El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le salió al paso a la respuesta del Centro Democrático que manifestó que el expresidente Álvaro Uribe no distorsiona la verdad sobre falsos positivos y, por el contrario, ejecutó una serie de acciones para combatirlos.El Centro Democrático había dicho que la directiva que mencionaba Vivanco sobre pagos por información se refería a civiles y no a miembros de la Fuerza Pública “como equivocadamente lo afirma Vivanco”.El director de Human Rights Watch expuso en sus redes sociales un aparte de esa directiva de 2005 en la que se establece que el pago es a “personas indeterminadas” y dijo que el decreto 1400 de 2006 “también otorgaba pagos a militares”.También dijo que se otorgaban beneficios como permisos por “buenos resultados”.De acuerdo con Vivanco, “el expresidente Uribe y el Centro Democrático siguen distorsionando la verdad”.Entre otras cosas desmintió que él tenga vínculos con las Farc y le dijo al expresidente que él lleva “décadas acusando falsamente a cualquiera que lo critica con tener vínculos con las Farc”.En la respuesta del Centro Democrático también se establece que el gobierno de Uribe priorizó las desmovilizaciones y capturas sobre falsos positivos. Sin embargo, y el director de HRW señaló que no fue desde el inicio de su gobierno sino en una directiva emitida en 2007.“Además, durante su gobierno, los comandantes claramente priorizaron las bajas”, añadió.
El partido Centro Democrático respondió a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, que a través de un hilo en Twitter contradijo varias afirmaciones que hizo el expresidente Álvaro Uribe luego de que la JEP revelara que entre el 2002 y 2008 se presentaron, por lo menos, 6.402 casos de falsos positivos. Afirmó que “Uribe distorsiona la historia de los falsos positivos”.Uno de los puntos que calificó como falso el director de HRW fue la versión que entregó el expresidente Álvaro Uribe Vélez de que “nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de Fuerzas Armadas, mucho menos, por bajas en combate”, pues según Vivanco, sí hubo directivas que otorgaban recompensas y como prueba, adjuntó testimonios de libros de militares de la época.El Centro Democrático manifestó que las declaraciones de Vivanco son un “hostigamiento” al expresidente “y su sesgada participación en temas internos de Colombia siguiendo el libreto de sus aliados políticos”.Señalaron que la directiva 029 de 2005 se estableció para “definir los criterios para el pago de información y recompensa a particulares, no a los miembros de la Fuerza Pública como equivocadamente lo afirma Vivanco”.De acuerdo con el partido, las medidas que tomó el gobierno del expresidente Uribe lograron reducir las “conductas reprochables” de algunos miembros de las Fuerzas Armadas.“La actuación del expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a los llamados falsos positivos fue de cero tolerancia: retiro preventivo de 27 oficiales del Ejército de Colombia, desde los inicios del Gobierno”, manifestó el partido, y añadió que también adelantó gestiones para que la Fiscalía investigara en el lugar donde se presentaran bajas en combate y otras medidas para combatir ese problema.
Gran polémica generó un trino del general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, luego de que se conociera el más reciente informe de la JEP que reveló que los falsos positivos en Colombia no serían 2.248, como reportó la Fiscalía en su informe, sino que habría 4.154 víctimas más de estas ejecuciones extrajudiciales.Este fue el mensaje del general, al que adjuntó un video:El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se refirió al trino y le pidió al general Zapateiro aclarar a quién se refiere en el mismo:La representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus también reaccionó calificando el mensaje de inadmisible:El Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional rechazaron enérgicamente el informe de la JEP y aseguraron:“Rechaza categóricamente el reciente pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al ordenar públicamente investigaciones indeterminadas contra prestigiosos abogados que ejercen el legítimo derecho de defensa de comparecientes pertenecientes a nuestra Fuerza Pública, contraviniendo también, a través de otra providencia, a la Fiscalía General de la Nación en cuanto a los hechos denunciados formalmente de ejecuciones extrajudiciales en el llamado caso 003, sin que hasta el momento se conozca imputación alguna que comprometa de manera directa a presuntos responsables, modificando de manera exponencial la veracidad de lo ocurrido”.Agregaron que, desde el punto de vista penal, la realidad de los hechos solamente se puede determinar una vez se hayan cumplido las distintas etapas procesales en forma debida y bajo plenas garantías de seguridad jurídica.“Este tipo de imputaciones hechas en forma repetitiva, sistemática y publica a través de los distintos medios de comunicación, afectan de manera grave el honor y el buen nombre institucional, y explica suficientemente el interés de querer sumarse a la ofensiva sin precedentes que se viene realizando en contra de nuestros militares y policías, con el claro propósito de desmoralizar y desprestigiar, a quienes abnegadamente sirven al país, bajo el firme compromiso de defender la patria y su institucionalidad democrática”.
A través de su cuenta de Twitter, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, alertó sobre un posible desplazamiento forzoso en zona rural del municipio de Ituango, Antioquia.“Me preocupan los reportes sobre la situación de las veredas El Quindío, Quebrada del Medio, Las Arañas y El Alto del Limón, en Ituango. 120 familias estarían en riesgo de desplazamiento”, escribió el director de la organización internacional.BLU Radio consultó con el alcalde del municipio, Mauricio Mira, quien aseguró que algunos campesinos recibieron llamadas de grupos armados, pero con instrucciones y amenazas contrarias.“Un presidente de junta comunal recibió una llamada donde le informaban que se desplazara al casco urbano, pero otro recibió una llamada diciendo que no se desplazaran. En el primer momento dicen que fueron las disidencias y quien dice que no se retiren, el Clan del Golfo”, comentó el mandatario local.Las llamadas sembraron zozobra entre la comunidad que “está en vilo y no sabe si venirse o no”, según dijo el alcalde Mira.Sin embargo, aseguran que hasta el momento no ha llegado ningún desplazado al casco urbano.Tras un consejo de seguridad en el municipio, se definió con la Fuerza Pública reforzar la presencia militar en esta zona, aunque están allí constantemente.Por su parte, desde Human RIghts Watch le pidieron “medidas urgentes para proteger a la población” al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior.
En los últimos cinco años, desde la firma del acuerdo de paz, el país ha experimentado un inusitado crecimiento de asesinatos de defensores de derechos humanos a manos de disidencias o de otras estructuras armadas ilegales relacionadas con el narcotráfico, según HRW.El informe de la ONG se basa en datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que dan cuenta de que los asesinatos pasaron de 41 en 2015 a 108 en 2019.Justo por eso es que el organismo internacional hace duras críticas al gobierno del presidente Iván Duque al que señala de no haber hecho lo suficiente para investigar e imponer los castigos que correspondan a los responsables de estos crímenes.“El Gobierno ha desplegado militares en muchas zonas del país, pero no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas, educativas y a servicios públicos”, asegura la ONG que, además, dice que hay fallas en la Unidad Nacional de Protección para brindar seguridad efectiva a los líderes amenazados.Human Rights Watch reclama que el Gobierno tampoco ha implementado el plan de protección integral establecido desde el 2018 por el Ministerio del Interior, plan cuyos cuatro pilotos de implementación apenas empezaron.Sin embargo, destacó los esfuerzos de la Fiscalía para judicializar a los responsables de estos homicidios, por las 59 condenas contra los asesinos de defensores de derechos humanos, pero que, no obstante, “hacen falta esfuerzos mucho más serios para enjuiciar a quienes hayan ordenado estos crímenes”.Otra parte de la responsabilidad la tiene las autoridades nacionales, departamentales y municipales en muchas ocasiones no han respondido a las numerosas alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo.Sobre los móviles detrás del asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia, la ONG documentó los casos en seis regiones del país, entre ellos Cauca y Nariño, en donde los responsables de estos crímenes son disidencias de las Farc y otros grupos armados que se disputan el control territorial y el predominio en el negocio del narcotráfico.
Pese a los cuestionamientos hechos a los generales Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y Édgar Alberto Rodríguez Sánchez por la ONG Human Rights Watch, la Comisión Segunda del Senado aprobó el ascenso de los uniformados y otros 14 más del Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea. La promoción de Pinzón y Rodríguez fue defendida por la bancada del Centro Democrático.Por su parte, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo dijo que hay “cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a cualquier violación a la ley en los reglamentos”.Los senadores de la oposición Iván Cepeda y Antonio Sanguino se retiraron de la votación de ascensos militares y dejaron una constancia en la Comisión Segunda en la que indicaron que el Ministerio de Defensa insiste en promocionar a miembros de la Fuerza Pública denunciados e investigados por presuntos hechos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.Para culminar el ascenso de los 16 uniformados falta votar estos en la Plenaria del Senado.
Entre marzo y junio de este año, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 55 personas en 13 departamentos de Colombia incluidos líderes comunitarios, fiscales, organizaciones humanitarias, policías y residentes locales. En medio de estas investigaciones, la Organización pudo identificar que en los departamentos de Córdoba, Cauca, Nariño, Guaviare y Putumayo, al menos 9 personas fueron asesinadas por los grupos armados como una medida de brutales castigos al incumplir las reglas impuestas por estos grupos para evitar la propagación del Covid-19. Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias"En algunos sitios como Arauca, hemos identificado que los grupos han impuesto la obligación de usar máscaras para evitar el contagio, y si no se respetan las reglas impuestas por estos grupos, la pena es la muerte, el asesinato. Hemos documentado 9 casos", explicó José Miguel Vivanco director para las Américas de Human Rights Watch.Según Vivanco, la investigación pudo corroborar que los grupos armados "imponen toque de queda, estricta cuarentena y sin ninguna excepción. Si hay familia que necesita un urgencia de salud y es sorprendido por los grupos armados, las reglas de juego es que esa persona va a ser asesinada". Así mismo, el informe revela que los grupos armados, en su mayoría, el ELN a través de panfletos y mensajes de WhatsApp amenaza a las poblaciones para imponer restricciones a la circulación de personas, vehículos y embarcaciones.Los nueve asesinatos hasta ahora registrados por la Organización, sucedieron en los departamentos de Guaviare, Nariño, Cauca, Córdoba y Putumayo. Para Human Rights Watch, más que presencia de la fuerza pública se necesita la articulación de todos los instituciones y mayor presencia de la Fiscalía.
De acuerdo con Human Rights Watch, la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias se han cometido en las zonas de bajos recursos que dejaron de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro.El informe de HRW detalla que desde que se crearon las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), los agentes de esta fuerza “han cometido impunemente graves violaciones de derechos humanos”. Además, dice que desde 2016 más de 18 mil personas han muerto en “incidentes de resistencia a la autoridad”.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, “en medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro”.Además, entre junio y julio de 2019 fueron entrevistados testigos o familiares de 9 víctimas de abusos cometidos por miembros de la FAES en Caracas y un estado al interior de Venezuela. En todos los casos de presuntas ejecuciones investigados por la ONG, hubo familiares que dijeron que los agentes alteraron el lugar de los hechos, manipularon la evidencia, llevaban el rostro cubierto, llegaron en camionetas sin matrícula e irrumpieron en viviendas de bajos ingresos.Los testimonios también dan cuenta de la manera como los agentes de la FAES, siempre vestidos con el uniforme negro, obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. Además, dicen los testigos, robaban alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en el país por cuenta de la grave crisis económica y social que se vive en Venezuela.La ONG, además, relata cómo los agentes “aplicaron descargas eléctricas a un detenido, lo golpearon y patearon, y le cubrieron la cabeza con una bolsa plástica en la que habían rociado una sustancia química que le provocó picazón e inflamación en el rostro y la garganta”.Para HRW este tipo de actos constituyen en hechos de tortura y graves violaciones a los derechos humanos. Además, dentro de los testimonios se encuentran relatos de personas que cuentan cómo en las escenas de los hechos, los uniformados dejaban armas y droga para incriminar a las víctimas y sugerir que se habían “resistido a la autoridad”.Finalmente, HRW dice que no encontró evidencia alguna de que las autoridades judiciales afines al régimen de Nicolás Maduro hayan investigado de manera adecuada los casos y denuncias sobre las posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por las FAES.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, pasó por los micrófonos de Mesa BLU para contar la labor que adelanta desde la ONG más influyente en América Latina sobre derechos humanos y si se considera la “piedra en el zapato de gobiernos de la región”.“Hay de todo, mi vida es una vida que funciona los 7 días de la semana, yo trabajo con un equipo de personas altamente competentes, es por esta razón que talvez sigo en esto por casi tres décadas. Es un cargo en el que se tiene enorme responsabilidad porque no tenemos margen de error”, aseguró.Sobre cómo definen los temas de los informes, señaló que son decisiones muy complejas que se toman en equipo, sobre la base en la información con la que se cuenta y sobre la viabilidad de hacer un determinado estudio.Le puede interesar: Ante cuestionamientos de HRW, MinDefensa revela certificados de comandante de EjércitoVivanco advierte que a pesar de que hay una relación sobre la base de tensiones, la mayoría de los gobiernos de la región tienen con la ONG una comunicación profesional. “No nos adoran, pero de eso no se trata. Lo importante es ser siempre objetivos, estar encima del análisis de lo que uno investiga y hacer todos los esfuerzos necesarios para hacer el trabajo lo más profesionalmente, de tal forma que el gobernante se puede molestar”, puntualizó.“Nuestra intención, nuestro propósito no es estar permanentemente criticando, nos importa incentivar y generar condiciones claras para el cambio de conducta”, dijo, y al tiempo aprovechó para elogiar una reciente decisión del presidente Iván Duque en Colombia.“Hoy día festejamos una decisión que no tiene precedentes, tomada por el presidente Duque y que le da solución a niños venezolanos que han nacido acá, en condiciones de apátridas porque la dictadura de Maduro no los reconoce como ciudadanos. Se ha hecho una interpretación sólida y al mismo tempo creativa que refleja un grado de solidaridad tremendo”, agregó.Conozca también: Vivanco cuestiona directriz del Ejército de "doblar resultados operacionales"Finalmente resaltó que lo importante es tener un programa “realista, donde no se pida una utopía porque ahí se desprestigia”.“Lo que hay que hacer son propuestas concretas y que puedan ser apoyadas por otras entidades que puedan tener la fuerza para darle seguimiento a esas iniciativas”, concluyó.Escuche la entrevista completa con José Miguel Vivanco en el audio adjunto.
Robert Bernstein, un estadounidense que se caracterizó por su apasionada defensa de la disidencia y la libertad de expresión, y fue fundador de Human Rights Watch y director de la editorial Random House, murió este lunes a los 96 años, informó The New York Times.Le puede interesar: Violencia en Tumaco es cuatro veces más que el resto del país: Human Rights WatchSegún el diario, su hijo Peter confirmó la muerte del editor en un hospital de Nueva York.Durante su periodo a la cabeza de Random House -ahora parte de Penguin Random House- Bernstein publicó a autores estadounidenses como Toni Morrison, Dr Seuss y Gore Vidal, así como obras de disidentes soviéticos como Andrei Sájarov y Yelena Bónner, entre otros.Bajo su gestión, entre 1966 y 1990, la compañía se convirtió en una de las más grandes editoriales de interés general, con ingresos que pasaron de los 40 millones de dólares a 850 millones anuales, según el Times.Bernstein, judío, participó en la fundación de Human Rights Watch (HRW) en 1978 pero en 2009 se puso en contra de la organización al acusarla de estar sesgada contra Israel.Según dijo entonces, el grupo condenaba "muchos más" abusos de derechos humanos en Israel que en otros países de Medio Oriente dirigidos por "regímenes autoritarios con terribles historiales de recursos humanos".HRW, de la que se había separado en 1998, rechazó sus señalamientos."Robert Bernstein fue un verdadero hombre de principios", escribió en Twitter el editor ejecutivo de la revista Washington Examiner, Seth Mandel."Fundó Human Rights Watch y décadas después la denunció públicamente cuando se había apartado de su misión y convertido en una herramienta de totalitarismo anti Israel", escribió.Según el Times, Bernstein deja a su esposa Helen y tres hijos -Peter, Tom y William- así como a una hermana, 10 nietos y cuatro bisnietos.Sus memorias "Speaking Freely: My Life in Publishing and Human Rights" (Hablando libremente: Mi vida editorial y en derechos humanos), escrita con Doug Merlino, fue publicada en 2016.En 2011, a los 88 años, fundó un nuevo grupo llamado ‘Advancing Human Rights’, que él mismo presidía.
Cinco días cumplen 16 familias de Nariño esperando noticias de sus hijos y seres queridos que están purgando condenas en cárceles del Ecuador en donde el pasado martes 23 de febrero se presentaron motines simultáneos en Guayaquil y Quito.Estos hechos violentos dejan como saldo a cerca de 80 internos asesinados a manos de otros presos entre los cuales se encuentra un colombiano identificado como Ricardo Pérez González.Según Héctor Bastidas, abogado que está asesorando a los familiares de los colombianos, nadie les da razón de lo que pasó con estas 16 personas, las cuales todas están condenadas por el delito de narcotráfico y se encuentran en cárceles de Quito, Tulcán, y Guayaquil entre otras.El jurista manifestó que los familiares se han comunicado con el embajador de Colombia en Quito, Manuel Enriques Rosero, quien desde el mismo momento de las revueltas pidió información de la suerte de los colombianos, pero asegura que tampoco ha sido diligente dicha información por parte de la dirección de cárceles del vecino País.Reireiro Delgado, padre de Darwin Ariel Delgado Chamorro, colombiano condenado a 17 años de prisión por el delito de narcotráfico, le dijo a BLU Radio que desde el lunes 22 de febrero que fue la última vez que habló con su hijo no sabe nada de cómo está. Además, manifestó que en varias oportunidades otros reclusos han intentado invadir el patio conde se encuentra su hijo y que teme que le pase algo por el hecho de ser colombiano.Otros familiares, que pidieron el anonimato, indicaron que ante la imposibilidad de viajar al Ecuador la angustia e incertidumbre aumenta, pues de los 79 muertos solo se han entregado la identidad de al menos 30 personas, razón por la cual pidieron la mediación de la Cancillería Colombiana para saber a ciencia cierta que sucedió con sus seres queridos.
En su informe diario, el Ministerio de Salud reportó 142 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país.De acuerdo con el reporte, los fallecidos son:En total, 59.660 personas han muerto por coronavirus en el país.De otro lado, el ministerio informó que son 3.343 casos nuevos en el país llegando así a los 2.248.135 en total.Según el informe, 2.145.450 personas se han recuperado.
El Ministerio de Salud confirmó este sábado 27 de febrero, 3.343 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 2.248.135 en total.Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 59.660 tras el fallecimiento de 142 personas más.Lista de nuevos casos de Coronavirus en ColombiaBogotá, Antioquia y Valle son las regiones con más casos reportados.DEPARTAMENTOCANTIDADBOGOTÁ1.028ANTIOQUIA511VALLE405CUNDINAMARCA184BARRANQUILLA175SANTANDER163BOYACÁ97SANTA MARTA89CÓRDOBA78ATLANTICO68NARIÑO68MAGDALENA50CESAR48HUILA40META36CALDAS33QUINDIO32TOLIMA30RISARALDA29SUCRE28CARTAGENA27CASANARE26NORTE SANTANDER20CAUCA19GUAJIRA12AMAZONAS11BOLIVAR9CAQUETÁ8PUTUMAYO8ARAUCA3CHOCÓ3SAN ANDRES2VICHADA2GUAINIA1De igual forma, confirmaron que 2.145.450. personas se han recuperado del virus en el país, con lo que la cifra de casos activos es de 36.040.Este es el reporte del COVID-19 entregado por el Ministerio de Salud a través de su cuenta de Twitter.Mapa mundial del coronavirus COVID-19
La pandemia del COVID-19 ha permitido conocer historias cargadas de fuerza, lucha, pero sobre todo mucho amor, como el de la pareja de enamorados que se casaron hace 57 años y se vacunaron el mismo día contra el virus.Se trata de Ignacio Roldán y María de Jesús Martínez han cumplido a cabalidad la promesa de estar “juntos en la salud y en la enfermedad”.La historia fue conocida por Noticias Caracol desde donde se reveló que, a pesar de vivir muchas cosas en casi seis décadas juntos, nunca pensaron que les tocaría vivir la pandemia más grave de los últimos años.La pareja califica este acontecimiento como una dosis de vida, pues les permitirá ver nuevamente a sus cinco hijos, siete nietos y cuatro bisnietos.“Nos sentimos súper bien, eso es una bendición de diosito", dice emocionada María de Jesús Martínez, de 87 años.En 57 años de matrimonio han enfrentado momentos difíciles y las vicisitudes típicas de la convivencia, de las que salieron airosos por la fuerza del amor, y cosecharon una hermosa familia."Por ahí hemos tenido nuestros problemitas, pero después de un momentico eso pasa y así con el tiempo nos hemos comprendido”, comenta don Ignacio.Amor que no logró separar la pandemia, de la que recuerdan el día y el lugar donde los sorprendió."Nosotros estábamos por allá en Boyacá y llegamos a los ocho días, nos fuimos para donde un hijo allá en una finca y la semana siguiente empezaron con el tema, que mire, que ya hubo muertos, y ya no pudimos salir a ningún lado, ni siquiera en Bogotá", recuerda doña María.Fue un año difícil, donde no pudieron ver a sus seres queridos, donde no salieron ni a la puerta y tuvieron que extremar los cuidados."No salía tanto uno a la calle y estaba más bien retirado de las demás personas, hasta con los hijos”, cuenta María de Jesús.Y como hace 57 años que juraron frente al altar estar unidos en la salud y la enfermedad, esta semana recibieron, el mismo día, la vacuna contra el COVID-19. Una dosis de vida que les permitirá volver a compartir con sus hijos, nietos y bisnietos."Ya uno vive como más tranquilo y ahora darles concejos a los hijos para que se manden a vacunar y que manden a vacunar los niños", cuenta doña María."¿Las vacunas? Eso fue como si fuera para niños, eso no dolió ni nada, normal", resalta don Ignacio.Vea la historia completa realizada por Noticias Caracol aquí:
Un doblete del egipcio Mostafa Mohamed dio la victoria ante el Erzurum al Galatasaray (2-0) para consolidar el liderato en la Liga de Turquía, en el regreso a los terrenos de juego del colombiano Radamel Falcao.El goleador cafetero, que inició el choque en el banquillo, saltó al césped en el tramo final, en el minuto 85, en sustitución de Mostafa Mohamed.Fueron los primeros minutos de Falcao tras su lesión. Volvía a una convocatoria de Fatih Terim después de una dolencia muscular que sufrió en noviembre pasado y de la que recayó en enero pasado.Veinte encuentros sin jugar ha acumulado en el presente curso el delantero de 35 años que acumulaba, hasta ahora, únicamente 428 minutos en Turquía que había repartido en ocho partidos de la temporada.Volvió a la actividad Falcao con el partido desnivelado para su equipo en el Turk Telekom Stadium de Estambul.El Galatasaray aceleró poco antes del descanso y dos tantos de Mostafa Mohamed, en el 38 y el 45, encarrilaron el triunfo. Pudo ser mayor la ventaja del conjunto de Terim. De hecho, Emre Kilinc marcó pero el VAR anuló el tanto.Con la victoria, el Galatasaray consolida el liderato en la Liga de Turquía. Aventaja en tres puntos al Betiktas, que el martes se enfrentará al Yeni Malatyaspor en su encuentro de la vigésima sexta jornada.