La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch reveló un preocupante panorama sobre la situación de seguridad para los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, pues en lo corrido del 2023 ya han sido asesinadas 33 personas, siendo marzo el mes en el que más casos se presentaron con 13 registros."Aunque los homicidios se presentan en 18 de los 32 departamentos, Nariño, Cauca y Valle del Cauca son los que mayor número de casos concentran con 6, 5 y 3 respectivamente. El único municipio en el que se presenta más de un hecho es Tumaco, con 4 hechos", explican desde HRW.En enero se registraron 12 víctimas, en febrero 8 y en marzo hubo un aumento con un total de 13 registros, en el mismo sentido desde Indepaz hay un registro de 35 líderes sociales asesinados en Colombia durante este año y hay un total de 1.444 desde la firma del acuerdo de paz, es decir, noviembre del 2016.El más reciente caso registrado se presentó en Tumaco, en el departamento de Nariño, donde fue asesinado Linder Stiven Sepúlveda, un líder juvenil y gestor cultural de 24 años, fue asesinado por sicarios el pasado 27 de marzo en el corregimiento de La Espriella.Le puede interesar:
En zozobra viven los campesinos del sur del departamento de Córdoba ante las acciones de grupos armados como el Clan del Golfo, las cuales se estarían incrementando en los últimos meses, no solo en termino de usos de armas de fuego, sino también con campañas de desprestigio con las que estarían buscando apartar las organizaciones que trabajan por derechos humanos y protección a la tierra. Lo anterior sería para evitar que se sumen nuevos miembros, pues se han enfocado en amenazar de muerte a quienes muestran interés por pertenecer a estas."Ellos ahora tienen la garantía de que no va a suceder nada (por el cese al fuego). Han hecho reuniones donde sientan a la comunidad a las malas y en esas los puntos a tratar es que está prohibido que estas organizaciones (campesinas) entren al territorio y esas son afectaciones al derecho internacional humanitario", expresó José David Ortega, delegado de la Asociación De Campesinos Acsur.José David coincide con las advertencias realizadas por la Defensoría del Pueblo en el sentido de que el cese al fuego no ha sido verificado y que por eso siguen perpetrándose acciones, evidenciadas para ellos en el asesinato de dos de sus miembros en lo que va del año.Por la situación piden una urgente intervención y apoyo, pues sienten que ahora los grupos armados consideran el cese al fuego como una “garantía” de que no va a suceder nada, cuando las poblaciones resultan desfavorecidas.Le puede interesar:
El informe de violencia de las Américas de Human Rights Watch indica que Colombia está cerca de volver a los mismos números antes de que se firmara el acuerdo de paz con las extintas Farc. Los secuestros, extorsiones, masacres, líderes sociales y desplazamientos vienen en aumento en diferentes regiones del país.“Nos preocupa en materia de derechos humanos son los indicadores de violencia de los grupos armados que operan en el país. Estamos hablando de un 2022 con 80 masacres, 222 líderes sociales asesinados, más de 80.000 colombianos confinados y la tasa de desplazamiento más alta desde 2012. Requiere una respuesta inmediata de la administración de Petro para afrontar esto”, informó Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, en Mañanas Blu.Cuando se firmó el acuerdo de paz, según Pappier, los indicadores bajaron de forma sustancial; sin embargo, aumentaron por una combinación de varios factores: un fallo del Gobierno anterior en materia de seguridad que falló y permitió el control de las rutas de tráfico, la pandemia que aumentó los niveles de pobreza que permitió el reclutamiento forzado, y la falta de propuestas del gobierno de Iván Duque en la implementación de los documentos firmados en Cuba.“Es muy temprano para decir si la propuesta de paz total será buena o no, si uno compara agosto de 2022 y 2021, se ve un leve aumento en masacres y asesinatos de líderes sociales. Esperamos que este Gobierno regule y baje estos indicadores que han venido creciendo (…) La recomendación a Petro es que la paz total tenga una buena política de seguridad que busque desmontar a los grupos armados que operan y afronte problemas como: lavado de activos y la corrupción, siendo implementados por las Fuerzas Militares”, puntualizó.Frente al cese al fuego bilateral, aseguró Pappier, que es pronto para saber si funcionará, pues se debe revisar cómo funcionará: “Puede ayudar, pero no enfrenta el problema real en la población civil”. Desde Human Rights Watch consideran que hay un trabajo importante que se debe hacer junto a Lasso y Maduro, presidentes de Ecuador y Venezuela, respectivamente, para darle fin a las rutas de tráfico de los grupos armados como el ELN.“No creo que un informe cambie su posición en vulneración de derechos humanos que tanto cometen”, finalizó.
La violencia en Colombia ha adoptado nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados han aumentado en zonas remotas en los últimos años hasta el punto en que este 2022 el país volvió a niveles de violencia "similares" a los previos al proceso de paz, según dijo este jueves Human Rights Watch (HRW).En el capítulo dedicado a Colombia dentro de su informe global, la ONG señala que los defensores de derechos humanos, periodistas, combatientes desmovilizados de las FARC, líderes indígenas y afrodescendientes y otros activistas han sufrido "amenazas de muerte y actos de violencia constantes".Según cifras oficiales, hubo 182 asesinatos de defensores de los derechos humanos entre enero y octubre, que forman parte de los más de mil registrados desde 2016. En ese sentido, HRW considera "deficiente" la implementación de medidas para prevenir abusos establecidas conforme al acuerdo de paz.Los numerosos grupos armados que operan en el país, ligados al narcotráfico y la minería ilegal, siguieron cometiendo abusos contra los civiles, incluyendo asesinatos, reclutamiento infantil y violencia sexual, sobre todo en zonas rurales de la región del Pacífico y en las fronteras con Venezuela y Ecuador, indica el documento.Como consecuencia, unas 96.000 personas en diferentes comunidades se vieron "confinadas" -con restricciones de movimiento por temor a resultar heridos o por amenazas- este año y otras muchas tuvieron que desplazarse, sobre todo por enfrentamientos entre el ELN y grupos disidentes de las Farc.La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas cifró en 70.000 los desplazados entre enero y octubre como parte de "desplazamientos masivos", es decir, 50 o más personas o 10 o más familias, y HRW señala que la asistencia que esas personas reciben es limitada.A ello se suma que Colombia es el mayor receptor de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes de Venezuela, unos 2,5 millones según cifras de febrero, y las autoridades de ciertos departamentos, como Arauca y Vichada, no dan abasto a nivel humanitario.Por otra parte, las fuerzas públicas también cometieron abusos que dejaron muertos, tanto en operaciones de Ejército como en actuaciones policiales para reprimir protestas generalmente pacíficas, y las investigaciones penales avanzan con lentitud o son limitadas, denuncia la ONG.En medio de los compromisos climáticos del gobierno de Gustavo Petro, las estadísticas muestran que la deforestación no se ha frenado, con un aumento del 10 % en el primer trimestre de 2022, y dos terceras partes fueron en la región de la Amazonía, en muchos casos en zonas de población indígena.Precisamente son los productores ganaderos y grupos disidentes de las FARC quienes impulsan la deforestación y presionan a los residentes a talar, extorsionan a campesinos, promueven el cultivo de hoja de coca para la producción de cocaína y amenazan a los conservacionistas, agrega el informe.Le puede interesar:
Human Rights Watch (HRW) culpó a la "campaña" de descrédito del expresidente Jair Bolsonaro contra la democracia por haber contribuido a alentar los actos golpistas de sus seguidores de este domingo."Este ataque es el resultado de una campaña del expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados para socavar los principios democráticos y difundir alegaciones infundadas de fraude electoral", dijo en un comunicado la directora interina para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk Broner.Para HRW, los "actos de violencia y vandalismo" ocurridos en Brasilia, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron y causaron cuantiosos daños en el Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema, "constituyen un ataque inaceptable contra las instituciones".Los bolsonaristas radicales, que estaban acampados frente a los cuarteles del Ejército en varias ciudades desde el pasado 30 de octubre, piden una intervención militar para deponer al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.Lula venció en la segunda vuelta de las elecciones con el 50,9 % de los votos válidos, frente al 49,1 % de Bolsonaro, quien todavía no ha reconocido abiertamente la derrota."Las autoridades locales no tomaron las medidas adecuadas para proteger edificios federales clave, particularmente considerando que partidarios de Bolsonaro llevaron a cabo incidentes violentos anteriores", como los del pasado 12 de diciembre, apuntó HRW.Para la entidad, "La Policía y la Fiscalía deben investigar no solo a quienes cometieron actos de violencia el 8 de enero, sino también a quienes los incitaron y financiaron".Amnistía Internacional Brasil, por su parte, emitió un comunicado en el que "exige investigaciones rápidas, imparciales y efectivas que sean conducidas por las instituciones competentes para que los actos sean investigados"."La invasión y depredación de edificios públicos, la destrucción de documentos, violaciones de la seguridad e integridad física de periodistas que acompañan los actos y de agentes de las fuerzas de seguridad agredidos por extremistas deben ser investigados", aseveró AI.Para la organización, "el intento de destrucción y sustracción de aparatos y cámaras de profesiones de comunicación representan una grave violación de derecho a la libertad de expresión de la prensa".Le puede interesar
Catar rechazó las peticiones de las ONG de crear un fondo de indemnización por los trabajadores muertos o heridos en los preparativos de la Copa del Mundo de fútbol, declaró su ministro de Trabajo en una entrevista exclusiva con AFP. Esto, luego de las varias denuncias por la situación laboral en el país que pronto abrirá las puertas a las selecciones.Y es Amnistía Internacional y Human Rights Watch encabezaron los llamamientos a la Fifa y a Catar para crear un fondo de indemnización de 440 millones de dólares, que es el equivalente a los premios de la Copa del Mundo, destinado a los trabajadores.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Katherine La Puente, investigadora asociada de Human Rights Watch para oriente medio y norte de África, dijo que Catar tiene una larga historia de importación de trabajadores migrantes de países como Nepal, Bangladesh, Kenia, las Filipinas, entre otros.“Esos trabajadores que llegan al país han trabajado como niñeras, construcción y también en otros empleos serviciales y, otros en los de preparación para el Mundial. Como resultado, muchos trabajadores han sido sujetos a abusos de derechos humanos, incluso, abusos laborales y varios han perdido su vida”.Justamente, las ONG han criticado de manera regular las condiciones de trabajo de los obreros movilizados en las diferentes obras de la competición, prevista en el rico emirato del Golfo a partir del 20 de noviembre.También acusan a Catar de no informar de manera adecuada sobre el número de muertes. El gobierno rechaza los informes que aseguran que miles de personas han fallecido en accidentes en estas obras de construcción o han tenido condiciones de protección insuficientes durante los meses de calor.
Juanita Goebertus, directora de la división de Las Américas de Human Right Watch (HRW), habló en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, acerca de los retos en materia de derechos humanos que plantea la visita del presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela.“[Petro] tiene que exigirle al régimen de Maduro algo a cambio de simplemente ir a sentarse con él, detrás de eso no puede estar tomarse una foto y reactivarse unas relaciones que le interesan a Colombia. Si la reunión de hoy no resulta en algunos compromisos concretos de parte del régimen de Maduro, esas expresiones de empatía se habrían quedado en palabras”, declaró Goebertus.Según la directora de HRW para Las Américas, las peores violaciones de derechos humanos en Venezuela se dieron durante la serie de protestas que se sucedieron hace ocho años y que desembocaron en una cruda represión. “Los momentos de más graves violaciones a derechos humanos en Venezuela han ocurrido entre 2014 y 2017”, señaló.“En la frontera colombo-venezolana desde hace varios años hay un descontrol absoluto. Hay una disputa territorial constante entre el ELN, disidencias de Farc y distintos grupos de crimen organizado”, observó, además, Goebertus.
Este martes se llevará a cabo un encuentro en Caracas, Venezuela, entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro, en medio del proceso de restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela.Allí discutirán sobre temas relacionados a la reapertura de la frontera, el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos y la relación bilateral entre ambos países.Desde la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch aseguran que esta es una oportunidad para que el presidente Petro muestre un compromiso claro con la situación de derechos humanos que se vive en la frontera.“El Gobierno de Gustavo Petro debería priorizar la liberación de los presos políticos y debería buscar que la comunidad internacional de más ayuda humanitaria a Venezuela y que se distribuya de forma apolítica”, señaló Juan Pappier, investigador para las américas de HRW.En el mismo sentido explicó que el Gobierno de Petro debe impulsar un regreso a las negociaciones con la oposición.“Deben estar centradas en la vigencia de los derechos humanos. El Gobierno de Petro tiene una oportunidad para ayudar a que Venezuela salga de esta dictadura y de esta gravísima crisis de derechos humanos, no debería desaprovecharla”, puntualizó.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro viajará este martes a Venezuela, donde sostendrá un encuentro con el presidente de ese país, Nicolás Maduro. Los temas centrales del encuentro serán la reapertura de frontera y el posible regreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos."El encuentro hace parte del liderazgo del presidente Gustavo Petro para impulsar la economía de la región y socializar su agenda a favor de los intereses del bloque latinoamericano y la protección de la Amazonía, y como parte de las reuniones preliminares a la COP 27", comunicó la Presidencia.De acuerdo con la comunicación de la Presidencia, el mandatario Gustavo Petro se desplazará hacia Caracas con su equipo de trabajo, donde sostendrá un almuerzo con el mandatario venezolano.“Los temas a tratar en el encuentro de los mandatarios serán la relación bilateral entre ambos países, la reapertura de fronteras y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de Derechos Humanos”, señala el comunicado.La semana pasada, desde la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), el presidente Gustavo Petro señaló que, pese a la reapertura de la frontera, el comercio binacional sigue moviéndose por las trochas y que ese sería un tema que tendría que tratar con su homólogo venezolano.Le puede interesar:
El domingo, 3 de julio, fueron asesinados el líder indígena Juan Orlando Moreano, del pueblo awá, en Tumaco, y sus dos escoltas de la guardia indígena. Esta sería la masacre número 49 ocurrida en el 2022. Con Orlando ya son 96 los líderes asesinados en este año.Juan Pappier, representante para las américas de la oenegé Human Rights Watch, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que la desprotección es prácticamente total y los abusos no cesan. En un hilo, a través de esta red social, el representante resumió los masivos asesinatos, secuestros y desplazamientos que se han presentado, solo este año, en contra del pueblo.“En la zona, hay una disputa entre las disidencias de FARC conocidas como frente ‘Oliver Sinisterra’ (asociada a la Segunda Marquetalia) y el bloque ‘Alfonso Cano’ (vinculado a las disidencias que lidera Iván Mordisco). La violencia de grupos armados contra el pueblo awá es grave y requiere de atención urgente”, expresó Pappier, quien finalizó afirmando que, con el asesinato de Moreano, los grupos han asesinado, por primera vez en tiempos recientes, a un líder indígena.“Urge que las autoridades tomen medidas serias para proteger al pueblo awá y a sus comunidades”, finalizó.Vale la pena recordar que Juan Orlando Moriano, gobernador suplente del resguardo indígena Inda Sabaleta de la comunidad awá, aseguró que no le temía a la muerte, pero advirtió que él sería asesinado por decir la verdad y defender a su pueblo.En octubre del año 2020 Moríano, durante una entrevista con Blu radio, dijo que presentía que algo malo estaba sucediendo en su comunidad y comenzó a denunciar hechos de violación de los derechos humanos de sus comuneros y autoridades, razón por la cual fue objeto de varias amenazas.El líder indígena insistió que nunca les pusieron atención a sus denuncias ni mucho menos a las amenazas de las que fue objeto por hacer respetar a su pueblo y señaló que para el presidente Duque, en esta parte del país, nada está pasando.“Aquí en Colombia quien denuncia o diga algo sobre los abusos de los grupos armados ilegales o de la misma fuerza pública, corre el riesgo de ser amenazado o masacrado”, decía Moriano.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
En la audiencia pública de la Corte Constitucional sobre las medidas de protección para los líderes sociales, la oficina de derechos humanos de la ONU aseguró que en el país de 100 casos de defensores sociales muertos, 33 fueron asesinados en el marco de las protestas sociales. Además, entregaron cifras de los homicidios de los defensores de derechos humanos, y las tutelas falladas a favor para la protección de la UNP con esta población y pidieron garantías por falta de resultados del Gobierno.La ONG Human Rights Watch alertó sobre las cifras de violencia en las comunidades indígenas, además de la elevada cifra de muertes en Colombia a la hora de ejercer el derecho de la protesta en medio de la audiencia convocada por la Corte Constitucional sobre las medidas de protección para la población líder y defensora de derechos humanos.“En el total de 100 casos de homicidio de defensores verificados en el 2021 por nuestra oficina, 33 fueron casos de muerte que ocurrieron en el contexto de protestas, la mayoría durante el Paro Nacional”, señaló Juliette de Rivero de Human Rights. También resaltó de que no se trata de un tema únicamente de cifras, sino de una tragedia. “Este no es un tema de cifras, la muerte de cada persona defensora de derechos humanos es una tragedia para Colombia y para su comunidad”.Según las tutelas que llegaron a la Corte Constitucional, la afectación de los derechos se produce en diferentes escenarios. Varias de las tutelas que llegaron a la alta corte, señalan que aún no cuentan con protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Entre tanto, Alfonso Campo Martínez, director de la UNP, fue citado a esta audiencia y señaló que más de 7.000 personas han sido beneficiarias de las medidas de protección. “Desde el 2014 hasta la fecha, 7324 personas han sido beneficiarias de medidas de protección y, de ese número, 3652 son líderes o lideresas sociales, que corresponde al 46% de las medidas totales”, señaló Martínez.“Desde el año 2012 nos han presentado 3.245 acciones de tutela; 2.107 han fallado a favor y 1.089 han sido fallos en contra”, precisó la UNP.Sin embargo, expertos como Rodrigo Uprimny señalaron que no hay resultados hasta el momento.“Los mecanismos implementados por el Gobierno no han dado resultados y no cumplen con los estándares de una política que permita la defensa de los derechos de líderes y lideresas sociales”.Lea tambiénDentro de las cifras se mencionó que en el 2016 y 2021 se registraron 1559 homicidios de personas defensoras de DD.HH y lideres sociales en 348 municipios, de los cuales 126 contaban con alerta temprana mientras que en 122 no se advirtió la situación de riesgo por el SAT, según Marco Romero, director de la CODHES, una organización con carácter consultivo ante la ONU y la OEA.Según el Ministro del Interior, Daniel Palacios, en materia de recursos el Gobierno ha dispuesto más de 280.000 millones de pesos para invertir en la protección de comunidades indígenas, negras, palenqueras, LGBTIQ y los entes territoriales que son los primeros respondientes en materia de amenazas y vulneración al liderazgo social.Escuche el podcast de 'El Consultorio de Juan David Ríos'
El segundo comandante del Ejército, el general Omar Sepúlveda, notificó a todas las unidades que los efectos del decreto del día cívico solo aplican al personal civil y militar que trabaja en áreas administrativas.Aclaró el alto oficial que las operaciones militares en el territorio nacional no se suspenderán y que la misión institucional debe ser garantizada por los oficiales que están en “cargos sensibles”.En consecuencia, el Comando General del Ejército determinó que “el personal civil permanecerá disponible con trabajo en casa (...) el personal militar debe estar disponible en sus áreas de trabajo al 20 % y el 80 % restante debe estar atento a la alarma telefónica”.Asimismo, la comandancia ordenó que la Oficina de Registro funciones hasta medio día y que todo el personal de servicio de régimen interno debe permanecer disponible en sus respectivas unidades.El Gobierno nacional decretó que este viernes, 19 de abril, sea día cívico para entidades nacionales adscritas a la rama ejecutiva con el fin de mitigar el alto consumo de agua y energía ante la crisis por el bajo nivel de los los principales embalses del país como consecuencia del fenómeno de El Niño.
Irán negó este viernes que se haya producido un ataque con misiles contra el país y aseguró que las defensas aéreas han derribado varios drones, en medio de las tensiones por una posible represalia de Israel a Irán.“Hasta el momento no se ha informado de ningún impacto o explosión a gran escala causado por ninguna amenaza aérea”, afirmó la agencia estatal IRNA.La televisión estatal iraní proporcionó una información similar y mostró imágenes de aparente normalidad en la ciudad de Isfahan, donde escucharon horas antes sonidos de “fuertes explosiones”.La Agencia Espacial de Irán también negó un ataque con misiles, en contra de las informaciones procedentes de Estados Unidos que aseguraban que Israel había lanzado proyectiles contra suelo iraní.“No hay reportes de un ataque con misiles por ahora”, dijo el portavoz de la Agencia Espacial de Irán, Hossein Dalirian, en su cuenta de la red social X.La fuente indicó que las defensas aéreas del país han derribado “tres micro drones”.Horas antes, la televisión estatal iraní informó del sonido de “fuertes explosiones” en la provincia central de Isfahan, que aloja centros de producción de misiles e instalaciones nucleares.Fars fue más específica y apuntó del sonido de “tres explosiones” cerca de la base aérea de Shekari, en el norte de Isfahan.Por su parte, la agencia estatal IRNA informó de que se han activado las defensas aéreas en “varias provincias”, después de que se escuchasen “fuertes explosiones” en el centro del país.Las instalaciones nucleares iraníes se encuentran “completamente seguras”, indicó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo al cargo de la seguridad de los centros atómicos del país.En medio de la confusión sobre lo que está sucediendo, las autoridades de aviación suspendieron los vuelos en al menos tres ciudades del país, entre ellas Teherán y su aeropuerto internacional.En Estados Unidos un alto funcionario dijo a la cadena ABC que Israel lanzó en la madrugada del viernes varios misiles contra Irán.Esta agresión sería una represalia por el ataque con cientos de misiles y drones del sábado pasado de Irán contra Israel, que a su vez fue una respuesta al bombardeo del consulado iraní en Damasco, en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria.Israel ha afirmado que responderán al ataque iraní, ante lo que Teherán ha subido el tono de sus advertencias y ha asegurado a su vez que tomará medidas ante una posible represalia israelí.Irán avisó ayer de que podría revisar su “doctrina nuclear” -que dictaba hasta ahora un uso exclusivamente civil de esta energía- si Israel amenaza con atacar sus centros atómicos.
Muchos creen que es un error la adaptación de un libro a la producción cinematográfica, ya sea en películas o en series, pues creen que quienes las producen no sacan "todo el juego" de los relatos de estos; sin embargo, 'La Casa del Dragón' cambió eso al hacer un gran modelo de un éxito de saga como la ha sido 'Juego de Tronos'.En Max, plataforma que está detrás de esta producción, dicen que los libros son una oportunidad de explorar las ideas que cuando se ven en las realidad como esta serie hacen que los lectores queden aún más fascinados y pidiendo más adaptaciones en el corto plazo.Series como 'El Simpatizante', 'Sharp Objects', 'The Flight Attendant', 'Big Little Lies' o las ya mencionadas llevan a un siguiente nivel los libros al explorar escenarios que ni en los lectores estuvieron contemplados.Por ejemplo, basada en la galardonada novela homónima de Viet Thanh Nguyen, ganadora del Premio Pulitzer, la serie 'El Simpatizante' transporta a los espectadores a los últimos días de la guerra de Vietnam, explorando el espionaje con un tono de sátira intercultural a lo largo de siete emocionantes episodios. Esta obra es un auténtico viaje ideal para aquellos que buscan inspiración, desean conocer nuevas realidades y aventurarse en un universo diferente.Inspirado por este lanzamiento que llevó la imaginación de las páginas a la pantalla, Max ha preparado una selección especial de series basadas en obras literarias icónicas, disponibles en la plataforma. Desde dramas de fantasía hasta intensos thrillers psicológicos, el catálogo ofrece una variedad de títulos que prometen capturar la atención de los espectadores, llevándolos a un universo que trasciende los límites de la imaginación.'El Simpatizante' sumerge en un apasionante thriller de espionaje y sátira intercultural. La serie narra las vicisitudes de un espía, mitad francés y mitad vietnamita, durante la caída de Saigón en los últimos días de la Guerra de Vietnam. Tras la caída del régimen, se embarca en un nuevo capítulo como refugiado en Los Ángeles, solo para descubrir que su pasado como espía aún lo persigue.
El debate sobre el decreto que fijó este viernes, 19 de abril, día cívico para entidades nacionales adscritas a la rama ejecutiva se traslada ahora al campo legal.El abogado constitucionalista Germán Calderón España demandó el decreto 0500 del 18 de abril de 2024 al considerar que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no tiene la competencia para hacerlo, pues debería modificarse la Ley 51 de 1983 que fue expedida por el Congreso de la República.“No puede implementarse un día festivo de carácter civil (día cívico) o religioso por decreto, pues es de reserva legal. si se hace, se viola el principio de legalidad”, sostuvo el abogado relacionando determinaciones previas del Consejo de Estado sobre los límites, las competencias y las reglas de juego de las autoridades y los organismos del Estado.Añadió que, desde el 2011 se estableció, mediante la ley 1437, que: "Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso”.Bajo esos términos, la demanda solicitó al Consejo de Estado la "nulidad simple" del decreto 0500 del 18 de abril y que se expidan medidas cautelares para la “suspensión provisional de los efectos jurídicos, con carácter urgente”, hasta que la magistratura decida sobre la legalidad del decreto.La demanda fue instaurada contra la Presidencia de la República, los ministerios del Interior, del Trabajo, de Minas y Energía, del Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de Planeación Nacional.
Desde que la inteligencia artificial (IA) llegó a ser parte del día a día, más campos de trabajo le han perdido el miedo y han optado por sacarle provecho a sus diversas herramientas para potenciar las tareas profesionales y crear productos de mayor calidad en el tiempo.Uno de los campos, que nadie esperaba, es el mundo de los tatuadores. Si bien la IA no tiene la capacidad de hacer este proceso, sí han facilitado el proceso creativo de quienes se dedican a este trabajo. Ahora, la inteligencia artificial se ha dedicado en la creación de diseños innovadores que nacen tan solo de una idea que plantea un cliente o tatuador."La incorporación de la inteligencia artificial en la industria del tatuaje nos brinda la capacidad de diseñar obras únicas y personalizadas para nuestros clientes. Estas creaciones nos ofrecen una amplia variedad de opciones para elegir. No obstante, es crucial que cada diseño sea enriquecido con el toque profesional distintivo de cada artista. Es esta combinación la que nos distingue de otros en el campo", mencionó Axl Rojas, reconocido artista y tatuador.No solo eso, sino que, según el gremio, la IA es capaz de recrear rostros de familiares o mascotas, algo que antes tomaba horas de diseño creativo y que a través de esta herramienta es un trabajo de tan solo minutos llevando al aumento de clientes y ahorrando horas para poder hacer más cosas."A medida que la tecnología continúa avanzando, los tatuadores tenemos la responsabilidad de aprovechar estas innovaciones para ofrecer resultados sobresalientes, cuidar la satisfacción y seguridad de nuestros clientes", agregó Axl Rojas. "La inteligencia artificial nos brinda la oportunidad de elevar nuestros estándares y seguir explorando los límites de nuestro arte".