Según un informe publicado por Human Rights Watch (HRW), el régimen de excepción, adoptado en marzo de 2022 en El Salvador, ha resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes detenidos en comunidades de bajos ingresos.Muchos niños han sido doblemente victimizados, primero, por las pandillas que abusaron de ellos y, luego, por las fuerzas de seguridad que los detuvieron y maltrataron. Al respecto habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la directora de la división Américas de HRW, Juanita Goebertus. Precisó que, durante más de dos años, El Salvador se ha encontrado "bajo un régimen de excepción". Es decir, se han puesto en marcha unas reglas para suspender una serie de "derechos en el marco de esta llamada guerra contra las pandillas"."En ese proceso se han detenido 84.000 adultos y se han detenido 3.319 niños, niñas, jóvenes y adolescentes, es decir, menores de 18. Nuestro trabajo documenta, incluso, hasta niños y niñas de 12 años. Este ha sido el resultado del trabajo de todo el último año, trabajo de campo en El Salvador (...) Lo que hemos encontrado es que luego de más de 90 entrevistas, corroboración de los testimonios con información de registros de salud educativos, registros laborales, incluso, acceso a una base de datos oficial que recibimos como resultado de una filtración, han existido durante estos dos años detenciones arbitrarias contra menores de edad”, detalló.Goebertus indicó que, además, hay muchos casos de niños capturados sin órdenes de captura, sin explicar los motivos y sin que se les tenga que presentar ante un juez. Estos pequeños, añadió, han durado meses y hasta años sin que se presenten ante un juez para determinar si efectivamente existen razones para procesarlos o no."Y sobre la base de evidencia absolutamente débil, es decir, testimonios anónimos, denuncias en redes sociales, llamadas sin ningún tipo de justificación y de presentación de evidencia. Hemos documentado casos de tortura muy graves, de malos tratos inhumanos y degradantes en los centros de detención contra niños, niñas, jóvenes y adolescentes y, casos de acoso policial una vez son liberados, bien porque han cumplido la pena o bien porque han sido liberados por falta de evidencia y a pesar de ser hallados no culpables, son acosados por la Policía luego de ser liberados", contó.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
La organización Human Rights Watch (HRW) acusó hoy a la FIFA y Catar de fracasar en remediar los abusos cometidos contra los trabajadores que participaron en los preparativos para el Mundial de Fútbol Qatar 2022, cuando se cumple un año del inicio del torneo.En un comunicado, la ONG denunció el hecho de que la FIFA y las autoridades de Doha tampoco lograron ofrecer remedio a las familias de miles de trabajadores que murieron "por causas inexplicables" en el país árabe durante la construcción de las infraestructuras para el evento."La respuesta de la FIFA para abordar el terrible legado de derechos humanos que dejó en Catar debería haber sido proporcionar remedio para las muertes de inmigrantes y los salarios robados", dijo Michael Page, subdirector para Oriente Medio de HRW."Al no hacerlo, la FIFA está mostrando desdén por los mismos trabajadores que hicieron posible la Copa del Mundo", añadió.La nota recuerda que antes del torneo, las autoridades de Catar y la FIFA "hicieron afirmaciones extremadamente inexactas y engañosas de que los sistemas de protección laboral y los mecanismos de compensación cataríes eran adecuados para remediar estos abusos generalizados".Las investigaciones de HRW han demostrado, sin embargo, que las reformas laborales del país del golfo, "realizadas bajo un intenso escrutinio mundial, fueron extremadamente limitadas debido a su introducción tardía, su alcance limitado o su deficiente aplicación", dijo la notaSubrayó también que "decenas de trabajadores migrantes quedaron desatendidos", y que "después de que se atenuó la atención mundial sobre los abusos cometidos en Catar, los trabajadores migrantes abusados y las familias de los fallecidos se enfrentaron a viejas y nuevas formas de explotación que HRW documentó en la desaceleración posterior a la Copa Mundial de 2022 y que continúan hoy".Según el documento, que cita el testimonio de algunos trabajadores expatriados, "muchos de éstos permanecen en Catar sin trabajo ni remuneración y con salarios y beneficios pendientes que se les adeudan contractualmente"."La FIFA y las autoridades de Catar tuvieron la oportunidad de abordar algunos de estos amargos legados proporcionando una reparación, incluida una compensación financiera (...) podrían haber aprovechado y ampliado los éxitos limitados del Fondo de Apoyo a los Trabajadores de Catar reembolsando a algunos trabajadores migrantes", agregó.Si bien se refirió a "algunos casos positivos" de migrantes atendidos por ese fondo, HRW lamentó que el Fondo de Apoyo a los Trabajadores de Catar "ha fracasado en compensarles", pese a las promesas de la FIFA y el país árabe en ese sentido."La realidad de los inmigrantes que luchan por salarios desde que terminó la Copa Mundial muestra que las promesas de la FIFA eran flagrantes falsedades y que muchos de los abusos eran predecibles y prevenibles", añadió.HRW también advirtió de que la FIFA "parece estar repitiendo los graves errores que cometió durante los 12 años de preparación para la Copa del Mundo 2022", al otorgar la organización del torneo en 2034 a Arabia Saudí, un país que depende en gran medida de más de 13,4 millones de trabajadores migrantes, muchos de los cuales provienen de los mismos países que los trabajadores de Catar."La FIFA y las autoridades cataríes continúan desviando el escrutinio de su abyecto fracaso a la hora de proteger a los trabajadores en lugar de dedicar un mínimo de esfuerzo a compensar a los mismos trabajadores que les generaron enormes ingresos", concluyó.
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que Israel ha usado fósforo blanco, un arma prohibida internacionalmente, en operaciones militares contra Gaza y Líbano, y alertó de los graves riesgos que supone para la población civil, según un comunicado.HRW indicó que verificó videos tomados el 10 de octubre en Líbano y el 11 de octubre en Gaza que "mostraban múltiples explosiones en el aire de fósforo blanco disparado con artillería sobre el puerto de la Ciudad de Gaza y dos localizaciones rurales en la frontera entre Israel y Líbano"; además, entrevistó a dos testigos."Cada vez que se usa fósforo blanco en áreas civiles concurridas, supone un alto riesgo de quemaduras insoportable y sufrimiento de por vida", advirtió la directora de HRW para Oriente Medio y el norte de África, Lama Fakih.Respecto al ataque en Gaza, la ONG entrevistó a dos personas del área de al-Mina en la ciudad de Gaza que describieron bombardeos "consistentes con el uso de fósforo blanco", con explosiones en el cielo y "líneas blancas que iban hacia la tierra", una de ellas sintió un olor "asfixiante", indica la nota.HRW agrega que verificó un video tomado en el puerto de la ciudad de Gaza e identificó que las municiones usadas en el bombardeo eran proyectiles de artillería de 155 mm de fósforo blanco que estallaban en el aire y que "otros videos colgados en redes sociales" y verificados por la ONG "muestran la misma localización".En ese sentido, la ONG denuncia que el uso de ese arma en áreas "densamente pobladas de Gaza viola el requisito bajo el Derecho Internacional Humanitario de tomar todas las precauciones factibles para evitar las lesiones y pérdidas de vidas civiles".Respecto al ataque en Líbano, dijo haber revisado dos videos tomados desde dos localizaciones cerca de la frontera con Israel, y cada uno mostraba proyectiles de artillería de 155 mm de fósforo blanco "aparentemente como "cortina de humo, marcación o señalización".HRW señaló que las autoridades israelíes no se han pronunciado respecto al presunto uso de fósforo blanco en la actual guerra, que estalló el pasado sábado tras los ataques del grupo islamista Hamás desde Gaza a Israel, y que se ha cobrado más de 1.300 muertos en cada una de las partes desde entonces.No obstante, sostuvo que ha documentado el uso de esta arma por parte de las fuerzas armadas israelíes en conflictos previos en Gaza e instó a su Gobierno a "vetar todo uso de municiones de fósforo blanco que explotan en el aire en áreas pobladas sin excepción".El fósforo blanco es una sustancia química que se dispara en proyectiles, bombas y cohetes de artillería y se prende al ser expuesta al oxígeno, dando lugar a una reacción química que genera una temperatura intensa de 815 grados Celsius.Produce luz y un humo denso que se utilizan con propósitos militares, pero también provoca lesiones atroces en contacto con las personas, ya que causa quemaduras graves que a menudo llegan hasta los huesos y son difíciles de curar.El uso del fósforo blanco contra personas está prohibido desde 1997 por la Convención de Ginebra. Le podría interesar:
La violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia continúa siendo motivo de preocupación. Juan Pappier, subdirector en funciones de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, advierte que la organización tiene un registro de 100 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en los primeros siete meses del año.El último episodio reportado por la organización ocurrió en el departamento del Cauca, donde fue asesinado Fredy Alexander Bomba, líder indígena y quien era el presidente municipal, en Caldono, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), también había sido consejero de la zona Sa’th Tama Kiwe y autoridad del territorio de Pioya. El 26 de julio tres hombres armados ingresaron a la finca Nuevo México del territorio Nasa Kiwe Thek Ksxa’w en Santander de Quilichao (Cauca) y le dispararon al líder indígena Fredy Alexander Bomba Campo, asesinándolo en frente de sus hijos.Los datos proporcionados por Human Rights Watch revelan que en abril fue cuando más asesinatos ocurrieron:Enero: 14 casosFebrero: 9 casosMarzo: 15 casosAbril: 20 casosMayo: 14 casosJunio: 13 casosJulio: 15 casosAdemás, queda en evidencia que el Cauca es la región más afectada, encabeza la lista con un alarmante total de 21 casos, seguido de cerca por el Valle del Cauca, Antioquia y Nariño, cada uno con 10 casos reportados. Otras regiones afectadas son Arauca con 5 casos, y Bolívar, Cesar, Córdoba y Norte de Santander, todos con 4 casos registrados.Le puede interesar:
El presidente del Senado, Roy Barreras, se pronunció sobre el informe de Human Rights Watch sobre la muerte de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia en los meses de enero, febrero y marzo del 2023.De acuerdo con los datos que recolectó dicha organización, en lo que va del año han ocurrido 33 asesinatos: 12 en enero, 8 en febrero y en marzo 13 casos de homicidios de líderes, por lo que el senador Roy barreras aseguró que es una cifra dolorosa e inaceptable.“En este Gobierno progresista comprometido con la vida y con la paz, es indispensable parar esta matanza y más en un escenario en el que se ha planteado la paz total”, aseguró el congresista.El sector del liderazgo o activismo más afectado es el de los líderes comunitarios, siendo Nariño, Cauca y Valle del Cauca los que mayor número de casos concentran.“Se debe parar la matanza de líderes sociales, parar el desangre de más víctimas, tiene que ser la prioridad absoluta y en ese camino, el cese al fuego con el ELN es una responsabilidad moral”, recalcó Roy Barreras.Finalmente, el presidente del Senado manifestó que se debe tener un control del territorio y la garantizar la vida en las zonas donde los grupos armados no quieren acogerse a la paz.Escuche el podcast La mujer en el cafetal:Le puede interesar: ¿Cómo actuar si pierde los frenos en un carro automático?
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch reveló un preocupante panorama sobre la situación de seguridad para los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, pues en lo corrido del 2023 ya han sido asesinadas 33 personas, siendo marzo el mes en el que más casos se presentaron con 13 registros."Aunque los homicidios se presentan en 18 de los 32 departamentos, Nariño, Cauca y Valle del Cauca son los que mayor número de casos concentran con 6, 5 y 3 respectivamente. El único municipio en el que se presenta más de un hecho es Tumaco, con 4 hechos", explican desde HRW.En enero se registraron 12 víctimas, en febrero 8 y en marzo hubo un aumento con un total de 13 registros, en el mismo sentido desde Indepaz hay un registro de 35 líderes sociales asesinados en Colombia durante este año y hay un total de 1.444 desde la firma del acuerdo de paz, es decir, noviembre del 2016.El más reciente caso registrado se presentó en Tumaco, en el departamento de Nariño, donde fue asesinado Linder Stiven Sepúlveda, un líder juvenil y gestor cultural de 24 años, fue asesinado por sicarios el pasado 27 de marzo en el corregimiento de La Espriella.Le puede interesar:
El informe de violencia de las Américas de Human Rights Watch indica que Colombia está cerca de volver a los mismos números antes de que se firmara el acuerdo de paz con las extintas Farc. Los secuestros, extorsiones, masacres, líderes sociales y desplazamientos vienen en aumento en diferentes regiones del país.“Nos preocupa en materia de derechos humanos son los indicadores de violencia de los grupos armados que operan en el país. Estamos hablando de un 2022 con 80 masacres, 222 líderes sociales asesinados, más de 80.000 colombianos confinados y la tasa de desplazamiento más alta desde 2012. Requiere una respuesta inmediata de la administración de Petro para afrontar esto”, informó Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, en Mañanas Blu.Cuando se firmó el acuerdo de paz, según Pappier, los indicadores bajaron de forma sustancial; sin embargo, aumentaron por una combinación de varios factores: un fallo del Gobierno anterior en materia de seguridad que falló y permitió el control de las rutas de tráfico, la pandemia que aumentó los niveles de pobreza que permitió el reclutamiento forzado, y la falta de propuestas del gobierno de Iván Duque en la implementación de los documentos firmados en Cuba.“Es muy temprano para decir si la propuesta de paz total será buena o no, si uno compara agosto de 2022 y 2021, se ve un leve aumento en masacres y asesinatos de líderes sociales. Esperamos que este Gobierno regule y baje estos indicadores que han venido creciendo (…) La recomendación a Petro es que la paz total tenga una buena política de seguridad que busque desmontar a los grupos armados que operan y afronte problemas como: lavado de activos y la corrupción, siendo implementados por las Fuerzas Militares”, puntualizó.Frente al cese al fuego bilateral, aseguró Pappier, que es pronto para saber si funcionará, pues se debe revisar cómo funcionará: “Puede ayudar, pero no enfrenta el problema real en la población civil”. Desde Human Rights Watch consideran que hay un trabajo importante que se debe hacer junto a Lasso y Maduro, presidentes de Ecuador y Venezuela, respectivamente, para darle fin a las rutas de tráfico de los grupos armados como el ELN.“No creo que un informe cambie su posición en vulneración de derechos humanos que tanto cometen”, finalizó.
La violencia en Colombia ha adoptado nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados han aumentado en zonas remotas en los últimos años hasta el punto en que este 2022 el país volvió a niveles de violencia "similares" a los previos al proceso de paz, según dijo este jueves Human Rights Watch (HRW).En el capítulo dedicado a Colombia dentro de su informe global, la ONG señala que los defensores de derechos humanos, periodistas, combatientes desmovilizados de las FARC, líderes indígenas y afrodescendientes y otros activistas han sufrido "amenazas de muerte y actos de violencia constantes".Según cifras oficiales, hubo 182 asesinatos de defensores de los derechos humanos entre enero y octubre, que forman parte de los más de mil registrados desde 2016. En ese sentido, HRW considera "deficiente" la implementación de medidas para prevenir abusos establecidas conforme al acuerdo de paz.Los numerosos grupos armados que operan en el país, ligados al narcotráfico y la minería ilegal, siguieron cometiendo abusos contra los civiles, incluyendo asesinatos, reclutamiento infantil y violencia sexual, sobre todo en zonas rurales de la región del Pacífico y en las fronteras con Venezuela y Ecuador, indica el documento.Como consecuencia, unas 96.000 personas en diferentes comunidades se vieron "confinadas" -con restricciones de movimiento por temor a resultar heridos o por amenazas- este año y otras muchas tuvieron que desplazarse, sobre todo por enfrentamientos entre el ELN y grupos disidentes de las Farc.La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas cifró en 70.000 los desplazados entre enero y octubre como parte de "desplazamientos masivos", es decir, 50 o más personas o 10 o más familias, y HRW señala que la asistencia que esas personas reciben es limitada.A ello se suma que Colombia es el mayor receptor de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes de Venezuela, unos 2,5 millones según cifras de febrero, y las autoridades de ciertos departamentos, como Arauca y Vichada, no dan abasto a nivel humanitario.Por otra parte, las fuerzas públicas también cometieron abusos que dejaron muertos, tanto en operaciones de Ejército como en actuaciones policiales para reprimir protestas generalmente pacíficas, y las investigaciones penales avanzan con lentitud o son limitadas, denuncia la ONG.En medio de los compromisos climáticos del gobierno de Gustavo Petro, las estadísticas muestran que la deforestación no se ha frenado, con un aumento del 10 % en el primer trimestre de 2022, y dos terceras partes fueron en la región de la Amazonía, en muchos casos en zonas de población indígena.Precisamente son los productores ganaderos y grupos disidentes de las FARC quienes impulsan la deforestación y presionan a los residentes a talar, extorsionan a campesinos, promueven el cultivo de hoja de coca para la producción de cocaína y amenazan a los conservacionistas, agrega el informe.Le puede interesar:
La organización Human Rights Watch mostró su preocupación por la situación de seguridad que viven en Colombia los líderes sociales y defensores de derechos humanos, pues en lo corrido del año ya se superó el registro total de homicidios presentados durante el año pasado; además, más de 900 líderes sociales han sido asesinados tras la firma del acuerdo de paz que se firmó con la extinta guerrilla de las Farc en 2016.Ante esto, desde HRW le pidieron al presidente Gustavo Petro reformas a la Unidad Nacional de Protección y un cambio en la política de seguridad implementando otras medidas que garanticen la protección efectiva de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en los territorios."Para frenar esta horrible matazón, es urgente y es prioritario que el Gobierno del presidente Gustavo Petro reforme y fortalezca la Unidad Nacional de Protección e implemente las medidas de garantías para las comunidades y la defensa de los derechos humanos establecidas en el acuerdo de paz, también es necesario reformular la política de seguridad, para dejar atrás las estrategias fallidas del Gobierno del presidente Iván Duque e implementar una política estratégica que tenga como prioridad proteger a la población civil y desmantelar de forma integral las estructuras de crimen organizado y actores armados", explicó Juan Pappier, investigador para las américas de HRW.También aseguraron que si no se toman medidas urgentes y prioritarias es predecible que los actores armados sigan asesinando a los líderes sociales y perjudicando la seguridad de las comunidades en los territorios más afectados por el conflicto que aún se vive en el país.Escuche el podcast: Historias detrás de la historia
Juanita Goebertus, directora de la división de Las Américas de Human Right Watch (HRW), habló en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, acerca de los retos en materia de derechos humanos que plantea la visita del presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela.“[Petro] tiene que exigirle al régimen de Maduro algo a cambio de simplemente ir a sentarse con él, detrás de eso no puede estar tomarse una foto y reactivarse unas relaciones que le interesan a Colombia. Si la reunión de hoy no resulta en algunos compromisos concretos de parte del régimen de Maduro, esas expresiones de empatía se habrían quedado en palabras”, declaró Goebertus.Según la directora de HRW para Las Américas, las peores violaciones de derechos humanos en Venezuela se dieron durante la serie de protestas que se sucedieron hace ocho años y que desembocaron en una cruda represión. “Los momentos de más graves violaciones a derechos humanos en Venezuela han ocurrido entre 2014 y 2017”, señaló.“En la frontera colombo-venezolana desde hace varios años hay un descontrol absoluto. Hay una disputa territorial constante entre el ELN, disidencias de Farc y distintos grupos de crimen organizado”, observó, además, Goebertus.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.