Los exmilitares colombianos se convierten en mercenarios en otros países debido a la debilidad del programa nacional de veteranos, la falta de oportunidades económicas y el nulo acceso a salud mental. Así lo advirtió Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), tras revelar que exmiembros del Ejército terminaron entrenando a menores de edad y combatiendo en la sangrienta guerra de Sudán.Gobertus explicó en Mañanas Blu 10:30 que Colombia es un "pool de gente apetecido" por su alta experiencia y entrenamiento en 60 años de conflicto armado. Sin embargo, los soldados y suboficiales se retiran a edades muy tempranas y quedan desamparados por el Estado."El programa de veteranos colombianos es supremamente débil", afirmó Gobertus, señalando que estas personas "no tienen acceso a la reconstrucción de un proyecto de vida en términos de inserción económica". Sin opciones legales en el país y con salarios ofrecidos en el exterior de entre 3.000 y 4.000 dólares (de 3 a 15 millones de pesos), los uniformados terminan en el "rebusque" de guerras extranjeras.La investigación de HRW detectó que las empresas colombianas reclutan al personal para conectarlo con firmas en Abu Dabi. Los exmilitares entran a Emiratos Árabes sin sellar pasaportes, entrenan en bases militares como Ghiyathi y Al Wathba, y luego son desplegados en Sudán como pilotos de drones o combatientes.El informe corroboró la presencia de estos mercenarios en la toma de Al-Fasher en octubre de 2025, junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar responsable de hambruna, abusos y violaciones sexuales masivas.HRW y alertas previas confirmaron además que los colombianos entrenaron a menores de edad reclutados por las FAR, un hecho constitutivo de crimen de guerra. Ante la gravedad de la situación, la organización solicitó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas investigue el rol de Emiratos Árabes y remita la información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.Escuche la entrevista completa aquí:
Human Rights Watch (HRW) expuso este martes que mercenarios colombianos que fueron desplegados en Sudán para luchar junto al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) recibieron entrenamiento en bases militares de Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que niega su implicación en esta guerra.La organización detalló en un informe de 83 páginas que, desde 2024, la empresa de seguridad con sede en Abu Dabi Global Security Services Group (GSSG) contrató a "cientos de mercenarios colombianos" que fueron mandados a Sudán para luchar con las FAR, en guerra con el Ejército sudanés desde abril de 2023.Esta empresa fue fundada en 2016 por el secretario general de la Corte Presidencial de Emiratos, Mohamed al Humairi, quien rinde cuentas ante el vicepresidente del país árabe, Mansour bin Zayed Al Nahyan, hermano del presidente y dueño del club de fútbol inglés Manchester City.HRW entrevistó a dos contratistas militares privados colombianos desplegados en Sudán, y uno de ellos afirmó que al llegar a EAU evitó los controles de inmigración y no le sellaron el pasaporte, mientras que fue trasladado "inmediatamente" con otros a la base de Ghiyathi, en Abu Dabi, donde "recibió entrenamiento por parte de ciudadanos emiratíes".La ONG identificó que los reclutas transitaron por dos bases militares antes de ser mandados a Sudán: la de Ghiyathi y una instalación en Al Wathba, también en el emirato de Abu Dabi."El reclutamiento de mercenarios colombianos se suma a un creciente conjunto de pruebas de que EAU proporciona apoyo militar a las FAR, que han perpetrado repetidamente atrocidades en Sudán", denunció en la nota la directora ejecutiva de la división de África de HRW, Mauso Segun.La primera evidencia pública de la presencia de colombianos en Sudán provino de videos publicados en redes sociales en noviembre de 2024, 19 meses después del inicio de la guerra, cuando grupos aliados del Ejército sudanés interceptaron un convoy de colombianos que había ingresado al país africano desde Libia.Además, según investigaciones de HRW y otras organizaciones, se descubrió que los colombianos poseían proyectiles de 81 milímetros de fabricación búlgara que fueron desviados de las reservas de las Fuerzas Armadas de EAU, en violación de los acuerdos de usuario final de este tipo de armamento.La ONG también verificó vídeos que muestran a mercenarios "aparentemente colombianos" combatiendo en Al Fasher (Darfur del Norte) durante la sangrienta toma de la ciudad por parte de las FAR en octubre de 2025, cuando se produjeron asesinatos, violaciones y abusos "generalizados".Asimismo, indicó que un contratista colombiano afirmó haber entrenado a combatientes de las FAR en campamentos de Nyala -el principal bastión de los paramilitares en Darfur del Sur- en abril de 2025, y que "muchos de los reclutas eran niños pequeños", algo que constituye un crimen de guerra según el derecho internacional.Después de más de tres años de guerra, Emiratos Árabes sigue negando categóricamente que brinde apoyo a las FAR, acusadas de haber cometido crímenes de lesa humanidad, y afirma que solo presta ayuda humanitaria a la población sudanesa.La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno y externo de unas 14 millones, mientras que más de 19.5 millones -dos de cada cinco sudaneses- sufren niveles de crisis de inseguridad alimentaria, de acuerdo con Naciones Unidas. EFE
El más reciente informe mundial de Human Rights Watch (HRW) sobre la situación de derechos humanos en Colombia es categórico: el deterioro de la seguridad, el fortalecimiento de los grupos armados y las deficiencias institucionales han llevado al país a “una de las peores crisis humanitarias de la década”.La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, presentó las conclusiones del documento en entrevista con Mañanas Blu, en donde enfatizó que la política gubernamental de “Paz Total” no solo ha resultado ineficaz, sino que “ha puesto en riesgo adicional a la población civil”.De acuerdo con los datos citados por la organización, entre enero y agosto de 2025 más de 137.000 personas fueron confinadas por amenazas y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. En ese mismo periodo, 544 personas murieron o resultaron heridas por artefactos explosivos, lo que significó un aumento del 145% frente a 2024.“Los grupos armados se fortalecieron con las negociaciones”Goebertus explicó que el informe global de HRW, que abarca 13 países del continente, dedica un capítulo extenso a Colombia debido a la magnitud del deterioro registrado entre 2022 y 2025.“El reclutamiento creció en más del 250%, el secuestro en más del 190% y los confinamientos en más del 50%. Nuestro trabajo de campo en el Catatumbo y Putumayo evidencia que la implementación de la política de paz total, con múltiples negociaciones simultáneas y sin mecanismos de verificación de los ceses al fuego, ha generado un riesgo adicional para los civiles”, advirtió la directora.Según HRW, la estrategia de llevar conversaciones en paralelo con el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, sin una política de seguridad efectiva, permitió que estos grupos ampliaran su control territorial y se fortalecieran aprovechando los espacios de diálogo.“Desafortunadamente, la realidad es que lo que hemos visto es un recrudecimiento de la violencia y un debilitamiento del Estado. Los grupos se aprovecharon de las negociaciones para expandirse”, señaló Goebertus.Catatumbo y Putumayo, epicentros del conflictoEl informe describe con especial preocupación la situación en Catatumbo (Norte de Santander), donde los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC han desatado una ola de violencia contra la población. Allí, HRW documentó casos de asesinatos, secuestros y desapariciones de civiles acusados de colaborar con el grupo contrario.“La suplantación del Estado es total”, explicó la directora. “Vimos al Frente 33 estableciendo campos de castigo y al ELN imponiendo sus propias normas. Esto muestra el vacío de autoridad y el debilitamiento del deber estatal de protección”.En el Putumayo, las disidencias armadas habrían replicado un esquema similar, obligando a campesinos a trabajar en la construcción de vías bajo la amenaza de sanciones, una dinámica que según HRW “profundiza la pérdida del control institucional” y perpetúa el poder local de las estructuras ilegales.Deficiencias institucionales y omisiones del EstadoEl informe también llama la atención sobre la falta de capacidad judicial y las omisiones de las autoridades militares y civiles en la protección de los habitantes de las zonas afectadas.Aunque HRW reconoce una reducción en las denuncias por abusos de miembros de la fuerza pública, advierte “un aumento en las omisiones en la protección de la población”.Goebertus señaló que el Estado tiene el deber de adoptar una política integral que combine seguridad y justicia. “La justicia debe concentrar sus esfuerzos en los eslabones más altos de las redes criminales, investigando delitos como lavado de activos, reclutamiento de menores y corrupción. Sin esa estrategia, es imposible desmantelar las estructuras que sostienen a los grupos armados”, afirmó.Un llamado urgente al gobierno colombianoLa representante de HRW concluyó que la prioridad para el Estado colombiano debe ser recuperar el control territorial y garantizar el acceso a la justicia en las regiones más golpeadas por la violencia. “No basta con los diálogos de paz si no hay una presencia efectiva del Estado que proteja a las comunidades. De lo contrario, la paz total seguirá siendo una promesa incumplida”, enfatizó.
La influencia política y retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contribuido a un deterioro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, donde varios gobiernos han cometido abusos contra migrantes y ciudadanos propios, o han utilizado las políticas de Washington como justificación para reforzar prácticas represivas, advirtió Human Rights Watch (HRW).En su Informe Mundial 2026, la organización señala que, durante el primer año del nuevo mandato de Trump, algunos países de la región violaron los derechos de personas extranjeras a instancias directas de la administración estadounidense, mientras que otros profundizaron políticas de seguridad basadas en detenciones masivas, militarización y uso excesivo de la fuerza.“El impacto de la administración Trump ha sido indudablemente negativo en América Latina y el Caribe”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, quien subrayó que, pese a ello, los gobiernos de la región siguen siendo responsables de defender la democracia y los derechos fundamentales, independientemente de quién gobierne en Washington.El informe destacó que Estados Unidos recortó de manera significativa la ayuda exterior destinada a organizaciones de derechos humanos y medios independientes, mientras que países como El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que permiten el cierre arbitrario de organizaciones civiles y medios de comunicación, debilitando los contrapesos democráticos.HRW también criticó lo que considera una doble vara de la política exterior estadounidense, que ha condenado reiteradamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero ha ignorado abusos graves en países aliados como El Salvador, Ecuador y Perú.El documento alertó además sobre el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela a inicios de 2026, que, según la organización, podría fortalecer al gobierno represivo venezolano y responder a intereses políticos y comerciales de Washington.HRW instó a los gobiernos latinoamericanos a oponerse a los ataques marítimos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que han causado la muerte de más de 120 personas, lo que podría constituir ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional.En el ámbito migratorio, el informe documentó abusos generalizados contra personas deportadas desde Estados Unidos, mientras que Panamá y Costa Rica detuvieron arbitrariamente a ciudadanos de terceros países.El Salvador sometió a venezolanos deportados a desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, y la República Dominicana intensificó la deportación de haitianos hacia contextos de alto riesgo, en posible violación del derecho internacional.Crimen organizado, una amenazaLa expansión del crimen organizado es identificada como una de las principales amenazas a los derechos humanos en la región. El caso más extremo es Haití, donde grupos criminales controlan el 90 % de Puerto Príncipe.En países como Brasil, México, Colombia y Ecuador, las respuestas estatales han incluido operativos letales, ampliación de facultades de inteligencia y suspensión prolongada de derechos fundamentalesEn México, HRW señala que el Gobierno ha combinado el fortalecimiento de la inteligencia con medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la ampliación de la prisión preventiva obligatoria. En Brasil, una redada policial en Río de Janeiro dejó 122 personas muertas, mientras que en Colombia, durante la implementación de la estrategia de “paz total”, grupos armados ampliaron su control territorial.Pese al panorama adverso, HRW subraya que periodistas y organizaciones de derechos humanos siguen siendo un bastión clave para la defensa de la democracia, aunque operan en un entorno cada vez más hostil. La organización llamó a los gobiernos de la región a respaldar su labor, en lugar de criminalizarla o restringirla.
Colombia tuvo en 2025 una de las peores crisis humanitarias de la última década por los abusos cometidos por los grupos armados, mientras que el periodo previo a las elecciones de este año se vio "empañado" por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay, según Human Rights Watch (HRW).Así lo señaló esa organización en su informe mundial de 2025, en el que afirmó que "los abusos cometidos por los grupos armados, el limitado acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, siguen siendo graves problemas de derechos humanos en Colombia".Según cifras de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), citadas por HRW, más de 137.000 personas no pudieron salir de sus comunidades entre enero y agosto de 2025 por amenazas, combates y otras acciones perpetradas por los grupos armados.Igualmente, ese organismo señaló que 544 civiles murieron o resultaron heridos por artefactos explosivos entre enero y agosto pasado, un aumento del 145 % frente al mismo periodo de 2024.La Defensoría del Pueblo, por su parte, reportó 625 casos de reclutamientos de niñas, niños y adolescentes en 2024, un aumento del 81 % con respecto a los 342 casos de 2023, mientras que "datos de Naciones Unidas indican que la tendencia al alza continuó en 2025", agregó HRW.La situación más grave de violencia ocurre en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se enfrenta con el Frente 33 de las disidencias de las Farc por el control territorial desde enero de 2025.Según HRW, el ELN "inició una campaña" en la que ha estado "asesinando, agrediendo, secuestrando y desapareciendo a civiles acusados de tener vínculos con el Frente 33", lo que obligó "a más de 64.000 personas a huir de sus hogares, en lo que fue uno de los mayores desplazamientos masivos en Colombia en décadas".Violencia políticaEn el contexto electoral, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.En ese sentido, Human Rights Watch insistió en que el "período previo a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 se vio empañado por la violencia, incluyendo el asesinato del congresista y precandidato presidencial".El calendario electoral de 2026 en Colombia se inicia con las votaciones legislativas el 8 de marzo, jornada en la que también se celebrarán consultas internas para la selección de candidatos presidenciales de izquierda y derecha.Posteriormente, el 31 de mayo se celebrarán las elecciones presidenciales y una eventual segunda vuelta está prevista para el 21 de junio.HRW recordó que la Defensoría del Pueblo "identificó riesgos para los derechos civiles y políticos que podrían afectar al proceso electoral y pidió que se adoptaran medidas inmediatas y urgentes en 224 de los 1.103 municipios del país".
El informe “Llegaron al infierno”, presentado por Human Rights Watch (HRW), revela un estremecedor panorama sobre las torturas y abusos sufridos por más de 200 migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Las víctimas, deportadas desde Estados Unidos, fueron sometidas a golpizas diarias, desaparición forzada y tratos crueles durante los casi cuatro meses que permanecieron recluidas.En entrevista con Recap Blu, Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, describió el horror que enfrentaron los detenidos. “Los golpeaban por hablar duro, por reírse, por pedir atención médica o por bañarse fuera del horario permitido. Incluso los castigaban por protestar o por contarle a la Cruz Roja lo que estaban viviendo”, señaló. Según la organización, las agresiones incluían patadas, puños y golpes con palos, dejando secuelas físicas severas como rupturas de ligamentos, vómitos de sangre y fracturas.“Los guardias les decían que nunca saldrían vivos de allí, que sus familias los habían olvidado y que solo saldrían en bolsas negras”, relató Goebertus. Los migrantes fueron además objeto de castigos colectivos tras las visitas de delegaciones internacionales y luego de protestas pacíficas en las que escribieron con su propia sangre que “no eran terroristas ni criminales”.Aunque HRW no registró muertes de venezolanos dentro del CECOT, Goebertus precisó que más de 400 personas han muerto en cárceles salvadoreñas durante los tres años del régimen de excepción. “La desaparición forzada se configura porque estas personas fueron sacadas de toda protección legal. Sus familias dejaron de saber dónde estaban, sus nombres desaparecieron de las bases de datos del ICE en Estados Unidos y los gobiernos de ambos países nunca respondieron sobre su paradero”, explicó.El informe responsabiliza tanto al Gobierno de Bukele como a la administración Trump, que habría deportado a los venezolanos a El Salvador bajo el argumento de que eran “terroristas”. Sin embargo, HRW verificó los antecedentes de los 252 migrantes en Estados Unidos, Venezuela y otros países de tránsito, concluyendo que solo el 3 % había sido condenado por delitos violentos. Tras un acuerdo entre Estados Unidos, El Salvador y el régimen venezolano, los detenidos fueron liberados y enviados a Venezuela. Pero su pesadilla no terminó allí. “Muchos están siendo vigilados y hostigados por el SEBIN. Han recibido interrogatorios, amenazas y viven con miedo constante. Cuatro de ellos reportaron pensamientos suicidas y uno intentó quitarse la vida”, denunció Goebertus.La directora para las Américas de HRW confluyó diciendo que este calvario no se puede convertir en paisaje y mucho menos que quede en el olvido.
La primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los exjefes de las Farc por los secuestros cometidos entre 1993 y 2016 sigue generando debate. Human Rights Watch (HRW) advirtió que, si las sanciones no cumplen con los estándares internacionales de restricción efectiva de la libertad, el caso podría terminar bajo análisis de tribunales internacionales.Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, reconoció el valor histórico de que el antiguo secretariado de las Farc haya sido declarado responsable por crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Es realmente un hito muy importante, no solo por la atribución de esa responsabilidad internacional, sino porque el último secretariado en su conjunto reconoce su responsabilidad y de plano deja de justificar que estos fueran lo que en su momento llamaban retenciones con fines económicos”, señaló en entrevista con Mañanas Blu.Sin embargo, HRW cuestiona que las sanciones no aseguren una verdadera restricción de la libertad. “Lo que ayer se anuncia es un mecanismo de vigilancia electrónica (…) pero no queda claro que sea propiamente un brazalete, ni que exista un perímetro delimitado territorialmente como exige el acuerdo de paz”, explicó Goebertus.¿Qué exige el acuerdo de paz sobre estas sanciones?La representante de HRW recordó que el Acuerdo de Paz de 2016 estableció que los máximos responsables deberían cumplir entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad en espacios territoriales delimitados, además de realizar obras restaurativas. “El problema es que el discurso público se ha centrado en que las sanciones son netamente restaurativas, olvidando que el acuerdo incluye también un componente retributivo”, advirtió.Goebertus insistió en que sin un perímetro de reclusión claro y un monitoreo estricto, Colombia corre el riesgo de incumplir sus compromisos internacionales.¿Qué escenarios internacionales podrían abrirse?Según HRW, si la JEP no corrige el alcance de las sanciones en las apelaciones, dos rutas internacionales podrían activarse. La primera, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reabra el examen preliminar sobre Colombia, cerrado en 2021 bajo la condición de que hubiera sanciones proporcionales y efectivas. La segunda, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos evalúe la compatibilidad de las sanciones con la Convención Americana.“Existen escenarios internacionales. La proporcionalidad es lo que se va a estudiar en la siguiente instancia (…) porque graves violaciones a derechos humanos deben ser sancionadas en proporcionalidad al daño cometido”, concluyó Goebertus.La sentencia de la JEP, que impuso ocho años de “restricción de derechos” a siete excomandantes de las Farc, sigue en firme, pero podrá ser apelada en los próximos días por las víctimas y sus representantes.
Human Rights Watch (HRW) ha emitido una contundente advertencia sobre el futuro de la Defensoría del Pueblo en Colombia, señalando un recorte presupuestal en la propuesta del Gobierno ante el Congreso que, de concretarse, tendría graves implicaciones para la protección de los derechos humanos y la seguridad en el país. La organización internacional de defensa de los derechos humanos ha manifestado su profunda preocupación por esta medida en un contexto de recrudecimiento de la violencia interna y una reducción significativa de la ayuda internacional. Juanita Goebertus, directora de la división Américas de Human Rights Watch, en diálogo con Mañanas Blu, subraya la seriedad de la situación, destacando que “esta reducción pondría en grave riesgo la posibilidad del Estado colombiano de proteger a estas comunidades”. La alerta se produce en un momento crítico para Colombia, donde la violencia en Colombia ha escalado, afectando a las comunidades más vulnerables y poniendo a prueba la capacidad de respuesta del Estado.El alcance del recorteEl propuesto recorte presupuestal a la Defensoría del Pueblo no es una cifra menor, especialmente cuando se analiza su impacto real. Aunque inicialmente se habla de un recorte del 3% respecto al presupuesto de 2025, la realidad es más compleja y alarmante. Juanita Goebertus aclara que este porcentaje no considera la inflación. “En términos reales sería una [reducción] porque si uno toma en cuenta lo que el Banco de la República tiene pensará que será la inflación de este año, la reducción real sería entre 7 y 8%,” explicó la directora de HRW. Más aún, la cifra se agrava al considerar lo que la propia Defensoría había solicitado para hacer frente a sus desafíos crecientes. “Es un 9.7% menos de lo que había solicitado la defensoría. Primero, corrigiendo básico por inflación, pero segundo de cara, justamente como señalabas, a los retos adicionales en materia de seguridad y de crisis humanitaria sumados a contexto electoral,” detalló. El llamado de Human Rights Watch es claro: el recorte presupuestal a la Defensoría del Pueblo es una medida que podría tener consecuencias desastrosas para la estabilidad social, la protección de los derechos humanos y la legitimidad del Estado en Colombia, especialmente en un momento de creciente violencia y un ciclo electoral próximo. La directora Juanita Goebertus concluyó su intervención agradeciendo la oportunidad de alertar sobre “esta reducción del 3% comparado con el 2025, pero que realmente sería mucho más para la Defensoría del Pueblo con lo importante que es esta institución”, una institución que históricamente ha sido un pilar fundamental para la defensa de los derechos humanos en el país. La falta de ayuda internacional hace aún más indispensable fortalecer las instituciones locales como la Defensoría.Escuche aquí la entrevista:
"Tuvimos que comer como animales", contaron migrantes a la oenegé Human Rights Watch (HRW), que alerta de abusos y trato degradante en tres centros de detención de Florida en un informe publicado este lunes.Personas detenidas en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North (Krome), el Centro de Transición Broward (BTC) y el Centro de Detención Federal (FDC) en Miami contaron que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los guardias de seguridad de empresas privadas "los trataban de manera degradante y deshumanizadora".Algunos permanecieron esposados dentro de autobuses "durante largos periodos, sin comida, agua ni baños funcionales" o tenían que dormir en el suelo de cemento helado, sin ropa de cama, "bajo una luz fluorescente constante".Chauhan y Pedro describieron un traslado en abril en el que estuvieron en una celda con decenas de hombres desde primeras horas de la mañana "con los pies encadenados y las manos atadas detrás de la espalda"."Luego los dejaron en la habitación durante horas", señala el informe elaborado por HRW, Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South."Eran las 5 de la tarde y nadie había almorzado. Algunos ni siquiera habían desayunado. Podíamos ver la comida a través de los barrotes de nuestra celda de detención en recipientes de poliestireno en un carrito. La comida estaba frente a nosotros, pero los guardias se negaron a dárnosla", contó Chauhan a HRW."A las 7, finalmente nos dieron el almuerzo, pero solo después de que otro guardia protestara en nuestro nombre. Estábamos encadenados, así que no podíamos alcanzar los platos con las manos. Teníamos que poner los platos en las sillas y luego agacharnos y comer con la boca, como perros", añadió."Tuvimos que comer como animales", recordó Pedro, citado en el informe, que no incluye la situación en un nuevo centro de Florida, apodado "Alcatraz de los Caimanes" y situado en una zona de manglares y pantanos.- "Cubierto de heces" -Los detenidos entrevistados por HRW denunciaron "cacheos invasivos injustificados" y "conductas humillantes", se lee en el texto de casi 100 páginas.Las organizaciones denuncian un hacinamiento extremo, a veces en celdas con más del doble de su capacidad, para intentar cumplir el objetivo del presidente Donald Trump, quien prometió expulsar a un número récord de migrantes en situación irregular."Al 20 de junio de 2025, el número de personas detenidas por motivos migratorios en los tres centros era un 111% superior" en comparación con los niveles registrados antes de que Trump regresara al poder en enero.Una mujer describió su llegada en enero a Krome, un centro destinado a hombres. Contó que estuvo detenida días, sin ropa de cama, ni privacidad."Solo había un inodoro y estaba cubierto de heces", relató. "Les rogamos a los agentes que nos lo dejaran limpiar, pero se limitaron a responder sarcásticamente: 'Ya vendrá la limpieza'. Nadie vino".- "Como basura" -Un colombiano "estuvo detenido durante 63 días sin que se le acusara de ningún delito", sostiene el informe."Queremos estar en Estados Unidos. Nos parece un gran país" pero en "los centros de detención de migración los guardias te tratan como basura", contó. "Sientes que tu vida se acabó"."Este trato no solo puede causar un daño psicológico duradero, sino que también viola los estándares internacionales de derechos humanos y las propias pautas de detención de ICE", denuncian las organizaciones.Según el informe, al menos dos muertes recientes podrían estar relacionadas con negligencia médica."Estos no son incidentes aislados, sino el resultado de un sistema de detención fundamentalmente deficiente", estima Belkis Wille, directiva de HRW citada en un comunicado.La AFP contactó con ICE para tener su versión pero por el momento no ha contestado.El pasado viernes Tom Homan, responsable de la política migratoria de Trump, declaró a periodistas que actualmente la administración tiene "alrededor de 60.000" camas para migrantes detenidos pero necesitan "100.000" porque "lleva varios días, semanas o incluso meses expulsarlos".El gobierno dice centrarse en delincuentes, pandilleros y narcotraficantes pero muchos migrantes sin antecedentes penales han sido detenidos, a veces en sus lugares de trabajo.
La reciente convocatoria del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a una consulta popular mediante decreto —denominada popularmente como decretazo— ha encendido las alarmas en la comunidad internacional. Human Rights Watch (HRW), a través de su directora para las Américas, Juanita Goebertus, manifestó su preocupación por lo que considera una vulneración al estado de derecho y a los compromisos internacionales asumidos por el país.HRW alerta sobre violación a la separación de poderesEn entrevista con Mañanas Blu, Goebertus expresó que el decreto presidencial contraviene disposiciones fundamentales de la Constitución de 1991, así como tratados internacionales en los que Colombia ha sido un actor protagónico. “El texto de la Constitución es supremamente claro: el presidente con la firma de todos los ministros puede convocar una consulta popular, pero debe tener el concepto previo favorable del Senado”, afirmó la directora de HRW. La ausencia de este requisito, añadió, constituye un “Atentado contra el estado de derecho y viola una obligación internacional de Colombia en materia de separación de poderes y de garantía de la independencia judicial”.La directora de HRW subrayó que su organización, con presencia y vigilancia en toda América Latina, actúa cada vez que detecta riesgos contra el equilibrio de los poderes públicos. En ese sentido, recordó casos recientes en los que HRW se pronunció frente a gobiernos como el de Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México, y Nayib Bukele en El Salvador.Petro responde: soberanía nacional en el centro del debateLa respuesta del presidente Petro no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el mandatario colombiano reclamó respeto a la soberanía del país: “Oigan, respeten la constitucionalidad o no. Es la decisión de una nación, un pueblo soberano, no de una organización extranjera”. Esta reacción contrasta, según señalaron analistas, con posturas anteriores del propio Petro cuando, desde la oposición, promovía la intervención y acompañamiento de organismos internacionales en los asuntos internos de Colombia.Para muchos observadores, la postura del presidente revela un cambio de perspectiva tras su llegada al poder. “Durante su historia política, Gustavo Petro ha sido un defensor de las ONGs, del trabajo de las organizaciones sociales, de los organismos multilaterales. Pero pareciera que una cosa es cuando es oposición y otra cosa cuando es el presidente”, comentó uno de los analistas en Blu Radio.Las obligaciones internacionales de Colombia en riesgoJuanita Goebertus detalló que Colombia, como firmante de múltiples tratados internacionales, tiene compromisos claros en materia de derechos humanos y democracia. “Colombia está sometido no sólo a las obligaciones básicas de derechos humanos, sino que ha participado ampliamente del desarrollo de derecho internacional, que está basado en un Estado de derecho, que cree en la separación de poderes, que tiene su centro en la garantía de la independencia judicial”, explicó.La experta advirtió que el decretazo podría abrir la puerta a demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos si no se respetan las garantías del debido proceso y el equilibrio de poderes. Sin embargo, destacó que primero deberán agotarse los recursos judiciales internos: “Yo confío plenamente en esas instituciones. Desde Human Rights Watch estaremos rodeando a estas instituciones y garantizando que sus decisiones sean acatadas en general por todos, pero en primer lugar, por el Presidente de la República”.Corte Constitucional y Consejo de Estado: los próximos pasosMientras tanto, el decreto presidencial ya fue radicado en la Corte Constitucional, donde el presidente de esa corporación, Jorge Enrique Ibáñez, asumirá el estudio del caso. El Consejo de Estado también podría tener un papel crucial en la revisión de la legalidad del acto administrativo. Sobre este escenario, Goebertus enfatizó: “Las instituciones deben actuar con total independencia, de manera transparente, sin estar sujetas a ningún tipo de presión por parte del gobierno nacional”.El debate jurídico promete ser complejo, pues se entrelazan mecanismos de control previo y posterior, demandas y tutelas que buscan frenar un proceso visto por muchos como un intento de concentrar el poder en el Ejecutivo. “Estamos ante un momento similar al que vivió Colombia cuando el expresidente Uribe buscó reformar la constitución para una segunda reelección. Las instituciones supieron poner límites y hasta ahí. Acá hay unos límites del Estado de derecho y de la garantía de que no se concentren funciones en el Poder Ejecutivo”, concluyó la directora de HRW.
Como hace tres años y medio en Catar 2022, cuando consumó su eliminación pese a su triunfo final sobre Ghana, la selección de Uruguay volvió a fallar en el acceso a las eliminatorias del Mundial por segunda edición seguida; un hecho nunca visto a lo largo de su historia, cuando jamás fracasó consecutivamente.No le había ocurrido nunca a lo largo de sus quince participaciones, incluida la actual, en el torneo de los torneos. Sí había caído en la primera fase hasta en cuatro ocasiones, cinco con Estados Unidos, Canadá y México 2026, pero nunca de forma sucesiva. Un síntoma del momento del campeón del mundo original, el ganador de la primera edición.Si Catar 2022, eliminada por la derrota de Portugal ante Corea del Sur en la última cita, pese a vencer ella a Ghana, entre las reclamaciones de dos penaltis a su favor, ya fue un golpe duro, inasumible entonces para el conjunto dirigido por Diego Alonso, el adiós al Mundial 2026 incide en la misma línea, con el agravante de que no ha ganado a nadie.Ni a Arabia Saudí, con la que empató a uno en la primera jornada; ni a Cabo Verde, con la que igualó a dos en la segunda; ni a España, con la que perdió 0-1 en el último y decisivo capítulo, en el que debía superar a su rival para lograr la clasificación. No le valía ni el equilibrio ni la derrota. Está fuera del Mundial el equipo de Marcelo Bielsa.Hasta el episodio de Catar en 2022, Uruguay había alcanzado todas las eliminatorias desde la eliminación también en esta instancia en Japón y Corea 2002. Entonces tampoco ganó ninguno de sus encuentros, como ahora, con dos empates y una derrota y tan solo dos puntos. Marcó cuatro goles y encajó cinco. Fue derrotada por Dinamarca (1-2) y niveló tanto con Francia (0-0) como con Senegal (3-3). Fue insuficiente. Acabó tercera.No fue más allá de esa ronda, igualmente, en Alemania 1974. Ubicada en el fondo de la tabla de su grupo, no venció tampoco a nadie. Ni a Países Bajos, cuando fue doblegada por 0-2; ni a Bulgaria, con un 1-1; ni a Suecia, que la superó por 3-0. Un punto. Y un gol.El Mundial de Chile 1962 completan la lista de cinco eliminaciones en la fase de grupos del conjunto celeste. Aquel torneo lo comenzó con un triunfo frente a Colombia (2-1), que después no le sirvió para nada porque cayó con las entonces Yugoslavia, por 3-1, y Unión Soviética, por 2-1. La tercera posición del grupo lo dejó fuera de la siguiente ronda.Por el contrario, Uruguay sí fue más allá hasta en diez de sus quince participaciones en las fases finales de los Mundiales. Fue campeona en 1930 y 1950; cuarta en 1954, 1970 y 2010, su último gran éxito en este torneo; llegó a cuartos tanto en 1966 como en 2018; y su límite fueron los octavos de final en 2014, 1990 y 1986.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, continúa recibiendo mensajes de reconocimiento y estableciendo contactos con líderes internacionales de cara a su posesión el próximo 7 de agosto. En las últimas horas, el mandatario electo recibió una carta de felicitación del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y sostuvo conversaciones telefónicas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del partido español Vox, Santiago Abascal.En el mensaje difundido por la Embajada de Rusia en Colombia, Putin felicitó a De la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales y destacó que las relaciones entre Rusia y Colombia "tradicionalmente tienen un carácter amistoso".Además, expresó su confianza en que el nuevo Gobierno contribuya al fortalecimiento de la cooperación bilateral en distintos ámbitos y le deseó éxitos, salud y bienestar durante su mandato.Tras conocer la carta de felicitación, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, respondió a través de su cuenta de X, donde agradeció el mensaje enviado por Vladímir Putin y expresó su disposición a fortalecer las relaciones entre ambos países. De la Espriella aseguró que Colombia y Rusia trabajarán para reforzar una comunicación fluida y avanzar en decisiones bilaterales que contribuyan a la reciprocidad, el progreso y el crecimiento de ambas naciones.Por otra parte, el equipo del presidente electo informó que De la Espriella conversó con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien coincidió en la importancia de fortalecer los vínculos entre Colombia y España en esta nueva etapa política. La llamada se produjo pocos días después de que la dirigente española felicitara públicamente al mandatario electo por su triunfo en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio.Asimismo, De La Espriella dialogó con Santiago Abascal, presidente del partido español Vox, como parte de los acercamientos internacionales que adelanta antes de asumir el cargo.
La Lotería de Risaralda realizó su sorteo número 2956 el viernes 26 de junio de 2026. El premio mayor, con un valor de $2.333 millones, quedó en manos del billete con el número (en minutos), combinación que se convirtió en la gran ganadora del sorteo.Premios secos de la Lotería de RisaraldaAdemás del premio principal, la Lotería de Risaralda repartió una amplia variedad de premios secos con valores entre $30 millones y $300 millones, beneficiando a varios apostadores mediante categorías especiales como El Gordo de Risaralda, Ángel de la Suerte y La Escalera Millonaria.Millonarios premios entregados en el sorteoCon la realización del sorteo 2955, la Lotería de Risaralda volvió a entregar una importante suma de dinero entre sus participantes. Aunque el premio mayor concentró la atención de los apostadores, los premios secos permitieron que más jugadores tuvieran la posibilidad de resultar ganadoresLos premios secundarios alcanzaron montos de hasta $300 millones, ampliando las oportunidades para quienes adquirieron su billete y acertaron las combinaciones premiadas.¿Cómo verificar si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?Los jugadores pueden confirmar si su billete obtuvo algún premio revisando los resultados oficiales publicados por la lotería. Para reclamar cualquier valor ganado es necesario que coincidan exactamente el número y la serie del billete con las combinaciones anunciadas durante el sorteo.La recomendación para los participantes es conservar el billete en buen estado y verificar siempre la información a través de los canales oficiales de la entidad.
La Lotería de Santander realizó su sorteo número 5074 durante la noche del viernes 26 de junio de 2026, una jornada que generó expectativa entre miles de jugadores. En esta edición, el premio mayor, con un valor de $6.500 millones, quedó en manos del billete con el número (en minutos).Premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5074Además del máximo premio, la Lotería de Santander entregó una amplia variedad de premios secos, con montos que fueron desde los $5 millones hasta los $700 millones, beneficiando a varios participantes del tradicional juego de azar.Recomendaciones para verificar los resultadosLa Lotería de Santander recordó a los apostadores la importancia de revisar cuidadosamente sus billetes antes de adelantar cualquier proceso relacionado con el cobro de premios.Para evitar errores o inconvenientes, los participantes deben:Confirmar que coincidan correctamente el número y la serie del billete.Acudir únicamente a puntos de pago autorizados.Consultar los resultados mediante los canales oficiales de la lotería.Revisar el acta oficial del sorteo para verificar la información definitiva.¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?El siguiente sorteo de la Lotería de Santander quedó programado para el viernes 3 de juliode 2026, fecha en la que nuevamente miles de colombianos podrán participar por importantes premios económicos.Los interesados también podrán consultar y revivir el sorteo completo a través de los canales oficiales de la entidad.
Este viernes, 26 de junio, la Lotería de Medellín lleva a cabo el sorteo 4838, que entrega un premio mayor de $16.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el afortunado billete ganador correspondió al número (en minutos).Premios secos de la Lotería de MedellínComo es habitual, además del premio principal, el sorteo distribuyó una amplia cantidad de premios secos en diferentes categorías, brindando más oportunidades de ganar a los participantes en todo el país.En la siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería de Medellín, puede recorfirmar los resultados, en caso de que su billete haya resultado ganador.¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?Las personas que resultaron ganadoras deben verificar que el billete físico se encuentre en buen estado y que los datos coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Una vez realizada esta comprobación, deberán acercarse a los puntos autorizados o a la entidad bancaria designada por la lotería para iniciar el proceso de reclamación.Asimismo, es obligatorio presentar el documento de identidad original al momento de reclamar cualquier premio.La Lotería de Medellín se mantiene como una de las loterías más reconocidas del país gracias a sus millonarios premios, la frecuencia de sus sorteos y su amplia cobertura de distribución. Estas características la convierten en una de las opciones preferidas por miles de colombianos que participan semanalmente en busca de la suerte.
