El presidente del Senado, Roy Barreras, se pronunció sobre el informe de Human Rights Watch sobre la muerte de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia en los meses de enero, febrero y marzo del 2023.De acuerdo con los datos que recolectó dicha organización, en lo que va del año han ocurrido 33 asesinatos: 12 en enero, 8 en febrero y en marzo 13 casos de homicidios de líderes, por lo que el senador Roy barreras aseguró que es una cifra dolorosa e inaceptable.“En este Gobierno progresista comprometido con la vida y con la paz, es indispensable parar esta matanza y más en un escenario en el que se ha planteado la paz total”, aseguró el congresista.El sector del liderazgo o activismo más afectado es el de los líderes comunitarios, siendo Nariño, Cauca y Valle del Cauca los que mayor número de casos concentran.“Se debe parar la matanza de líderes sociales, parar el desangre de más víctimas, tiene que ser la prioridad absoluta y en ese camino, el cese al fuego con el ELN es una responsabilidad moral”, recalcó Roy Barreras.Finalmente, el presidente del Senado manifestó que se debe tener un control del territorio y la garantizar la vida en las zonas donde los grupos armados no quieren acogerse a la paz.Escuche el podcast La mujer en el cafetal:Le puede interesar: ¿Cómo actuar si pierde los frenos en un carro automático?
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch reveló un preocupante panorama sobre la situación de seguridad para los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, pues en lo corrido del 2023 ya han sido asesinadas 33 personas, siendo marzo el mes en el que más casos se presentaron con 13 registros."Aunque los homicidios se presentan en 18 de los 32 departamentos, Nariño, Cauca y Valle del Cauca son los que mayor número de casos concentran con 6, 5 y 3 respectivamente. El único municipio en el que se presenta más de un hecho es Tumaco, con 4 hechos", explican desde HRW.En enero se registraron 12 víctimas, en febrero 8 y en marzo hubo un aumento con un total de 13 registros, en el mismo sentido desde Indepaz hay un registro de 35 líderes sociales asesinados en Colombia durante este año y hay un total de 1.444 desde la firma del acuerdo de paz, es decir, noviembre del 2016.El más reciente caso registrado se presentó en Tumaco, en el departamento de Nariño, donde fue asesinado Linder Stiven Sepúlveda, un líder juvenil y gestor cultural de 24 años, fue asesinado por sicarios el pasado 27 de marzo en el corregimiento de La Espriella.Le puede interesar:
El informe de violencia de las Américas de Human Rights Watch indica que Colombia está cerca de volver a los mismos números antes de que se firmara el acuerdo de paz con las extintas Farc. Los secuestros, extorsiones, masacres, líderes sociales y desplazamientos vienen en aumento en diferentes regiones del país.“Nos preocupa en materia de derechos humanos son los indicadores de violencia de los grupos armados que operan en el país. Estamos hablando de un 2022 con 80 masacres, 222 líderes sociales asesinados, más de 80.000 colombianos confinados y la tasa de desplazamiento más alta desde 2012. Requiere una respuesta inmediata de la administración de Petro para afrontar esto”, informó Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, en Mañanas Blu.Cuando se firmó el acuerdo de paz, según Pappier, los indicadores bajaron de forma sustancial; sin embargo, aumentaron por una combinación de varios factores: un fallo del Gobierno anterior en materia de seguridad que falló y permitió el control de las rutas de tráfico, la pandemia que aumentó los niveles de pobreza que permitió el reclutamiento forzado, y la falta de propuestas del gobierno de Iván Duque en la implementación de los documentos firmados en Cuba.“Es muy temprano para decir si la propuesta de paz total será buena o no, si uno compara agosto de 2022 y 2021, se ve un leve aumento en masacres y asesinatos de líderes sociales. Esperamos que este Gobierno regule y baje estos indicadores que han venido creciendo (…) La recomendación a Petro es que la paz total tenga una buena política de seguridad que busque desmontar a los grupos armados que operan y afronte problemas como: lavado de activos y la corrupción, siendo implementados por las Fuerzas Militares”, puntualizó.Frente al cese al fuego bilateral, aseguró Pappier, que es pronto para saber si funcionará, pues se debe revisar cómo funcionará: “Puede ayudar, pero no enfrenta el problema real en la población civil”. Desde Human Rights Watch consideran que hay un trabajo importante que se debe hacer junto a Lasso y Maduro, presidentes de Ecuador y Venezuela, respectivamente, para darle fin a las rutas de tráfico de los grupos armados como el ELN.“No creo que un informe cambie su posición en vulneración de derechos humanos que tanto cometen”, finalizó.
La violencia en Colombia ha adoptado nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados han aumentado en zonas remotas en los últimos años hasta el punto en que este 2022 el país volvió a niveles de violencia "similares" a los previos al proceso de paz, según dijo este jueves Human Rights Watch (HRW).En el capítulo dedicado a Colombia dentro de su informe global, la ONG señala que los defensores de derechos humanos, periodistas, combatientes desmovilizados de las FARC, líderes indígenas y afrodescendientes y otros activistas han sufrido "amenazas de muerte y actos de violencia constantes".Según cifras oficiales, hubo 182 asesinatos de defensores de los derechos humanos entre enero y octubre, que forman parte de los más de mil registrados desde 2016. En ese sentido, HRW considera "deficiente" la implementación de medidas para prevenir abusos establecidas conforme al acuerdo de paz.Los numerosos grupos armados que operan en el país, ligados al narcotráfico y la minería ilegal, siguieron cometiendo abusos contra los civiles, incluyendo asesinatos, reclutamiento infantil y violencia sexual, sobre todo en zonas rurales de la región del Pacífico y en las fronteras con Venezuela y Ecuador, indica el documento.Como consecuencia, unas 96.000 personas en diferentes comunidades se vieron "confinadas" -con restricciones de movimiento por temor a resultar heridos o por amenazas- este año y otras muchas tuvieron que desplazarse, sobre todo por enfrentamientos entre el ELN y grupos disidentes de las Farc.La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas cifró en 70.000 los desplazados entre enero y octubre como parte de "desplazamientos masivos", es decir, 50 o más personas o 10 o más familias, y HRW señala que la asistencia que esas personas reciben es limitada.A ello se suma que Colombia es el mayor receptor de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes de Venezuela, unos 2,5 millones según cifras de febrero, y las autoridades de ciertos departamentos, como Arauca y Vichada, no dan abasto a nivel humanitario.Por otra parte, las fuerzas públicas también cometieron abusos que dejaron muertos, tanto en operaciones de Ejército como en actuaciones policiales para reprimir protestas generalmente pacíficas, y las investigaciones penales avanzan con lentitud o son limitadas, denuncia la ONG.En medio de los compromisos climáticos del gobierno de Gustavo Petro, las estadísticas muestran que la deforestación no se ha frenado, con un aumento del 10 % en el primer trimestre de 2022, y dos terceras partes fueron en la región de la Amazonía, en muchos casos en zonas de población indígena.Precisamente son los productores ganaderos y grupos disidentes de las FARC quienes impulsan la deforestación y presionan a los residentes a talar, extorsionan a campesinos, promueven el cultivo de hoja de coca para la producción de cocaína y amenazan a los conservacionistas, agrega el informe.Le puede interesar:
La organización Human Rights Watch mostró su preocupación por la situación de seguridad que viven en Colombia los líderes sociales y defensores de derechos humanos, pues en lo corrido del año ya se superó el registro total de homicidios presentados durante el año pasado; además, más de 900 líderes sociales han sido asesinados tras la firma del acuerdo de paz que se firmó con la extinta guerrilla de las Farc en 2016.Ante esto, desde HRW le pidieron al presidente Gustavo Petro reformas a la Unidad Nacional de Protección y un cambio en la política de seguridad implementando otras medidas que garanticen la protección efectiva de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en los territorios."Para frenar esta horrible matazón, es urgente y es prioritario que el Gobierno del presidente Gustavo Petro reforme y fortalezca la Unidad Nacional de Protección e implemente las medidas de garantías para las comunidades y la defensa de los derechos humanos establecidas en el acuerdo de paz, también es necesario reformular la política de seguridad, para dejar atrás las estrategias fallidas del Gobierno del presidente Iván Duque e implementar una política estratégica que tenga como prioridad proteger a la población civil y desmantelar de forma integral las estructuras de crimen organizado y actores armados", explicó Juan Pappier, investigador para las américas de HRW.También aseguraron que si no se toman medidas urgentes y prioritarias es predecible que los actores armados sigan asesinando a los líderes sociales y perjudicando la seguridad de las comunidades en los territorios más afectados por el conflicto que aún se vive en el país.Escuche el podcast: Historias detrás de la historia
Juanita Goebertus, directora de la división de Las Américas de Human Right Watch (HRW), habló en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, acerca de los retos en materia de derechos humanos que plantea la visita del presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela.“[Petro] tiene que exigirle al régimen de Maduro algo a cambio de simplemente ir a sentarse con él, detrás de eso no puede estar tomarse una foto y reactivarse unas relaciones que le interesan a Colombia. Si la reunión de hoy no resulta en algunos compromisos concretos de parte del régimen de Maduro, esas expresiones de empatía se habrían quedado en palabras”, declaró Goebertus.Según la directora de HRW para Las Américas, las peores violaciones de derechos humanos en Venezuela se dieron durante la serie de protestas que se sucedieron hace ocho años y que desembocaron en una cruda represión. “Los momentos de más graves violaciones a derechos humanos en Venezuela han ocurrido entre 2014 y 2017”, señaló.“En la frontera colombo-venezolana desde hace varios años hay un descontrol absoluto. Hay una disputa territorial constante entre el ELN, disidencias de Farc y distintos grupos de crimen organizado”, observó, además, Goebertus.
Recientemente se conoció que en el departamento del Caquetá hubo una reunión entre el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y algunos guerrilleros de las disidencias de las Farc que no suscribieron el acuerdo con el Gobierno de Juan Manuel Santos, firmado en el 2016. Tras el encuentro, en un comunicado las dos partes plantearon la idea de un cese al fuego con el fin de entablar diálogos para buscar el fin a la violencia, lo anterior generó toda una polémica pues hay quienes creen que este diálogo debe ser político y otros que consideran que debe haber un sometimiento a la justicia.Desde el partido Comunes, que nace de ese acuerdo firmado en 2016, dicen que todos los esfuerzos por la paz son bienvenidos y que, aunque cada grupo debe tener un trato diferente, asegura que durante el Gobierno de Iván Duque hubo incumplimientos con la paz, es por eso por lo que el senador Carlos Lozada, excomandante de la guerrilla, dice que no se oponen a que haya un diálogo político con las disidencias."Todo lo que se haga en función de que haya paz total en este país es bienvenido, esa es la posición del partido, nosotros somos un partido que surgió de un acuerdo de paz y buscamos una solución política por muchísimos años, de manera que saludamos todos los esfuerzos que se hagan en ese sentido".Desde Human Rights Watch se refirieron también a la reunión en el Caquetá entre el Gobierno y las disidencias y aseguraron que les preocupa que haya un comunicado en el que se hable del "Estado Mayor de las Farc", porque consideran que esa guerrilla no existe más en Colombia y lo que quedan son grupos "disidentes y criminales" dedicados al negocio del narcotráfico."Es muy preocupante que el comunicado parece sugerir que se buscará un proceso de negociación política con esta guerrilla, incluyendo inicialmente un cese al fuego bilateral, cuando se negoció el acuerdo de paz las reglas eran claras, aquellos que no cumplían o que no se acogían, iban a enfrentar todo el peso de la ley", dijo Juan Pappier, investigador de la División para las Américas.Para esta organización el camino que queda para las disidencias de las Farc es el sometimiento a la justicia.Por último, la Iglesia católica aclaró que no todos los grupos pueden entrar "en el mismo costal", pues debe haber una diferenciación con cada organización, sin embargo, explicaron que con las disidencias que no se sometieron al acuerdo del año 2016 podría haber un diálogo político."Tienen que dejar las acciones que los alejan de lo político y los acercan a lo criminal, por ejemplo, el narcotráfico, tienen que cesar esas acciones, si es que las están desarrollando, o también otras acciones como secuestro o extorsión a la población, pero que se deben mantener en el plano de los diálogos políticos porque conservan de todos modos un carácter de grupo armado con objetivos políticos", aseguró el padre Eliécer Soto, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Human Rights Watch (HRW) ha hecho seguimiento a la situación de violencia y derechos humanos en Colombia durante los últimos años. De cara a las elecciones presidenciales, desde el organismo se refirieron a los retos que enfrentará el próximo gobierno en estos temas y el legado en esta materia que deja el presidente Iván Duque.Juan Pappier es investigador para la división de las Américas de HRW y aseguró que el presidente Iván Duque deja deudas preocupantes en materia de derechos humanos.“Durante estos últimos años hemos visto un incremento en los niveles de violencia y de abusos cometidos por grupos armados en zonas remotas del país y hemos visto también abusos policiales en contra de manifestantes que no tienen antecedentes en la historia reciente de Colombia”, dijo.Asimismo, explicó que la política antidrogas del Gobierno no es la adecuada, pues no se han logrado los resultados esperados y, por el contrario, ha minado la credibilidad entre las comunidades de las zonas rurales y las instituciones del Estado.“Hemos visto también señales preocupantes en cuanto a la promoción y protección del Estado de derecho e instituciones democráticas en Colombia”, añadió.Sin embargo, desde la organización resaltan la política migratoria del Gobierno y, en especial, para la población venezolana con el Estatuto de Protección Temporal, pues consideran que es una medida histórica que se debe destacar y seguir implementando.Sobre los retos que tendrá el próximo presidente de Colombia, que será elegido este domingo, desde HRW resaltan que se debe buscar mecanismos que frenen la violencia en las regiones y la implementación del acuerdo de paz.“Se debe frenar la creciente violencia en los territorios, las comunidades están volviendo a niveles de violencia que se veían antes del acuerdo de paz, lo cual es una tragedia, para esto es necesario modificar la política de seguridad y hacer esfuerzos más serios y eficaces para desmantelar a los grupos criminales”, agregó.Entre las afectaciones más graves que ha evidenciado HRW están los asesinatos de líderes sociales, desplazamiento y confinamiento de las comunidades.
La representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde, Juanita Goebertus, anunció que fue nombrada como la nueva directora de la División de las Américas de la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), lo anterior después de postularse a una convocatoria pública que contó con la postulación de 130 candidatos del continente.Tras ser nombrada en el cargo aseguró que se va a abstener de participar en política electoral y sus funciones como directora de HRW empezarán el próximo 1 de agosto.“La expansión en América Latina de regímenes populistas de carácter autoritario, el crecimiento de la pobreza y la devastación de la biodiversidad representan una amenaza serísima para la protección de los derechos humanos y la defensa del Estado de derecho en toda la región”, aseguró Goebertus.Esta división había estado a cargo de José Miguel Vivanco desde hace 30 años, quien se encargó de realizar denuncias e investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en diferentes países de la región.Goebertus también manifestó que “he dedicado mi carrera a la construcción de paz y la protección de los derechos humanos en Colombia, lo he hecho desde el servicio público, el activismo político y la academia. Por eso creo que esta es una oportunidad única para continuar ese trabajo, pero ahora desde la sociedad civil y al servicio de toda América Latina”.Goebertus continuará con sus tareas legislativas hasta que culmine su periodo en el Congreso, que va hasta el próximo 20 de julio; hasta el 1 de agosto no va a hablar en nombre de la organización. Sin embargo, desde ya se aparta de las decisiones de su partido y las actividades de proselitismo electoral.Por su parte, el exdirector Jose Miguel Vivanco felicitó a Goebertus por su elección y manifestó que “Juanita es una brillante abogada y legisladora colombiana, comprometida con la paz y los DD. HH. Dados sus enormes talentos estoy seguro de que su gestión al frente de HRW será un éxito”.Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy
Luego de la operación del Ejército en Puerto Leguizamo, Putumayo, el pasado 28 de marzo, Human Rights Watch abrió una investigación para determinar si se respetaron los principios de derechos humanos o si se violaron las leyes del uso de fuerza letal por parte de las autoridades, en hechos que dejaron 11 personas muertas.Hasta ahora, según detalló Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, hay evidencia que señala que, probablemente, en el bazar de El Remanso hubo civiles muertos, así como disidentes. Por eso, siguen con las investigaciones sobre cómo murieron y cuál era el objetivo de dicho operativo, del que esperan una respuesta a un cuestionamiento que enviaron al Ministerio de Defensa.“Todavía estamos investigando los hechos. Hemos estado en terreno hablando con los familiares de las víctimas, hemos enviado un cuestionario con 19 preguntas al Ministerio de Defensa y todavía estamos examinando los hechos. Hasta ahora, tenemos evidencias que indican que, al menos, cuatro de los 11 muertos eran civiles”, reveló en Mañanas BLU.“En ese bazar había numerosos miembros de la comunidad civil, pero también había, probablemente, entre cuatro o cinco miembros del Comando de la Frontera, pero eso no basta para determinar si se cumplió con el derecho internacional”, agregó Juan Pappier.Sobre las denuncias hechas por la comunidad de una “masacre” por parte del Ejército, dijo que, por ejemplo, el uso de francotiradores únicamente se permite dentro del Derecho Internacional si es un caso extremo para proteger la vida de una persona en medio de un combate, lo que no habría pasado en El Remanso, según explicó.“No se dio en el marco de un conflicto armado y en ese caso, el uso de un francotirador solo es permitido si es la única forma de proteger la vida de una persona, que no parece ser el caso en este supuesto en particular en El Remanso”.Mencionó que, aunque siguen recogiendo evidencias y analizando los hechos, la infiltración de miembros de grupos ilegales en este tipo de actividades comunitarias es recurrente en Putumayo, en parte, por “la falta de presencia del Estado” en la región.“En esos bazares ocurren muchas cosas, fiestas de la comunidad y en algunas ocasiones miembros de los grupos armados se infiltran para hacer compra de coca u otras actividades ilegales. Eso ocurre en el Putumayo, es parte de la falta de presencia estatal y control social y territorial que hay”.
En la mañana de este sábado 3 de junio se registró un nuevo incidente de movilidad según informes oficiales de TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la capital. Se reportó el cierre de tres estaciones de TransMilenio debido a un accidente de un furgón que ha afectado el carril mixto del sistema. Este incidente involucra a un furgón volcado que causó afectaciones en la vía del carril mixto de la troncal Américas. Desde las 9:10 a.m. de este sábado, se ha presentado este incidente que ha requerido el cierre de tres estaciones.El accidente ha ocurrido en el costado que se dirige de oriente a occidente, específicamente en las cercanías de la estación Banderas. DA esta hora la movilidad se normalizó y las estaciones Mandalay, Banderas y Transversal 86 al occidente ya abrieron para movilizar a sus usuarios.
El sábado, 3 de junio, En Blu Jeans, el tema central tuvo como invitado especial a Carlos Maldonado, entrenador y maestro en programación neurolingüística, quien habló sobre como ponerle emoción a los hábitos.En la sección de emprendimiento Orgullo País se destacó Trez, una startup colombiana de nóminas. Es la primera plataforma latina para el mercado hispano en Estados Unidos y tiene tres beneficios: nóminas, beneficios para los empleados y micropréstamos.Malena Estupiñán y María Clara García fueron las protagonistas de la Batalla Musical que comenzó con 'Un Osito Dormilón' del El Binomio de Oro de América, frente a 'Can't Hold Us’ de Macklemore & Ryan Lewis, para luego enfrentar a 'Patacón Pisao' de Juan Carlos Coronel, contra 'Prelude and Nostalgia' de Yanni, y por último se enfrentaron, 'Bailando' de Enrique Iglesias, contra ‘Celebration’ de Kool & The Gang.En Leyendas de En Blu Jeans, se revelaron algunos datos curiosos sobre el director de cine Steven Spielberg. También se conocieron detalles de la Fundación Ecosueños en Una Cita con Juan Carlos Solarte.A propósito del tema del día en En Blu Jeans, la sección 35 Milímetros recordó los clásicos del cine relacionados con los hábitos y también se dio un vistazo a lo más reciente del mundo del cine junto a las recomendaciones de series con Luis Carlos Rueda.En La Máquina de la Verdad se aclararon los mitos y realidades sobre la seguridad vial.
Un Juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre que le disparó en una pierna a su pareja sentimental en hechos ocurridos en el municipio de Yondó, en pleno Magdalena Medio. Es importante mencionar que este sujeto ya había sido capturado por el delito de violencia intrafamiliar el año anterior, de manera que se trata de un reincidente en este tipo de violencias contra la mujer.“En coordinación con la Fiscalía Segunda Seccional de Vida, nuestras unidades de investigación criminal y nuestra patrulla púrpura logramos la captura de un sujeto conocido con el alias de “El Mono”, en zona rural del municipio de Yondó, Antioquia. Esta persona es requerida por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, así mismo esta persona es señalada de haberle causado lesiones con arma traumática a su compañera sentimental”, explicó el coronel y comandante de la Policía del Magdalena Medio Luis Cubillos.En lo corrido de este año 63 personas han sido capturadas por el delito de violencia intrafamiliar en el Magdalena Medio según las cifras oficiales, zona donde ya está operando la patrulla purpura de la policía para contrarrestar este tipo de delitos que dejan una mujer muerta recientemente en el municipio de Sabana de Torres en Santander.“Esta persona tiene antecedentes ya que, en el año inmediatamente anterior, fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar. Por este tipo de casos invitamos a toda la ciudadanía a denunciar estos hechos en las líneas de atención 155 o en la línea 122 para todos los casos de violencia basado en género o en contra de la mujer”, agregó el Coronel Cubillos.El pasado 27 de mayo en otro hecho similar según lo explicó la Fiscalía General de la Nación un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Óscar Omar Delgado, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar.Los hechos que hicieron que el hombre fuera enviado a la cárcel ocurrieron el 23 de mayo pasado en el barrio Juan XXII de Bucaramanga en la vivienda de la víctima, cuando el hoy asegurado agredió con un palo a su expareja sentimental de 46 años, quien se encontraba con el hijo de la pareja de 21 y la hermana de la víctima, quienes también resultaron lesionados.Le puede interesar:
No cesa el crimen en el área metropolitana de Barranquilla, tras el asesinato de tres personas —con tan solo horas de diferencia— entre los municipios de Puerto Colombia, Soledad y el sur de Barranquilla, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.Un primer caso se reportó en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, luego de que un mototaxista fuera asesinado a balazos en el corregimiento de Salgar en horas de la noche de este viernes. Según información de la Policía, el hoy occiso fue abordado por dos sujetos que, sin mediar palabra, le propinaron varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo, dándose a la huida segundos después en una motocicleta.La víctima del ataque sicarial respondía al nombre de Gabriel Gutiérrez, apodado como 'El Pucho', quien residía desde hace varios meses en el corregimiento de Salgar, sin imaginar que, allí, las balas propinadas por presuntos sicarios acabarían con su vida. Mientras que el cuerpo se encontraba tendido en el pavimento, familiares y allegados del occiso se acercaron, desconsoladamente, para tratar de salvarlo. Casi que en simultáneo, en el barrio El Bosque de Barranquilla fue asesinado un hombre a balazos también la noche de este viernes. Según información de testigos, el homicidio se cometió en plena vía pública, mientras el occiso se encontraba departiendo con allegados a las afueras de la que sería su residencia en este sector. Pese a que no se conocen muchos detalles de la identidad de la víctima ni de los móviles que produjeron el crimen, la Policía se encuentra realizando las investigaciones pertinentes.En otros hechos, funcionarios del CTI adelantaron la mañana de este sábado el levantamiento del cuerpo sin vida de un hombre en inmediaciones de la avenida Las Torres, en Soledad, Atlántico. Entre las hipótesis que rodean el caso, estaría el posible asesinato —con arma blanca— o, que el sujeto, haya sido víctima de un accidente, dado que no se escucharon detonaciones en este sector según la versión entregada por testigos.Lo que llamó la atención de las autoridades, es que el cadáver del hombre contaba con una herida pero, lo que no se ha determinado aún, es con qué tipo de arma o de qué manera lo habrían herido. El hallazgo se produjo casi a las tres de la mañana en calle 42 con carrera 1 Sur de Soledad.Le puede interesar:
La Fiscalía General de la Nación, en una acción conjunta de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Caldas, identificó al presunto responsable de enviar una seria de mensajes amenazantes contra Tulio Mario Castrillón Tobón, presidente del Once Caldas.El presunto responsable fue identificado como Sergio Alejandro Marín Blandón quien, a través de una red social, habría hecho una publicación en la que anticipaba un posible ataque contra la integridad del dirigente del equipo albo.Las expresiones intimidantes ocasionaron alarma, zozobra y terror al presidente del Once Caldas, a su círculo familiar y a personas cercanas a su entorno laboral. En ese sentido, se obtuvo una orden de captura en contra del señalado agresor, la cual fue materializada por unidades de la SIJIN de la Policía.Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Caldas imputó a Sergio Marín el delito de amenazas. El procesado, de 22 años, no aceptó el cargo, seguirá vinculado al proceso y deberá cumplir medidas no restrictivas de la libertad, entre estas no podrá acercarse ni ingresar al estadio Palogrande de Manizales. Además, deberá mantenerse alejado de la víctima y atender los llamados de la justicia.Le puede interesar:
