La orden ejecutiva que el Gobierno de Joe Biden emitió el martes para restringir de forma drástica el derecho de asilo en Estados Unidos "pone en riesgo a miles de personas", además de ser contraria a las convenciones internacionales sobre derechos humanos y sobre los refugiados, denunció este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).La orden, recuerda HRW mediante un comunicado, equivale a cerrar la frontera a los solicitantes de asilo a partir de cierto número (2.500 de media durante 7 días) pese a que el artículo 31 de la Convención de Refugiados deja claro que toda persona tiene derecho a pedir protección en las zonas limítrofes.La orden ejecutiva se ha decidido "concentrándose en cifras arbitrarias en lugar de en seres humanos (e) ignora el daño potencial a individuos, familias y niños que pueden ser obligados a regresar por la fuerza al peligro", según dijo Vicki B. Gaubeca, directora asociada de políticas migratorias en EE.UU. en la organización.Gaubeca señala además que es una política que replica las políticas anti-inmigración más duras del Gobierno de Donald Trump (2017-2021), "alimentando el temor contra los inmigrantes" y tratando de aparentar ser más duros en el control de las fronteras.De hecho, Gaubeca inscribe la orden en el contexto de "este teatro político que aparece siempre en cada ciclo electoral presidencial", y lamenta que en lugar de ello Biden no haya optado por "crear un enfoque equilibrado y de respeto a los derechos para gestionar la frontera con México".Sin embargo, recuerda que esta no es la primera restricción al derecho de asilo de la Administración Biden, y recuerda una primera limitación el pasado año (con una ley que obligaba al inmigrante a registrarse en una app telefónica o a solicitar el asilo en un país de tránsito), más los planes para reforzar cada vez más la cooperación entre los departamentos de Justicia y Seguridad (interior) con una óptica cada vez más policial.
La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles el "uso ilegítimo" de la fuerza letal contra los palestinos por parte del Ejército israelí, que mató a personas que “no suponían una amenaza aparente para su seguridad” en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, donde se registraron 492 muertes por esa causa solo en 2023.“Las fuerzas de seguridad israelíes mataron más del doble de palestinos en Cisjordania en 2023 que en cualquier año desde que comenzó la recolección sistemática de datos en 2005”, apuntó la organización en el informe titulado ‘Cisjordania: Asesinatos ilegítimos de palestinos a manos de las fuerzas israelíes’.En 2023 murieron a manos de las fuerzas israelíes 492 palestinos -entre ellos 120 niños- en Cisjordania y Jerusalén Este, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). Del total, 300 fallecieron en los tres meses posteriores al ataque de Hamás del 7 de octubre.Del lado israelí, 25 civiles y cinco militares murieron por ataques de palestinos en 2023.“La tasa de asesinatos fue aún mayor durante el primer trimestre de 2024” apuntó HRW. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2024, los palestinos muertos en Cisjordania ocupada sumaron 131 personas.Política de dominaciónEl informe de HRW se basa en el estudio de ocho incidentes fatales, entre los que se encuentra el asesinato de Taha Mahamid, de 15 años, y su padre Ibrahim, de 58, en Tulkarem, noroeste de Cisjordania, el 19 de octubre.El niño fue abatido a tiros al salir a la calle a mirar a los vehículos militares y su hermana grabó los hechos con su teléfono. Cuando su padre acudió a recoger el cadáver recibió un disparo en el abdomen por el que fue hospitalizado y que acabó con su vida del 29 de febrero, según conoció OCHA.Durante una redada en Jenín, norte de Cisjordania, el 8 de diciembre, las fuerzas israelíes mataron también a Sidqi Zarkaneh y Tareq Damaj, de 29 años, y Atta Shalabi, de 46, “aparentemente desarmados”. En el vídeo, revisado por HRW, Zarkaneh recibe al salir de su automóvil. Damaj, que aparcó junto al vehículo del herido para asistirlo, también fue abatido.“A pesar de décadas de homicidios ilegítimos de palestinos en situaciones policiales, las autoridades israelíes continúan utilizando tácticas que contravienen las normas internacionales de derechos humanos”, denunció la organización, y señaló que “no utilizan el mismo patrón de fuerza legítima ilegal contra los judíos israelíes”, en referencia al repunte de ataques por parte de colonos, muchas veces armados y amparados por soldados, en Cisjordania.“Esto indica que el uso ilegítimo excesivo de la fuerza es discriminatorio y utilizado para fomentar su política de dominación de los judíos israelíes sobre los palestinos”, concluyó.Le puede interesar:
El pasado 26 de enero el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó la inhabilitación administrativa contra la candidata opositora en Venezuela María Corina Machado, por lo que no podrá participar en las elecciones presidenciales en ese país. Human Rights Watch se pronunció.Desde entonces diferentes presidentes han rechazado públicamente está decisión, e incluso Estados Unidos aseguró que evaluaría su decisión de empezar a levantar sanciones a Venezuela, pues uno de los compromisos para este proceso era que se permitieran unas elecciones libres en ese país.El presidente Gustavo Petro aún no se pronuncia públicamente sobre el caso y por eso desde la organización Human Rights Watch le enviaron una carta pidiéndole que lo haga.“Cualquiera sea la afinidad política de los gobernantes de la región con la señora Machado, defender su derecho a participar en las elecciones es defender el derecho de todos los venezolanos, incluyendo de quienes la eligieron como representante de la oposición, a participar en elecciones justas y libres”, señala la carta.Desde Human Rights Watch también aseguran que esta decisión viola los derechos políticos de Machado y amenaza los derechos de todos los venezolanos a participar en elecciones justas y libres.“Señor presidente, espero que el gobierno de S.E. pueda aprovechar su acceso al gobierno de Maduro para desempeñar un rol positivo en este momento determinante para el futuro de Venezuela. Asegurar un retorno de una democracia respetuosa de los derechos humanos en Venezuela debe ser una prioridad de toda la región y en especial de Colombia”, señala la misiva enviada a Petro.
La oenegé Human Rights Watch (HRW) acusó el jueves a Meta de restringir el contenido propalestino en Facebook e Instagram, denunciando una "censura en línea sistémica" desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás."Las políticas y los sistemas de moderación de contenido de Meta están silenciando cada vez más las voces a favor de Palestina en Instagram y Facebook", escribió en un informe de 51 páginas publicado el jueves.Esta censura es "particularmente dañina en un período de terribles atrocidades y represión que ya sofocan las voces de los palestinos", dijo Deborah Brown, subdirectora interina de la división de tecnología y derechos humanos de HRW, citada en el comunicado de la ONG.El martes, el consejo independiente de vigilancia de Meta criticó a las plataformas del gigante de las redes sociales por una política de moderación demasiado restrictiva en el marco del conflicto entre Israel y Hamás.La guerra entre Israel y Hamás fue desencadenada el 7 de octubre por un ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en suelo israelí, matando a unas 1.140 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras israelíes.El ministerio de Salud de Hamás en Gaza informó el miércoles de 20.000 muertos desde el inicio de los bombardeos israelíes, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes.En su informe, titulado "Las promesas incumplidas de Meta: Censura sistémica de contenidos propalestinos en Instagram y Facebook", HRW considera que "la censura de Meta contribuye a borrar los sufrimientos de los palestinos".La ONG detalla la supresión de contenidos, la suspensión o supresión de cuentas, la incapacidad de interactuar con los contenidos o la incapacidad de seguir cuentas.En total, la ONG examinó 1.050 "casos de censura y otras supresiones de contenidos en más de 60 países" en Instagram y Facebook, entre octubre y noviembre.De este total, 1.049 se referían a "contenidos pacíficos en favor de Palestina, mientras que un caso se refería a la supresión de contenidos en favor de Israel", según la ONG, que llama a Meta a "alinear sus políticas y prácticas de moderación de contenidos con las normas internacionales de derechos humanos".Le puede interesar:
Human Rights Watch reveló que durante el mes de noviembre en Colombia fueron asesinados 16 líderes sociales y defensores de derechos humanos. En total se han registrado 150 casos en lo corrido del año.Cauca fue el departamento más afectado por esta situación durante el mes de noviembre, pues se registraron tres casos en Toribío, Miranda y Santander de Quilichao.El Pacífico ha sido la zona más afectada por estos casos, pero también los departamentos fronterizos de Norte de Santander y Arauca.Desde Human Rights Watch, además, alertan que hay un deterioro en la situación de seguridad en Colombia, mientras que según Indepaz, durante este año 40 firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados en lo corrido de este 2023.Según indicó en su cuenta de X, Juan Pappier, subdirector en funciones de Human Rights Watch en Latinoamérica, este es el listado completo de los líderes sociales que fueron asesinados en el mes de noviembre:Pappier señaló a EFE además que para detener esta matanza el Gobierno "necesita fortalecer sus políticas de seguridad, reforzar y simplificar sus mecanismos de protección y prevención y hacer esfuerzos mucho mayores para avanzar en estrategias judiciales que busquen desmantelar a los grupos armados que operan en el país"."Estos asesinatos no se van a frenar solo a punta de buena voluntad y compromiso con las comunidades en zonas remotas del país", puntualizó.De hecho, los 16 líderes o defensores asesinados en noviembre eran en su mayoría dirigentes comunales o indígenas de pueblos apartados del país que son los más golpeados por la violencia de los grupos armados ilegales.Le puede interesar:
El presidente Gustavo Petro envió una carta este lunes, 2 de octubre, al presidente del Senado, Iván Name, para poner a consideración del legislativo los tres nombres que propone para que de allí salga el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de Alejandro Linares Cantillo.Entre los postulados está Vladimir Fernández, el actual secretario jurídico de la Presidencia y uno de los hombres de confianza del presidente, egresado de derecho de la Universidad Externado, tiene experiencia en la Procuraduría y en la Contraloría. También está Cielo Rusinque, quien se desempeñó hasta hace algunas semanas como directora del Departamento de Prosperidad Social y es abogada constitucionalista. Por último, está Gerardo Vega, el director de la Agencia Nacional de Tierras, quien es abogado de la Universidad Católica de Colombia.Desde la Organización Human Rights Watch mostraron su preocupación por la postulación de estas tres personas, teniendo en cuenta que han hecho parte del Gobierno."Nos preocupa la terna para la Corte Constitucional presentada por el presidente Gustavo Petro. Los tres han sido funcionarios de su Gobierno y por tanto tienen poca independencia. Además, tienen escasa experiencia constitucional. Esto empaña la excelente terna para fiscal", señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.Le puede interesar
Un total de 92 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en el primer trimestre de este año en Colombia, según reportó este viernes la Defensoría del Pueblo.Es "una cifra que muestra la continuidad de la violencia contra los liderazgos en las regiones", señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, según se extrae de un comunicado.A pesar de la alarmante cifra, se produjo una disminución respecto al mismo periodo de 2022, cuando hubo 114 casos, aunque la tendencia podría ir en aumento, debido a las elecciones regionales que se celebrarán en el país en octubre.La mayoría de asesinados fueron líderes comunales (22 homicidios), seguidos de líderes comunitarios (20 casos) e indígenas (16), que conforman el 63 % de los asesinatos registrados por el ente estatal.Además, el departamento del Cauca (suroeste) fue el más afectado, con 17 casos, seguido de Nariño (también en el suroeste) y Antioquia (noroeste).Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF"Es una vergüenza para el Estado que al parecer se haya normalizado el hecho de que cada semestre se sigan registrando cerca de un centenar de homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos", alegó el defensor del Pueblo.Y a la vez lamentó que "no se observen medidas contundentes que garanticen la vida de quienes defienden los derechos de sus comunidades".Se trata de una cifra mayor a la reportada la pasada semana por Human Rights Watch (HRW), que cifró en 77 los defensores de derechos humanos asesinados, mientras que el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de 82 defensores en el primer semestre del año.En 2022, Colombia marcó el "lamentable récord" de homicidios de líderes y defensores con 215 asesinados, según los datos de la Defensoría del PuebloLe puede interesar:
En las últimas horas las autoridades de El Salvador allanaron casas en distintas partes del país en busca de evidencias contra un centenar de colombianos que fueron detenidos señalados de integrar una red de lavado de dinero."La Fiscalía General de la República en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron allanamientos en las viviendas de los colombianos que se dedicaban a estafar, haciéndose pasar por microfinancieras", indicó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.Esto contrasta con el drama que viven varias familias en Colombia que no saben de sus seres queridos, que se fueron a ese país en busca de nuevas oportunidades laborales y económicas.En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Juanita Goebertus, directora División de las Américas de HRW, habló del panorama en materia de derechos humanos en ese país y la persecución de la cual están siendo víctimas vario colombianos que, hasta la fecha no han tenido un debido proceso.“Uno de los elementos más grave es la persecución por un delito sin individualizar”, dijo Goebertus. En ese sentido, aseguró que seguirán buscando los mecanismos y las instancias judiciales para tener respuesta de las autoridades y el Gobierno de Nayib Bukele.Insistió que con el actuar de las autoridades de ese país, se está incurriendo en violación de derechos humanos, “aquí hay toda violación al debido proceso y derechos humanos. Se debe informar a los familiares dónde están y cuál es el delito por el que fueron detenidos”, enfatizó.Goebertus finalizó siendo crítica y preocupada por el “silencio” de los demás países ante las denuncias por violación de derechos humanos en El Salvador.Cabe recordar que el pasado 17 de julio las autoridades salvadoreñas anunciaron la detención de 110 personas, de ellas 105 colombianos.También fueron detenidos un argentino, un guatemalteco y 3 salvadoreños, cuyas residencias también fueron allanadas, señaló la Fiscalía.Los detenidos, entre los que figuran exmilitares y expolicías, ingresaron a El Salvador en diferentes épocas "como turistas" y ofrecían créditos, pero no estaban registrados en la Superintendencia del Sistema Financiero.Le puede interesar: Escuche aquí la entrevista:
Al menos 77 defensores de derechos humanos y líderes sociales fueron asesinados en el primer semestre de 2023 en Colombia, según informó este jueves el subdirector en funciones de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Juan Pappier."Hemos documentado 77 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en los primeros 6 meses de 2023", reveló Pappier en Twitter.No obstante, el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de 82 defensores en el primer semestre del año, lo que significa una disminución en 12 casos con respecto a los registrados por este organismo para el mismo periodo en 2022.En 2022, Colombia marcó el "lamentable récord" de homicidios de líderes y defensores con 215 asesinados, según los datos de la Defensoría del Pueblo, que para los primeros 7 meses del año pasado ya había contabilizado 122 homicidios.LOS DATOS DE ESTE AÑODel total de homicidios contabilizados por HRW este semestre, 11 fueron perpetrados en junio; 12 en mayo; 20 en abril (mes más sangriento para los liderazgos); 14 en marzo; 8 en febrero y 12 en enero.El Pacífico colombiano -región en la que operan disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales como el Clan del Golfo, que se disputan las rutas del narcotráfico y el control territorial- es donde se concentraron más asesinatos de este tipo.En ese sentido, la ONG registró 18 casos en el Cauca, 6 en el Valle del Cauca y Nariño, y 1 en el Chocó, siendo estos los 4 departamentos que conforman la región del Pacífico.Entre los asesinados este mes de junio en esa zona se encuentra Alexander Chocué, autoridad tradicional del Resguardo La Laguna Siberia y miembro de la Guardia Indígena, perteneciente al municipio de Caldono, en el departamento del Cauca.Chocué, que había denunciado hace un año que estaba recibiendo amenazas en su contra por parte del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, fue asesinado el 19 de junio en medio de un evento familiar.Entre los liderazgos más castigados en este registro de HRW, el documento publicado por Pappier también incluye a campesinos, indígenas, LGBT, juveniles, afrodescendientes, ambientales y hasta un servidor público.Le puede interesar:
Después de completarse 15 de búsqueda en tierra de los cuatro menores de edad que siguen desaparecidos en la selva de Caquetá y Guaviare, las autoridades entregaron un nuevo balance en el Puesto de Mando Unificado con los pasos a seguir en la intensificación de la búsqueda de estos niños.Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, aseguró que en los próximos días llegarán 85 indígenas con el fin de ayudar en los operativos de búsqueda en la selva de Caquetá y Guaviare.“Más o menos hemos considerado que pronto pueden llegar en estos días cerca de 85 compañeros y compañeras que ayudarían aquí a la fuerza pública a juntarnos para buscar conjuntamente este propósito. Vendrían de estos lugares, sobre todo estos lugares de la selva vendrían también de otras regiones como el Cauca y de otras organizaciones”, comentó.Además, Yule aseguró que la comunidad indígena entrará en minga por este propósito y que, según lo que les ha dicho la madre tierra, los menores siguen con vida en la selva de Caquetá y Guaviare.“Cuando nosotros llegamos tenemos que hacer el ejercicio de la conversa espiritual con todos aquellos espíritus para que ellos nos ayuden a hacer este ejercicio de la búsqueda que estamos pretendiendo para encontrar a los niños. Así que eso es lo que están haciendo nuestros mayores desde todos los territorios del país y, por supuesto, hoy desde aquí de este territorio vamos a hacer lo mismo para mirar cómo logramos establecer una junta entre la fuerza espiritual, pero también por supuesto la fuerza de la orientación física y militar de las Fuerzas Armadas. También con apoyo de compañeros y compañeras que van a entrar también a reforzar la búsqueda en todos estos días al sitio donde está precisamente los niños”, comentó.Mientras tanto el General Pedro Sánchez, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, aseguró que este domingo, 20 de mayo, integrarán 5 equipos de una comunidad indígena y trabajan articuladamente en unas células combinadas similar a como se está haciendo con don Manuel, padre de los 2 niños y padrastro de las 2 niñas que acompaña a los militares en la búsqueda.“La Fuerza Aérea Colombiana, por orden del señor comandante General de las Fuerzas Militares y, por una decisión, una convicción de nosotros de salvar las vidas ha dispuesto a mover 20 miembros de la comunidad indígena desde Puerto Leguisamo, 15 más desde el Caquetá, que llegarán aquí a San José del Guaviare. Posterior se desplazarán hacia Calamar, donde se montará un puesto adelantado de coordinación para ejecución de la misma integración de la operación y el día lunes, a medida que avance todo, muy seguramente se unirá más comunidades indígenas”, comentó el general.Al término de este Puesto de Mando Unificado también entregó declaraciones el director de la Aeronáutica Civil, Sergio Paris, quien informó del estado de las investigaciones sobre el accidente de la aeronave que sufrió el accidente en la selva de Caquetá y Guaviare.“Tres investigadores de accidente entraron al sitio y tengan claridad de que la aeronave aparentemente no fue manipulada. El piloto hizo una operación perfecta (…) Desafortunadamente esas operaciones por los árboles tan grandes y la posición del motor tuvo como consecuencia lo que sucedió (…) Ese es el reporte que tengo de la investigación de accidentes. La aeronave no fue manipulada y eso es una certeza que será dada en la medida que la investigación avance, esa es una nueva novedad”, dijo.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.