Human Rights Watch

La situación del reclutamiento de menores en Colombia llegó este martes a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, presentó los principales hallazgos de un informe elaborado por esa organización sobre esta problemática.Durante la presentación, representantes y senadores que participaron en la sesión hicieron observaciones y formularon preguntas sobre las cifras, la respuesta del Estado y las condiciones particulares en las que niños, niñas y adolescentes están siendo reclutados por grupos armados.Una de las intervenciones fue la de la representante Catherine Juvinao, quien cuestionó la decisión del ICBF de utilizar el término “niñez” y sostuvo que, frente a una problemática como el reclutamiento, es necesario mantener una referencia específica a las niñas por las violencias particulares que pueden enfrentar dentro de los grupos armados.“1500 niños reclutados desde 2021, ojo, de los cuales 40 % son niñas a las que hay que nombrar, porque resulta que a las niñas en los grupos armados las reclutan para violarlas, para embarazarlas, para que ejerzan las labores de cuidado de los guerrilleros. Entonces, a mí que no me vengan a decir que esas niñas quedan incluidas en los niños”, dijo Juvinao.Ademas, le hizo una petición al nuevo gobierno, a la directora del ICBF, Carolina Restrepo, y a la ministra de educación Viviane Morales.Al responder una pregunta del representante Daniel Briceño, Goebertus explicó que Colombia no cuenta actualmente con un registro único que reúna los casos de niños y niñas reclutados.“Efectivamente, hoy Colombia no tiene un registro único de niños y niñas reclutados, de niños y niñas usados por la criminalidad que nos permita tener un universo claro. Lo que yo sí le puedo decir, representante Briceño, es que sobre el registro no hay. Si acaso hay subregistro”, señaló Goebertus.Mientras tanto, la senadora Jennifer Pedraza planteó al Congreso llamar a un debate o abrir una conversación regulatoria con plataformas como Meta y TikTok, con el objetivo de revisar medidas frente a las cuentas utilizadas para reclutar menores.“Considero que el Congreso de la República debería llamar a un debate o a una conversación regulatoria a las plataformas como Meta y TikTok para, por lo menos, garantizar que exista una política de sancionar y de cerrar estas cuentas, e incluso de ubicarles geográficamente”, sostuvo Pedraza.

Human Rights Watch

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