La organización Human Rights Watch pidió este martes que se realice una investigación "oportuna, transparente y exhaustiva" de la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. en Maine."Esta semana, otra familia y comunidad enfrentan la devastadora pérdida de un ser querido en otro tiroteo fatal por parte del ICE", indicó en un comunicado Tanya Greene, directora del programa de Estados Unidos de HRW.La hija de 3 años y la pareja de Durán Guerrero, de 26 años, le acompañaban cuando le dispararon.El ICE confirmó que el colombiano no era el motivo del operativo que sus agentes realizaban en la comunidad de Biddeford, al sur de Maine, en busca de un inmigrante con orden de deportación.Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que los agentes dispararon por seguridad pública. Según explicaron, el auto de Guerrero salía en la misma dirección de la persona que buscaban, por lo que al "intentar huir" procedieron a disparar.La organización de derechos civiles LatinoJustice catalogó como una "atrocidad contra los derechos humanos" la muerte y pidió una investigación "transparente" de lo ocurrido.La muerte del colombiano, con permiso de trabajo en EE.UU. y Seguro Social, se registró una semana después de que el mexicano Lorenzo Salgado también muriera a manos del ICE en Texas cuando se dirigía a trabajar en su auto con sus hermanos.Estas dos muertes elevan a 11 el total de tiroteos mortales perpetrados por agentes del DHS desde el inicio de la actual Administración, cinco de ellos dentro de vehículos, según la organización de abogados."Asesinatos como el de Durán Guerrero demuestran que el DHS no tiene ningún respeto por la vida de los inmigrantes, y especialmente de los inmigrantes latinos", indicó Rex Chen, asesor jurídico de derechos de los inmigrantes de LatinoJustice.Además, afirmó que el Gobierno de Trump ha actuado con impunidad ante las violaciones cometidas contra numerosas personas que viven en EE.UU. en nombre del control migratorio.Según Chen, tener apariencia latina se ha convertido en una excusa para "atropellar, herir, disparar y matar personas".Se estima que en el estado de Maine viven unos 30.000 latinos, lo que representa aproximadamente el 2 % de la población estatal, señaló LatinoJustice.
En el marco de la cumbre Celac-Unión Europea se realizó el foro “Cooperación entre Europa y América Latina y el Caribe en la lucha contra el crimen organizado”, en el que participó la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus. Tras el encuentro, la experta se refirió a las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, calificándolas como ejecuciones extrajudiciales.“A hoy se han registrado 17 ataques que han causado la pérdida de la vida de 70 personas. Desde nuestro punto de vista, estas son ejecuciones extrajudiciales. No existe un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela, Estados Unidos y Colombia o Estados Unidos y distintos grupos de criminalidad. Hay un fenómeno de crimen organizado, financiado entre otros por el narcotráfico, que merece la respuesta de los Estados de derecho: investigar, juzgar y sancionar”, señaló Goebertus.La directora también se pronunció sobre la posibilidad de que el Gobierno colombiano negocie con el Tren de Aragua, luego de que un presunto cabecilla de ese grupo pidiera ser incluido en la política de paz total. La decisión, recordó, está en manos del presidente Gustavo Petro.“Nuestro mandato está en documentar violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En el caso de la paz total, hemos señalado que el Gobierno, independientemente de con quién decida negociar, no debe renunciar a su deber de garantizar y proteger a la población. El Tren de Aragua no es un grupo unificado; son pequeñas bandas distribuidas a lo largo de América Latina y, en ningún escenario, podría eliminarse la responsabilidad del Estado de investigar, juzgar y sancionar a estas personas y de proteger a la población”, concluyó Goebertus.
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, calificó como “ejecuciones extrajudiciales” los bombardeos realizados por Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, la representante de HRW afirmó que el país norteamericano ha realizado nueve ataques que han dejado 39 muertos, operaciones que, según dijo, violan el derecho internacional y los derechos humanos.“Independientemente de si allí había o no narcotraficantes, constituyen ejecuciones extrajudiciales. Estados Unidos no está en conflicto armado con Venezuela, ni con Colombia, ni con grupos criminales. Lo que hay aquí es criminalidad organizada que debe enfrentarse con todo el peso de la ley”, sostuvo.Goebertus recalcó que este tipo de acciones no se enmarcan en ningún conflicto armado reconocido, y por tanto no hay justificación legal para el uso de la fuerza letal como primera opción. “Lo que corresponde son operaciones de interdicción marítima, capturas y procesos judiciales, pero asesinarlos sin posibilidad de juicio es una ejecución extrajudicial”, dijo.¿Es ilegal bombardear en aguas internacionales?Frente al argumento del gobierno estadounidense de que los ataques se realizaron en aguas internacionales, la directora de HRW aclaró que eso no cambia su naturaleza ni los exime de responsabilidad.“Siguen siendo ejecuciones extrajudiciales. Lo que determina que sean aguas internacionales o no es quién estaría habilitado para investigar, pero eso no exime al gobierno de garantizar que no lanza operaciones militares ofensivas en un contexto de criminalidad organizada”, señaló.La abogada colombiana advirtió que la situación es aún más grave porque Estados Unidos no reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que dificulta que haya rendición de cuentas.“El excepcionalismo norteamericano pone sus acciones en un lugar de muchísima impunidad”, afirmó, aunque explicó que HRW está documentando los casos para determinar las nacionalidades de las víctimas y permitir que otros países puedan reclamar jurisdicción.Goebertus también se refirió al argumento del expresidente Donald Trump, quien presentó los ataques como parte de una guerra contra el narcotráfico. Según explicó, esa interpretación no tiene sustento jurídico.“El Derecho Internacional Humanitario ha señalado que la existencia de un conflicto armado no depende de una declaración política, sino de características objetivas sobre el nivel de organización y hostilidad. Este no es un conflicto armado, es criminalidad organizada”, dijo.Además, recordó que Trump no pidió autorización al Congreso para declarar una guerra o iniciar operaciones de ese tipo.“Este es doblemente ilegal: no cumple con los estándares internacionales ni con los domésticos dentro de Estados Unidos”, puntualizó.Sobre la versión del gobierno estadounidense que vincula al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua con el tráfico de drogas hacia EE. UU., Goebertus aseguró que se trata de una narrativa sin evidencia.“Dicen que son los principales productores de fentanilo, cosa que no tiene ninguna base de realidad. Lo que han hecho es mezclar información sin sustento, uniendo fenómenos criminales distintos en Venezuela, Colombia y otros países”, indicó.Aunque reconoció que en Venezuela existen graves violaciones de derechos humanos y corrupción bajo el régimen de Nicolás Maduro, aclaró que eso no constituye un conflicto armado.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Human Rights Watch (HRW) se pronunció sobre la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá confirmara su inocencia en el proceso por presunta manipulación de testigos. A través de un mensaje publicado por su directora para las Américas, Juanita Goebertus, la organización internacional destacó que la decisión judicial debe ser respetada y que las autoridades deben garantizar la independencia de los jueces frente a presiones políticas.“El fallo debe ser tramitado por las vías judiciales y no mediante presiones públicas”, señaló Goebertus en su cuenta de X, subrayando que la independencia judicial es un elemento central del Estado de derecho.Su declaración se dio poco después de que el presidente Gustavo Petro criticara la decisión del Tribunal, afirmando que el fallo contradecía a la Corte Suprema de Justicia. El pronunciamiento de HRW busca enviar un mensaje de respaldo a la institucionalidad judicial en un contexto en el que el Gobierno y sectores políticos han reavivado la discusión sobre los límites de la independencia de la justicia.El llamado de Goebertus —en representación de una de las organizaciones más influyentes en la defensa de derechos humanos— apunta a que las diferencias frente a las decisiones judiciales deben resolverse dentro de los canales legales y con pleno respeto por la autonomía de los jueces.
Colombia sigue de luto por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un crimen que sacudió al país y reavivó viejas heridas. En medio del dolor y la indignación, el programa El Radar de Blu Radio conversó este sábado con Juanita Gobertus, directora de la División para las Américas de Human Rights Watch, quien lanzó un mensaje contundente: “Qué tristeza volver a un momento en el país en el que hacer política cuesta la vida”.La reflexión de Gobertus, marcada por la sensibilidad y la preocupación, no solo fue un homenaje a la memoria de Uribe Turbay, sino también una alerta sobre la situación actual de Colombia. Según cifras de Indepaz, en lo corrido de 2025 ya van 96 líderes sociales asesinados, lo que demuestra que la violencia política está lejos de desaparecer.Violencia política en Colombia: un panorama preocupanteDurante la entrevista con Ricardo Ospina, Gobertus señaló que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay revive la oscura etapa de finales de los años 90 y comienzos de los 2000, cuando la violencia política era una constante. Aunque reconoce que el país tuvo avances en seguridad entre 2002 y 2017, lamenta que desde 2018 haya un deterioro sostenido.“Estamos viendo un retroceso alarmante. Los homicidios aumentaron un 3% en este primer semestre frente a 2024, los secuestros crecieron un 50% y los confinamientos más de un 40%. Eso nos debería prender todas las alarmas”, explicó la directora de HRW.Además, recordó que la violencia no se limita al caso Uribe. Apenas días después de su asesinato, el vehículo del representante a la Cámara Julio César Triana fue atacado en el Huila, lo que refuerza la percepción de que la política volvió a ser un escenario de riesgo.Acuerdo de paz e implementación pendienteGobertus también hizo eco de la carta enviada esta semana por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, arquitectos del Acuerdo de Paz, en la que cuestionaron el desdén del Gobierno frente a la implementación de lo pactado en 2016. Para ella, el incumplimiento en seguridad y garantías para la oposición está directamente relacionado con la violencia política.“El asesinato de Miguel es especialmente grave porque era un líder visible de la oposición. Lo que el Acuerdo buscaba era sacar la violencia de la política, y eso hoy parece estar en riesgo”, sostuvo.La experta recalcó que el Estado debe asumir el monopolio legítimo de la fuerza y fortalecer la justicia local en los territorios. “Sin política de seguridad efectiva no hay garantía de derechos humanos para nadie”, advirtió.En un tono firme pero esperanzador, Gobertus concluyó que este momento debería servir como un llamado de alerta para el país y, en especial, para el Gobierno: proteger la vida de quienes hacen política es fundamental para que la democracia colombiana no retroceda.Entrevista completa aquí:
La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, expresó en entrevista en El Radar su profunda preocupación ante el reciente decreto del Gobierno colombiano que convoca a una consulta popular sin el cumplimiento de requisitos constitucionales esenciales. Según Goebertus, este acto podría sentar un “peligroso precedente” para la democracia colombiana.Si bien reconoce que será la justicia colombiana quien deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto, subraya que el Ejecutivo debe abstenerse de actuar en contra de la Carta Magna.La funcionaria de HRW comparó la reacción del presidente Gustavo Petro —quien desestimó el pronunciamiento de la organización argumentando injerencia en asuntos internos— con las actitudes de líderes cuestionados en la región. “Es tristemente muy similar a la que recibimos del presidente Bukele en El Salvador o de Maduro en Venezuela”, señaló.El núcleo del cuestionamiento radica en el hecho de que el decreto fue expedido sin que mediara el concepto favorable del Senado, un requisito que la Constitución colombiana establece expresamente. “No puede suceder en un Estado de Derecho que un presidente abiertamente se salte lo que establece la Constitución”, enfatizó.Goebertus advirtió que actos como este podrían marcar el inicio de un proceso de erosión democrática. “Hemos visto cómo los procesos de debilitamiento de la democracia inician por la concentración de poder en el Ejecutivo y el irrespeto a las disposiciones constitucionales”, explicó, citando ejemplos recientes en El Salvador donde se ha ignorado la prohibición de reelección presidencial.Frente a la retórica presidencial que plantea que la consulta busca simplemente devolverle el poder al pueblo, Goebertus fue categórica: “Una cosa es la democracia representativa, donde el pueblo elige a sus gobernantes, y otra es un Estado de Derecho, donde esos gobernantes deben actuar conforme a la Constitución y la ley”.La directora de HRW reiteró su confianza en la fortaleza institucional de Colombia. Aseguró que, si bien el tema ya ha sido llevado ante instancias judiciales nacionales, solo en caso de que estas no funcionen adecuadamente, podría contemplarse una intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.“Estoy convencida de que las instituciones colombianas son suficientemente fuertes como para que este episodio se pueda resolver a nivel nacional”, concluyó.
Desde Human Rights Watch se pronunciaron sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar a una consulta popular por medio de un decreto. Para esta organización, esa firma del decreto es inconsitucional."La convocatoria a consulta popular vía decreto sin concepto previo favorable del senado es inconstitucional. Confiamos en las instituciones -Consejo de Estado, Corte Constitucional y Registraduría- que deberán proteger el Estado de derecho. Cuentan con nuestro apoyo", señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.Recordemos que el pasado 14 de mayo la consulta popular fue votada en la plenaria del Senado y se terminó hundiendo.El presidente Gustavo Petro estuvo en Cali este miércoles, 11 de junio, y defendió la firma del decreto que convoca a la consulta popular.“¿Por qué la consulta? Es conveniente, es imperativo, es una necesidad categórica de la sociedad colombiana hoy. Al contrario de lo que dice el expresidente, esta consulta popular es absolutamente necesaria”, señaló el presidente Petro.Por otro lado, también respondió a quienes han anunciado demandas tanto para el presidente y su gabinete como para el decreto que convoca a la consulta popular.“Muchos han dicho que es inconstitucional, muchos han dicho que es ilegal, muchos han amenazado a mi gabinete con que se va preso. Ay Dios, yo me sentiría orgulloso si me hacen esa, que me la han intentado hacer varias veces, porque tendrían que poner a unos funcionarios y a un presidente que lo único que han hecho es pedir que el pueblo se exprese”, señaló Petro.
Hace unos días, Human Rights Watch (HRW) denunció que los grupos armados irregulares que operan en el Catatumbo cometieron "graves abusos" contra los habitantes de esa región de Norte de Santander en medio de la disputa entre las guerrillas del (ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc."El ELN y el Frente 33 han matado, secuestrado y desaparecido a civiles. Los enfrentamientos entre las partes y los abusos cometidos han obligado a más de 56.000 personas a huir de sus hogares, uno de los desplazamientos masivos más grandes de Colombia en décadas", señaló HRW en el informe 'El Catatumbo: Abusos de grupos armados y desprotección estatal'.Por esa razón, equipos de MSF están "realizando clínicas móviles en zonas rurales donde hay restricciones de movimiento, tanto para que la población salga en busca de recursos y servicios, como para el ingreso de la mayoría de las entidades oficiales y organizaciones humanitarias", expresó esa organización.Entre el 10 de febrero y el 15 de marzo, los equipos realizaron casi 1.200 consultas médicas en áreas rurales de los municipios de Ábrego, Teorama y Tibú, incluidas 933 en salud primaria y 112 en salud mental.A propósito del recrudecimiento del conflicto en zonas neurálgicas de Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre las medidas que se han tomado en materia de seguridad y Fuerzas Militares para contrarrestar los grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos. La situación de los menoresDe acuerdo con el ministro, el reclutamiento de menores tiene una relación directa con el deterioro o la afectación del orden público en Colombia: "Es innegable, los datos así lo muestran, en los cuales, por ejemplo, hablando de reclutamiento de menores, entre el 2023 al 2024 un incremento del 40 % de reclutamiento de menores". "Nuestra labor es neutralizar eso y pues es una acción integral que no solamente le compete al Ministerio de Defensa porque nosotros casi que vemos es la causa de unos problemas estructurales", dijo. CatatumboReiteró que es un cartel del narcotráfico y "además tienen algo particular que me he dado cuenta es una soberbia y cinismo", señaló. Reiteró que de manera estratégica y contundente, el Estado ha estado recuperando territorio permeado por el conflicto, señaló que tomará tiempo, pero lo lograrán."Nosotros, la fuerza legítima del Estado estamos recuperando el territorio y vamos a consolidar el mismo. Que nos va a tardar tiempo, sí, que hacer difícil, sí, que nos va a costar sacrificio y lágrimas, sí, pero también que lo vamos a lograr, por supuesto, esa es nuestra misión constitucional", dijo con seguridad el jefe de esa cartera. En medio del diálogo con Mañanas Blu, recordó, que pasaron prácticamente 14 años para llevar al principal grupo narcocriminal que había en ese momento a un proceso de paz. "Yo no estoy diciendo tampoco que vayamos a tardar décadas, pero lo cierto es que lo vamos a recuperar", finalizó. Colombia empieza a destruir el armamento de una disidencia del ELNEl Gobierno y el Frente Comuneros del Sur, una disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), suscribieron este sábado varios acuerdos como parte de una negociación de paz, una de las cuales supuso la entrega y destrucción de una tonelada de armamento de ese grupo."Anuncio la destrucción de armas, como comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, y siguiendo mi deber constitucional de garantizar la paz en todo el territorio, le ordeno al capitán Víctor Paz (comandante del Grupo Marte de la Quinta División del Ejército) que proceda con la destrucción del material de guerra del Frente Comuneros del Sur", expresó el presidente Gustavo Petro.Paz, por su parte, señaló que van a destruir 585 artefactos explosivos que fueron entregados por ese grupo criminal a la Consejería Comisionada de Paz, un proceso que cuenta con acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).El Gobierno y los Comuneros del Sur comenzaron un proceso de paz territorial en el departamento de Nariño el año pasado, algo que causó molestias al ELN que le manifestó en numerosas ocasiones al Ejecutivo, antes de la suspensión de los diálogos de paz, que decidiera si continuaba las conversaciones con la guerrilla o solo con un frente.Escuche aquí la entrevista:
El 20 de marzo de 2024, seis integrantes del comando de campaña de María Corina Machado entraron en la residencia de la Embajada de Argentina, en Caracas, buscando protección después de que el régimen de Nicolás Maduro emitiera órdenes de captura acusándolos de traición y conspiración.Las fuerzas de seguridad cortaron la electricidad, colapsó la planta externa que daba energía. Se denuncia, además, que no dejan entrar alimentos, medicamentos y les restringen hasta el agua potable, lo que representa una vulneración a sus derechos.Al respecto habló Juanita Goebertus, directora de la División Américas de Human Rights Watch (HRW). En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, mencionó que las condiciones que enfrentan estos asilados son “inhumanas”."Es realmente una situación muy preocupante. Desde Human Rights Watch hemos venido haciendo seguimiento a la situación en la que estas personas se encuentran, que claramente han sido perseguidas políticamente por su rol durante la última elección presidencial en la que se cometió abiertamente un fraude electoral; vienen francamente sometidos a condiciones inhumanas de recorte de luz, de falta de acceso a medicamentos, de recorte de agua, de recorte en el acceso a alimentos”, indicó.Señaló que están sometidos a “vigilancia exterior” e, incluso, el régimen ha allanado las casas “a su alrededor". Esta situación pone de manifiesto la violación de los espacios diplomáticos y de los derechos de las personas detenidas, según dijo.“Estar constantemente sometidos a vigilancia exterior, incluso, como fue de público conocimiento, el régimen ha allanado las casas alrededor de esta Embajada, originalmente argentina, hoy en día bajo custodia de Brasil, lo que ha significado, incluso, personal armado con rifles de asalto alrededor de la Embajada”, añadió.Goebertus resaltó que la comunidad internacional, incluidos gobiernos en México y Colombia, está activamente involucrada en buscar maneras de ayudar a las víctimas. Sin embargo, también expresó que el Gobierno argentino ha perdido toda relación oficial con Nicolás Maduro, complicando aún más la situación.El desafío no se limita a los asilados en la Embajada, pues se estima que hay más de 1.000 presos políticos en Venezuela. Al respecto, indicó que el régimen ha usado la detención arbitraria como un arma contra los opositores."Nosotros seguimos haciendo presión al Gobierno brasileño, que es quien hoy tiene custodia, para que insista y pueda gestionar con el régimen de Nicolás Maduro los salvoconductos para que puedan salir. Hemos tenido reuniones al más alto nivel con los distintos gobiernos en México, en Colombia, para insistir en que, a través de los canales que sostienen con el Gobierno de Nicolás Maduro, puedan buscar la liberación de estas personas", precisó.A pesar de la frustración generalizada, Goebertus sostuvo que la resistencia y la presión internacional son claves para generar un cambio. Recordó la historia de Siria y otras naciones, señalando que siempre hay espacio para la esperanza y la lucha por la justicia.Situación de los deportados a El SalvadorFinalmente, abordó el tema de los venezolanos deportados a El Salvador, donde se enfrentan a un régimen que restringe sus derechos. Las deportaciones, que se realizan sin el debido proceso legal, han creado una crisis humanitaria.
Human Rights Watch (HRW) advirtió este jueves de que la política de 'paz total' del presidente Gustavo Petro ha obtenido resultados limitados para reducir los abusos contra la población civil y alertó de que los grupos armados expandieron su presencia en el país el año pasado."Dos años y medio después de que el presidente Gustavo Petro asumiera la Presidencia, su estrategia de 'paz total' ha logrado resultados limitados en la reducción de los abusos contra la población civil", señaló HRW al hablar de Colombia en su Informe Mundial 2025, en el que analiza lo sucedido en materia de DD.HH. el año pasado.El mandatario asumió el poder el 7 de agosto de 2022 con la promesa de una 'paz total' que, hasta el momento, ha atravesado varios baches a pesar de que se entablaron diálogos de paz con varios grupos y se concretaron ceses al fuego con algunos de ellos.En ese sentido, el Gobierno está negociando el fin del conflicto armado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos disidencias de las FARC, una conocida como Estado Mayor Central (EMC) y la otra como Segunda Marquetalia.Igualmente, busca el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y de otros grupos armados.Al respecto, HRW destacó que si bien el Gobierno colombiano logró varios alto el fuego, "los preparativos y el seguimiento fueron insuficientes y en muchos casos los grupos armados no los cumplieron".Abusos contra la población civilLa organización aseguró que grupos armados cometieron el año pasado "serios abusos contra los civiles y expandieron su presencia en el país", pues el Clan del Golfo está presente en 392 de los 1.102 municipios de Colombia, el ELN en 232 y las disidencias de las FARC en 299.HRW también criticó a las autoridades por fallar en garantizar la seguridad efectiva de la población y el acceso a la justicia a las víctimas, además de no investigar y desmantelar los grupos armados.Entre los abusos cometidos por estos grupos, HRW recordó que en la primera mitad de 2024, según cifras de la Defensoría del Pueblo, hubo 159 casos de reclutamiento de menores, que son "frecuentemente miembros de comunidades indígenas"."A más de 71.000 personas se les impidió salir de sus comunidades, situación conocida como 'confinamiento', entre enero y julio, lo que supone un aumento del 39 % en comparación con el mismo periodo de 2023. Persistieron los temores a las minas antipersona, las amenazas de grupos armados y los fuegos cruzados", agregó Human Rights Watch.En los convulsos departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, en el oeste del país, la lucha armada entre los militares y los grupos armados provocó el desplazamiento forzado de más de 34.000 personas entre enero y julio, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entretanto, recibió 138 denuncias de asesinatos de líderes sociales, la mayoría de los cuales "defendían los derechos de sus comunidades".Libertad de expresiónPor otra parte, Human Rights Watch señaló que, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), "Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas".En ese sentido, la oficina del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó el asesinato de cinco reporteros entre enero y julio del año pasado."El presidente siguió utilizando las redes sociales para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación percibidos como críticos con su Gobierno", expresó HRW.Como ejemplo de ello puso que en septiembre, Petro emitió una "instrucción presidencial dirigida a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo para garantizar un entorno seguro para la libertad de expresión y los periodistas" que, "sin embargo, no la cumplió durante el acto de presentación", agregó HRW.
Unos 400 cerdos fueron encontrados muertos en una granja de Austria, muchos de ellos en avanzado estado de descomposición, durante una inspección policial motivada por las denuncias de vecinos debido a los fuertes malos olores que provenían de la explotación.El hallazgo se produjo en una granja situada a unos 110 kilómetros al oeste de Viena, donde las autoridades también encontraron 88 animales que todavía estaban con vida. Los cerdos fueron retirados del lugar y trasladados a explotaciones cercanas para recibir atención.Las autoridades investigan ahora las condiciones en las que se encontraban los animales y las circunstancias que llevaron a la muerte de cientos de ejemplares. El propietario de la explotación fue denunciado por maltrato animal y la granja quedó clausurada.Investigan qué ocurrió con los cerdos muertosLa inspección comenzó después de que residentes de la zona alertaran sobre los malos olores procedentes de la granja. Al ingresar al establecimiento, los agentes encontraron una gran cantidad de animales muertos, algunos de ellos en avanzado estado de descomposición.De acuerdo con fuentes policiales citadas por la agencia austríaca APA, el responsable de la explotación gestionaba la granja por su cuenta. Las autoridades consideran que podría atravesar problemas psicológicos, aunque esta circunstancia forma parte de las primeras hipótesis y deberá ser determinada por las investigaciones correspondientes.Algunos medios locales señalan que el propietario podría haber dejado de alimentar a los animales desde comienzos de este año. Esta información todavía forma parte de las indagaciones sobre las condiciones en las que permanecieron los cerdos.Faltan cerca de 1.000 animales del registro oficialUno de los elementos que más ha llamado la atención de los investigadores es la diferencia entre el número de animales que figuraban en los registros oficiales y los encontrados durante la inspección.Según APA, alrededor de 1.000 cerdos no aparecen en el recuento realizado en la explotación. Además, los agentes localizaron huesos entre los restos hallados en la granja.Ante esta situación, las autoridades no descartan que algunos de los animales pudieran haber recurrido al canibalismo como consecuencia de la falta de alimento. Sin embargo, se trata de una hipótesis que deberá ser esclarecida mediante la investigación y las pruebas correspondientes.La presencia de los huesos y la ausencia de una parte importante de los animales registrados han llevado a los investigadores a ampliar las pesquisas para determinar qué ocurrió en la explotación.88 cerdos fueron encontrados con vidaEn medio de las condiciones detectadas en la granja, los equipos que participaron en la intervención encontraron 88 cerdos vivos. Los animales fueron retirados de la explotación y distribuidos en otras granjas de la zona, donde quedaron bajo resguardo después de que las autoridades clausuraran el establecimiento.La intervención permitió evitar que estos ejemplares permanecieran en las mismas condiciones que los animales que murieron. Las autoridades deberán determinar ahora el estado de salud de los animales supervivientes y establecer las circunstancias en las que permanecieron en la explotación.El propietario fue denunciado por maltrato animalEl responsable de la granja fue denunciado por maltrato animal, mientras que las instalaciones quedaron clausuradas tras la intervención policial. La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, durante cuánto tiempo los animales estuvieron sin recibir alimentación adecuada, qué ocurrió con los ejemplares que no fueron encontrados y cuáles fueron las causas concretas de las muertes.El caso ha generado atención en Austria debido a la magnitud del hallazgo y a las condiciones en las que fueron localizados los animales. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.
La Lotería del Tolima oficializó este lunes el aplazamiento de su sorteo número 4182, el cual estaba programado para realizarse durante la jornada. La entidad informó que la determinación responde a una “calamidad presentada en Colombia” durante la mañana de hoy, aunque no ofreció detalles adicionales sobre la naturaleza específica del suceso que motivó la medida.A través de un comunicado oficial dirigido a distribuidores, vendedores, loteros y asesores comerciales, la organización precisó que la nueva fecha y hora para el desarrollo del sorteo aún están por confirmarse.Para tranquilidad de los apostadores y de la red de comercialización, la Lotería del Tolima aclaró que el sorteo se llevará a cabo utilizando exactamente la misma billetería que ya se encuentra en circulación. En consecuencia, la entidad subrayó que la venta de billetes y fracciones continuará abierta y plenamente vigente hasta que se establezca el nuevo cronograma para el evento.La dirección de la institución indicó que esta decisión se toma en cumplimiento de su compromiso con el “juego legal, la transparencia, el bienestar y la tranquilidad” de todos los integrantes de su familia comercial. Asimismo, la Lotería del Tolima habilitó la línea telefónica 3125929517 para atender cualquier inquietud o requerimiento de información adicional por parte de sus colaboradores y clientes.Precio del billete de la Lotería del TolimaEl billete de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000 y está compuesto por tres fracciones de $4.000 cada una.El producto puede adquirirse en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en Colombia, incluidos establecimientos de Efecty, Gelsa y Codesa.La Lotería del Tolima realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. Si el lunes es festivo, el sorteo se lleva a cabo el martes, en el mismo horario.La transmisión puede seguirse a través del canal P&C de Ibagué y de la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima.
La Lotería de Cundinamarca anunció oficialmente que el sorteo número 4815, originalmente programado para este lunes 10 de agosto, fue pospuesto para el próximo viernes 14 de agosto. La entidad informó que la decisión responde a una "calamidad" ocurrida durante la mañana de hoy en el territorio colombiano, sin precisar detalles adicionales sobre la naturaleza del evento.Según el comunicado emitido por la entidad, el sorteo se llevará a cabo en su nuevo horario a las 11:15 p.m. La Lotería enfatizó que esta modificación en su calendario operativo busca salvaguardar su compromiso con el juego legal, la transparencia y el bienestar de sus apostadores en todo el país.Para los usuarios que requieran información adicional o tengan inquietudes sobre el proceso, la organización ha dispuesto el número de WhatsApp 313 800 3929 como canal directo de atención al cliente.¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se realiza el martes, también a las 10:30 p. m.La transmisión puede seguirse a través de la página oficial de Facebook de la Lotería de Cundinamarca.Los billetes se comercializan mediante canales autorizados como Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, además de los puntos físicos habilitados por esta última red.Más de dos siglos de historiaLa Lotería de Cundinamarca tiene una trayectoria que se remonta al 16 de febrero de 1812, fecha en la que realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.Con más de dos siglos de historia, se mantiene como una de las loterías con mayor tradición en Colombia.
La tierra sigue temblando en territorio colombiano, en los últimos minutos se presentaron dos sismos en el Pacífico, el primero a las 2:52 de la mañana de magnitud 3.2 con epicentro en Itsmina, Chocó, el segundo a las 4:03 de la mañana, de magnitud 3.1 en el Océano Pacífico. Terremoto en Colombia deja al menos 132 muertos, hospitales desbordados y toques de quedaAl menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia, donde decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades más cercanas a San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).La cifra recoge únicamente el balance de las capitales del país, por lo que no incluye los muertos y heridos registrados en municipios y localidades aledañas, donde también se reportaron colapsos de edificios y daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia están entre las ciudades más golpeadas por el terremoto, que obligó al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió el cargo hace solo tres días, a declarar la situación de "desastre nacional".El terremoto se produjo a las 07:34 de la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).El movimiento telúrico se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela.
La sostenibilidad en la industria hotelera ha dejado de medirse únicamente por indicadores ambientales. Aunque la reducción del consumo de agua, energía o plásticos sigue siendo una prioridad, cada vez cobra más fuerza un enfoque que también busca generar oportunidades para las comunidades, promover la inclusión laboral y fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones sociales.Así lo explicó Agustina Nadellini, líder de Up for People en América, quien considera que el reto del sector es demostrar que la sostenibilidad no puede limitarse al discurso, sino traducirse en acciones que tengan un impacto real sobre las personas.Uno de los ejes de este modelo es el voluntariado corporativo. A través de diferentes jornadas durante el año, colaboradores participan en actividades con fundaciones que apoyan a niños en condición de vulnerabilidad, entregando alimentos, juguetes y otros insumos. A esto se suman iniciativas de economía circular, en las que la ropa donada por los propios empleados se intercambia por alimentos no perecederos que posteriormente son destinados a organizaciones sociales.La inclusión laboral también hace parte de esta transformación. En Colombia, por ejemplo, se desarrollan programas que facilitan el acceso al empleo de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, en alianza con fundaciones especializadas. El propósito es ofrecer oportunidades de trabajo formal que contribuyan a su autonomía económica y a una mayor inclusión en el mercado laboral.Otra de las iniciativas busca brindar apoyo a familias con niños que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos o cumplir actividades organizadas por fundaciones. La idea es que los menores puedan permanecer acompañados por sus familiares durante estos procesos, aprovechando la infraestructura hotelera como una herramienta de apoyo.Nadellini explicó que el impacto de estos programas se mide a través de indicadores como el número de beneficiarios, voluntarios y donaciones, además de la capacidad de adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de cada comunidad.Este modelo hace parte de la estrategia de sostenibilidad de Minor Hotels, que divide su trabajo entre los programas Up for Planet, enfocado en el cuidado del medio ambiente, y Up for People, orientado al desarrollo de las comunidades. "La sostenibilidad llegó para quedarse. No solo se trata de cuidar el planeta, sino también de construir comunidades más fuertes, inclusivas y con mejores oportunidades para las futuras generaciones", concluyó Nadellini.
