El jueves, 28 de abril, se realizará la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional, por un acumulado de varios procesos. Se trata de nueve acciones de tutela presentadas por 18 ciudadanos que se identifican como población líder y defensora de derechos humanos contra varias autoridades estatales, entre ellas, la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría General de la Nación.Los demandantes consideran vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía, protección de su vida y de los colectivos que integran.La sesión técnica se realizará de manera virtual el jueves, 28 de abril de 2022, a partir de las 8:00 de la mañana. Será transmitida por todos los canales y redes sociales de la corporación judicial.Según las tutelas, la afectación de los derechos se produce en diferentes escenarios:Algunos de los accionantes no cuentan con protección de la UNP.Otros afirman que, si bien el Estado les ha brindado protección, a través de esquemas de seguridad, esto no ha sido suficiente dado que los esquemas de protección no son eficaces y no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial. Igualmente destacan que esto ha afectado la representación de las colectividades.No existen políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.A la sesión serán citados representantes de los accionantes, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Federación Colombiana de Municipios, el gobernador del departamento del Cauca, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la oenegé Somos Defensores, el negociador para la paz Humberto de la Calle Lombana, la misión de verificación de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oenegé Human Rights Watch.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Luego de la operación del Ejército en Puerto Leguizamo, Putumayo, el pasado 28 de marzo, Human Rights Watch abrió una investigación para determinar si se respetaron los principios de derechos humanos o si se violaron las leyes del uso de fuerza letal por parte de las autoridades, en hechos que dejaron 11 personas muertas.Hasta ahora, según detalló Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, hay evidencia que señala que, probablemente, en el bazar de El Remanso hubo civiles muertos, así como disidentes. Por eso, siguen con las investigaciones sobre cómo murieron y cuál era el objetivo de dicho operativo, del que esperan una respuesta a un cuestionamiento que enviaron al Ministerio de Defensa.“Todavía estamos investigando los hechos. Hemos estado en terreno hablando con los familiares de las víctimas, hemos enviado un cuestionario con 19 preguntas al Ministerio de Defensa y todavía estamos examinando los hechos. Hasta ahora, tenemos evidencias que indican que, al menos, cuatro de los 11 muertos eran civiles”, reveló en Mañanas BLU.“En ese bazar había numerosos miembros de la comunidad civil, pero también había, probablemente, entre cuatro o cinco miembros del Comando de la Frontera, pero eso no basta para determinar si se cumplió con el derecho internacional”, agregó Juan Pappier.Sobre las denuncias hechas por la comunidad de una “masacre” por parte del Ejército, dijo que, por ejemplo, el uso de francotiradores únicamente se permite dentro del Derecho Internacional si es un caso extremo para proteger la vida de una persona en medio de un combate, lo que no habría pasado en El Remanso, según explicó.“No se dio en el marco de un conflicto armado y en ese caso, el uso de un francotirador solo es permitido si es la única forma de proteger la vida de una persona, que no parece ser el caso en este supuesto en particular en El Remanso”.Mencionó que, aunque siguen recogiendo evidencias y analizando los hechos, la infiltración de miembros de grupos ilegales en este tipo de actividades comunitarias es recurrente en Putumayo, en parte, por “la falta de presencia del Estado” en la región.“En esos bazares ocurren muchas cosas, fiestas de la comunidad y en algunas ocasiones miembros de los grupos armados se infiltran para hacer compra de coca u otras actividades ilegales. Eso ocurre en el Putumayo, es parte de la falta de presencia estatal y control social y territorial que hay”.
La organización Human Rights Watch (HRW) se encuentra en la vereda de Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, realizando una investigación en campo sobre lo sucedido el pasado 28 de marzo durante una operación del Ejército, cuando el Gobierno anunció que 11 disidentes de las Farc habían sido abatidos; sin embargo, la comunidad ha denunciado que quienes fallecieron durante la operación eran civiles.Human Rights Watch ya ha logrado confirmar que al menos cuatro civiles murieron durante el operativo. Se trataría de Pablo Panduro Coquinche de 48 años, gobernador indígena del cabildo Bajo Remanso, así como Ana María Sarrias, de 24 años, la esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Remanso. Por otro lado, confirmaron que durante el operativo murieron también Oscar Oliva, de 40 años, y Divier Hernández, de 35 años.Carlos Garay, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, aseguró que las comunidades están desplazándose hacia la cabecera municipal, pues se han sentido estigmatizados por el Ejército."Hay personas desplazadas y confinadas, pues hay un actor armado legal que los tiene señalados. Si nosotros nos ponemos unas botas, nos están diciendo que es que somos guerrilleros. El Ejército cuando nos mira nos dice que nosotros somos cómplices de la guerrilla", denunció Garay.Siga y escuche el podcast de La Intérprete:
El pasado lunes 28 de marzo, en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, se desarrolló una operación por parte del Ejército en la cual, según el ministro de Defensa, Diego Molano, fueron abatidos 11 disidentes de las Farc a quienes también se les habría incautado armamento. Sin embargo las comunidades en la zona denunciaron que durante el operativo habrían muerto 9 civiles.La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch le envío un documento al ministro Molano indagando por la operación. Pues aseguran que han logrado confirmar la muerte de civiles ese día.El documento firmado por la directora de HRW, Tamara Taraciuk, tiene 19 preguntas divididas en tres puntos. El primero de ellos es el del origen de la operación:“ a) Sírvase precisar fecha, lugar y objetivo de la citada operación militar. Especifique si se trató de una operación ofensiva.b) Por favor mencione la entidad u organismo que dio la orden para la realización de la operación militar y cuáles eran los antecedentes y labores de inteligencia preliminares”. Son algunas de las preguntas.Con el segundo punto la organización busca indagar sobre el desarrollo del operativo y pregunta sobre las órdenes que se dieron ese día y el nombre de los responsables:“c) ¿Se contó con apoyo militar naval y/o de personal en helicóptero? En caso de ser afirmativa la respuesta, por favor indique de qué unidades, con cuántos hombres y el rango de cada uno de ellos.d) Señale nombres y apellidos, el cargo y rango de la persona responsable del mando operativo.”Por último el cuestionario busca respuestas sobre los resultados con preguntas como: ¿Cuáles son las evidencias que tiene el Ministerio de Defensa para informar, como lo hizo usted en redes sociales, que las personas neutralizadas eran “narcococaleros” y que se trataba de “criminales”4?El investigador de HRW Juan Pappier manifestó que están investigando los hechos y esperan presentarle al país las conclusiones en un informe“Hacer investigaciones serias y profesionales que ayuden a que todos conozcan la verdad y no de presumir ni que todos los muertos fueron guerrilleros, como ha hecho yo creo de forma irresponsable el ministro de la Defensa, ni de presumir que aquí se trató de falsos positivos”, dijo a BLU Radio.Escuche el podcast El Camerino:
Los investigadores de Human Rights Watch se sumergieron en las entrañas de la zona fronterizas entre Colombia y Venezuela, específicamente en en las líneas limítrofes que están en los departamentos Vichada y Arauca.HRW asegura que grupo armados ilegales están cometiendo abusos brutales contra civiles, asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado. En el informe Human Rights Watch, también señalan la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.“Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela (…) , y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente“ señaló Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.En el mismo informe recomiendan a las autoridades colombianas a que redoblen urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población e instan a las la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas.La organización sin fines de lucro también dice que según informaciones la Policía Nacional de Colombia hubo 103 homicidios en Arauca en enero y febrero, alertando que es la cifra más alta reportada en los primeros dos meses del año en Arauca al menos desde el 2010.Human Rights Watch muestra en su investigación varias entrevistas, en las que pudo conocer que ambos grupos armados han matado a decenas de personas y que “Muchos entrevistados dijeron que miembros del ELN buscaron a personas a las que acusaban de colaborar con grupos disidentes de las FARC”.Durante la investigación, ha recopilado el informe con ayuda de organizaciones gubernamentales que al menos “3,300 personas, incluyendo colombianos y venezolanos, habían huido de Apure hacia los departamentos colombianos de Arauca y Vichada”.
El presidente Iván Duque, reconoció la existencia de "conductas individuales" en la Policía, pero criticó tajantemente "generalizaciones" como las vertidas esta semana por Human Rights Watch (HRW) en su informe de 2021, que denunció "abusos gravísimos contra manifestantes" en las protestas registradas en el país."Nosotros reconocemos que hay conductas individuales que tienen que ser sancionadas, pero tienen que ser concebidas dentro de la individualización, no la generalización y la estigmatización que muchos pretenden hacer por intereses políticos", sostuvo en una entrevista con Efe.HRW denunció en un documento, difundido el jueves, que la Policía colombiana cometió "abusos gravísimos en contra de manifestantes", que no son "incidentes aislados", sino el resultado de un problema profundo del cuerpo policial, que necesita una reforma.Una denuncia que para Duque viene originada en todo tipo de intereses, porque "en la política hay derecho a las propias opiniones, pero no a los propios hechos" y "los hechos son tozudos, claros y evidentes", por tanto, la crítica debe ser concebida desde la "individualización" de cada caso.La ONG internacional recopiló pruebas a través de 150 entrevistas a víctimas, familiares, abogados y expertos, así como la verificación de registros policiales, forenses y videos que apuntan a supuestos abusos cometidos por agentes policiales durante las manifestaciones, a los que se acusa de haber "dispersado manifestaciones pacíficas de manera arbitraria y empleado la fuerza de forma excesiva, y a menudo brutal, incluso mediante el uso de municiones letales".Escuche el podcast La caja de los comics:
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, utilizó el estado de emergencia decretado por la llegada de la COVID-19 para intensificar su control de la población, denunció Human Rights Watch (HRW) en un informe difundido este jueves, 13 de enero.En su informe anual, HRW afirma que el Gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad "son responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones por un corto periodo de tiempo, así como el encarcelamiento de opositores, procesar a civiles en tribunales militares y torturas a los presos"."Ellos usaron el estado de emergencia puesto en marcha en respuesta a la covid-19 como pretexto para intensificar su control sobre la población. La falta de independencia judicial contribuyó a la impunidad de sus delitos. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices en los abusos", destaca.Al respecto, recuerda que la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU "identificó patrones de violaciones" de los derechos humanos y delitos que eran parte de una conducta sistemática y extendida.En este sentido, la ONG asegura que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció en noviembre pasado su decisión de abrir formalmente una investigación sobre la comisión de posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.HRW también recuerda que Venezuela afronta una emergencia humanitaria severa con "millones de personas sin acceso a atención sanitaria o una nutrición adecuada"."El acceso limitado a agua segura en los hogares, centros de atención médica y un plan de vacunación afectado por la opacidad puede haber contribuido a la difusión de la covid-19, sostiene el informe.La organización también recuerda que la misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en los comicios locales y regionales del pasado 21 de noviembre reportaron que algunos opositores fueron "arbitrariamente descalificados" y un "acceso desigual a los medios de comunicación".Además, que "la falta de independencia judicial respeto al imperio de la ley socavaron la imparcialidad y transparencia de la elección".Entre las preocupaciones que persisten, incluye las "abyectas condiciones" en las prisiones, la impunidad para las violaciones de los derechos humanos y el acoso a los defensores de los mismos y medios independientes."El éxodo de venezolanos que huyen de la represión y la emergencia humanitaria representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina", reitera.Detenciones arbitrariasEn su informe, HRW también dice que "el Gobierno ha detenido a opositores políticos", eliminándolos de las posibles carrera para ser elegidos en elecciones.Cita el informe de la ONG Foro Penal del pasado 25 de octubre, momento en el que reportaron que había 254 detenidos a los que calificaban como presos políticos, una cifra que actualizaron este miércoles a 243.Asimismo, destaca que agentes de seguridad y de las fuerzas de seguridad "han torturado a varios detenidos y a sus parientes", a la vez que recuerda que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de 2020 reportó casos de presunta tortura y malos tratos a los arrestados.HRW también se hace eco de los abusos denunciados durante los combates que estallaron en marzo de 2021 en el estado Apure (fronterizo con Colombia) entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC."La operación (militar) llegó a la ejecución de, al menos, cuatro campesinos, detenciones arbitrarias y el juicio de civiles en tribunales miliares, así como la tortura de vecinos acusados de colaborar con grupos armados", subrayó.Acerca del medioambiente, afirma que la minería es el principal problema para la deforestación del Amazonas venezolano, tras la agricultura.Menciona un estudio de la ONG SOS Orinoco que aseguró que, tras la "ilegal!" declaración de Maduro que creó en 2016 una zona especial para la minería en el norte del sureño estado Bolívar, esa área ha perdido más de 230.000 hectáreas de cobertura forestal.
Mediante su cuenta de Twitter, José Miguel Vivanco anunció que luego de casi 30 años, va a iniciar una nueva etapa en su vida y a partir de febrero dejará su cargo en la organización de derechos humanos Humans Rights Watch.Sin embargo, en la entrevista con La Nación, Vivanco también aseguró que quiere construir sobre lo que ha aprendido y explorará nuevas formas para seguir trabajando en el tema de los derechos humanos.Por otro lado, José Vivanco dijo que cree que América Latina se encuentra en “un muy mal momento, probablemente el peor de los últimos 30 años”, porque la democracia se ha debilitado y desacreditado creando "riesgos enormes" para el respeto de los derechos universales.Siga y escuche el podcast de Cuatro Punto Cero
La Corte Penal Internacional decidió concluir un examen preliminar contra Colombia por delitos cometidos durante el conflicto por miembros del Estado, la guerrilla y grupos paramilitares.Eliecer Arias, indígena Kankuamo y familiar de 3 víctimas de ejecuciones extrajudiciales aseguró que esta decisión es una lectura errada del contexto político y social que atraviesa el país.Desde el partido Comunes también reaccionaron a esta decisión, según el senador Julián Gallo, esto significa un respaldo a la justicia especial para la paz.“Por eso es muy importante que se anuncie que el Gobierno se ha comprometido a preservar lo creado en el acuerdo de paz en materia de justicia, pero también a garantizar su funcionamiento”, agregó Gallo.El consejero para la estabilización, Emilio Archila, afirmó que la decisión demuestra que en el país sí se están investigando y sancionando los crímenes ocurridos durante el conflicto armado: “no existen razones para investigar a Colombia en lo que respecta a paramilitarismo, delitos relativos a las fuerzas armadas, violencia sexual, desplazamiento forzado o falsos positivos”.Por último, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se pronunció por medio de su cuenta de Twitter asegurando que era una decisión equivocada.
Desde Brasil, el presiente Iván Duque se refirió a la carta enviada por José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch, al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien visitará Colombia este miércoles, 20 de octubre.El jefe de Estado fue enfático en decir que hay personas que quieren sacarle provecho a esta vista del secretario al país.“Por eso, algunos quieren sacarle provecho a la visita del secretario Blinken. Él no va a servirse para que vengan otros a tratar de opacar su visita haciéndoles el juego del protagonismo mediático, él viene a trabajar en una agenda migratoria y con Colombia en distintas materias”.“Él no atiende a presiones de nadie, aquí hay una relación de estado a estado y hay gente que le gusta el protagonismo y que le gusta siempre buscar primeras planas”, sostuvo Duque.Además, indicó que lo importante es trabajar con efectividad, ver la economía del país creciendo, generando empleo y oportunidades en todo el territorio nacional. “Eso es lo que hemos hecho”.Vea las declaraciones de Iván Duque:Le puede interesar: escuche y siga Noticias del día en Colombia, en Spotify
La jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner aseguró que durante su detención en Rusia, donde permaneció de febrero a diciembre de 2022 tras ser arrestada por posesión de drogas, había "nidos de araña" y manchas de sangre en la cama, en una entrevista exclusiva difundida este miércoles por la cadena norteamericana ABC.Griner, una de las mejores jugadoras del baloncesto femenino estadounidense, reconoció que se olvidó por completo de que tenía cartuchos con aceite de hachís para vapear en su maleta y definió como "un error enorme" no haberlo sacado de su equipaje a la hora de viajar a Rusia, donde iba a competir en la liga de baloncesto local.La estadounidense aseguró además que decidió cortarse el pelo, porque sus rastas se congelaban."Fue algo que tuvo que pasar. Teníamos arañas encima de mi cama haciendo nidos. Mis rastas empezaron a congelarse y se quedaban mojados y fríos, por lo que me enfermaba", contó Griner."Tienes que hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir", agregó.La jugadora de las Phoenix Mercury en la WNBA estadounidense informó además de que se le dio pasta dental caducada y que la usaban para quitar el moho negro de las paredes.Griner explicó que su mujer, Cherelle Griner, era habitualmente la encargada de hacer su maleta cuando tenía que viajar, pero que por alguna razón en la mañana de su viaje a Rusia eso no ocurrió.Fue la propia Griner en hacer su maleta y se olvidó por completo de que tenía cartuchos de hachís para vapear en su maleta. La estadounidense sabía que en Rusia estaba prohibido llevar drogas."Dije '¿cómo he podido cometer este error? Podía ver todas las cosas por las que había trabajado tan duro haciéndose pedazos y desaparecer", aseguró Griner.Griner, una de las mejores de la WNBA y líder de la selección de EE.UU., fue detenida en febrero de 2022 en un aeropuerto ruso, cuando iba a tomar un avión, por llevar cartuchos con aceite de hachís para vapear, ilegales en Rusia, y fue condenada a nueve años de cárcel por posesión y contrabando de drogas.El equipo de abogados defensores de Griner argumentó que el aceite de hachís que llevaba encima había sido obtenido con receta y que lo utilizaba "con propósitos médicos y no recreativos".Tras meses de negociaciones entre el gobierno estadounidense y el ruso, Griner fue canjeada en diciembre de 2022 por el traficante de armas Víctor But, conocido como el "mercader de la muerte".La deportista regresó a las canchas con las Phoenix Mercury para la temporada 2023, aunque se tomó una pausa de tres partidos en verano para enfocarse en su salud mental.
Conozca los resultados del sorteo del chance La Caribeña Noche. Este sorteo se realiza todos los días, incluso los días festivos.Resultado Caribeña NocheEl número ganador del último sorteo de Caribeña Noche de este miércoles, 1 de mayo, es el número: 1217Tres últimas cifras: 217Tres primeras cifras: 121Cuatro cifras: 1217Conozca todos los resultados de los sorteos anteriores de Caribeña Noche¿Cuál fue el último resultado de Caribeña Noche?El número ganador del último sorteo de Caribeña Noche de este martes, 30 de abril, es el número: 7448
Conozca el resultado del último sorteo del chance el Sinuano Noche, que juega todos los días, incluidos domingos y festivos.Resultado Sinuano NocheEl número ganador del último sorteo de Sinuano Noche de este miércoles, 1 de mayo: 8345Tres últimas cifras: 345Tres primeras cifras: 834Cuatro cifras: 8345Conozca todos los resultados de los sorteos anteriores de Sinuano Noche.¿Cuál fue el último resultado de Sinuano Noche?El número ganador del último sorteo de Sinuano Noche de este martes, 30 de abril: 6856
Este miércoles, 1 de mayo, se llevó a cabo el sorteo del chance Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más famosos de Colombia, y al igual que Super Astro Sol, se juega diariamente.El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 10:50 de la noche, mientras que los domingos juega a las 8:30 de la noche y cuenta con tres oportunidades de ganar con una misma apuesta.Plan de premios Super Astro Sol y Super Astro Luna4 cifras + signo = Paga $42.000 veces lo apostado3 cifras + signo = Paga $1.000 veces lo apostado2 cifras + signo = paga $100 veces lo apostado.El acierto de las cifras es en estricto orden.El Super Astro Luna es idéntico al Super Astro Sol, con la única diferencia que este último se juega de día.Conozca los resultados del último sorteo de Super Astro Luna de este miércoles, 1 de mayo: 2269 - LibraDos últimas cifras: 69Tres últimas cifras: 269Cuatro cifras: 2269Conozca todos los resultados de los sorteos anteriores de Super Astro Luna.¿Cuál fue el resultado de Super Astro Luna chance de ayer martes, 30 de abril de 2024?Conozca los resultados del último sorteo de Super Astro Luna de este martes, 30 de abril: 9593 - Géminis
El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles que se suspenderán por cuatro días los apagones programados a nivel nacional gracias a la mejora en los caudales de los ríos que alimentan a varias centrales hidroeléctricas que, por la sequía registrada semanas atrás, entre otras causas, mermaron su generación.El ministro de Energía en funciones, Roberto Luque, comunicó en una rueda de prensa que ante el aumento de las lluvias, sobre todo en la provincia andina de Azuay donde se asientan varias de las principales plantas hidroeléctricas, se suspenderán los racionamientos eléctricos hasta el próximo domingo.Ello implica que no habrán cortes de electricidad mañana jueves ni tampoco durante el puente festivo de tres días (de viernes a domingo) por el Día del Trabajador.Colombia y Ecuador restablecen la interconexión eléctrica entre ante crisis energéticaLos apagones también se suspendieron este miércoles por la mejora de las condiciones en dichas plantas y luego que Colombia reanudara la interconexión eléctrica con Ecuador.Los apagones programados en Ecuador comenzaron a mediados de abril, cuando el Gobierno anunció periodos de racionamiento de hasta 13 horas en algunos lugares, con un promedio de ocho horas a escala nacional en distintas ciudades y zonas según factores de consumo.Los racionamientos han bajado de forma paulatina y el pasado martes fueron de dos horas en promedio como en el caso de Quito, la capital del país.El ministro Luque, que la semana pasada explicó que cada hora de racionamiento eléctrico provocaba pérdidas por unos 12 millones de dólares, señaló que en esos días se evaluará la situación hidrológica del país para determinar las acciones que tomará la autoridad del ramo la próxima semana.