El informe de violencia de las Américas de Human Rights Watch indica que Colombia está cerca de volver a los mismos números antes de que se firmara el acuerdo de paz con las extintas Farc. Los secuestros, extorsiones, masacres, líderes sociales y desplazamientos vienen en aumento en diferentes regiones del país.
“Nos preocupa en materia de derechos humanos son los indicadores de violencia de los grupos armados que operan en el país. Estamos hablando de un 2022 con 80 masacres, 222 líderes sociales asesinados, más de 80.000 colombianos confinados y la tasa de desplazamiento más alta desde 2012. Requiere una respuesta inmediata de la administración de Petro para afrontar esto”, informó Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, en Mañanas Blu.
Cuando se firmó el acuerdo de paz, según Pappier, los indicadores bajaron de forma sustancial; sin embargo, aumentaron por una combinación de varios factores: un fallo del Gobierno anterior en materia de seguridad que falló y permitió el control de las rutas de tráfico, la pandemia que aumentó los niveles de pobreza que permitió el reclutamiento forzado, y la falta de propuestas del gobierno de Iván Duque en la implementación de los documentos firmados en Cuba.
“Es muy temprano para decir si la propuesta de paz total será buena o no, si uno compara agosto de 2022 y 2021, se ve un leve aumento en masacres y asesinatos de líderes sociales. Esperamos que este Gobierno regule y baje estos indicadores que han venido creciendo (…) La recomendación a Petro es que la paz total tenga una buena política de seguridad que busque desmontar a los grupos armados que operan y afronte problemas como: lavado de activos y la corrupción, siendo implementados por las Fuerzas Militares”, puntualizó.
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Frente al cese al fuego bilateral, aseguró Pappier, que es pronto para saber si funcionará, pues se debe revisar cómo funcionará: “Puede ayudar, pero no enfrenta el problema real en la población civil”. Desde Human Rights Watch consideran que hay un trabajo importante que se debe hacer junto a Lasso y Maduro, presidentes de Ecuador y Venezuela, respectivamente, para darle fin a las rutas de tráfico de los grupos armados como el ELN.
“No creo que un informe cambie su posición en vulneración de derechos humanos que tanto cometen”, finalizó.
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