En la audiencia pública de la Corte Constitucional sobre las medidas de protección para los líderes sociales, la oficina de derechos humanos de la ONU aseguró que en el país de 100 casos de defensores sociales muertos, 33 fueron asesinados en el marco de las protestas sociales. Además, entregaron cifras de los homicidios de los defensores de derechos humanos, y las tutelas falladas a favor para la protección de la UNP con esta población y pidieron garantías por falta de resultados del Gobierno.La ONG Human Rights Watch alertó sobre las cifras de violencia en las comunidades indígenas, además de la elevada cifra de muertes en Colombia a la hora de ejercer el derecho de la protesta en medio de la audiencia convocada por la Corte Constitucional sobre las medidas de protección para la población líder y defensora de derechos humanos.“En el total de 100 casos de homicidio de defensores verificados en el 2021 por nuestra oficina, 33 fueron casos de muerte que ocurrieron en el contexto de protestas, la mayoría durante el Paro Nacional”, señaló Juliette de Rivero de Human Rights. También resaltó de que no se trata de un tema únicamente de cifras, sino de una tragedia. “Este no es un tema de cifras, la muerte de cada persona defensora de derechos humanos es una tragedia para Colombia y para su comunidad”.Según las tutelas que llegaron a la Corte Constitucional, la afectación de los derechos se produce en diferentes escenarios. Varias de las tutelas que llegaron a la alta corte, señalan que aún no cuentan con protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Entre tanto, Alfonso Campo Martínez, director de la UNP, fue citado a esta audiencia y señaló que más de 7.000 personas han sido beneficiarias de las medidas de protección. “Desde el 2014 hasta la fecha, 7324 personas han sido beneficiarias de medidas de protección y, de ese número, 3652 son líderes o lideresas sociales, que corresponde al 46% de las medidas totales”, señaló Martínez.“Desde el año 2012 nos han presentado 3.245 acciones de tutela; 2.107 han fallado a favor y 1.089 han sido fallos en contra”, precisó la UNP.Sin embargo, expertos como Rodrigo Uprimny señalaron que no hay resultados hasta el momento.“Los mecanismos implementados por el Gobierno no han dado resultados y no cumplen con los estándares de una política que permita la defensa de los derechos de líderes y lideresas sociales”.Lea tambiénDentro de las cifras se mencionó que en el 2016 y 2021 se registraron 1559 homicidios de personas defensoras de DD.HH y lideres sociales en 348 municipios, de los cuales 126 contaban con alerta temprana mientras que en 122 no se advirtió la situación de riesgo por el SAT, según Marco Romero, director de la CODHES, una organización con carácter consultivo ante la ONU y la OEA.Según el Ministro del Interior, Daniel Palacios, en materia de recursos el Gobierno ha dispuesto más de 280.000 millones de pesos para invertir en la protección de comunidades indígenas, negras, palenqueras, LGBTIQ y los entes territoriales que son los primeros respondientes en materia de amenazas y vulneración al liderazgo social.Escuche el podcast de 'El Consultorio de Juan David Ríos'
El jueves, 28 de abril, se realizará la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional, por un acumulado de varios procesos. Se trata de nueve acciones de tutela presentadas por 18 ciudadanos que se identifican como población líder y defensora de derechos humanos contra varias autoridades estatales, entre ellas, la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría General de la Nación.Los demandantes consideran vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía, protección de su vida y de los colectivos que integran.La sesión técnica se realizará de manera virtual el jueves, 28 de abril de 2022, a partir de las 8:00 de la mañana. Será transmitida por todos los canales y redes sociales de la corporación judicial.Según las tutelas, la afectación de los derechos se produce en diferentes escenarios:Algunos de los accionantes no cuentan con protección de la UNP.Otros afirman que, si bien el Estado les ha brindado protección, a través de esquemas de seguridad, esto no ha sido suficiente dado que los esquemas de protección no son eficaces y no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial. Igualmente destacan que esto ha afectado la representación de las colectividades.No existen políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.A la sesión serán citados representantes de los accionantes, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Federación Colombiana de Municipios, el gobernador del departamento del Cauca, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la oenegé Somos Defensores, el negociador para la paz Humberto de la Calle Lombana, la misión de verificación de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oenegé Human Rights Watch.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Luego de la operación del Ejército en Puerto Leguizamo, Putumayo, el pasado 28 de marzo, Human Rights Watch abrió una investigación para determinar si se respetaron los principios de derechos humanos o si se violaron las leyes del uso de fuerza letal por parte de las autoridades, en hechos que dejaron 11 personas muertas.Hasta ahora, según detalló Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, hay evidencia que señala que, probablemente, en el bazar de El Remanso hubo civiles muertos, así como disidentes. Por eso, siguen con las investigaciones sobre cómo murieron y cuál era el objetivo de dicho operativo, del que esperan una respuesta a un cuestionamiento que enviaron al Ministerio de Defensa.“Todavía estamos investigando los hechos. Hemos estado en terreno hablando con los familiares de las víctimas, hemos enviado un cuestionario con 19 preguntas al Ministerio de Defensa y todavía estamos examinando los hechos. Hasta ahora, tenemos evidencias que indican que, al menos, cuatro de los 11 muertos eran civiles”, reveló en Mañanas BLU.“En ese bazar había numerosos miembros de la comunidad civil, pero también había, probablemente, entre cuatro o cinco miembros del Comando de la Frontera, pero eso no basta para determinar si se cumplió con el derecho internacional”, agregó Juan Pappier.Sobre las denuncias hechas por la comunidad de una “masacre” por parte del Ejército, dijo que, por ejemplo, el uso de francotiradores únicamente se permite dentro del Derecho Internacional si es un caso extremo para proteger la vida de una persona en medio de un combate, lo que no habría pasado en El Remanso, según explicó.“No se dio en el marco de un conflicto armado y en ese caso, el uso de un francotirador solo es permitido si es la única forma de proteger la vida de una persona, que no parece ser el caso en este supuesto en particular en El Remanso”.Mencionó que, aunque siguen recogiendo evidencias y analizando los hechos, la infiltración de miembros de grupos ilegales en este tipo de actividades comunitarias es recurrente en Putumayo, en parte, por “la falta de presencia del Estado” en la región.“En esos bazares ocurren muchas cosas, fiestas de la comunidad y en algunas ocasiones miembros de los grupos armados se infiltran para hacer compra de coca u otras actividades ilegales. Eso ocurre en el Putumayo, es parte de la falta de presencia estatal y control social y territorial que hay”.
La organización Human Rights Watch (HRW) se encuentra en la vereda de Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, realizando una investigación en campo sobre lo sucedido el pasado 28 de marzo durante una operación del Ejército, cuando el Gobierno anunció que 11 disidentes de las Farc habían sido abatidos; sin embargo, la comunidad ha denunciado que quienes fallecieron durante la operación eran civiles.Human Rights Watch ya ha logrado confirmar que al menos cuatro civiles murieron durante el operativo. Se trataría de Pablo Panduro Coquinche de 48 años, gobernador indígena del cabildo Bajo Remanso, así como Ana María Sarrias, de 24 años, la esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Remanso. Por otro lado, confirmaron que durante el operativo murieron también Oscar Oliva, de 40 años, y Divier Hernández, de 35 años.Carlos Garay, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, aseguró que las comunidades están desplazándose hacia la cabecera municipal, pues se han sentido estigmatizados por el Ejército."Hay personas desplazadas y confinadas, pues hay un actor armado legal que los tiene señalados. Si nosotros nos ponemos unas botas, nos están diciendo que es que somos guerrilleros. El Ejército cuando nos mira nos dice que nosotros somos cómplices de la guerrilla", denunció Garay.Siga y escuche el podcast de La Intérprete:
El pasado lunes 28 de marzo, en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, se desarrolló una operación por parte del Ejército en la cual, según el ministro de Defensa, Diego Molano, fueron abatidos 11 disidentes de las Farc a quienes también se les habría incautado armamento. Sin embargo las comunidades en la zona denunciaron que durante el operativo habrían muerto 9 civiles.La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch le envío un documento al ministro Molano indagando por la operación. Pues aseguran que han logrado confirmar la muerte de civiles ese día.El documento firmado por la directora de HRW, Tamara Taraciuk, tiene 19 preguntas divididas en tres puntos. El primero de ellos es el del origen de la operación:“ a) Sírvase precisar fecha, lugar y objetivo de la citada operación militar. Especifique si se trató de una operación ofensiva.b) Por favor mencione la entidad u organismo que dio la orden para la realización de la operación militar y cuáles eran los antecedentes y labores de inteligencia preliminares”. Son algunas de las preguntas.Con el segundo punto la organización busca indagar sobre el desarrollo del operativo y pregunta sobre las órdenes que se dieron ese día y el nombre de los responsables:“c) ¿Se contó con apoyo militar naval y/o de personal en helicóptero? En caso de ser afirmativa la respuesta, por favor indique de qué unidades, con cuántos hombres y el rango de cada uno de ellos.d) Señale nombres y apellidos, el cargo y rango de la persona responsable del mando operativo.”Por último el cuestionario busca respuestas sobre los resultados con preguntas como: ¿Cuáles son las evidencias que tiene el Ministerio de Defensa para informar, como lo hizo usted en redes sociales, que las personas neutralizadas eran “narcococaleros” y que se trataba de “criminales”4?El investigador de HRW Juan Pappier manifestó que están investigando los hechos y esperan presentarle al país las conclusiones en un informe“Hacer investigaciones serias y profesionales que ayuden a que todos conozcan la verdad y no de presumir ni que todos los muertos fueron guerrilleros, como ha hecho yo creo de forma irresponsable el ministro de la Defensa, ni de presumir que aquí se trató de falsos positivos”, dijo a BLU Radio.Escuche el podcast El Camerino:
Los investigadores de Human Rights Watch se sumergieron en las entrañas de la zona fronterizas entre Colombia y Venezuela, específicamente en en las líneas limítrofes que están en los departamentos Vichada y Arauca.HRW asegura que grupo armados ilegales están cometiendo abusos brutales contra civiles, asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado. En el informe Human Rights Watch, también señalan la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.“Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela (…) , y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente“ señaló Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.En el mismo informe recomiendan a las autoridades colombianas a que redoblen urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población e instan a las la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas.La organización sin fines de lucro también dice que según informaciones la Policía Nacional de Colombia hubo 103 homicidios en Arauca en enero y febrero, alertando que es la cifra más alta reportada en los primeros dos meses del año en Arauca al menos desde el 2010.Human Rights Watch muestra en su investigación varias entrevistas, en las que pudo conocer que ambos grupos armados han matado a decenas de personas y que “Muchos entrevistados dijeron que miembros del ELN buscaron a personas a las que acusaban de colaborar con grupos disidentes de las FARC”.Durante la investigación, ha recopilado el informe con ayuda de organizaciones gubernamentales que al menos “3,300 personas, incluyendo colombianos y venezolanos, habían huido de Apure hacia los departamentos colombianos de Arauca y Vichada”.
El presidente Iván Duque, reconoció la existencia de "conductas individuales" en la Policía, pero criticó tajantemente "generalizaciones" como las vertidas esta semana por Human Rights Watch (HRW) en su informe de 2021, que denunció "abusos gravísimos contra manifestantes" en las protestas registradas en el país."Nosotros reconocemos que hay conductas individuales que tienen que ser sancionadas, pero tienen que ser concebidas dentro de la individualización, no la generalización y la estigmatización que muchos pretenden hacer por intereses políticos", sostuvo en una entrevista con Efe.HRW denunció en un documento, difundido el jueves, que la Policía colombiana cometió "abusos gravísimos en contra de manifestantes", que no son "incidentes aislados", sino el resultado de un problema profundo del cuerpo policial, que necesita una reforma.Una denuncia que para Duque viene originada en todo tipo de intereses, porque "en la política hay derecho a las propias opiniones, pero no a los propios hechos" y "los hechos son tozudos, claros y evidentes", por tanto, la crítica debe ser concebida desde la "individualización" de cada caso.La ONG internacional recopiló pruebas a través de 150 entrevistas a víctimas, familiares, abogados y expertos, así como la verificación de registros policiales, forenses y videos que apuntan a supuestos abusos cometidos por agentes policiales durante las manifestaciones, a los que se acusa de haber "dispersado manifestaciones pacíficas de manera arbitraria y empleado la fuerza de forma excesiva, y a menudo brutal, incluso mediante el uso de municiones letales".Escuche el podcast La caja de los comics:
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, utilizó el estado de emergencia decretado por la llegada de la COVID-19 para intensificar su control de la población, denunció Human Rights Watch (HRW) en un informe difundido este jueves, 13 de enero.En su informe anual, HRW afirma que el Gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad "son responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones por un corto periodo de tiempo, así como el encarcelamiento de opositores, procesar a civiles en tribunales militares y torturas a los presos"."Ellos usaron el estado de emergencia puesto en marcha en respuesta a la covid-19 como pretexto para intensificar su control sobre la población. La falta de independencia judicial contribuyó a la impunidad de sus delitos. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices en los abusos", destaca.Al respecto, recuerda que la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU "identificó patrones de violaciones" de los derechos humanos y delitos que eran parte de una conducta sistemática y extendida.En este sentido, la ONG asegura que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció en noviembre pasado su decisión de abrir formalmente una investigación sobre la comisión de posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.HRW también recuerda que Venezuela afronta una emergencia humanitaria severa con "millones de personas sin acceso a atención sanitaria o una nutrición adecuada"."El acceso limitado a agua segura en los hogares, centros de atención médica y un plan de vacunación afectado por la opacidad puede haber contribuido a la difusión de la covid-19, sostiene el informe.La organización también recuerda que la misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en los comicios locales y regionales del pasado 21 de noviembre reportaron que algunos opositores fueron "arbitrariamente descalificados" y un "acceso desigual a los medios de comunicación".Además, que "la falta de independencia judicial respeto al imperio de la ley socavaron la imparcialidad y transparencia de la elección".Entre las preocupaciones que persisten, incluye las "abyectas condiciones" en las prisiones, la impunidad para las violaciones de los derechos humanos y el acoso a los defensores de los mismos y medios independientes."El éxodo de venezolanos que huyen de la represión y la emergencia humanitaria representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina", reitera.Detenciones arbitrariasEn su informe, HRW también dice que "el Gobierno ha detenido a opositores políticos", eliminándolos de las posibles carrera para ser elegidos en elecciones.Cita el informe de la ONG Foro Penal del pasado 25 de octubre, momento en el que reportaron que había 254 detenidos a los que calificaban como presos políticos, una cifra que actualizaron este miércoles a 243.Asimismo, destaca que agentes de seguridad y de las fuerzas de seguridad "han torturado a varios detenidos y a sus parientes", a la vez que recuerda que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de 2020 reportó casos de presunta tortura y malos tratos a los arrestados.HRW también se hace eco de los abusos denunciados durante los combates que estallaron en marzo de 2021 en el estado Apure (fronterizo con Colombia) entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC."La operación (militar) llegó a la ejecución de, al menos, cuatro campesinos, detenciones arbitrarias y el juicio de civiles en tribunales miliares, así como la tortura de vecinos acusados de colaborar con grupos armados", subrayó.Acerca del medioambiente, afirma que la minería es el principal problema para la deforestación del Amazonas venezolano, tras la agricultura.Menciona un estudio de la ONG SOS Orinoco que aseguró que, tras la "ilegal!" declaración de Maduro que creó en 2016 una zona especial para la minería en el norte del sureño estado Bolívar, esa área ha perdido más de 230.000 hectáreas de cobertura forestal.
Mediante su cuenta de Twitter, José Miguel Vivanco anunció que luego de casi 30 años, va a iniciar una nueva etapa en su vida y a partir de febrero dejará su cargo en la organización de derechos humanos Humans Rights Watch.Sin embargo, en la entrevista con La Nación, Vivanco también aseguró que quiere construir sobre lo que ha aprendido y explorará nuevas formas para seguir trabajando en el tema de los derechos humanos.Por otro lado, José Vivanco dijo que cree que América Latina se encuentra en “un muy mal momento, probablemente el peor de los últimos 30 años”, porque la democracia se ha debilitado y desacreditado creando "riesgos enormes" para el respeto de los derechos universales.Siga y escuche el podcast de Cuatro Punto Cero
La Corte Penal Internacional decidió concluir un examen preliminar contra Colombia por delitos cometidos durante el conflicto por miembros del Estado, la guerrilla y grupos paramilitares.Eliecer Arias, indígena Kankuamo y familiar de 3 víctimas de ejecuciones extrajudiciales aseguró que esta decisión es una lectura errada del contexto político y social que atraviesa el país.Desde el partido Comunes también reaccionaron a esta decisión, según el senador Julián Gallo, esto significa un respaldo a la justicia especial para la paz.“Por eso es muy importante que se anuncie que el Gobierno se ha comprometido a preservar lo creado en el acuerdo de paz en materia de justicia, pero también a garantizar su funcionamiento”, agregó Gallo.El consejero para la estabilización, Emilio Archila, afirmó que la decisión demuestra que en el país sí se están investigando y sancionando los crímenes ocurridos durante el conflicto armado: “no existen razones para investigar a Colombia en lo que respecta a paramilitarismo, delitos relativos a las fuerzas armadas, violencia sexual, desplazamiento forzado o falsos positivos”.Por último, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se pronunció por medio de su cuenta de Twitter asegurando que era una decisión equivocada.
Mark Zuckerberg fue demandado este lunes, 24 de mayo, por el fiscal de Washington, Karl Racine, por engaño y violación de una ley de protección al consumidor. La decisión está relacionada con el caso Cambridge Analytica, en el que la consultora utilizó cantidades masivas de datos de usuarios de Facebook.Este es un segundo intento de incluir al cofundador de Facebook en la demanda relacionada con Cambridge Analytica.En marzo, un juez del Tribunal Superior del Distrito de Columbia, la jurisdicción de la capital estadounidense, había rechazado que la fiscalía llamara a Zuckerberg como testigo en el proceso iniciado en 2018 y que tiene a la red social en el centro.Se acusa a la consultora Cambridge Analytica de haber recogido y utilizado, sin consentimiento, los datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook, a los que la plataforma le había dado acceso.Estos datos habrían sido utilizados para desarrollar un software destinado a dirigir el voto hacia Donald Trump en la campaña presidencial de 2016.Mark Zuckerbeg "es en gran medida responsable de la 'visión' de su plataforma que requería (...) exponer los datos personales de los usuarios", argumenta el fiscal en el documento de citación, presentado el lunes en el Tribunal Superior del Distrito de Columbia.Para Racine, el presidente de Facebook "era consciente de los riesgos" que implicaba manejar los datos personales de los usuarios de la plataforma para aumentar los beneficios de la compañía.Él fue "directamente responsable del laxismo de Facebook respecto a la aplicación de sus normas", continuó el fiscal.Como presidente, Zuckerberg "tenía autoridad para controlar las prácticas engañosas y los errores" del funcionamiento de la plataforma, siempre según la acusación.En julio de 2019, las autoridades federales multaron a Facebook con 5.000 millones de dólares por haber "engañado" a sus usuarios y le impusieron un control independiente de su gestión de datos personales.Desde el escándalo de Cambridge Analytica, Facebook eliminó el acceso a sus datos de miles de aplicaciones sospechosas de abusar de esa información, restringió la cantidad de información disponible para los desarrolladores en general y facilitó a los usuarios la posibilidad de restringir la difusión de sus datos personales.Lea tambiénEscuche el podcast de 'Bien Puesto'
Ante la salida de Julián Álvarez de River Plate, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo ya está mirando delanteros para sustituir al '9'. En la carpeta del 'Millonario' estarían dos colombianos: Miguel Ángel Borja y Diego Valoyes.El periodista Fabio Poveda informó en Blog Deportivo que el Junior de Barranquilla no ha recibido una oferta formal de River Plate por Borja, quien vive un momento dulce con el arco.
A la par de la carrera de los candidatos a la Presidencia de la República, la Alcaldía de Medellín avanza en el desmonte de vallas que no cumplen la norma, y ya han sido desmontadas seis vallas y un sinnúmero de pendones no autorizados en la ciudad.De acuerdo con Yomar Benítez, subsecretario de espacio público de Medellín, desde la administración les ha tocado desmontar vallas que no han sido autoridades legalmente, explicó que en su mayoría no son puestas directamente por los partidos políticos, sino por patrocinadores externos y simpatizantes.“En publicidad de vallas en gran formato han sido dos de Federico Gutiérrez, dos de Gustavo Petro, una de Rodolfo Hernández y otra de Sergio Fajardo. Pero ya hay otro informe que estamos consolidando que es el de publicidad tipo pasacalles o avisos, el cual también hemos hecho muchos desmontes. La publicidad del candidato Federico Gutiérrez es la que más hemos identificado con esa irregularidad”, sostuvo Benítez.Agregó que los partidos van poniendo su publicidad y se les va orientando cuáles son los tipos de permisos y prohibiciones que se tiene sobre la misma,. Además, detalló que en el caso de la campaña presidencial, han estado compulsado copias al Consejo Nacional Electoral de las piezas publicitarias que no se han autorizado.Lea también:“Algunas campañas nos han explicado que hay empresas y simpatizantes que les dicen que van a donar una publicidad y entonces la mandan a producir y eso no estaba concertado con las campañas. Es importante que las campañas hablen con los simpatizantes para que cuando vayan a poner la publicidad les puedan avisar y tramiten las autorizaciones”, explicó Benítez.De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, los ciudadanos han reportado en Antioquia 202 casos de publicidad política en sitios no autorizados y en Medellín 25 reportes, siendo Federico Gutiérrez el que lidera la lista. La forma en la que los ciudadanos pueden ingresar a reportar es a través de la página del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gov.co, opción mapa de publicidad electoral.Y es que según el artículo tercero de la Resolución 1605 de 2021, del Consejo Nacional Electoral, el tope máximo de vallas de propaganda política para los diferentes municipios es de ocho y en Bogotá de 16.Escuche más noticias:
Serán los empresarios los encargados de pagarle al Distrito por el uso del espacio para valet parking en la ciudad. De acuerdo con el secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, cada establecimiento deberá pagar de manera trimestral 2’500.000 por el derecho de uso del espacio público.“Los primeros puntos de valet parking que entrarán en esta normatividad serán ubicados en la Zona G, en la Zona T y en Usaquén”, aseguró el secretario.El decreto que reglamentará estos espacios ya está en la puerta del horno y según Ramírez, sería emitido a finales de mayo o inicios de junio, para que empiece a implementarse de manera inmediata.El dinero que recaude el Distrito con estas zonas de valet parking, destaca el funcionario distrital, se utilizará para inversiones en el propio espacio público como andenes y calles, para retribuirle a la ciudad el lugar que se está ocupando.“El máximo tiempo que pueden estar los vehículos en el tiempo de servicio del valet parking son 3 minutos. La tarifa que se les cobrará a estas empresas es de $2’500.000 trimestrales”, indicó Felipe Ramírez.Los horarios de los nuevos valet parking funcionarán dependiendo del sitio donde se encuentren y de la actividad económica a la que se dediquen.Asimismo, para poder prestar este servicio, los empresarios deben tener una póliza para responder por los daños que le puedan causar al vehículo del cliente mientras está siendo conducido por el trabajador del sitio; es decir, si se raya un carro es el seguro el que deberá responder por los daños.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
Ricardo Salazar, vocero de MIO Usuarios, denunció que los casos de atracos y cosquilleos en el sistema del transporte masivo de Cali están en aumento, al punto que se presentan casos casi que a diario."Ya contamos con tres personas que han fallecido dentro del sistema, (entre ellos) una mujer que fue sicariada en pandemia en la estación Santa Mónica y el usuario que fue ultimado en la estación de la Troncal; son muchos factores que preocupan a los usuarios", dijo.Uno de los casos más recientes se presentó hacia las 11:00 de la noche de este lunes cuando, según la denuncia, tres sujetos ingresaron a un bus articulado que cubría ruta la E21, la cual se dirigía hacia la estación Álamos, norte de Cali, y atracaron con cuchillo a un pasajero, causándole heridas en su mano y rostro. Lea también:Según Ricardo, la situación es bastante critica, los usuarios se quejan de la falta de seguridad en las estaciones del sistema: "Las estaciones fueron recuperadas y ya, pero no vemos ningún indicio de seguridad, ni presencia de la autoridad, en algunas no hay cámaras", indicó. Señala que las denuncias van en aumento, a la vez que, expresan algunos usuarios, se presumen que existiría una banda de seis personas que, cuando el pasajero desciende del sistema, aprovecha para acorralarlo y hurtar sus pertenencias.A todo esto se suman los ataques sistemáticos contra los buses que vienen ocurriendo en los últimos días que han dejado capturas. Además, desde el MIO, usuarios denuncian que hay estaciones donde en el día evaden el pago hasta mil personas.Escuche más noticias:
