En el marco de la cumbre Celac-Unión Europea se realizó el foro “Cooperación entre Europa y América Latina y el Caribe en la lucha contra el crimen organizado”, en el que participó la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus. Tras el encuentro, la experta se refirió a las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, calificándolas como ejecuciones extrajudiciales.“A hoy se han registrado 17 ataques que han causado la pérdida de la vida de 70 personas. Desde nuestro punto de vista, estas son ejecuciones extrajudiciales. No existe un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela, Estados Unidos y Colombia o Estados Unidos y distintos grupos de criminalidad. Hay un fenómeno de crimen organizado, financiado entre otros por el narcotráfico, que merece la respuesta de los Estados de derecho: investigar, juzgar y sancionar”, señaló Goebertus.La directora también se pronunció sobre la posibilidad de que el Gobierno colombiano negocie con el Tren de Aragua, luego de que un presunto cabecilla de ese grupo pidiera ser incluido en la política de paz total. La decisión, recordó, está en manos del presidente Gustavo Petro.“Nuestro mandato está en documentar violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En el caso de la paz total, hemos señalado que el Gobierno, independientemente de con quién decida negociar, no debe renunciar a su deber de garantizar y proteger a la población. El Tren de Aragua no es un grupo unificado; son pequeñas bandas distribuidas a lo largo de América Latina y, en ningún escenario, podría eliminarse la responsabilidad del Estado de investigar, juzgar y sancionar a estas personas y de proteger a la población”, concluyó Goebertus.
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, calificó como “ejecuciones extrajudiciales” los bombardeos realizados por Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, la representante de HRW afirmó que el país norteamericano ha realizado nueve ataques que han dejado 39 muertos, operaciones que, según dijo, violan el derecho internacional y los derechos humanos.“Independientemente de si allí había o no narcotraficantes, constituyen ejecuciones extrajudiciales. Estados Unidos no está en conflicto armado con Venezuela, ni con Colombia, ni con grupos criminales. Lo que hay aquí es criminalidad organizada que debe enfrentarse con todo el peso de la ley”, sostuvo.Goebertus recalcó que este tipo de acciones no se enmarcan en ningún conflicto armado reconocido, y por tanto no hay justificación legal para el uso de la fuerza letal como primera opción. “Lo que corresponde son operaciones de interdicción marítima, capturas y procesos judiciales, pero asesinarlos sin posibilidad de juicio es una ejecución extrajudicial”, dijo.¿Es ilegal bombardear en aguas internacionales?Frente al argumento del gobierno estadounidense de que los ataques se realizaron en aguas internacionales, la directora de HRW aclaró que eso no cambia su naturaleza ni los exime de responsabilidad.“Siguen siendo ejecuciones extrajudiciales. Lo que determina que sean aguas internacionales o no es quién estaría habilitado para investigar, pero eso no exime al gobierno de garantizar que no lanza operaciones militares ofensivas en un contexto de criminalidad organizada”, señaló.La abogada colombiana advirtió que la situación es aún más grave porque Estados Unidos no reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que dificulta que haya rendición de cuentas.“El excepcionalismo norteamericano pone sus acciones en un lugar de muchísima impunidad”, afirmó, aunque explicó que HRW está documentando los casos para determinar las nacionalidades de las víctimas y permitir que otros países puedan reclamar jurisdicción.Goebertus también se refirió al argumento del expresidente Donald Trump, quien presentó los ataques como parte de una guerra contra el narcotráfico. Según explicó, esa interpretación no tiene sustento jurídico.“El Derecho Internacional Humanitario ha señalado que la existencia de un conflicto armado no depende de una declaración política, sino de características objetivas sobre el nivel de organización y hostilidad. Este no es un conflicto armado, es criminalidad organizada”, dijo.Además, recordó que Trump no pidió autorización al Congreso para declarar una guerra o iniciar operaciones de ese tipo.“Este es doblemente ilegal: no cumple con los estándares internacionales ni con los domésticos dentro de Estados Unidos”, puntualizó.Sobre la versión del gobierno estadounidense que vincula al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua con el tráfico de drogas hacia EE. UU., Goebertus aseguró que se trata de una narrativa sin evidencia.“Dicen que son los principales productores de fentanilo, cosa que no tiene ninguna base de realidad. Lo que han hecho es mezclar información sin sustento, uniendo fenómenos criminales distintos en Venezuela, Colombia y otros países”, indicó.Aunque reconoció que en Venezuela existen graves violaciones de derechos humanos y corrupción bajo el régimen de Nicolás Maduro, aclaró que eso no constituye un conflicto armado.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Human Rights Watch (HRW) se pronunció sobre la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá confirmara su inocencia en el proceso por presunta manipulación de testigos. A través de un mensaje publicado por su directora para las Américas, Juanita Goebertus, la organización internacional destacó que la decisión judicial debe ser respetada y que las autoridades deben garantizar la independencia de los jueces frente a presiones políticas.“El fallo debe ser tramitado por las vías judiciales y no mediante presiones públicas”, señaló Goebertus en su cuenta de X, subrayando que la independencia judicial es un elemento central del Estado de derecho.Su declaración se dio poco después de que el presidente Gustavo Petro criticara la decisión del Tribunal, afirmando que el fallo contradecía a la Corte Suprema de Justicia. El pronunciamiento de HRW busca enviar un mensaje de respaldo a la institucionalidad judicial en un contexto en el que el Gobierno y sectores políticos han reavivado la discusión sobre los límites de la independencia de la justicia.El llamado de Goebertus —en representación de una de las organizaciones más influyentes en la defensa de derechos humanos— apunta a que las diferencias frente a las decisiones judiciales deben resolverse dentro de los canales legales y con pleno respeto por la autonomía de los jueces.
Colombia sigue de luto por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un crimen que sacudió al país y reavivó viejas heridas. En medio del dolor y la indignación, el programa El Radar de Blu Radio conversó este sábado con Juanita Gobertus, directora de la División para las Américas de Human Rights Watch, quien lanzó un mensaje contundente: “Qué tristeza volver a un momento en el país en el que hacer política cuesta la vida”.La reflexión de Gobertus, marcada por la sensibilidad y la preocupación, no solo fue un homenaje a la memoria de Uribe Turbay, sino también una alerta sobre la situación actual de Colombia. Según cifras de Indepaz, en lo corrido de 2025 ya van 96 líderes sociales asesinados, lo que demuestra que la violencia política está lejos de desaparecer.Violencia política en Colombia: un panorama preocupanteDurante la entrevista con Ricardo Ospina, Gobertus señaló que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay revive la oscura etapa de finales de los años 90 y comienzos de los 2000, cuando la violencia política era una constante. Aunque reconoce que el país tuvo avances en seguridad entre 2002 y 2017, lamenta que desde 2018 haya un deterioro sostenido.“Estamos viendo un retroceso alarmante. Los homicidios aumentaron un 3% en este primer semestre frente a 2024, los secuestros crecieron un 50% y los confinamientos más de un 40%. Eso nos debería prender todas las alarmas”, explicó la directora de HRW.Además, recordó que la violencia no se limita al caso Uribe. Apenas días después de su asesinato, el vehículo del representante a la Cámara Julio César Triana fue atacado en el Huila, lo que refuerza la percepción de que la política volvió a ser un escenario de riesgo.Acuerdo de paz e implementación pendienteGobertus también hizo eco de la carta enviada esta semana por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, arquitectos del Acuerdo de Paz, en la que cuestionaron el desdén del Gobierno frente a la implementación de lo pactado en 2016. Para ella, el incumplimiento en seguridad y garantías para la oposición está directamente relacionado con la violencia política.“El asesinato de Miguel es especialmente grave porque era un líder visible de la oposición. Lo que el Acuerdo buscaba era sacar la violencia de la política, y eso hoy parece estar en riesgo”, sostuvo.La experta recalcó que el Estado debe asumir el monopolio legítimo de la fuerza y fortalecer la justicia local en los territorios. “Sin política de seguridad efectiva no hay garantía de derechos humanos para nadie”, advirtió.En un tono firme pero esperanzador, Gobertus concluyó que este momento debería servir como un llamado de alerta para el país y, en especial, para el Gobierno: proteger la vida de quienes hacen política es fundamental para que la democracia colombiana no retroceda.Entrevista completa aquí:
La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, expresó en entrevista en El Radar su profunda preocupación ante el reciente decreto del Gobierno colombiano que convoca a una consulta popular sin el cumplimiento de requisitos constitucionales esenciales. Según Goebertus, este acto podría sentar un “peligroso precedente” para la democracia colombiana.Si bien reconoce que será la justicia colombiana quien deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto, subraya que el Ejecutivo debe abstenerse de actuar en contra de la Carta Magna.La funcionaria de HRW comparó la reacción del presidente Gustavo Petro —quien desestimó el pronunciamiento de la organización argumentando injerencia en asuntos internos— con las actitudes de líderes cuestionados en la región. “Es tristemente muy similar a la que recibimos del presidente Bukele en El Salvador o de Maduro en Venezuela”, señaló.El núcleo del cuestionamiento radica en el hecho de que el decreto fue expedido sin que mediara el concepto favorable del Senado, un requisito que la Constitución colombiana establece expresamente. “No puede suceder en un Estado de Derecho que un presidente abiertamente se salte lo que establece la Constitución”, enfatizó.Goebertus advirtió que actos como este podrían marcar el inicio de un proceso de erosión democrática. “Hemos visto cómo los procesos de debilitamiento de la democracia inician por la concentración de poder en el Ejecutivo y el irrespeto a las disposiciones constitucionales”, explicó, citando ejemplos recientes en El Salvador donde se ha ignorado la prohibición de reelección presidencial.Frente a la retórica presidencial que plantea que la consulta busca simplemente devolverle el poder al pueblo, Goebertus fue categórica: “Una cosa es la democracia representativa, donde el pueblo elige a sus gobernantes, y otra es un Estado de Derecho, donde esos gobernantes deben actuar conforme a la Constitución y la ley”.La directora de HRW reiteró su confianza en la fortaleza institucional de Colombia. Aseguró que, si bien el tema ya ha sido llevado ante instancias judiciales nacionales, solo en caso de que estas no funcionen adecuadamente, podría contemplarse una intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.“Estoy convencida de que las instituciones colombianas son suficientemente fuertes como para que este episodio se pueda resolver a nivel nacional”, concluyó.
Desde Human Rights Watch se pronunciaron sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar a una consulta popular por medio de un decreto. Para esta organización, esa firma del decreto es inconsitucional."La convocatoria a consulta popular vía decreto sin concepto previo favorable del senado es inconstitucional. Confiamos en las instituciones -Consejo de Estado, Corte Constitucional y Registraduría- que deberán proteger el Estado de derecho. Cuentan con nuestro apoyo", señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.Recordemos que el pasado 14 de mayo la consulta popular fue votada en la plenaria del Senado y se terminó hundiendo.El presidente Gustavo Petro estuvo en Cali este miércoles, 11 de junio, y defendió la firma del decreto que convoca a la consulta popular.“¿Por qué la consulta? Es conveniente, es imperativo, es una necesidad categórica de la sociedad colombiana hoy. Al contrario de lo que dice el expresidente, esta consulta popular es absolutamente necesaria”, señaló el presidente Petro.Por otro lado, también respondió a quienes han anunciado demandas tanto para el presidente y su gabinete como para el decreto que convoca a la consulta popular.“Muchos han dicho que es inconstitucional, muchos han dicho que es ilegal, muchos han amenazado a mi gabinete con que se va preso. Ay Dios, yo me sentiría orgulloso si me hacen esa, que me la han intentado hacer varias veces, porque tendrían que poner a unos funcionarios y a un presidente que lo único que han hecho es pedir que el pueblo se exprese”, señaló Petro.
Hace unos días, Human Rights Watch (HRW) denunció que los grupos armados irregulares que operan en el Catatumbo cometieron "graves abusos" contra los habitantes de esa región de Norte de Santander en medio de la disputa entre las guerrillas del (ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc."El ELN y el Frente 33 han matado, secuestrado y desaparecido a civiles. Los enfrentamientos entre las partes y los abusos cometidos han obligado a más de 56.000 personas a huir de sus hogares, uno de los desplazamientos masivos más grandes de Colombia en décadas", señaló HRW en el informe 'El Catatumbo: Abusos de grupos armados y desprotección estatal'.Por esa razón, equipos de MSF están "realizando clínicas móviles en zonas rurales donde hay restricciones de movimiento, tanto para que la población salga en busca de recursos y servicios, como para el ingreso de la mayoría de las entidades oficiales y organizaciones humanitarias", expresó esa organización.Entre el 10 de febrero y el 15 de marzo, los equipos realizaron casi 1.200 consultas médicas en áreas rurales de los municipios de Ábrego, Teorama y Tibú, incluidas 933 en salud primaria y 112 en salud mental.A propósito del recrudecimiento del conflicto en zonas neurálgicas de Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre las medidas que se han tomado en materia de seguridad y Fuerzas Militares para contrarrestar los grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos. La situación de los menoresDe acuerdo con el ministro, el reclutamiento de menores tiene una relación directa con el deterioro o la afectación del orden público en Colombia: "Es innegable, los datos así lo muestran, en los cuales, por ejemplo, hablando de reclutamiento de menores, entre el 2023 al 2024 un incremento del 40 % de reclutamiento de menores". "Nuestra labor es neutralizar eso y pues es una acción integral que no solamente le compete al Ministerio de Defensa porque nosotros casi que vemos es la causa de unos problemas estructurales", dijo. CatatumboReiteró que es un cartel del narcotráfico y "además tienen algo particular que me he dado cuenta es una soberbia y cinismo", señaló. Reiteró que de manera estratégica y contundente, el Estado ha estado recuperando territorio permeado por el conflicto, señaló que tomará tiempo, pero lo lograrán."Nosotros, la fuerza legítima del Estado estamos recuperando el territorio y vamos a consolidar el mismo. Que nos va a tardar tiempo, sí, que hacer difícil, sí, que nos va a costar sacrificio y lágrimas, sí, pero también que lo vamos a lograr, por supuesto, esa es nuestra misión constitucional", dijo con seguridad el jefe de esa cartera. En medio del diálogo con Mañanas Blu, recordó, que pasaron prácticamente 14 años para llevar al principal grupo narcocriminal que había en ese momento a un proceso de paz. "Yo no estoy diciendo tampoco que vayamos a tardar décadas, pero lo cierto es que lo vamos a recuperar", finalizó. Colombia empieza a destruir el armamento de una disidencia del ELNEl Gobierno y el Frente Comuneros del Sur, una disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), suscribieron este sábado varios acuerdos como parte de una negociación de paz, una de las cuales supuso la entrega y destrucción de una tonelada de armamento de ese grupo."Anuncio la destrucción de armas, como comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, y siguiendo mi deber constitucional de garantizar la paz en todo el territorio, le ordeno al capitán Víctor Paz (comandante del Grupo Marte de la Quinta División del Ejército) que proceda con la destrucción del material de guerra del Frente Comuneros del Sur", expresó el presidente Gustavo Petro.Paz, por su parte, señaló que van a destruir 585 artefactos explosivos que fueron entregados por ese grupo criminal a la Consejería Comisionada de Paz, un proceso que cuenta con acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).El Gobierno y los Comuneros del Sur comenzaron un proceso de paz territorial en el departamento de Nariño el año pasado, algo que causó molestias al ELN que le manifestó en numerosas ocasiones al Ejecutivo, antes de la suspensión de los diálogos de paz, que decidiera si continuaba las conversaciones con la guerrilla o solo con un frente.Escuche aquí la entrevista:
El 20 de marzo de 2024, seis integrantes del comando de campaña de María Corina Machado entraron en la residencia de la Embajada de Argentina, en Caracas, buscando protección después de que el régimen de Nicolás Maduro emitiera órdenes de captura acusándolos de traición y conspiración.Las fuerzas de seguridad cortaron la electricidad, colapsó la planta externa que daba energía. Se denuncia, además, que no dejan entrar alimentos, medicamentos y les restringen hasta el agua potable, lo que representa una vulneración a sus derechos.Al respecto habló Juanita Goebertus, directora de la División Américas de Human Rights Watch (HRW). En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, mencionó que las condiciones que enfrentan estos asilados son “inhumanas”."Es realmente una situación muy preocupante. Desde Human Rights Watch hemos venido haciendo seguimiento a la situación en la que estas personas se encuentran, que claramente han sido perseguidas políticamente por su rol durante la última elección presidencial en la que se cometió abiertamente un fraude electoral; vienen francamente sometidos a condiciones inhumanas de recorte de luz, de falta de acceso a medicamentos, de recorte de agua, de recorte en el acceso a alimentos”, indicó.Señaló que están sometidos a “vigilancia exterior” e, incluso, el régimen ha allanado las casas “a su alrededor". Esta situación pone de manifiesto la violación de los espacios diplomáticos y de los derechos de las personas detenidas, según dijo.“Estar constantemente sometidos a vigilancia exterior, incluso, como fue de público conocimiento, el régimen ha allanado las casas alrededor de esta Embajada, originalmente argentina, hoy en día bajo custodia de Brasil, lo que ha significado, incluso, personal armado con rifles de asalto alrededor de la Embajada”, añadió.Goebertus resaltó que la comunidad internacional, incluidos gobiernos en México y Colombia, está activamente involucrada en buscar maneras de ayudar a las víctimas. Sin embargo, también expresó que el Gobierno argentino ha perdido toda relación oficial con Nicolás Maduro, complicando aún más la situación.El desafío no se limita a los asilados en la Embajada, pues se estima que hay más de 1.000 presos políticos en Venezuela. Al respecto, indicó que el régimen ha usado la detención arbitraria como un arma contra los opositores."Nosotros seguimos haciendo presión al Gobierno brasileño, que es quien hoy tiene custodia, para que insista y pueda gestionar con el régimen de Nicolás Maduro los salvoconductos para que puedan salir. Hemos tenido reuniones al más alto nivel con los distintos gobiernos en México, en Colombia, para insistir en que, a través de los canales que sostienen con el Gobierno de Nicolás Maduro, puedan buscar la liberación de estas personas", precisó.A pesar de la frustración generalizada, Goebertus sostuvo que la resistencia y la presión internacional son claves para generar un cambio. Recordó la historia de Siria y otras naciones, señalando que siempre hay espacio para la esperanza y la lucha por la justicia.Situación de los deportados a El SalvadorFinalmente, abordó el tema de los venezolanos deportados a El Salvador, donde se enfrentan a un régimen que restringe sus derechos. Las deportaciones, que se realizan sin el debido proceso legal, han creado una crisis humanitaria.
Human Rights Watch (HRW) advirtió este jueves de que la política de 'paz total' del presidente Gustavo Petro ha obtenido resultados limitados para reducir los abusos contra la población civil y alertó de que los grupos armados expandieron su presencia en el país el año pasado."Dos años y medio después de que el presidente Gustavo Petro asumiera la Presidencia, su estrategia de 'paz total' ha logrado resultados limitados en la reducción de los abusos contra la población civil", señaló HRW al hablar de Colombia en su Informe Mundial 2025, en el que analiza lo sucedido en materia de DD.HH. el año pasado.El mandatario asumió el poder el 7 de agosto de 2022 con la promesa de una 'paz total' que, hasta el momento, ha atravesado varios baches a pesar de que se entablaron diálogos de paz con varios grupos y se concretaron ceses al fuego con algunos de ellos.En ese sentido, el Gobierno está negociando el fin del conflicto armado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos disidencias de las FARC, una conocida como Estado Mayor Central (EMC) y la otra como Segunda Marquetalia.Igualmente, busca el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y de otros grupos armados.Al respecto, HRW destacó que si bien el Gobierno colombiano logró varios alto el fuego, "los preparativos y el seguimiento fueron insuficientes y en muchos casos los grupos armados no los cumplieron".Abusos contra la población civilLa organización aseguró que grupos armados cometieron el año pasado "serios abusos contra los civiles y expandieron su presencia en el país", pues el Clan del Golfo está presente en 392 de los 1.102 municipios de Colombia, el ELN en 232 y las disidencias de las FARC en 299.HRW también criticó a las autoridades por fallar en garantizar la seguridad efectiva de la población y el acceso a la justicia a las víctimas, además de no investigar y desmantelar los grupos armados.Entre los abusos cometidos por estos grupos, HRW recordó que en la primera mitad de 2024, según cifras de la Defensoría del Pueblo, hubo 159 casos de reclutamiento de menores, que son "frecuentemente miembros de comunidades indígenas"."A más de 71.000 personas se les impidió salir de sus comunidades, situación conocida como 'confinamiento', entre enero y julio, lo que supone un aumento del 39 % en comparación con el mismo periodo de 2023. Persistieron los temores a las minas antipersona, las amenazas de grupos armados y los fuegos cruzados", agregó Human Rights Watch.En los convulsos departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, en el oeste del país, la lucha armada entre los militares y los grupos armados provocó el desplazamiento forzado de más de 34.000 personas entre enero y julio, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entretanto, recibió 138 denuncias de asesinatos de líderes sociales, la mayoría de los cuales "defendían los derechos de sus comunidades".Libertad de expresiónPor otra parte, Human Rights Watch señaló que, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), "Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas".En ese sentido, la oficina del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó el asesinato de cinco reporteros entre enero y julio del año pasado."El presidente siguió utilizando las redes sociales para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación percibidos como críticos con su Gobierno", expresó HRW.Como ejemplo de ello puso que en septiembre, Petro emitió una "instrucción presidencial dirigida a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo para garantizar un entorno seguro para la libertad de expresión y los periodistas" que, "sin embargo, no la cumplió durante el acto de presentación", agregó HRW.
La orden ejecutiva que el Gobierno de Joe Biden emitió el martes para restringir de forma drástica el derecho de asilo en Estados Unidos "pone en riesgo a miles de personas", además de ser contraria a las convenciones internacionales sobre derechos humanos y sobre los refugiados, denunció este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).La orden, recuerda HRW mediante un comunicado, equivale a cerrar la frontera a los solicitantes de asilo a partir de cierto número (2.500 de media durante 7 días) pese a que el artículo 31 de la Convención de Refugiados deja claro que toda persona tiene derecho a pedir protección en las zonas limítrofes.La orden ejecutiva se ha decidido "concentrándose en cifras arbitrarias en lugar de en seres humanos (e) ignora el daño potencial a individuos, familias y niños que pueden ser obligados a regresar por la fuerza al peligro", según dijo Vicki B. Gaubeca, directora asociada de políticas migratorias en EE.UU. en la organización.Gaubeca señala además que es una política que replica las políticas anti-inmigración más duras del Gobierno de Donald Trump (2017-2021), "alimentando el temor contra los inmigrantes" y tratando de aparentar ser más duros en el control de las fronteras.De hecho, Gaubeca inscribe la orden en el contexto de "este teatro político que aparece siempre en cada ciclo electoral presidencial", y lamenta que en lugar de ello Biden no haya optado por "crear un enfoque equilibrado y de respeto a los derechos para gestionar la frontera con México".Sin embargo, recuerda que esta no es la primera restricción al derecho de asilo de la Administración Biden, y recuerda una primera limitación el pasado año (con una ley que obligaba al inmigrante a registrarse en una app telefónica o a solicitar el asilo en un país de tránsito), más los planes para reforzar cada vez más la cooperación entre los departamentos de Justicia y Seguridad (interior) con una óptica cada vez más policial.
En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó que la capital del Atlántico se consolidará formalmente como la sede alterna del gobierno nacional bajo la administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella.Char detalló que este movimiento no es solo simbólico, sino que implica una descentralización real del poder ejecutivo hacia las regiones.La Aduana: el nuevo epicentro del poder regionalEl alcalde confirmó que el emblemático Edificio de la Aduana está siendo evaluado para albergar el despacho presidencial en la ciudad. Según Char, la decisión de establecer a Barranquilla como sede de cogobierno es un compromiso firme que se oficializará en los próximos días: "Es en serio y lo va a firmar el 7 de agosto. Nos lo prometió".Esta nueva dinámica ya se siente en la ciudad, donde ministros y funcionarios han comenzado a despachar de manera recurrente. De hecho, el alcalde bromeó sobre la relevancia que está cobrando la capital del Atlántico frente a la capital del país: "Yo diría un poquito sarcásticamente que la sede alterna va a ser Bogotá".Seguridad: El "Bloque de Defensa" contra el crimenUno de los temas centrales de las reuniones entre Char y De La Espriella ha sido la crisis de inseguridad. El alcalde expresó su frustración ante el poder de las bandas criminales, confesando que le manifestó al presidente su sentimiento de vulnerabilidad: "Presidente, me siento impotente. Me siento impotente porque me están matando a los pelados en las calles". En respuesta, el nuevo gobierno implementará un "bloque de seguridad" con un fuerte componente tecnológico y de inteligencia.Char destacó la disposición del mandatario electo: "Me dijo: 'Estate tranquilo, alcalde, que llegué para esto, llegué para acompañar a la comunidad, llegué para traerle seguridad a los municipios'".Gabinete Caribe y proyectos de infraestructuraLa designación de figuras cercanas a la región, como Elsa Noguera en el Ministerio de Transporte, ha generado grandes expectativas. Char aclaró que, aunque Noguera es una amiga cercana, su elección fue por méritos propios: "Abelardo la escogió por sus propios méritos. Ella acompañó la campaña de Abelardo".Entre las prioridades conjuntas se encuentran la recuperación del aeropuerto Ernesto Cortissoz, la mejora de las redes eléctricas y la conectividad vial entre Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.El alcalde enfatizó la importancia de este nuevo enfoque regionalista: "Este presidente está dispuesto, así lo dijo, a abrir trocha en el Caribe, en el Pacífico, a traer el desarrollo a estas regiones".
Federico Gutiérrez aseguró que tiene un pabellón reservado para las personas vinculadas a presuntos casos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero en la nueva cárcel de sindicados que tendrá Medellín. A la fecha se han presentado cuatro principios de oportunidadA la par de que avanza el proceso de presunta corrupción de Aguas Vivas y que involucra a Daniel Quintero, y mientras se espera la audiencia de imputación contra Miguel Quintero por el caso del Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí, las autoridades en Medellín se volvieron a referir a los hermanos paisas.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que en la nueva cárcel de sindicados que se está construyendo en la ciudad y que estaría abierta en abril del próximo año habría un pabellón en donde, según el mandatario, podrían estar recluidas las personas vinculadas a casos de presunta corrupción.“Yo no entiendo por qué esa gente no está en la cárcel. Díganme pues quién en el país no tiene claro que esos tipos son unos criminales, unos delincuentes y se robaron a Medellín. Nosotros estamos construyendo una cárcel, ya tengo listo el pabellón Q para esos bandidos, porque no van a caber, no van a caber el pabellón Q”, aseguró el mandatario local.El mandatario fue enfático al recordar que a la fecha se han aprobado cuatro principios de oportunidad para personas que están colaborando con la justicia y que, incluso, ya empezaron a indemnizar al Área Metropolitana debido a los supuestos delitos cometidos entre 2020 y 2023.Solo por el caso de Miguel Quintero hay que mencionar que la citación para la imputación de cargos es para el próximo lunes 3 de agosto a las 2:10 de la tarde, ante el Juzgado 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento. Allí al hermano del exalcalde y tres personas más se le formulará los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.Los elementos probatorios recaudados por el ente acusador indicarían que estas personas participaron en la desviación de recursos públicos y cobrado comisiones en seis contratos investigados entre 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, los cuales suman 17.654 millones de pesos y se presume una apropiación irregular de 2.481 millones.
El Papa León XIV nombró al padre Diego Luis Rendón como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó. El hasta ahora rector de la Fundación Universitaria Católica del Norte sucederá en el cargo a monseñor Noel Antonio Londoño.La Conferencia Episcopal de Colombia informó que el papa León XIV designó al padre Diego Luis Rendón Urrea como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó.El nombramiento llegó en una fecha especial para la Iglesia antioqueña, pues coincidió con la celebración del centenario de la muerte del Beato Padre Marianito en la Diócesis de Santa Rosa de Osos. Desde allí, precisamente, proviene el nuevo obispo electo, quien hasta ahora se desempeñaba como rector de la Fundación Universitaria Católica del Norte, cargo que asumió a partir de 2015.Monseñor Rendón Urrea nació el 3 de junio de 1967 en Rionegro. Realizó su formación sacerdotal en el Seminario Mayor de Santa Rosa de Osos y cursó Filosofía y Teología en la Universidad Santo Tomás de Medellín. Fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 2000 para la Diócesis de Santa Rosa de Osos.Su trayectoria combina experiencia pastoral, educativa y administrativa. Ha sido vicario parroquial, vicario de Educación Católica, promotor vocacional, delegado de Pastoral Social, vicario de Pastoral, capellán del SENA y párroco en el municipio de Gómez Plata.Además de su labor eclesial, Rendón cuenta con especializaciones en Gestión Educativa y Pedagogía de la Virtualidad, y adelanta estudios doctorales en Educación en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina.Con la designación, el nuevo obispo tendrá la misión de suceder en el cargo a monseñor Noel Antonio Londoño, quien lo ocupó por 13 años y renunció tras el cumplimiento de la edad canónica. Durante su labor monseñor Londoño defendió los intereses ambientales del Suroeste antioqueño y se opuso abiertamente a proyectos extractivistas.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, lanzó duras críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras la autorización otorgada al exjefe de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, para viajar a España y participar en una serie de conferencias.Durante una declaración pública, De la Espriella sostuvo que el antiguo comandante guerrillero debería permanecer en prisión y anunció que buscará impulsar medidas para lograrlo."Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello", afirmó.El mandatario electo aseguró que, a su juicio, "ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las FARC siguen impunes".Críticas a la JEPDe la Espriella cuestionó el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, creada tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.Según el presidente electo, la JEP ha permitido que antiguos integrantes de la guerrilla desarrollen actividades internacionales mientras, en su opinión, no han respondido plenamente por los delitos cometidos durante el conflicto armado. Asimismo, criticó que Pilar Rueda Jiménez, antropóloga y esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda, haya retomado sus funciones en la JEP."¿Y qué decir de un tribunal que le da refugio al entorno familiar del mal perdedor que se niega a reconocer el resultado en las urnas y promueve una falsa desobediencia civil? (...) Mientras eso ocurre, la JEP le da cobijo a su esposa. Esa es la JEP", manifestó.El viaje de Rodrigo LondoñoLa controversia surgió después de que la JEP autorizara a Rodrigo Londoño a viajar a España para participar en conferencias internacionales. Londoño, último comandante de las FARC y firmante del Acuerdo de Paz de 2016, está sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, mecanismo de justicia transicional que contempla sanciones restaurativas —en lugar de penas privativas de la libertad— para quienes aporten verdad, reconozcan responsabilidad y contribuyan a la reparación de las víctimas.
El próximo lunes 20 de julio se dará inicio a una nueva legislatura, previa al cambio de Gobierno y la llegada a la Presidencia de Abelardo De La Espriella. Mientras se espera que esta semana se realicen las reuniones entre compromisarios de las diferentes bancadas para definir la conformación de las comisiones constitucionales y legales, así como de las mesas directivas de dichas comisiones y de las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, también avanza la discusión sobre la elección de secretarios y directores del Congreso.Al revisar las listas definitivas de admitidos, en el caso de las secretarías generales de ambas cámaras, los dos aspirantes con mayores opciones son los actuales titulares del cargo: Diego González, en el Senado, y Jaime Luis Lacouture, en la Cámara. Sin embargo, en el listado de admitidos aparecen nombres como los de los salientes congresistas Ángela Vergara, Álvaro Rueda, Pedro Suárez Vacca, Fernando Niño, Norman Bañol y Jairo Humberto Cristo, así como dirigentes políticos como Eli Schnaider Brener, cercano al actual superintendente de Salud, Daniel Quintero.En las siete comisiones constitucionales también aspiran a llegar al cargo de secretario congresistas que terminan su periodo, entre ellos Ingrid Aguirre, Modesto Aguilera, Mary Anne Perdomo, Juan Manuel Cortés, Sandra Aristizábal, Álvaro Londoño, Luz Ayda Pastrana, Andrés Felipe Jiménez y Leonardo Rico. En la lista de aspirantes a las secretarías, tanto en la Cámara como en el Senado, también aparece el nombre de Óscar Mauricio Carmona Celis, actual vicepresidente de Negocios de Fiduprevisora y cercano al expresidente de esa entidad, John Mauricio Marín, hoy envuelto en las presuntas irregularidades en la implementación del modelo de salud para el magisterio.Otro de los nombres que llaman la atención en este proceso es el de la actual ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, quien busca ahora llegar a la Dirección Administrativa de la Cámara en reemplazo de John Abiud Ramírez Barrientos. Cabe recordar que, antes de ocupar su actual cargo en el Ejecutivo, Morales se desempeñó como secretaria de la Comisión Cuarta de la misma corporación.
