De acuerdo con Human Rights Watch, la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias se han cometido en las zonas de bajos recursos que dejaron de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro.
El informe de HRW detalla que desde que se crearon las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), los agentes de esta fuerza “han cometido impunemente graves violaciones de derechos humanos”. Además, dice que desde 2016 más de 18 mil personas han muerto en “incidentes de resistencia a la autoridad”.
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Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, “en medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro”.
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Además, entre junio y julio de 2019 fueron entrevistados testigos o familiares de 9 víctimas de abusos cometidos por miembros de la FAES en Caracas y un estado al interior de Venezuela. En todos los casos de presuntas ejecuciones investigados por la ONG, hubo familiares que dijeron que los agentes alteraron el lugar de los hechos, manipularon la evidencia, llevaban el rostro cubierto, llegaron en camionetas sin matrícula e irrumpieron en viviendas de bajos ingresos.
Los testimonios también dan cuenta de la manera como los agentes de la FAES, siempre vestidos con el uniforme negro, obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. Además, dicen los testigos, robaban alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en el país por cuenta de la grave crisis económica y social que se vive en Venezuela.
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La ONG, además, relata cómo los agentes “aplicaron descargas eléctricas a un detenido, lo golpearon y patearon, y le cubrieron la cabeza con una bolsa plástica en la que habían rociado una sustancia química que le provocó picazón e inflamación en el rostro y la garganta”.
Para HRW este tipo de actos constituyen en hechos de tortura y graves violaciones a los derechos humanos. Además, dentro de los testimonios se encuentran relatos de personas que cuentan cómo en las escenas de los hechos, los uniformados dejaban armas y droga para incriminar a las víctimas y sugerir que se habían “resistido a la autoridad”.
Finalmente, HRW dice que no encontró evidencia alguna de que las autoridades judiciales afines al régimen de Nicolás Maduro hayan investigado de manera adecuada los casos y denuncias sobre las posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por las FAES.
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