La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) presentó un alarmante informe de 124 páginas titulado "Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá. Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia".En el documento se revela una alarmante realidad: entre los años 2022 y 2025, el reclutamiento forzado de menores en el país se cuadruplicó, un fenómeno impulsado en parte por las dinámicas digitales y las fallas de moderación de gigantes tecnológicos como Meta (propietaria de Facebook) y TikTok.El rol de los algoritmos y la "maleza tecnológica"Uno de los hallazgos más novedosos y preocupantes del informe de HRW tiene que ver con cómo los grupos armados utilizan activamente las plataformas digitales para atraer a niños y jóvenes. Según explicó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, los reclutadores no emplean búsquedas directas que los filtros tradicionales puedan bloquear fácilmente; en cambio, recurren a códigos visuales y de lenguaje específicos."Nuestro investigador empezó a buscar cuentas de reclutadores y (...) empieza a buscar con los emojis, con los hashtags, con las palabras claves que usan los reclutadores. Y uno empieza a ver que efectivamente tanto Facebook como TikTok están plagados de estas cuentas".La investigación identificó el uso de combinaciones de emojis de ninjas, tréboles y fajos de dinero junto a banderas de diferentes países para hacer alusión a las disidencias de las Farc o al ELN.Sin embargo, la mayor alarma radica en el comportamiento de las redes sociales. Cuando el investigador de la ONG comenzó a seguir estas cuentas, los algoritmos de recomendación de Facebook y TikTok comenzaron a sugerirle proactivamente más perfiles de reclutadores.Goebertus criticó la respuesta insuficiente de las empresas tecnológicas: "A pesar de tumbarlas, el algoritmo le siguió promoviendo a nuestro investigador que siguiera nuevas cuentas. Es decir, es como podar el pasto, pero si no se cambia el algoritmo, si no se toman medidas de fondo, el contenido sigue produciéndose y sigue recomendándose".La directora enfatizó la responsabilidad técnica diciendo que "antes de que nosotros supiéramos que esas otras cuentas existían, el algoritmo supo porque tan supo que se lo recomendó a nuestro investigador".Una crisis humanitaria desbordadaLa dimensión humana del reclutamiento forzado en Colombia muestra un panorama devastador enfocado en las poblaciones más vulnerables. El informe, sustentado en 180 entrevistas y la revisión de más de un centenar de publicaciones y cuentas de redes sociales, indica que el 50% de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y que el departamento del Cauca concentra la mitad de los casos del país.Además, el 30% de las víctimas son niños de entre 10 y 14 años de edad, captados principalmente en zonas rurales pobres y con alta deserción escolar.De acuerdo con Goebertus, las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo son los principales actores detrás de esta deprimente situación.La directora explicó que el aumento exponencial se debe a una mezcla de factores, incluyendo la ausencia histórica de servicios estatales en los territorios anteriormente controlados por las Farc y los "incentivos perversos" creados bajo la política de "paz total" que posibilitó ceses al fuego no verificados.Las fallas del Estado y la impunidad sistémicaEl informe de HRW también dirige duras críticas a la respuesta gubernamental. Goebertus denunció un trato desigual por parte de la ley colombiana hacia los menores, según el grupo que los haya reclutado: un menor reclutado por disidencias de las FARC entra en una ruta de reintegración, mientras que uno captado por el Clan del Golfo es tratado bajo el esquema de responsabilidad penal juvenil"El Estado colombiano (...) tiene que tratar a todos los niños y niñas reclutados como víctimas. Tiene que priorizar la persecución penal de los reclutadores". La impunidad legal ante este crimen de guerra es casi absoluta. La investigación determinó que "aproximadamente el 1% de todas las denuncias por reclutamiento terminan en una investigación penal. Solo el 1%. Y de eso solo el 0.2% ha resultado en una condena". Según HRW, las pocas condenas existentes recaen sobre los eslabones más bajos de la cadena criminal y no sobre los máximos responsables.Escuche aquí la entrevista:
Los exmilitares colombianos se convierten en mercenarios en otros países debido a la debilidad del programa nacional de veteranos, la falta de oportunidades económicas y el nulo acceso a salud mental. Así lo advirtió Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), tras revelar que exmiembros del Ejército terminaron entrenando a menores de edad y combatiendo en la sangrienta guerra de Sudán.Gobertus explicó en Mañanas Blu 10:30 que Colombia es un "pool de gente apetecido" por su alta experiencia y entrenamiento en 60 años de conflicto armado. Sin embargo, los soldados y suboficiales se retiran a edades muy tempranas y quedan desamparados por el Estado."El programa de veteranos colombianos es supremamente débil", afirmó Gobertus, señalando que estas personas "no tienen acceso a la reconstrucción de un proyecto de vida en términos de inserción económica". Sin opciones legales en el país y con salarios ofrecidos en el exterior de entre 3.000 y 4.000 dólares (de 3 a 15 millones de pesos), los uniformados terminan en el "rebusque" de guerras extranjeras.La investigación de HRW detectó que las empresas colombianas reclutan al personal para conectarlo con firmas en Abu Dabi. Los exmilitares entran a Emiratos Árabes sin sellar pasaportes, entrenan en bases militares como Ghiyathi y Al Wathba, y luego son desplegados en Sudán como pilotos de drones o combatientes.El informe corroboró la presencia de estos mercenarios en la toma de Al-Fasher en octubre de 2025, junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar responsable de hambruna, abusos y violaciones sexuales masivas.HRW y alertas previas confirmaron además que los colombianos entrenaron a menores de edad reclutados por las FAR, un hecho constitutivo de crimen de guerra. Ante la gravedad de la situación, la organización solicitó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas investigue el rol de Emiratos Árabes y remita la información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.Escuche la entrevista completa aquí:
Human Rights Watch (HRW) expuso este martes que mercenarios colombianos que fueron desplegados en Sudán para luchar junto al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) recibieron entrenamiento en bases militares de Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que niega su implicación en esta guerra.La organización detalló en un informe de 83 páginas que, desde 2024, la empresa de seguridad con sede en Abu Dabi Global Security Services Group (GSSG) contrató a "cientos de mercenarios colombianos" que fueron mandados a Sudán para luchar con las FAR, en guerra con el Ejército sudanés desde abril de 2023.Esta empresa fue fundada en 2016 por el secretario general de la Corte Presidencial de Emiratos, Mohamed al Humairi, quien rinde cuentas ante el vicepresidente del país árabe, Mansour bin Zayed Al Nahyan, hermano del presidente y dueño del club de fútbol inglés Manchester City.HRW entrevistó a dos contratistas militares privados colombianos desplegados en Sudán, y uno de ellos afirmó que al llegar a EAU evitó los controles de inmigración y no le sellaron el pasaporte, mientras que fue trasladado "inmediatamente" con otros a la base de Ghiyathi, en Abu Dabi, donde "recibió entrenamiento por parte de ciudadanos emiratíes".La ONG identificó que los reclutas transitaron por dos bases militares antes de ser mandados a Sudán: la de Ghiyathi y una instalación en Al Wathba, también en el emirato de Abu Dabi."El reclutamiento de mercenarios colombianos se suma a un creciente conjunto de pruebas de que EAU proporciona apoyo militar a las FAR, que han perpetrado repetidamente atrocidades en Sudán", denunció en la nota la directora ejecutiva de la división de África de HRW, Mauso Segun.La primera evidencia pública de la presencia de colombianos en Sudán provino de videos publicados en redes sociales en noviembre de 2024, 19 meses después del inicio de la guerra, cuando grupos aliados del Ejército sudanés interceptaron un convoy de colombianos que había ingresado al país africano desde Libia.Además, según investigaciones de HRW y otras organizaciones, se descubrió que los colombianos poseían proyectiles de 81 milímetros de fabricación búlgara que fueron desviados de las reservas de las Fuerzas Armadas de EAU, en violación de los acuerdos de usuario final de este tipo de armamento.La ONG también verificó vídeos que muestran a mercenarios "aparentemente colombianos" combatiendo en Al Fasher (Darfur del Norte) durante la sangrienta toma de la ciudad por parte de las FAR en octubre de 2025, cuando se produjeron asesinatos, violaciones y abusos "generalizados".Asimismo, indicó que un contratista colombiano afirmó haber entrenado a combatientes de las FAR en campamentos de Nyala -el principal bastión de los paramilitares en Darfur del Sur- en abril de 2025, y que "muchos de los reclutas eran niños pequeños", algo que constituye un crimen de guerra según el derecho internacional.Después de más de tres años de guerra, Emiratos Árabes sigue negando categóricamente que brinde apoyo a las FAR, acusadas de haber cometido crímenes de lesa humanidad, y afirma que solo presta ayuda humanitaria a la población sudanesa.La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno y externo de unas 14 millones, mientras que más de 19.5 millones -dos de cada cinco sudaneses- sufren niveles de crisis de inseguridad alimentaria, de acuerdo con Naciones Unidas. EFE
El más reciente informe mundial de Human Rights Watch (HRW) sobre la situación de derechos humanos en Colombia es categórico: el deterioro de la seguridad, el fortalecimiento de los grupos armados y las deficiencias institucionales han llevado al país a “una de las peores crisis humanitarias de la década”.La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, presentó las conclusiones del documento en entrevista con Mañanas Blu, en donde enfatizó que la política gubernamental de “Paz Total” no solo ha resultado ineficaz, sino que “ha puesto en riesgo adicional a la población civil”.De acuerdo con los datos citados por la organización, entre enero y agosto de 2025 más de 137.000 personas fueron confinadas por amenazas y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. En ese mismo periodo, 544 personas murieron o resultaron heridas por artefactos explosivos, lo que significó un aumento del 145% frente a 2024.“Los grupos armados se fortalecieron con las negociaciones”Goebertus explicó que el informe global de HRW, que abarca 13 países del continente, dedica un capítulo extenso a Colombia debido a la magnitud del deterioro registrado entre 2022 y 2025.“El reclutamiento creció en más del 250%, el secuestro en más del 190% y los confinamientos en más del 50%. Nuestro trabajo de campo en el Catatumbo y Putumayo evidencia que la implementación de la política de paz total, con múltiples negociaciones simultáneas y sin mecanismos de verificación de los ceses al fuego, ha generado un riesgo adicional para los civiles”, advirtió la directora.Según HRW, la estrategia de llevar conversaciones en paralelo con el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, sin una política de seguridad efectiva, permitió que estos grupos ampliaran su control territorial y se fortalecieran aprovechando los espacios de diálogo.“Desafortunadamente, la realidad es que lo que hemos visto es un recrudecimiento de la violencia y un debilitamiento del Estado. Los grupos se aprovecharon de las negociaciones para expandirse”, señaló Goebertus.Catatumbo y Putumayo, epicentros del conflictoEl informe describe con especial preocupación la situación en Catatumbo (Norte de Santander), donde los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC han desatado una ola de violencia contra la población. Allí, HRW documentó casos de asesinatos, secuestros y desapariciones de civiles acusados de colaborar con el grupo contrario.“La suplantación del Estado es total”, explicó la directora. “Vimos al Frente 33 estableciendo campos de castigo y al ELN imponiendo sus propias normas. Esto muestra el vacío de autoridad y el debilitamiento del deber estatal de protección”.En el Putumayo, las disidencias armadas habrían replicado un esquema similar, obligando a campesinos a trabajar en la construcción de vías bajo la amenaza de sanciones, una dinámica que según HRW “profundiza la pérdida del control institucional” y perpetúa el poder local de las estructuras ilegales.Deficiencias institucionales y omisiones del EstadoEl informe también llama la atención sobre la falta de capacidad judicial y las omisiones de las autoridades militares y civiles en la protección de los habitantes de las zonas afectadas.Aunque HRW reconoce una reducción en las denuncias por abusos de miembros de la fuerza pública, advierte “un aumento en las omisiones en la protección de la población”.Goebertus señaló que el Estado tiene el deber de adoptar una política integral que combine seguridad y justicia. “La justicia debe concentrar sus esfuerzos en los eslabones más altos de las redes criminales, investigando delitos como lavado de activos, reclutamiento de menores y corrupción. Sin esa estrategia, es imposible desmantelar las estructuras que sostienen a los grupos armados”, afirmó.Un llamado urgente al gobierno colombianoLa representante de HRW concluyó que la prioridad para el Estado colombiano debe ser recuperar el control territorial y garantizar el acceso a la justicia en las regiones más golpeadas por la violencia. “No basta con los diálogos de paz si no hay una presencia efectiva del Estado que proteja a las comunidades. De lo contrario, la paz total seguirá siendo una promesa incumplida”, enfatizó.
La influencia política y retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contribuido a un deterioro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, donde varios gobiernos han cometido abusos contra migrantes y ciudadanos propios, o han utilizado las políticas de Washington como justificación para reforzar prácticas represivas, advirtió Human Rights Watch (HRW).En su Informe Mundial 2026, la organización señala que, durante el primer año del nuevo mandato de Trump, algunos países de la región violaron los derechos de personas extranjeras a instancias directas de la administración estadounidense, mientras que otros profundizaron políticas de seguridad basadas en detenciones masivas, militarización y uso excesivo de la fuerza.“El impacto de la administración Trump ha sido indudablemente negativo en América Latina y el Caribe”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, quien subrayó que, pese a ello, los gobiernos de la región siguen siendo responsables de defender la democracia y los derechos fundamentales, independientemente de quién gobierne en Washington.El informe destacó que Estados Unidos recortó de manera significativa la ayuda exterior destinada a organizaciones de derechos humanos y medios independientes, mientras que países como El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que permiten el cierre arbitrario de organizaciones civiles y medios de comunicación, debilitando los contrapesos democráticos.HRW también criticó lo que considera una doble vara de la política exterior estadounidense, que ha condenado reiteradamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero ha ignorado abusos graves en países aliados como El Salvador, Ecuador y Perú.El documento alertó además sobre el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela a inicios de 2026, que, según la organización, podría fortalecer al gobierno represivo venezolano y responder a intereses políticos y comerciales de Washington.HRW instó a los gobiernos latinoamericanos a oponerse a los ataques marítimos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que han causado la muerte de más de 120 personas, lo que podría constituir ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional.En el ámbito migratorio, el informe documentó abusos generalizados contra personas deportadas desde Estados Unidos, mientras que Panamá y Costa Rica detuvieron arbitrariamente a ciudadanos de terceros países.El Salvador sometió a venezolanos deportados a desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, y la República Dominicana intensificó la deportación de haitianos hacia contextos de alto riesgo, en posible violación del derecho internacional.Crimen organizado, una amenazaLa expansión del crimen organizado es identificada como una de las principales amenazas a los derechos humanos en la región. El caso más extremo es Haití, donde grupos criminales controlan el 90 % de Puerto Príncipe.En países como Brasil, México, Colombia y Ecuador, las respuestas estatales han incluido operativos letales, ampliación de facultades de inteligencia y suspensión prolongada de derechos fundamentalesEn México, HRW señala que el Gobierno ha combinado el fortalecimiento de la inteligencia con medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la ampliación de la prisión preventiva obligatoria. En Brasil, una redada policial en Río de Janeiro dejó 122 personas muertas, mientras que en Colombia, durante la implementación de la estrategia de “paz total”, grupos armados ampliaron su control territorial.Pese al panorama adverso, HRW subraya que periodistas y organizaciones de derechos humanos siguen siendo un bastión clave para la defensa de la democracia, aunque operan en un entorno cada vez más hostil. La organización llamó a los gobiernos de la región a respaldar su labor, en lugar de criminalizarla o restringirla.
Colombia tuvo en 2025 una de las peores crisis humanitarias de la última década por los abusos cometidos por los grupos armados, mientras que el periodo previo a las elecciones de este año se vio "empañado" por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay, según Human Rights Watch (HRW).Así lo señaló esa organización en su informe mundial de 2025, en el que afirmó que "los abusos cometidos por los grupos armados, el limitado acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, siguen siendo graves problemas de derechos humanos en Colombia".Según cifras de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), citadas por HRW, más de 137.000 personas no pudieron salir de sus comunidades entre enero y agosto de 2025 por amenazas, combates y otras acciones perpetradas por los grupos armados.Igualmente, ese organismo señaló que 544 civiles murieron o resultaron heridos por artefactos explosivos entre enero y agosto pasado, un aumento del 145 % frente al mismo periodo de 2024.La Defensoría del Pueblo, por su parte, reportó 625 casos de reclutamientos de niñas, niños y adolescentes en 2024, un aumento del 81 % con respecto a los 342 casos de 2023, mientras que "datos de Naciones Unidas indican que la tendencia al alza continuó en 2025", agregó HRW.La situación más grave de violencia ocurre en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se enfrenta con el Frente 33 de las disidencias de las Farc por el control territorial desde enero de 2025.Según HRW, el ELN "inició una campaña" en la que ha estado "asesinando, agrediendo, secuestrando y desapareciendo a civiles acusados de tener vínculos con el Frente 33", lo que obligó "a más de 64.000 personas a huir de sus hogares, en lo que fue uno de los mayores desplazamientos masivos en Colombia en décadas".Violencia políticaEn el contexto electoral, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.En ese sentido, Human Rights Watch insistió en que el "período previo a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 se vio empañado por la violencia, incluyendo el asesinato del congresista y precandidato presidencial".El calendario electoral de 2026 en Colombia se inicia con las votaciones legislativas el 8 de marzo, jornada en la que también se celebrarán consultas internas para la selección de candidatos presidenciales de izquierda y derecha.Posteriormente, el 31 de mayo se celebrarán las elecciones presidenciales y una eventual segunda vuelta está prevista para el 21 de junio.HRW recordó que la Defensoría del Pueblo "identificó riesgos para los derechos civiles y políticos que podrían afectar al proceso electoral y pidió que se adoptaran medidas inmediatas y urgentes en 224 de los 1.103 municipios del país".
El informe “Llegaron al infierno”, presentado por Human Rights Watch (HRW), revela un estremecedor panorama sobre las torturas y abusos sufridos por más de 200 migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Las víctimas, deportadas desde Estados Unidos, fueron sometidas a golpizas diarias, desaparición forzada y tratos crueles durante los casi cuatro meses que permanecieron recluidas.En entrevista con Recap Blu, Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, describió el horror que enfrentaron los detenidos. “Los golpeaban por hablar duro, por reírse, por pedir atención médica o por bañarse fuera del horario permitido. Incluso los castigaban por protestar o por contarle a la Cruz Roja lo que estaban viviendo”, señaló. Según la organización, las agresiones incluían patadas, puños y golpes con palos, dejando secuelas físicas severas como rupturas de ligamentos, vómitos de sangre y fracturas.“Los guardias les decían que nunca saldrían vivos de allí, que sus familias los habían olvidado y que solo saldrían en bolsas negras”, relató Goebertus. Los migrantes fueron además objeto de castigos colectivos tras las visitas de delegaciones internacionales y luego de protestas pacíficas en las que escribieron con su propia sangre que “no eran terroristas ni criminales”.Aunque HRW no registró muertes de venezolanos dentro del CECOT, Goebertus precisó que más de 400 personas han muerto en cárceles salvadoreñas durante los tres años del régimen de excepción. “La desaparición forzada se configura porque estas personas fueron sacadas de toda protección legal. Sus familias dejaron de saber dónde estaban, sus nombres desaparecieron de las bases de datos del ICE en Estados Unidos y los gobiernos de ambos países nunca respondieron sobre su paradero”, explicó.El informe responsabiliza tanto al Gobierno de Bukele como a la administración Trump, que habría deportado a los venezolanos a El Salvador bajo el argumento de que eran “terroristas”. Sin embargo, HRW verificó los antecedentes de los 252 migrantes en Estados Unidos, Venezuela y otros países de tránsito, concluyendo que solo el 3 % había sido condenado por delitos violentos. Tras un acuerdo entre Estados Unidos, El Salvador y el régimen venezolano, los detenidos fueron liberados y enviados a Venezuela. Pero su pesadilla no terminó allí. “Muchos están siendo vigilados y hostigados por el SEBIN. Han recibido interrogatorios, amenazas y viven con miedo constante. Cuatro de ellos reportaron pensamientos suicidas y uno intentó quitarse la vida”, denunció Goebertus.La directora para las Américas de HRW confluyó diciendo que este calvario no se puede convertir en paisaje y mucho menos que quede en el olvido.
La primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los exjefes de las Farc por los secuestros cometidos entre 1993 y 2016 sigue generando debate. Human Rights Watch (HRW) advirtió que, si las sanciones no cumplen con los estándares internacionales de restricción efectiva de la libertad, el caso podría terminar bajo análisis de tribunales internacionales.Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, reconoció el valor histórico de que el antiguo secretariado de las Farc haya sido declarado responsable por crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Es realmente un hito muy importante, no solo por la atribución de esa responsabilidad internacional, sino porque el último secretariado en su conjunto reconoce su responsabilidad y de plano deja de justificar que estos fueran lo que en su momento llamaban retenciones con fines económicos”, señaló en entrevista con Mañanas Blu.Sin embargo, HRW cuestiona que las sanciones no aseguren una verdadera restricción de la libertad. “Lo que ayer se anuncia es un mecanismo de vigilancia electrónica (…) pero no queda claro que sea propiamente un brazalete, ni que exista un perímetro delimitado territorialmente como exige el acuerdo de paz”, explicó Goebertus.¿Qué exige el acuerdo de paz sobre estas sanciones?La representante de HRW recordó que el Acuerdo de Paz de 2016 estableció que los máximos responsables deberían cumplir entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad en espacios territoriales delimitados, además de realizar obras restaurativas. “El problema es que el discurso público se ha centrado en que las sanciones son netamente restaurativas, olvidando que el acuerdo incluye también un componente retributivo”, advirtió.Goebertus insistió en que sin un perímetro de reclusión claro y un monitoreo estricto, Colombia corre el riesgo de incumplir sus compromisos internacionales.¿Qué escenarios internacionales podrían abrirse?Según HRW, si la JEP no corrige el alcance de las sanciones en las apelaciones, dos rutas internacionales podrían activarse. La primera, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reabra el examen preliminar sobre Colombia, cerrado en 2021 bajo la condición de que hubiera sanciones proporcionales y efectivas. La segunda, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos evalúe la compatibilidad de las sanciones con la Convención Americana.“Existen escenarios internacionales. La proporcionalidad es lo que se va a estudiar en la siguiente instancia (…) porque graves violaciones a derechos humanos deben ser sancionadas en proporcionalidad al daño cometido”, concluyó Goebertus.La sentencia de la JEP, que impuso ocho años de “restricción de derechos” a siete excomandantes de las Farc, sigue en firme, pero podrá ser apelada en los próximos días por las víctimas y sus representantes.
Human Rights Watch (HRW) ha emitido una contundente advertencia sobre el futuro de la Defensoría del Pueblo en Colombia, señalando un recorte presupuestal en la propuesta del Gobierno ante el Congreso que, de concretarse, tendría graves implicaciones para la protección de los derechos humanos y la seguridad en el país. La organización internacional de defensa de los derechos humanos ha manifestado su profunda preocupación por esta medida en un contexto de recrudecimiento de la violencia interna y una reducción significativa de la ayuda internacional. Juanita Goebertus, directora de la división Américas de Human Rights Watch, en diálogo con Mañanas Blu, subraya la seriedad de la situación, destacando que “esta reducción pondría en grave riesgo la posibilidad del Estado colombiano de proteger a estas comunidades”. La alerta se produce en un momento crítico para Colombia, donde la violencia en Colombia ha escalado, afectando a las comunidades más vulnerables y poniendo a prueba la capacidad de respuesta del Estado.El alcance del recorteEl propuesto recorte presupuestal a la Defensoría del Pueblo no es una cifra menor, especialmente cuando se analiza su impacto real. Aunque inicialmente se habla de un recorte del 3% respecto al presupuesto de 2025, la realidad es más compleja y alarmante. Juanita Goebertus aclara que este porcentaje no considera la inflación. “En términos reales sería una [reducción] porque si uno toma en cuenta lo que el Banco de la República tiene pensará que será la inflación de este año, la reducción real sería entre 7 y 8%,” explicó la directora de HRW. Más aún, la cifra se agrava al considerar lo que la propia Defensoría había solicitado para hacer frente a sus desafíos crecientes. “Es un 9.7% menos de lo que había solicitado la defensoría. Primero, corrigiendo básico por inflación, pero segundo de cara, justamente como señalabas, a los retos adicionales en materia de seguridad y de crisis humanitaria sumados a contexto electoral,” detalló. El llamado de Human Rights Watch es claro: el recorte presupuestal a la Defensoría del Pueblo es una medida que podría tener consecuencias desastrosas para la estabilidad social, la protección de los derechos humanos y la legitimidad del Estado en Colombia, especialmente en un momento de creciente violencia y un ciclo electoral próximo. La directora Juanita Goebertus concluyó su intervención agradeciendo la oportunidad de alertar sobre “esta reducción del 3% comparado con el 2025, pero que realmente sería mucho más para la Defensoría del Pueblo con lo importante que es esta institución”, una institución que históricamente ha sido un pilar fundamental para la defensa de los derechos humanos en el país. La falta de ayuda internacional hace aún más indispensable fortalecer las instituciones locales como la Defensoría.Escuche aquí la entrevista:
"Tuvimos que comer como animales", contaron migrantes a la oenegé Human Rights Watch (HRW), que alerta de abusos y trato degradante en tres centros de detención de Florida en un informe publicado este lunes.Personas detenidas en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North (Krome), el Centro de Transición Broward (BTC) y el Centro de Detención Federal (FDC) en Miami contaron que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los guardias de seguridad de empresas privadas "los trataban de manera degradante y deshumanizadora".Algunos permanecieron esposados dentro de autobuses "durante largos periodos, sin comida, agua ni baños funcionales" o tenían que dormir en el suelo de cemento helado, sin ropa de cama, "bajo una luz fluorescente constante".Chauhan y Pedro describieron un traslado en abril en el que estuvieron en una celda con decenas de hombres desde primeras horas de la mañana "con los pies encadenados y las manos atadas detrás de la espalda"."Luego los dejaron en la habitación durante horas", señala el informe elaborado por HRW, Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South."Eran las 5 de la tarde y nadie había almorzado. Algunos ni siquiera habían desayunado. Podíamos ver la comida a través de los barrotes de nuestra celda de detención en recipientes de poliestireno en un carrito. La comida estaba frente a nosotros, pero los guardias se negaron a dárnosla", contó Chauhan a HRW."A las 7, finalmente nos dieron el almuerzo, pero solo después de que otro guardia protestara en nuestro nombre. Estábamos encadenados, así que no podíamos alcanzar los platos con las manos. Teníamos que poner los platos en las sillas y luego agacharnos y comer con la boca, como perros", añadió."Tuvimos que comer como animales", recordó Pedro, citado en el informe, que no incluye la situación en un nuevo centro de Florida, apodado "Alcatraz de los Caimanes" y situado en una zona de manglares y pantanos.- "Cubierto de heces" -Los detenidos entrevistados por HRW denunciaron "cacheos invasivos injustificados" y "conductas humillantes", se lee en el texto de casi 100 páginas.Las organizaciones denuncian un hacinamiento extremo, a veces en celdas con más del doble de su capacidad, para intentar cumplir el objetivo del presidente Donald Trump, quien prometió expulsar a un número récord de migrantes en situación irregular."Al 20 de junio de 2025, el número de personas detenidas por motivos migratorios en los tres centros era un 111% superior" en comparación con los niveles registrados antes de que Trump regresara al poder en enero.Una mujer describió su llegada en enero a Krome, un centro destinado a hombres. Contó que estuvo detenida días, sin ropa de cama, ni privacidad."Solo había un inodoro y estaba cubierto de heces", relató. "Les rogamos a los agentes que nos lo dejaran limpiar, pero se limitaron a responder sarcásticamente: 'Ya vendrá la limpieza'. Nadie vino".- "Como basura" -Un colombiano "estuvo detenido durante 63 días sin que se le acusara de ningún delito", sostiene el informe."Queremos estar en Estados Unidos. Nos parece un gran país" pero en "los centros de detención de migración los guardias te tratan como basura", contó. "Sientes que tu vida se acabó"."Este trato no solo puede causar un daño psicológico duradero, sino que también viola los estándares internacionales de derechos humanos y las propias pautas de detención de ICE", denuncian las organizaciones.Según el informe, al menos dos muertes recientes podrían estar relacionadas con negligencia médica."Estos no son incidentes aislados, sino el resultado de un sistema de detención fundamentalmente deficiente", estima Belkis Wille, directiva de HRW citada en un comunicado.La AFP contactó con ICE para tener su versión pero por el momento no ha contestado.El pasado viernes Tom Homan, responsable de la política migratoria de Trump, declaró a periodistas que actualmente la administración tiene "alrededor de 60.000" camas para migrantes detenidos pero necesitan "100.000" porque "lleva varios días, semanas o incluso meses expulsarlos".El gobierno dice centrarse en delincuentes, pandilleros y narcotraficantes pero muchos migrantes sin antecedentes penales han sido detenidos, a veces en sus lugares de trabajo.
Los resultados de ColorLoto de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026, ya fueron publicados tras la realización del sorteo número 221. Números y colores ganadores de ColorLoto Los resultados del sorteo 221 de ColorLoto quedaron de la siguiente manera:6 (blanco) - 2 (amarillo) - 5 (blanco) - 4 (azul) - 7 (rojo) - 3 (azul).Los jugadores pueden comparar esta combinación con la registrada en sus respectivos tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios correspondientes a las categorías establecidas por ColorLoto.Nuevo acumulado de ColorLoto Después del sorteo realizado este jueves 24 de septiembre, el acumulado anunciado para el próximo sorteo quedó en $2.150 millones.El valor corresponde al nuevo acumulado mostrado en los resultados oficiales del sorteo 221, luego de que no se registrara un ganador en la categoría de seis aciertos.Los resultados de ColorLoto pueden consultarse después de cada sorteo para verificar los números y colores obtenidos, así como las categorías de premios y el acumulado correspondiente al siguiente juego.
Existen diferentes destinos en Colombia en donde la naturaleza es, sin duda, el mayor atractivo para sacarles el máximo provecho. Sin embargo, muchos de estos para poderlos conocer al máximo necesitan de largos trayectos, por ende, de algún tipo de vehículo para una mejor movilización.Sin embargo, de acuerdo con un reporte de Booking.com, existe un destino en donde caminar se convirtió en el mayor atractivo turístico del sitio y, cada día, más personas lo escogen como el sitio ideal para hacer una conexión real con la naturaleza.Neusa, el destino ideal en donde caminar es el atractivoA pocas horas de Bogotá, Neusa es una alternativa para cambiar las calles de la ciudad por senderos, bosque y paisajes alrededor del agua. Este destino invita a disfrutar el entorno caminando, ya sea recorriendo sus zonas verdes, contemplando el embalse o haciendo una pausa para conectarse con la tranquilidad del paisaje.Actividades ideales en Neusa, CundinamarcaCaminar por los senderos y recorrer las zonas de bosque nativo.Hacer picnic junto al embalse y disfrutar del paisaje.Acampar en las zonas habilitadas del parque.Hacer fogatas en los espacios permitidos, especialmente como actividad nocturna.Pescar deportivamente, siguiendo las normas y adquiriendo el permiso correspondiente.Navegar o remar en el embalse mediante las actividades autorizadas por la CAR.Alquilar botes para recorrer el embalse.Hacer fotografía de naturaleza, especialmente de los paisajes, bosque y fauna.Observar aves y fauna de la zona, donde pueden encontrarse especies como colibríes, mirlas, carpinteros y pavas andinas.Otros destinos en Colombia en donde caminar es el mayor atractivoVilla de Leyva, Boyacá: Calles empedradas, fachadas blancas, cafés, restaurantes y museos para recorrer a pie desde la Plaza Mayor.Jardín, Antioquia: Fachadas coloridas, arquitectura tradicional, cafés y caminos naturales que permiten conocer el municipio caminando.Minca, Magdalena: Senderos entre montañas y vegetación, con caminatas hacia Pozo Azul, las cascadas de Marinka y diferentes miradores.San Gil, Santander: Una opción para quienes buscan aventura, con rafting, parapente, rappel, torrentismo, espeleología y recorridos en cuatrimoto.
Finalizó otra jornada del fútbol profesional colombiano con el esperado choque entre Atlético Nacional y Millonarios por la Liga BetPlay. El duelo, que se disputó en el Atanasio Girardot, terminó en un flojo 1-1 en donde el protagonismo se lo llevó los errores individuales de cada equipo.Este partido correspondió a la fecha 12 de este segundo semestre del 2026, la cual arrancó el pasado martes, 22 de septiembre, y que irá hasta el domingo 27 con el compromiso entre Fortaleza y Tolima en Bogotá.Primero Cali logró la victoria 1-0 en su visita a El Campín frente a Independiente Santa Fe; luego América de Cali sumó tres puntos, también de 1-0, frente a Águilas Doradas.El liderato sigue en manos de América de Cali con 24 unidades, seguido por Millonarios (20), Atlético Nacional (19), Medellín (18), Deportivo Cali (18).Es importante tener en cuenta que todos los equipos no tienen la misma cantidad de partidos, por ende, el orden podría modificarse en cualquier momento con nuevos resultados que se den en los próximos días. Por ejemplo, Nacional tiene tres partidos menos que América.Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026América — 24 puntosMillonarios — 20 puntosAtlético Nacional — 19 puntosMedellín — 19 puntosDeportivo Cali — 18 puntosBucaramanga — 17 puntosTolima — 17 puntosSanta Fe — 16 puntosLlaneros — 14 puntosOnce Caldas — 12 puntosÁguilas Doradas — 11 puntosInternacional de Bogotá — 11 puntosCúcuta — 9 puntosFortaleza — 8 puntosPasto — 8 puntosAlianza — 8 puntosBoyacá Chicó — 8 puntosDeportivo Pereira — 7 puntosJaguares — 7 puntosJunior — 6 puntos
Conseguir altas calificaciones, dominar idiomas y preparar exámenes de admisión suele ser la prioridad en los últimos años escolares. Sin embargo, el Colegio Rochester, ubicado en Chía, sostiene que las notas no lo son todo al momento de enfrentar la vida universitaria e internacional.De acuerdo con la institución, el error más común consiste en enfocar todos los esfuerzos en ingresar a una universidad específica, en lugar de preparar al estudiante para aprovechar cualquier oportunidad. Por ello, su modelo combina exigencia académica con autonomía, pensamiento crítico y un Programa de Proyecto de Vida que inicia en grado octavo.Este acompañamiento temprano busca que los jóvenes identifiquen sus fortalezas y metas personales antes de elegir carrera, en lugar de guiarse únicamente por los rankings de las instituciones. La estrategia incluye orientación en becas, proyectos de investigación, cursos Advanced Placement (AP) y formación bilingüe.El caso de María José Chávez Hernández, egresada del colegio, ilustra esta dinámica. Tras obtener una beca para estudiar Genética en la Universidad CEU San Pablo en España y ser seleccionada para un intercambio Erasmus en el Reino Unido, señala que las calificaciones abren puertas, pero la resiliencia y la autonomía son clave para mantenerse.¿Por qué las calificaciones no garantizan el éxito en la universidad?Según explica la institución educativa, sacar buenas notas es apenas el primer paso para acceder a un programa de educación superior. Los verdaderos retos surgen al asumir la vida adulta e independiente:Autonomía y gestión del tiempo: el estudiante debe adaptarse a sistemas educativos diferentes y tomar sus propias decisiones sin supervisión constante.Inteligencia emocional y resiliencia: mantener una beca o superar momentos difíciles exige autoevaluación, responsabilidad personal y control interno.Desarrollo integral: la participación en actividades culturales o deportivas facilita la construcción de redes sociales en entornos nuevos.¿Qué habilidades buscan las universidades según el Colegio Rochester?De acuerdo con cifras suministradas por el colegio, el 28,78 % de sus egresados cursa carreras en universidades internacionales y sus graduados tienen presencia en nueve países. Entre las instituciones con admisiones figuran University of Toronto, Sorbonne University y Pennsylvania State University, además de centros educativos en Colombia como la Universidad de los Andes y la Javeriana.Para lograr este perfil, la institución señala que la habilidad más determinante es la capacidad de aprender de manera autónoma. Esto implica saber formular preguntas, investigar, evaluar el propio progreso y adaptarse a situaciones inciertas, entendiendo que la universidad es solo un medio dentro del proyecto de vida.
Tres integrantes del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, de las disidencias de las Farc, murieron en medio de combates con la Fuerza Pública en zona rural de Buga, Valle del Cauca. Entre los muertos estaría alias ‘Norto’, señalado como segundo cabecilla de esta estructura armada. En el mismo operativo, un integrante más fue capturado.Según el Ejército, alias ‘Norto’ llevaba más de cinco años en actividades criminales y sería señalado de participar en secuestros extorsivos, homicidios selectivos y extorsiones en el centro del Valle. Las autoridades también lo vinculan con el secuestro y posterior homicidio de un comerciante ocurrido a finales de 2025."En zona rural de Buga, Valle del Cauca, tras intensos combates, tropas de la Tercera División del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional, lograron la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias 'Norto', señalado como segundo cabecilla del Frente 57, y junto a él, dos integrantes más y la captura de otro sujeto de este grupo terrorista", dijo el brigadier general Samuel Salinas Valencia, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron bastante material de guerra con el cual atacaban a la Fuerza Pública. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones."Se incautaron 335 cartuchos, un fusil, 4 armas cortas, una granada de mano, 8 proveedores, 7 teléfonos celulares, 4 radios de comunicación y un vehículo tipo camioneta. Este grupo estaba generando rentas criminales que estarían entre los 200 a 2.500 millones de pesos", manifestó Salinas.El Ejército indicó que las operaciones continúan en esta zona rural de Buga para afectar las capacidades del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’. La Fuerza Pública mantiene presencia en el área luego de los combates que durante varias horas obligaron a las comunidades de las veredas y corregimientos a permanecer resguardadas en sus viviendas.
