con condena de hasta seis meses de cárcel o 20 años para personas reincidentes, la entrada irregular desde México.Esta ley da el poder a las autoridades estatales para arrestar y retener a las personas que sospechen hayan incurrido en este delito y permite que los jueces del estado ordenen la expulsión de migrantes a territorio mexicano.Las organizaciones que demandaron la norma, entre ellas las ONG American Gateways y Las American Immigrant Advocacy Center, alegaron ante los tribunales que la ley SB4 es ilegal porque entra en un terreno que es exclusivamente del gobierno federal, decidir quién puede entrar o no a EE. UU., interfiere con el trabajo de las autoridades federales e impide que los migrantes que cruzaron de manera irregular puedan pedir asilo.Las organizaciones también han argumentado que, cuando entre en vigor, esta ley puede llevar a que las autoridades locales actúen de manera discriminatoria contra las comunidades hispanas y las minorías étnicas y raciales.Texas aprobó la ley SB4 durante el gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025), en medio de un aumento récord en la cantidad de personas que cruzaban la frontera sur de manera irregular y un enfrentamiento entre Texas y la Administración demócrata.Ahora, bajo la Administración de Donald Trump, los cruces en la frontera irregulares han disminuido a su punto más bajo en años y el Gobierno emprende en cambio una campaña de arresto masivo de inmigrantes al interior del país.La ley SB4 entrará en vigor en un momento en el que el gobernador Greg Abbott ha presionado a las principales ciudades del estado - entre ellas Houston, Dallas y Austin - para que no limiten la colaboración entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), ante el rechazo de la ciudadanía a las políticas de "mano dura" del gobierno Trump.En el último año, los arrestos de migrantes que no tienen antecedentes penales se han disparado un 770 %, mientras que las detenciones en la vía pública aumentaron más de un 1.000 % según un análisis del proyecto Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley.
La muerte de un inmigrante mexicano la semana pasada en un centro de detención en las afueras de Los Ángeles llevó este lunes a las autoridades mexicanas a exigir al gobierno estadounidense el esclarecimiento de los hechos, en medio de un total de 14 ciudadanos mexicanos fallecidos en centros de detención en EE.UU.La muerte de José Guadalupe Ramos-Solano fue anunciada este lunes por la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), en un escrito que especificaba que el hombre, que se encontraba detenido en el centro de procesamiento de Adelanto, fue encontrado "inconsciente y sin respuesta" el 25 de marzo."El caso del señor José Guadalupe no es un caso aislado es un reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable", expresó Vanessa Calva Ruiz, la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería mexicana, en una conferencia de prensa sucedida en Los Ángeles.La muerte de Ramos-Solano, es la decimocuarta muerte bajo custodia ICE desde que comenzó el año.Las autoridades mexicanas hicieron énfasis en que tan solo en el centro de procesamiento de Adelanto en San Bernardino, cuatro personas mexicanas han fallecido "por aparentes complicaciones médicas lo que evidencia un patrón persistente de deficiencias estructurales" entre 2025 y 2026, por lo que agotarán todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática que presentan algunos de estos centros de detención.De acuerdo con Calva Ruiz, estos decesos reflejan fallas y negligencias en la operación del lugar, contrarias a normas de EE.UU. y estándares internacionales de derechos humanos."A la fecha no hemos recibido respuestas que garanticen la corrección de las condiciones que propician estos fallecimientos", dijo la directora.Como respuesta y tras haber llevado a cabo una serie de acciones diplomáticas, Calva Ruiz informó que el Gobierno de México planea presentar un escrito de amicus curiae en apoyo al caso judicial L.T. Mesrobian, una demanda presentada el 26 de enero de 2026 contra las condiciones en el centro de detención migratoria de Adelanto.La demanda, presentada por abogados de Public Counsel y y de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), denuncia insalubridad, aislamiento punitivo y limitaciones al acceso de necesidades básicas de la instalación y responsabiliza jurídicamente a las autoridades de ICE de las condiciones de custodia en dicho centro.En la conferencia de prensa, la familia de Ramos-Solano exigió justicia para su padre y para las demás familias que atraviesan situaciones similares en los centros de detención."Mi papá no era un criminal, era un trabajador", aseguró su hijo José Ramos."Lo que pasó con mi papá es inhumano, merecemos saber la verdad sobre lo que le pasó a mi papá, quiero justicia para mi papá y justicia para todas las familias que están sufriendo y que están pasando por algo similar", añadió Gloria Ramos, hija del fallecido.La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que el país llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los mexicanos en los centros de detención del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) tras la muerte de Ramos-Solano.La mandataria explicó que el Ejecutivo llevará esta situación por primera vez a la CIDH, al tiempo que enviará cartas a las autoridades estadounidenses para quejarse de la "deficiente atención médica" en el centro de Adelanto.
Después de permanecer 16 días detenida por miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, fue liberada bajo fianza la periodista barranquillera Estefany Rodríguez Flores, quien actualmente labora con el medio estadounidense Nashville Noticias.La periodista recobró su libertad tras el pago de una fianza de 10.000 dólares, la cual fue fijada por un juez y ya logró el reencuentro con su hija de 8 años y su esposo.De acuerdo con declaraciones dadas a Nashville Noticias por el abogado que representó a Estefany “tras su liberación, podrán actualizar al juez federal Eli Richardson sobre el estado de la periodista mientras continúa el proceso legal”.La defensa de la barranquillera informó que ahora continuará con la solicitud de hábeas corpus que presentaron el pasado 4 de marzo, mediante la cual se cuestiona el arresto realizado sin una orden judicial y en el que se señala que podría tratarse de una represalia por las denuncias que venía realizando.Lo que buscan los abogados es que a Estefany le concedan su libertad definitiva, pero además que el tribunal emita una orden para que ICE no vuelva a realizar acciones similares contra ella en un futuro.
La periodista Estefany Rodríguez, reportera del medio Nashville Noticias y colaboradora de Univision 42 Nashville, fue detenida el 4 de marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad de Nashville, Tennessee.De acuerdo con un comunicado publicado por el medio de comunicación, Estefany se encontraba junto a su esposo frente a un gimnasio cuando el vehículo en el que se movilizaban, que estaba identificado con el logo de prensa de Nashville Noticias, fue rodeado por varios automóviles de los que posteriormente descendieron hombre que procedieron a detener a la comunicadora.Según el documento, Rodríguez fue trasladada a un centro de detención migratoria y no se conocen mayores detalles de la razón por la que fue detenida.Estafanía es licenciada en periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe en Colombia, en donde trabajó durante varios años en distintos medios de comunicación antes de viajar a Estados Unidos. Desde 2022 forma parte del equipo de Nashville Noticias, donde ha cubierto temas relacionados con los operativos migratorios.En el comunicado, Nashville Noticias expresó su respeto por las leyes de Estados Unidos y manifestó su expectativa de que la situación se resuelva favorablemente para la reportera. El medio también señaló que esperan que Rodríguez pueda reunirse pronto con su hija y su esposo mientras continúa su proceso legal dentro del marco establecido por la ley.
Jonathan Gamboa, completa 60 días retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la correccional de Jackson Parish, en el estado de Luisiana. Desde ese centro de detención, él y un grupo de connacionales están haciendo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Cancillería para que agilicen su regreso a Colombia.El bumangués salió de la capital santandereana el 31 de diciembre de 2022 junto a su esposa e hija en busca de mejores oportunidades laborales en Estados Unidos. Según su familia, trabajaba en dos empleos: en una ferretería y realizando entregas de paquetes para Amazon.En un video enviado a sus familiares y medios de comunicación, el joven aseguró que permanece retenido desde hace dos meses, pese a que ya firmó una orden de deportación y salida voluntaria emitida por un juez de migración.“Somos un grupo de colombianos detenidos por ICE aquí en la correccional Jackson Parish, en Luisiana. Hoy 18 de febrero de 2026 solicitamos al Gobierno colombiano y a los medios que nos brinden ayuda. Llevamos entre 60 y 90 días esperando ser repatriados. Ya firmamos órdenes de deportación y salida voluntaria. Yo soy Jonathan Gamboa y llevo 60 días retenido”, expresó.De acuerdo con su testimonio, en el centro de reclusión hay 14 celdas con más de 100 personas cada una, de diferentes nacionalidades. Además, denunció presuntas condiciones deficientes de salud, alimentación e higiene, y aseguró que temen represalias por hacer pública su situación.“No estamos pagando condena ni detenidos por delitos. Tenemos miedo a las represalias que puedan tomar ICE y la correccional en nuestra contra por este video”, afirmó.Desde Bucaramanga, su madre, Rosa Milena Torres Traslaviña, también elevó una petición al presidente de la República, a la Cancillería y a organizaciones de derechos humanos para que gestionen el regreso de los colombianos que permanecen en ese centro.La mujer explicó que su hijo acudió a una cita con ICE el 18 de noviembre de 2025 y que el 11 de diciembre, en audiencia ante un juez de migración, solicitó la salida voluntaria, la cual le fue concedida al no tener antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en Colombia.Según relató, Jonathan tenía previsto viajar en vuelos programados para el 8 y el 15 de enero, pero ambos fueron cancelados y desde entonces no aparece en nuevas listas de repatriación.“Le pido al señor presidente y a la Cancillería que nos ayuden a traer a nuestros familiares. Somos un grupo de 30 mamás, esposas y familiares desesperados. Hay casos de personas que llevan meses retenidas. Ellos no son delincuentes, son trabajadores que salieron a buscar un mejor futuro”, manifestó.La madre aseguró que, aunque desconocen las razones de la demora en los vuelos humanitarios, la angustia crece con el paso de los días ante la falta de información clara sobre las fechas de retorno.Otro de los casos es el de Ángel Estiben Restrepo, un cucuteño de 24 años que hace dos años migró a Estados Unidos. El 10 diciembre fue detenido por ICE, hoy su familia denuncia que su estado de salud se está deteriorando.“A la cancillería, a la canciller, al consulado de Colombia en Estados Unidos es que por favor reactive los vuelos humanitarios que no sea uno a la semana, un solo vuelo no es suficiente para la cantidad de detenidos que hay. Yo hoy no hablo solamente como la mamá de Steven, sino como la mamá de otras personas que estamos pasando por eso”, dijo Johanna Milena Cárdenas, madre de joven detenido en Estados Unidos.Los casos de Jonathan y el de Estiben, quienes se fueron en busca un mejor futuro, son algunos de los tantos que muestran el drama familiar de decenas de colombianos detenidos por ICE a la espera de retornar rápidamente al país.
Las autoridades avanzan en la investigación de un presunto caso de abuso sexual contra tres menores de edad ocurrido en un apartamento del sector de Chicó Norte, en el norte de Bogotá. En las últimas horas, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. informó que los niños ya fueron sometidos a las valoraciones médicas, psicológicas y sociales contempladas en los protocolos de atención para este tipo de casos.De acuerdo con la entidad, los hermanos, de 15, 7 y 4 años, ingresaron el domingo 14 de junio a una institución de salud tras la activación de un Código Blanco, mecanismo que establece la ruta de atención para posibles víctimas de violencia sexual. “Los menores recibieron atención mediante una valoración interdisciplinaria integral, a cargo de profesionales en pediatría, psiquiatría y trabajo social. En el marco del protocolo de Código Blanco, se llevó a cabo la valoración médica general y especializada, la evaluación psicológica y psiquiátrica, la entrevista social y los exámenes médico-legales iniciales, de acuerdo con la pertinencia clínica, así como la habilitación de espacios seguros para la entrevista forense en articulación con la Fiscalía General de la Nación”, dicen en el comunicado.La Subred señaló que todas las actuaciones se desarrollaron bajo estrictos protocolos de protección de la niñez, garantizando la confidencialidad de la información y evitando cualquier forma de revictimización.Los resultados de las valoraciones, que tienen carácter reservado, fueron remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a Medicina Legal y a la Fiscalía General de la Nación, entidades encargadas de continuar con las investigaciones y determinar las medidas a seguir.Asimismo, la entidad confirmó que desde el ingreso de los menores se contó con el acompañamiento de la Defensoría de Familia del ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Procuraduría General de la Nación.Mientras avanzan las diligencias judiciales y forenses, los tres menores permanecen bajo protección del ICBF dentro del proceso de restablecimiento de sus derechos.
Pagar aportes a seguridad social, salud y pensión por internet se ha convertido en una práctica habitual para miles de trabajadores independientes, emprendedores y empleadores en Colombia. La facilidad de realizar estos trámites desde un computador o celular ha permitido ahorrar tiempo y, de esa manera, evitar desplazamientos. Lastimosamente, también ha llevado a que aparezcan modalidades de fraude que buscan aprovecharse de los usuarios.Ante estos casos, las autoridades y empresas del sector han encendido las alarmas por el aumento de páginas web fraudulentas que simulan pertenecer a plataformas reconocidas para el pago de planillas. Los delincuentes buscan obtener información financiera, claves de acceso y datos personales para vaciar cuentas bancarias o cometer otros delitos informáticos.Según cifras del Centro Cibernético Policial, durante 2025 se reportaron más de 64.000 denuncias relacionadas con estafas digitales en Colombia, una situación que evidencia la necesidad de reforzar las medidas de prevención.Una vez el usuario ingresa, encuentra supuestas opciones de ayuda para realizar pagos o resolver inconvenientes relacionados con la planilla. Posteriormente, los estafadores contactan a las víctimas por medio de aplicaciones como WhatsApp, utilizando nombres, logotipos e imágenes similares a los de entidades reconocidas.De acuerdo con lo revelado por Gabriel Villegas, gerente del servicio de información miplanilla.com, este tipo de engaños afecta especialmente a quienes realizan el pago de aportes por primera vez o buscan atención rápida a través de canales digitales.Señales de alerta para identificar sitios web falsosLos expertos recomiendan prestar atención a varios indicadores que podrían evidenciar una estafa:Errores ortográficos o cambios en la dirección web.Mensajes que exigen pagos urgentes para evitar bloqueos.Solicitudes de claves, contraseñas o códigos de verificación.Redirecciones hacia métodos de pago desconocidos.Perfiles de WhatsApp con fotografías poco profesionales o información incompleta.También aconsejan desconfiar de cualquier comunicación que genere presión para actuar de inmediato sin permitir verificar la información.¿Cómo evitar estafas al momento de pagar planillas?La principal recomendación es ingresar directamente la dirección oficial de la entidad en el navegador y evitar acceder mediante enlaces enviados por mensajes de texto, códigos QR o publicaciones en redes sociales de origen desconocido.Asimismo, es importante verificar que la página cuente con el protocolo de seguridad “https://” y el candado de protección antes de suministrar datos personales o financieros.Frente al incremento de estas amenazas, organizaciones como miplanilla.com y Compensar han fortalecido sus sistemas de monitoreo y verificación. Además, impulsan campañas pedagógicas para fomentar hábitos seguros en internet y reducir el riesgo de fraude.Los especialistas coinciden en que la mejor defensa sigue siendo la prevención: revisar cuidadosamente los canales utilizados, proteger la información personal y reportar cualquier irregularidad.
El chance Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más populares y consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen diariamente los resultados oficiales transmitidos por Teleantioquia. Su reconocimiento se mantiene gracias a las diferentes modalidades de apuesta disponibles y a las nuevas alternativas que han ampliado las posibilidades de ganar para los jugadores frecuentes.Número ganador de Paisita Noche del 15 de junio de 2026 Según los resultados oficiales del sorteo realizado este lunes 15 de junio de 2026, la combinación ganadora fue la siguiente:. Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: Desde 2025, el juego incorporó la modalidad de la quinta balota, una opción adicional que complementa la apuesta principal y permite acceder a premios más altos cuando coincide con otras cifras del resultado oficial. Esta novedad ha generado mayor interés entre los apostadores, quienes ahora cuentan con más oportunidades de obtener ganancias.¿A qué hora juega Paisita Noche? Los sorteos de Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario cambia según la jornada: De lunes a sábado: 6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m. Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para acceder al premio mayor es necesario acertar el número exacto en el mismo orden anunciado oficialmente.Modalidades de apuesta de Paisita Noche El juego ofrece diferentes formas de participación para adaptarse a las preferencias de cada apostador: Cuatro cifras directo o superpleno: se gana acertando las cuatro cifras exactas en el orden oficial. Combinado de cuatro cifras: premia acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: se obtiene premio acertando las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: premia acertar únicamente la última cifra del resultado. Quinta balota: modalidad adicional que incrementa las posibilidades de obtener mayores premios. Quinta balota: la novedad del juego La quinta balota se convirtió en una de las principales innovaciones de Paisita Noche desde su llegada en 2025. Esta modalidad agrega una cifra adicional al sorteo y ofrece premios complementarios cuando coincide con otras apuestas realizadas por el jugador. Su implementación ha despertado un mayor interés entre quienes participan diariamente en este chance, al brindar nuevas alternativas para potenciar las ganancias. Requisitos para reclamar premios El proceso de cobro depende del valor del premio obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar algunos documentos básicos: Tiquete original en buen estado. Documento de identidad original. Fotocopia legible de la cédula. Premios menores a 48 UVT Solo requieren la documentación básica para realizar el cobro.Premios entre 48 y 181 UVT Además de los documentos anteriores, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en los puntos autorizados. Premios superiores a 182 UVT Los ganadores deben presentar una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.
El Gobierno nacional dio un paso clave hacia la reactivación de la interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela, una iniciativa que busca convertir al departamento del Vichada en un eje estratégico para la integración energética entre ambos países.El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, durante una jornada de trabajo en Puerto Carreño, donde destacó que el proyecto permitirá fortalecer la seguridad energética de la región y avanzar en soluciones estructurales para garantizar un servicio más confiable a las comunidades del departamento. La iniciativa se suma a los avances técnicos y acuerdos binacionales que en los últimos meses han impulsado la reactivación del intercambio eléctrico entre ambas naciones.“Vichada está llamado a convertirse en un territorio estratégico para la integración energética de Colombia con Venezuela. La interconexión binacional es una realidad sobre la que estamos avanzando para fortalecer la confiabilidad del servicio e impulsar el desarrollo económico de la región”, afirmó el ministro.El proyecto forma parte de una inversión superior a los $89.900 millones destinada a ampliar la cobertura energética, fortalecer la infraestructura eléctrica y acelerar la transición hacia fuentes renovables en el departamento.Dentro de esta apuesta se destaca la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica El Merey, que contará con una capacidad instalada de 5 megavatios y beneficiará a más de 1.600 usuarios en Puerto Carreño. Además, se desarrollan soluciones solares rurales, Ecoescuelas con sistemas fotovoltaicos y proyectos financiados con recursos de regalías. El gobernador del Vichada, Fulberto Guevara, calificó el anuncio como un hecho histórico para el departamento y destacó que la articulación entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales permitirá avanzar en soluciones de largo plazo para superar los problemas energéticos que durante décadas han afectado a la región.Con la futura reconexión eléctrica con Venezuela, el Gobierno espera garantizar una mayor estabilidad del servicio, fortalecer la soberanía energética y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades fronterizas.
Las Fuerzas Militares informaron sobre el rescate de ocho personas que habían sido privadas de la libertad en el distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, en un hecho que vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de seguridad que enfrenta esta estratégica zona del Pacífico colombiano.De acuerdo con el reporte oficial, entre las personas rescatadas se encontraba un menor de edad. La operación fue desarrollada por tropas del Gaula Militar de Buenaventura, que actuaron tras recibir información suministrada por la ciudadanía a través de la Línea 147.Según detalló la institución militar, la alerta permitió activar de manera inmediata los protocolos de reacción y desplegar labores de verificación e inteligencia en el sector de Limones, donde se habría producido la retención de las víctimas. La información recopilada condujo a los uniformados hasta el lugar donde presuntamente permanecían las personas afectadas.Las Fuerzas Militares señalaron que, durante la intervención, los responsables abandonaron el sitio al advertir la presencia de la Fuerza Pública, circunstancia que facilitó la recuperación de las víctimas sin que se reportaran mayores novedades durante el procedimiento.El caso ha generado atención debido al número de personas involucradas y al contexto de seguridad que atraviesa Buenaventura, una de las regiones que históricamente ha enfrentado la presencia de estructuras ilegales que disputan el control de actividades ilícitas y corredores estratégicos.En el informe preliminar, las autoridades indicaron que detrás del hecho estarían cinco integrantes del grupo delincuencial organizado conocido como Los Shottas. De acuerdo con las hipótesis iniciales de la investigación, la acción habría sido ejecutada bajo las órdenes de alias Nando.Las primeras indagaciones apuntan a que el objetivo de los responsables estaría relacionado con la embarcación en la que se movilizaban las víctimas. Según la información revelada por las Fuerzas Militares, existía la sospecha de que la lancha contaba con un doble fondo que podría ser utilizado para el transporte de sustancias ilícitas, circunstancia que ahora forma parte de las verificaciones adelantadas por las autoridades competentes.Tras el rescate, las operaciones militares continuaron en diferentes puntos de la zona con el propósito de ubicar a los responsables y avanzar en la recopilación de elementos que permitan esclarecer completamente lo ocurrido. Las autoridades también trabajan en la identificación de las circunstancias que rodearon el caso y en la determinación de las responsabilidades correspondientes.El episodio se registra en un escenario marcado por la presencia de organizaciones ilegales que operan en Buenaventura. Entre ellas figura Los Shottas, estructura que durante los últimos años ha sido señalada por las autoridades como uno de los principales actores de la violencia urbana en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano.Esta organización mantiene una disputa con Los Espartanos, otro grupo que tiene influencia en distintos sectores de la ciudad. Aunque en varias oportunidades se han anunciado acercamientos y acuerdos para reducir las confrontaciones, las tensiones han persistido y continúan generando preocupación entre las autoridades y la población.Mientras avanzan las investigaciones sobre este secuestro masivo en Buenaventura, las Fuerzas Militares mantienen presencia operativa en el área y reiteran el llamado a la comunidad para suministrar información que contribuya a la ubicación de los responsables y al fortalecimiento de las acciones de seguridad en la región.
