La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, expresó en entrevista en El Radar su profunda preocupación ante el reciente decreto del Gobierno colombiano que convoca a una consulta popular sin el cumplimiento de requisitos constitucionales esenciales.
Según Goebertus, este acto podría sentar un “peligroso precedente” para la democracia colombiana.
Nos ha preocupado mucho esta circunstancia porque la Constitución es clara: se requiere un concepto previo favorable del Senado, que en este caso no tiene lugar
Si bien reconoce que será la justicia colombiana quien deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto, subraya que el Ejecutivo debe abstenerse de actuar en contra de la Carta Magna.
La funcionaria de HRW comparó la reacción del presidente Gustavo Petro —quien desestimó el pronunciamiento de la organización argumentando injerencia en asuntos internos— con las actitudes de líderes cuestionados en la región. “Es tristemente muy similar a la que recibimos del presidente Bukele en El Salvador o de Maduro en Venezuela”, señaló.
El núcleo del cuestionamiento radica en el hecho de que el decreto fue expedido sin que mediara el concepto favorable del Senado, un requisito que la Constitución colombiana establece expresamente. “No puede suceder en un Estado de Derecho que un presidente abiertamente se salte lo que establece la Constitución”, enfatizó.
Goebertus advirtió que actos como este podrían marcar el inicio de un proceso de erosión democrática. “Hemos visto cómo los procesos de debilitamiento de la democracia inician por la concentración de poder en el Ejecutivo y el irrespeto a las disposiciones constitucionales”, explicó, citando ejemplos recientes en El Salvador donde se ha ignorado la prohibición de reelección presidencial.
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Frente a la retórica presidencial que plantea que la consulta busca simplemente devolverle el poder al pueblo, Goebertus fue categórica: “Una cosa es la democracia representativa, donde el pueblo elige a sus gobernantes, y otra es un Estado de Derecho, donde esos gobernantes deben actuar conforme a la Constitución y la ley”.
La directora de HRW reiteró su confianza en la fortaleza institucional de Colombia. Aseguró que, si bien el tema ya ha sido llevado ante instancias judiciales nacionales, solo en caso de que estas no funcionen adecuadamente, podría contemplarse una intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Estoy convencida de que las instituciones colombianas son suficientemente fuertes como para que este episodio se pueda resolver a nivel nacional”, concluyó.
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