Desde Brasil, el presiente Iván Duque se refirió a la carta enviada por José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch, al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien visitará Colombia este miércoles, 20 de octubre.El jefe de Estado fue enfático en decir que hay personas que quieren sacarle provecho a esta vista del secretario al país.“Por eso, algunos quieren sacarle provecho a la visita del secretario Blinken. Él no va a servirse para que vengan otros a tratar de opacar su visita haciéndoles el juego del protagonismo mediático, él viene a trabajar en una agenda migratoria y con Colombia en distintas materias”.“Él no atiende a presiones de nadie, aquí hay una relación de estado a estado y hay gente que le gusta el protagonismo y que le gusta siempre buscar primeras planas”, sostuvo Duque.Además, indicó que lo importante es trabajar con efectividad, ver la economía del país creciendo, generando empleo y oportunidades en todo el territorio nacional. “Eso es lo que hemos hecho”.Vea las declaraciones de Iván Duque:Le puede interesar: escuche y siga Noticias del día en Colombia, en Spotify
Por medio de una carta de cerca de cinco páginas, Human Rights Watch dio su concepto a la fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el por qué deben agilizarse los exámenes preliminares sobre crímenes cometidos en territorio colombiano.En la misiva con fecha del 30 de septiembre, HRW, que durante años ha seguido de cerca la evolución de la violencia en Colombia y los esfuerzos que hace la justicia transicional para dar respuesta a las víctimas, asegura que, “cerrar el examen preliminar, en deferencia de las investigaciones nacionales, resultaría prematuro y contraproducente para los afectados”.En ese sentido, HRW también insta a la fiscalía de la Corte Penal Internacional a que mantenga el examen preliminar abierto e intensifique sus esfuerzos para interactuar con las autoridades nacionales, las asociaciones de víctimas, sus representantes y otras organizaciones de la sociedad civil, todo con el objetivo de asegurar que existan procesos genuinos.La oenegé destaca el trabajo realizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a varios de los puntos priorizados por los magistrados de la corte en el último informe anual de 2020. Resultados en los que se interpreta la responsabilidad de mando de algunos casos.Cita como ejemplo la imputación de 26 personas, incluidos un exgeneral y varios coroneles, por casos de falsos positivos, y de ocho exaltos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por toma de rehenes y otros delitos conexos.Avances que, según la oenegé, no se evidencian en las autoridades judiciales colombianas con respecto a otros delitos, incluidos los delitos sexuales, de género y los procesos relacionados con la promoción y expansión de grupos paramilitares.Tras este análisis, en la carta se mencionan personajes de la vida política colombiana y propuestas que podrían afectar el desarrollo del trabajo de la justicia.“El expresidente Álvaro Uribe, mentor del presidente Iván Duque y líder del partido de Gobierno, ha propuesto recientemente una “amnistía” y “casi que un borrón y cuenta nueva”, una idea que recibió el apoyo parcial del dirigente opositor Gustavo Petro, quien lidera las encuestas para la elección presidencial de mayo de 2022. Posteriormente, Uribe propuso reformar la JEP y reducir las penas de prisión para los soldados”.HRW dice que las propuestas que planteó el expresidente Uribe forman parte, “de un patrón de acciones impulsadas por el partido gobernante, el Centro Democrático, para obstaculizar los avances de la JEP”.En la carta de respuesta a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, HRW dice que no cederán en sus esfuerzos para lograr que los Estados parte se ocupen, con carácter urgente, de proveer los recursos necesarios para que la Fiscalía pueda implementar su mandato en forma independiente, robusta y cada vez más eficaz en todas las situaciones.Le puede interesar: escuche y siga La Intérprete, en Spotify
El Estado colombiano, a través de la Agencia de Defensa Jurídica, logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara frente a las reelecciones presidenciales en América Latina y estableció que estas violan los derechos fundamentales. Lo cual confirma que en países como Bolivia, Venezuela o Nicaragua, podrían ser considerados como vulneradores de los derechos humanos.El pronunciamiento jurídico se constituye en un referente jurisprudencial para la región, según indicó el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Álzate.“Esta es una decisión trascendental porque define un precedente hacia el futuro es uno de los pronunciamientos de mayor trascendencia en la defensa de la democracia en América Latina y, sin duda alguna, marca un hito en el sentido de establecer con mucha precisión y claridad que la protección de los derechos humanos tiene como base fundamental la democracia y la democracia tiene a su vez como fundamento que no haya una perpetuación en el poder, como lo han intentado en Venezuela o Nicaragua”, indicó.A su vez, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destacó la decisión y señaló: “trascendental decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los magistrados dictaminaron que permitir la reelección presidencial indefinida es contrario a obligaciones regionales de derechos humanos. Esta decisión deja sin piso a varios autócratas que han tergiversado los DDHH para aferrarse al poder”.
Polémica ha generado en los últimos días el caso de Rebecca Sprösser, la ciudadana alemana que estaba vinculada con la primera línea y las protestas en Cali, y que fue expulsada del país.Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, explicó en BLU Radio las razones por las que fue expulsada la mujer: “Se trata de una mujer de 34 años que ingresó por turismo al país y que, finalmente, terminó desarrollando otras actividades, además de exponer su propia vida y situaciones que no son deseables para el ser humano”.Espinosa, además, agregó: “Ella ingresa con fines de turismo y empieza a documentar su participación en mecanismos de bloqueos y de generación de violencia, principalmente, en Cali, lo cual excede los permisos de turismo. Por esa situación se vio expuesta en una situación en la cual le dispararon a una persona con la cual ella se encontraba. Tras ese balance la decisión que se adoptó fue la de expulsarla”.El director aclaró que ella no había cometido delitos y que el proceso de expulsión se trato de una sanción administrativa.Asimismo, Espinosa respondió a las críticas de Human Rights Watch sobre supuesto incumplimiento de los estándares internacionales. “Es realmente difícil de comprender como se critica una situación que no se conoce. La forma en que procede Migración Colombia es de los estándares internacionales (…) Estoy muy tranquilo con la decisión que se tomó”, señaló.El director de Migración Colombia, finalmente, reiteró estar satisfecho con la expulsión de la ciudadana Rebecca Sprösser. “Yo quisiera que nos pusiéramos en el lugar de qué hubiese sucedido si a esa mujer Dios no lo quiera le pasa algo en Colombia. Es una decisión sana. Era el momento de hacer un alto”.
La alta consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una vez finalice los procesos de seguimiento, dará a conocer un informe con conclusiones y recomendaciones hacia el Estado colombiano."¨La comisión le dijo al presidente Duque que terminada toda la parte del seguimiento que se está haciendo y de oír a los diferentes sectores ciudadanos de Colombia entregará la próxima semana algún comunicado, que es lo que normalmente hacen. Entonces estaremos esperando", aseguró la alta consejera Nancy Patricia Gutiérrez.Según la funcionaria, se analizarán cada una de las observaciones que entregue el organismo internacional perteneciente a la Organización de los Estados Americanos - OEA.Además se refirió a las denuncias de organizaciones de derechos humanos internacionales sobre hechos de abusos de autoridad. Indicó que ya se hacen ajustes desde el punto de vista normativo en la Policía, con una reforma interna que impulsa el Gobierno desde el año pasado. ¨De hecho, el propio presidente Duque y el ministro de Defensa ya habían hecho unos anuncios. La ONG Human Right Watch presentó un informe en el que cuestiona acciones por parte de la fuerza pública y su posible participación en violación de derechos humanos. HRW habla de 68 muertos en las manifestaciones, de las cuales, 20 se pueden imputar directamente a la Policía.El número de desaparecidos asciende durante las protestas según la ONG internacional asciende a los 90 casos. Precisa que cerca de 400 casos se han denunciado, pero este número viene reduciéndose gracias a las investigaciones de la fiscalía colombiana. Pero la ONG deja constancia, que, aunque no están incluidas en el informe, hay tres denuncias sobre desaparición forzada.Otro de los cuestionamientos que plasmó HRW fue el uso de Vemon, el lanzador usado en las nuevas tanquetas del Esmad con los que se pueden arrojar simultáneamente cerca de 30 bombas lacrimógenas o aturdidoras para dispersar grupos. Elemento que, según la ONG, podría estar involucrado en las lesiones y muertes de personas en el contexto de las protestas.Frente a esto la alta consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, indicó que estos elementos cumplen con la ley y protocolos internacionales. ¨Las armas menos letales, son armas que se manejan y están dentro de los estándares internacionales¨.
BLU Radio conoció el duro informe de 21 páginas que presentó Human Rights Watch sobre las violaciones a los derechos humanos durante el paro nacional. Asegura que tienen documentación creíble sobre el asesinato de 16 manifestantes por parte de la Policía, dos casos de abuso sexual a manifestantes por parte de uniformados y hace una fuerte crítica al modo en que la fuerza pública ha usado los gases lacrimógenos asegurando que han sido disparados directamente a los manifestantes y no con el propósito de dispersarlos. El despacho de José Miguel Vivanco dice que la reforma a la Policía anunciada por el presidente Duque tiene medidas cosméticas que no previenen los abusos y que el sistema de juzgamiento de uniformados no ha sido efectivo ni siquiera en los casos del 2019.Humans Rights Watch presentó este miércoles, 9 de junio, un informe de 21 páginas en el que muestra la evidencia que logró recoger para demostrar que sí hubo brutalidad policial durante las protestas que iniciaron el pasado 28 de abril en Colombia y, principalmente, pide una profunda reforma a la Policía y que la justicia sea efectiva a la hora de juzgar a los uniformados responsables de delitos contra manifestantes. Asegura que, hasta ahora, no se han realizado avances significativos en la investigación de dichos casos de abuso ni en 2021, ni en los años anteriores, como los posiblemente registrados en la ola de manifestaciones en 2019.En uno de los puntos más preocupantes, Human Rights Watch dice que tiene pruebas creíbles sobre la responsabilidad de la Policía en el asesinato de al menos a 16 manifestantes con municiones letales disparadas con armas de fuego. Sobre los procesos judiciales contra policías implicados en abusos, dice que en la mayoría de los casos son juzgados en tribunales militares, donde hay pocas probabilidades de que respondan por esos abusos dada su “tradicional opacidad y falta de independencia”.El despacho de José Miguel Vivanco se refirió a la propuesta del presidente Iván Duque de reformar la Policía anunciada el pasado 6 de junio, asegurando que algunas de las medidas parecen cosméticas y no son suficientes para prevenir estos abusos.El informe cuestiona duramente el uso que la Policía ha dado a los cartuchos de gases lacrimógenos, asegurando que hay casos documentados donde se ve que los disparan directamente hacia los manifestantes y no hacia el cielo como debe hacerse para que pierdan potencia y cumplan el propósito de dispersar, igualmente con el sistema de lanzamiento de proyectiles múltiples, conocido como Venom, que permite disparar hasta 30 cartuchos de gas lacrimógeno, humo o aturdidoras por vez.Una de las recomendaciones que hace al Gobierno es presentar una disculpa a nombre del Estado colombiano, por abusos policiales cometidos durante las protestas y dice que está ante un posible desacato de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia por no cumplir con varias de las órdenes para evitar los excesos en las manifestaciones y sólo cumplir con la prohibición de la escopeta calibre 12 por parte del Esmad, que generó la muerte de Dilan Cruz en Bogotá, en 2019.Nada más el título del informe de Human Rights Watch da un abrebocas de delicado su contenido: “Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes”, en el que la división para las Américas de la organización con sede en Washington dice tajantemente que miembros de la Policía han cometido abusos gravísimos en contra de manifestantes, en su mayoría pacíficos durante las protestas que empezaron en abril de 2021.La base de esta investigación, según Human Rights Watch, está en la entrevista por teléfono o medios virtuales a más 150 personas que viven en 25 ciudades de Colombia. Aseguran que hablaron con víctimas de abuso policial de diferentes índoles, sus familiares y abogados, testigos, funcionarios judiciales, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos.Sobre las muertes en protestasHuman Rights Watch asegura que ha recibido denuncias creíbles sobre 68 muertes desde el comienzo de las manifestaciones. Sin embargo, dice tener la confirmación de que 34 de estas muertes sucedieron en las protestas dentro de las cuales se encuentran dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes.De los 31 manifestantes, la organización dice que al menos 20 parecen haber muerto a manos de policías y destaca que civil armados también han asesinado a por lo menos cinco manifestantes.En uno de los puntos más preocupantes, Human Rights Watch dice que tiene pruebas creíbles sobre la responsabilidad de la Policía en el asesinato de al menos a 16 manifestantes con municiones letales disparadas con armas de fuego. Sobre los heridos y detenidos en protestasTomando como base la información del Ministerio de Defensa, Human Rights Watch asegura que es probable que los manifestantes sean muchos más que los 1.100 reportados por las autoridades, porque muchos no se han denunciado.También hace una fuerte crítica a la detención de más de 5.500 con el propósito de ser trasladadas a centros de protección, asegurando que tienen pruebas de múltiples casos de detenciones arbitrarias, incluyendo varios en los que la policía empleó la figura de “traslado por protección”.Sobre violencia sexual en protestasLa organización Human Rights Watch dice que tiene pruebas y testimonios de dos casos de violencia sexual por parte de policías contra manifestantes.Aunque las referencias en contra de la violencia contra uniformados y los bloqueos no es el enfoque principal del informe y está retratada en una menor dimensión, Human Rights Watch dice: “La violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial".Sobre el funcionamiento de la Policía y el juzgamiento de uniformadosPara José Miguel Vivanco y su equipo es fundamental exista una separación en las funciones de la fuerza pública de Colombia, que ha sido conformado y dirigido por el Ministerio de Defensa, tanto para combatir grupos armados y ahora responder a eventos sociales como la protesta. “En situaciones de conflicto armado, el uso de la fuerza se rige por el derecho internacional humanitario, y las reglas son muy distintas a las de contextos civiles, tales como en protestas”.Sobre los procesos judiciales contra policías implicados en abusos, dice que en la mayoría de los casos son juzgados en tribunales militares, donde hay pocas probabilidades de que respondan por esos abusos dada su “tradicional opacidad y falta de independencia”. También se refiere al trabajo de la Fiscalía, que adelanta investigaciones penales, asegurando que tampoco ha logrado avances suficientes en sus investigaciones sobre abusos cometidos durante esas protestas.En este informe, el despacho de José Miguel Vivanco reacciona al anuncio del presidente Iván Duque de transformar la Policía para respetar los derechos humanos en todos los operativos sin excepción: dice que algunas de estas medidas como la reforma del sistema disciplinario podrían tener un impacto positivo para prevenir y sancionar abusos policiales pero que otras “parecen ser más bien de carácter cosmético y, en general, las reformas propuestas no son suficientes para prevenir violaciones de derechos humanos y garantizar justicia por los abusos”.Sobre el uso de armas letales por la Policía en protestasEn este punto, Human Rights Watch dice que, aunque la Policía ha dicho que no ha usado armas letales en las manifestaciones, corroboró varios videos en los que se ve a policías disparando armas de fuego, en circunstancias en las cuales no parecía haber un riesgo para la vida o la integridad física de una personaEstos son los casos que cita Human Rights Watch sobre principalmente jóvenes que murieron por disparos letales en las marchas: Kevin Agudelo, de 22 años; Nicolás Guerrero, de 26 años; Yinson Andrés Angulo Rodríguez, de 23 años; Edwin Villa Escobar, de 38 años; Marcelo Agredo Inchima, de 17 años en Cali y el caso de Santiago Andrés Murillo, de 19 años en Ibagué.Sobre el uso de gases lacrimógenosEl despacho de José Miguel Vivanco hace una fuerte crítica a la manera en que se han disparado los gases lacrimógenos “con armas antidisturbios de forma imprudente y peligrosa en varias ocasiones”, asegurando que no se han disparado como se debe, hacia el cielo para reducir la velocidad de la trayectoria de los proyectiles sino que tienen evidencia como videos y testimonios de que policías dispararon los cartuchos directamente hacia los manifestantes.Critica también el uso del sistema de lanzamiento de proyectiles múltiples, conocido como Venom, que permite disparar hasta 30 cartuchos de gas lacrimógeno, humo o aturdidoras por vez y que, según Human Rights Watch, “corroboró varios videos de la policía utilizando el Venom desde el suelo y disparando de forma directa contra los manifestantes en Popayán”.Human Rights Watch documentó casos de siete personas heridas y tres fallecidas, al parecer, como resultado del impacto de cartuchos de gases lacrimógenos. Estos casos incluyen los siguientes: Brayan Niño Araque, de 24 años, Juan Pablo Fonseca, de 25 años, Joan Alejandro Martínez Díaz, de 20 años.Los casos de violencia sexual en protestasHuman Rights Watch asegura en el informe que documentó dos casos de violencia sexual cometidos por policías contra manifestantes. Incluye los crudos relatos de dos víctimas: Marta Alejandra Aguilar (seudónimo), de 18 años, y Jessica Amaya, de 32 años, que denunció formalmente ante la Fiscalía sin que hasta el momento se haya presentado alguna acción contra los uniformados implicados.En el primer caso presentado en Palmira, Valle, los uniformados detuvieron a un grupo de manifestantes y aunque los trasladaron al centro de protección, donde habría sucedido el abuso sexual, nunca se les acusó de ningún delito, ni fueron llevados ante un fiscal o juez.En el segundo caso, presentado en Yumbo, Valle del Cauca, la joven dice haber quedado inconsciente tras recibir golpes del Esmad y despertar con heridas, su ropa rota y presentar señales de abuso sexual, según un análisis particular realizado posteriormente.Detenciones e imputaciones que serían arbitrariasasegura tener evidencia de 27 casos de personas que parecen haber sido detenidas de manera arbitraria y señala que la figura de imputar el cargo de “terrorismo” está siendo empleada de manera incorrecta y desproporcionada por la Fiscalía porque esta acarrea una sanción judicial muy grande. Finalmente, el despacho de Vivanco asegura que aunque el director general de la Policía, general Jorge Luis Vargas, dijo que no se enviaron policías vestidos de civil a operativos de control de manifestantes, logró corroborar con videos que muestran que policías vestidos de civil detuvieron a manifestantes que estaban bloqueando una autopista en Cali el 17 de mayo.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que el paro nacional, que completó un mes este 28 de mayo, ha sido aprovechado por organizaciones criminales para desprestigiar al país.“(…) Por eso yo he salido a varios medios internacionales a desvirtuar muchas cosas que están pasando, para que se den cuenta de que no es lo que a veces han registrado, que a veces las informaciones que han dado son completamente falsas. Hablar de una cantidad de decenas de muertos y desaparecidos cuando en la práctica no es así”, señaló Ruiz.A la pregunta del periodista de Vice, David Noriega, sobre si reconoce o no que ha habido decenas de muertos durante este paro nacional y muertos que, según varios observadores, han sido a manos de la fuerza pública, el ministro respondió que dichas muertes están relacionadas con riñas, entre otros delitos, y no con el paro."No me consta, pero lo que sí me he podido leer y documentar es que muchos muertos no han sido como consecuencia del paro que ha habido. Son hechos aislados que se presentan por riñas callejeras, por intento de hurto, de robo, etc., y también hay muertos por otros diferentes sectores. Decir que los muertos que ha habido son exactamente como consecuencia del paro, eso es totalmente falso”, agregó.Las declaraciones del ministro Ruiz generaron la reacción del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien las calificó de “lamentables”.“Reveladoras y lamentables declaraciones del ministro de Justicia del presidente Iván Duque”, expresó Vivanco a través de su cuenta de Twitter.Escuche la información en el audio adjunto:
La alcaldesa Claudia López anunció que este miércoles se le entregará a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncias e información recopilada sobre las supuestas violaciones de derechos humanos y excesos de la fuerza pública en el marco del paro nacional, en Bogotá.Durante su discurso, la alcaldesa dijo que esto se hace con el fin de aclarar qué sucedió en la capital del país durante el paro, que ya completa 27 días, y para que haya garantías de no repetición.“Le pediremos su asistencia para que una misión independiente nos ayude a establecer los hechos, y los canales de reparación y garantías de no repetición”, aseguró la alcaldesa.Además, agradeció a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, por apoyar a la misión independiente que revisará la información.Vea aquí las declaraciones de la alcaldesa Claudia López:
A través de un duro discurso, la alcaldesa Claudia López realizó varios anuncios para la ciudad de Bogotá en temas presupuestales, de vacunación e, incluso, en cuanto a las protestas que se han registrado en el marco del paro nacional.Sobre el tema, la alcaldesa aseguró que luego de su recuperación del COVID-19 tuvo tiempo para “reflexionar” sobre las causas de la protesta. “La ciudadanía lleva un mes hablándonos. somos nosotros quienes debemos dar los pasos para reconstruir la confianza, el dialogo y las soluciones a las crisis que atravesamos”.López aseguró que por ello se cambiarán las prioridades del presupuesto de Bogotá anunciando que se cambiará la destinación de dos billones de pesos para un programa social de emergencia.“Un programa de educación y empleo de emergencia para jóvenes y mujeres, de renta básica para todas las familias en pobreza extrema, de atención humanitaria para que nadie pase hambre, de nutrición y educación preescolar para cuidar a todos los niños y posibilitarles a sus mamás que puedan volver a trabajar, a pasar de 20.000 a 50.000 cupos de educación superior pertinente y gratuita para los jóvenes, y a invertir más en sectores que generan alto empleo en Bogotá como la construcción de vivienda, vías locales, parques y también en sectores como telecomunicaciones y marketing digital”, dijo.Dijo que los detalles del plan se explicarán este martes y para buscar su aprobación se convocarán a sesiones extras al Concejo de Bogotá para que se pueda ejecutar “pronto”.Agregó que con las protestas se pueden ver un “contundente cambio de prioridades de la ciudadanía” a la que le importa el hambre, el desempleo y el derecho a tener un mejor futuro.“Las prioridades de la ciudadanía cambiaron y por lo tanto las mías, las de la sociedad, las del Gobierno Nacional deben cambiar. Así que voy, vamos, a dejar de reaccionar a la jornada de paro de cada día, como si fuera exclusivamente un problema de bloqueo a la movilidad, y voy, vamos a ocuparnos del rescate social, económico y de legitimidad que nos reclaman los ciudadanos y en particular los jóvenes en las calles”, afirmó.OFRECIÓ PERDÓN A LA CIUDADANÍAEn medio de su discurso, la alcaldesa Claudia López se refirió a las denuncias que se han recibido sobre violaciones de derechos humanos en Bogotá en medio de las protestas por el paro nacional y, sobre el tema, ofreció perdón a la ciudadanía que se ha visto afectada por algún tipo de abuso.“A los jóvenes, ciudadanos y familias agredidas en estas semanas debemos ofrecerles perdón, sin peros ni atenuantes, perdón por los abusos cometidos contra su legítima movilización y reclamos”, puntualizó.SE SOLICITARÁ APOYO A LA ONUSobre las protestas, la alcaldesa Claudia López anunció que este miércoles se entregarán a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas todas las denuncias y evidencias que tienen sobre violaciones a los derechos humanos durante el paro en Bogotá.Además, informó que se solicitará apoyo para que una misión independiente “ayude a establecer los hechos, y los canales de reparación y garantías de no repetición”.“Le agradezco a Human Rights Watch y a su director para las Américas, José Miguel Vivanco, que apoyará a la misión independiente en esta tarea”.REAPERTURA ECONÓMICA EN BOGOTÁA propósito de los anuncios económicos, la alcaldesa reveló que todos los sectores económicos de Bogotá se reactivarán desde el 8 de junio.“La gente necesita trabajar para salir adelante”, dijo.Afirmó que la mayor generación de empleo y oportunidades no vendrá de subsidios, sino de empleos que llegarán del sector privado.Además, aseguró que el jueves se explicará en detalle el tema de protocolos de bioseguridad, ventilación y cuidado.VACUNACIÓN DE PROFESORESEn su discurso, Claudia López también anunció que desde este martes inicia la vacunación de todos los profesores de colegios y jardines públicos de la ciudad.“Para que los niños, niñas y jóvenes puedan volver a estudiar y sus padres a trabajar”, explicó.MENSAJE A LOS JÓVENESFinalmente, la alcaldesa de Bogotá envió un mensaje a los jóvenes, quienes, aseguró, están siendo escuchados en medio de las protestas.“La mayoría de la sociedad los escucha, los entiende, los apoya. No pierdan eso. Es la fuerza serena, no es la fuerza de la rabia ni de la violencia, es la perseverancia organizada y pacífica y es la representación directa de su propia voz la que los va a sacar adelante”, puntualizó.Además, les pidió que usen las plataformas de diálogo para lograr objetivos como una reforma “civilista de la Policía o un plan nacional de rescate social y económico de la juventud y su derecho a ser elegidos representantes de sus regiones o senadores de su país a los 18 años”.“No puede ser que a esa edad ustedes sean mayores de edad para votar, para pagar impuestos, y no para representarse directamente en el Congreso, que es dónde se hacen y sobre todo se dejan de hacer, las reformas de inclusión y garantías que están reclamando. No le deleguen a otros su propia voz y representación, gánensela y ejérzanla y no se trancen por nada menos que esas tres victorias: una reforma para tener una Policía civilista, un pacto social que los incluya y su derecho a representarse directamente en el Congreso de la República. Que ese sea el legado de su generación. Que ese sea el legado de esta movilización”, finalizó.
Este martes es la jornada 14 del paro convocado por varios sectores sociales, movilización que de manera dolorosa terminó manchada por la violencia y por la muerte.Anoche se confirmó el primer muerto durante las protestas en Bogotá, se trata de Daniel Alejandro Zapata, quien según organizaciones sociales, falleció como consecuencia del impacto en la cabeza de un artefacto lanzado por el Esmad durante las manifestaciones del pasado primero de mayo en el sector de Banderas, suroccidente de la ciudad.En medio de los enfrentamientos que se tornaron violentos anoche en el Portal Américas de Transmilenio, la Secretaría de Gobierno de Bogotá reportó que Diego Palma, resultó herido en el pecho por el disparo de un arma aturdidora por parte de un agente del Esmad y también denunció que su traslado a un hospital se demoró porque los propios manifestantes, atacaron la ambulancia que llegó a atenderlo.Este lunes en la noche, también la Justicia Penal Militar, ordenó la captura de dos oficiales, entre ellos un mayor de la Policía, por haber presuntamente asesinado al joven Santiago Murillo de 19 años con un disparo en el pecho, en medio de las manifestaciones del primero de mayo en la ciudad de Ibagué.La Inspección de la Policía informó que desde el 28 de abril se han iniciado 62 procesos disciplinarios y 10 casos se han enviado a la Procuraduría General de la Nación. Además, reveló que cinco uniformados han sido suspendidos de sus funciones.Anoche la comunidad de la zona de Siloé, en Cali, de nuevo reportaron enfrentamientos con la Policía y aseguran que 22 personas resultaron lesionadas.La otra arista muy dolorosa y grave que vivimos en medio de este desangre, es la de los civiles armados, a manera de autodefensas, como en el caso del joven estudiante Lucas Villa, quien hace una semana, mientras terminaba una protesta pacífica, recibió ocho disparos en su cabeza de un grupo de sicarios que iban en una camioneta por el viaducto entre Pereira y Dosquebradas.En medio de la falta de claridad y prontitud por parte de la Fiscalía para entregarle al país la cifras concretas de la violencia que hoy recorre muchos lugares del país, la cifra más reciente la entregó Human Rights Watch, a través de su jefe para las Américas José Miguel Vivanco quien anoche reportó haber recibido denuncias creíbles de 46 muertes en las protestas, 13 de ellas relacionadas con manifestaciones (12 manifestantes y un policía).Este desolador panorama solamente lleva a una reflexión: hay que parar esto, hay que lograr acuerdos y poner a andar de nuevo al país.Escuche el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
Marlon Pabón Castro, subcoordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), en Sala de Prensa BLU, advirtió sobre los riesgos de la suspensión de la Ley de Garantías en el proyecto de ley del presupuesto general de 2022.Según Pabón, están en riesgo los recursos del Estado, pues se podrían desviar y así apoyar las campañas electorales de distintos candidatos.“La modificación que se hace con la Ley de Garantías es permitir que se celebren convenios interadministrativos en el marco de las elecciones. Tenía un fin en específico y era evitar que esos recursos públicos se destinaran para apoyar ciertas campañas”, señaló Pabón Castro.Además, agregó: “Los recursos del Estado están en juego. Estos recursos pueden ser empleados por cualquier mandatario para beneficiar ciertas campañas, eso es lo que está en juego”.Una de las justificaciones para suspender la Ley de Garantías fue la reactivación económica, a eso el subcoordinador respondió: "No sabemos qué tan probable se reactive la economía vía contratos interadministrativos".Escuche la entrevista completa en Sala de Prensa BLU:
Eulalia Luango tiene 5 familiares que se encuentran desaparecidos. Uno de ellos es su hijo que se presume estaría enterrado en el cementerio Nuestra señora de La Macarena, en el departamento del Meta. En este lugar se han recuperado 386 cuerpos para su posterior identificación, allí algunos familiares de víctimas de desaparición forzada estuvieron para acompañar la exhumación de los últimos cadáveres documentados que estaban enterrados como no identificados.Eulalia asegura que en este lugar están los restos de su hijo: "la guerra fue muy injusta con nuestros hijos, nosotras no parimos hijos para la guerra. Tuvimos nuestros hijos para que salieran adelante, no para que los mataran, él era un niño porque tenía 15 años. De mis cinco desaparecidos, solamente he encontrado dos pero sigo en la lucha".Luz Yaneth Llanos lleva 20 años buscando a su hija, ella desapareció en Monterrey, Casanare, y desde entonces no ha sabido nada de ella: "estoy en el cementerio en búsqueda de alguna noticia, de saber algo y si de pronto se encuentra acá en La Macarena".Carolina Hoyos es abogada del colectivo Orlando Fals Borda y asegura que este proceso es muy importante con el fin de que los familiares puedan algún día terminar con la incertidumbre sobre sus seres queridos: "en este cementerio se sepultaron alrededor de 460 cuerpos, de los cuales se han exhumado 386 cuerpos y desde el momento de intervención se han identificado de manera plena 40 cuerpos, los cuales fueron devueltos a sus seres queridos".Los familiares ahora esperan que en este cementerio se realice un monumento en homenaje a las víctimas de desaparición forzada y están documentando estos casos para que la JEP pueda determinar la responsabilidad de algunas unidades militares que presuntamente estarían vinculados a estos casos.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
El próximo 31 de octubre se cierra la temporada de matrículas de 2022 para cupos nuevos en los colegios oficiales, mientras que la renovación para estudiantes antiguos se podrá realizar desde el 1 de diciembre.La Secretaría de Educación pone a disposición de niños, niñas y jóvenes 97.905 cupos en las 20 localidades de la capital del país. De estos, 42.149 son para los estudiantes de primera infancia, 23.606 para primaria, 14.737 para secundaria, 6.802 para media, 719 para aceleración de aprendizaje y 9.892 para adultos y jóvenes de más edad.Para poder realizar su inscripción sin ninguna duda, la Secretaría de Educación ofrece cuatro canales virtuales de atención que tienen como función brindar la orientación necesaria en los trámites y solicitudes de las y los ciudadanos.- Línea de atención telefónica 3241000- Chat virtual ubicado en la página www.educacionbogota.edu.co- Línea 195- Correo electrónico: contactenos@educacionbogota.edu.coProceso para estudiantes nuevos- Ingrese a www.educacionbogota.edu.co- Oprima el botón ‘MATRICÚLATE AQUÍ’- Seleccione la opción ‘SOLICITA CUPO ESCOLAR’ y diligencie el formulario con la información verídica.¿Cómo saber si obtuvo un cupo en el Distrito?- Ingresar a www.educacionbogota.edu.co- Dar clic en botón ‘Matricúlate aquí’- Dar clic en botón ‘Consulta el estado del estudiante’.Los resultados para los grados de educación inicial, como jardín, prejardín y transición, se publicarán a partir del 15 de octubre de 2021 de manera progresiva.Así mismo, los resultados de los grados de primero de primaria en adelante se publicarán desde el 3 de diciembre de 2021 de manera progresiva.Estos resultados serán notificados a través de mensajes de texto al celular y/o correo electrónico.Proceso para estudiantes antiguos- Ingrese a www.educacionbogota.edu.co:- Dar clic en el botón “Matricúlate aquí”.- En la pestaña ‘Estudiantes antiguos oprimir la opción ‘Continuidad’- Diligenciar el formulario adjuntado.Este proceso podrá realizarse a partir del 1 de diciembre de 2021.Siga y escuche la Intérprete en Spotify:
El parque Salitre Mágico de Bogotá se pronunció luego de que en la noche del 22 de octubre en la pantalla de la rueda de Chicago apareciera el letrero de “Uribe, paraco hijue…”. Este hecho, como era de esperarse, se viralizó en las redes sociales.En el comunicado, el Salitre Mágico rechazó lo sucedido y aseguró que ese mensaje no refleja la ideología ni el compromiso del parque.“Salitre Mágico Bogotá lamenta y rechaza el hecho presentado el viernes 22 de octubre en las instalaciones del parque, en donde en la pantalla de la rueda de Chicago se publicó un mensaje que desde ningún punto de vista hace parte de la ideología y compromiso del parque, que solo busca momentos de alegría y diversión en sus asistentes”, dice el texto.Además, señala que al ser una empresa privada respeta las ideologías políticas, pero sin apoyar los mensajes de odio.Por lo sucedido, el parque anunció una investigación interna para garantizar que esto no vuelva a pasar en un futuro.“Salitre Mágico como empresa privada, respeta todas las ideologías políticas, pero no comparte ni apoya actos que buscan generar discordia. Por tal motivo, la situación presentada será motivo de investigación y vigilancia para garantizar que no se vuelva a presentar a futuro. Lamentamos nuevamente lo sucedido”, se lee al final del comunicado.Siga y escuche el podcast Sin tabú: relaciones, sexualidad y sexo
Ewald Scharfenberg, coeditor de Armando Info, sitio web venezolano de periodismo de investigación, habló en Sala de Prensa BLU sobre el caso de Alex Saab, tras su extradición a Estados Unidos por presuntamente ser testaferro de Nicolás Maduro.En primer lugar, Scharfenberg habló sobre los reportajes e investigaciones que ha hecho alrededor del tema de Saab."Tenemos más de 30 reportajes publicados desde el 2015 acerca de Alex Saab. (…) En un reportaje estábamos trabajando con una base de datos de la Fiscalía de Ecuador y tropezamos con el nombre de Alex Saab”, dijo.Además, añadió: “El segundo caso en el que nos tropezamos con Alex Saab fue en 2016 con los Panamá Papers y era el de una petrolera en la que Alex Saab era el dueño y, por cierto, el presidente ejecutivo era el concuñado de Gustavo Petro, que ganó una licitación por 3.000 millones de dólares asignada a dedo”.Scharfenberg afirmó que luego de varias de las investigaciones en 2017 se comprobó que Saab se había convertido, sin que nadie lo nombrara, en el principal proveedor del programa social de Maduro, que subsidia productos de primera necesidad”.“Descubrimos que la leche en polvo que estaba distribuyendo era tan mala que tenían que tomar 40 vasos de esa leche para conseguir el suministro de calcio para un niño. Era una combinación de concentración de negocios, sobreprecios más mala calidad”, añadió.El periodista destacó que lo que se ha encontrado sobre Alex Saab apenas es la punta del iceberg y que Saab sí podría contar varios secretos a Estados Unidos, pues “tiene información sobre el régimen de Maduro y sus finanzas”.Finalmente, Scharfenberg indicó que con las investigaciones que aún continúan y "por las pistas encontradas, “hasta un expresidente de Colombia pueda aparecer en todo este entramado”:Escuche la entrevista completa en Sala de Prensa BLU:Siga y escuche la Intérprete en Spotify:
