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Son ejecuciones extrajudiciales: Human Rights Watch sobre operaciones de EEUU en el Caribe

Desde la organización defensora de los derechos humanos también se pronunciaron sobre la posibilidad de negociar con el Tren de Aragua, advirtiendo que esa estructura no está unificada

Human Rights Watch sobre operaciones de EEUU en el Caribe
Human Rights Watch sobre operaciones de EEUU en el Caribe
AFP- Blu Radio

En el marco de la cumbre Celac-Unión Europea se realizó el foro “Cooperación entre Europa y América Latina y el Caribe en la lucha contra el crimen organizado”, en el que participó la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus. Tras el encuentro, la experta se refirió a las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, calificándolas como ejecuciones extrajudiciales.

“A hoy se han registrado 17 ataques que han causado la pérdida de la vida de 70 personas. Desde nuestro punto de vista, estas son ejecuciones extrajudiciales. No existe un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela, Estados Unidos y Colombia o Estados Unidos y distintos grupos de criminalidad. Hay un fenómeno de crimen organizado, financiado entre otros por el narcotráfico, que merece la respuesta de los Estados de derecho: investigar, juzgar y sancionar”, señaló Goebertus.

La directora también se pronunció sobre la posibilidad de que el Gobierno colombiano negocie con el Tren de Aragua, luego de que un presunto cabecilla de ese grupo pidiera ser incluido en la política de paz total. La decisión, recordó, está en manos del presidente Gustavo Petro.

“Nuestro mandato está en documentar violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En el caso de la paz total, hemos señalado que el Gobierno, independientemente de con quién decida negociar, no debe renunciar a su deber de garantizar y proteger a la población. El Tren de Aragua no es un grupo unificado; son pequeñas bandas distribuidas a lo largo de América Latina y, en ningún escenario, podría eliminarse la responsabilidad del Estado de investigar, juzgar y sancionar a estas personas y de proteger a la población”, concluyó Goebertus.

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