Keiko Fujimori asume este martes la Presidencia de Perú, tras imponerse en las elecciones y en medio de un ambiente de alta polarización política. La llegada al poder despertó expectativas por las medidas que impulsará en materia de seguridad y economía, pero también ha reavivado las críticas de organizaciones de derechos humanos y de los familiares victimas de crímenes de Estado que fueron cometidos durante el gobierno de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
En la víspera de la ceremonia de posesión, decenas de personas se concentraron en el centro de Lima para exigir justicia y expresar su rechazo al nuevo gobierno, al considerar que siguen en deuda en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición.
Familiares de víctimas rechazan el inicio del gobierno de Keiko Fujimori
Los familiares de las víctimas de crímenes de Estado en Perú rechazaron este lunes, en una vigilia con velas y fotografías de fallecidos, al próximo gobierno de la derechista Keiko Fujimori, en la víspera de su toma de mando.
Durante la campaña electoral, Keiko Fujimori reivindicó su legado y prometió mano dura para combatir la delincuencia y retirar a Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"De ella no esperamos nada bueno (...) Estamos desde hace muchos años persiguiendo la justicia y sabemos cómo actúan", dijo a la AFP Marly Anzualdo, quien aún busca el cuerpo de su hermano Kenneth, desaparecido en 1993.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio por probado que había sido llevado vivo al cuartel general del Ejército por un escuadrón de inteligencia.
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Los manifestantes también cuestionaron al partido fujimorista, Fuerza Popular, por promover el año pasado una ley de amnistía para agentes del orden procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto interno, entre 1980 y 2000.
"Juicios que han llevado más de 30 años, estaban cerca de saber quiénes eran los responsables", lamentó Anzualdo.
Con música y carteles que decían "Keiko no va", también se unieron deudos de muertos en protestas durante el gobierno de Dina Boluarte (2022-2025). Responsabilizan a Fujimori y su partido de blindarla de acusaciones desde el Congreso.
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"Han cogobernado (...), sus manos están manchadas con la sangre de nuestros seres queridos", dijo Raúl Samillán. Su hermano Marco falleció por una bala en una protesta contra Boluarte, reprimida por militares en 2023.
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