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Una coalición de organizaciones comunitarias, sindicales y religiosas presionó este martes al ayuntamiento de Los Ángeles (California) para que apruebe la ordenanza que convertiría a la ciudad en un “santuario” para la protección de inmigrantes, ante la amenaza de deportaciones masivas anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
Desde las escaleras de la alcaldía, decenas de activistas e indocumentados instaron al concejo de Los Ángeles a concluir el trámite de la medida que impide la colaboración de la Policía local con las autoridades migratorias.
“Deberíamos poder llamar a la Policía o a los bomberos sin sentir miedo”, expresó en una conferencia de prensa Zeneida Meneses, inmigrante nicaragüense que trabaja en limpieza. “El Gobierno federal no puede estar metido entre nuestra comunidad”, añadió Meneses, refiriéndose a los agentes de inmigración.
En septiembre pasado, Trump afirmó que entre sus planes figura solicitar al Congreso una ley que prohíba las ‘ciudades santuario’ para inmigrantes.
Tan pronto como asuma el cargo, aumentaremos de inmediato el número de agentes federales en todas las ciudades que no entregan a extranjeros delincuentes, que son muchas
El concejo municipal de Los Ángeles ya había avanzado el año pasado en una propuesta para declarar oficialmente a la ciudad como 'santuario' de inmigrantes, lo que implica prohibir el uso de recursos locales en la aplicación de leyes migratorias federales. Sin embargo, la medida aún no ha sido completamente aprobada.
Ante la victoria de Trump, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, urgió a los concejales la semana pasada a ratificar la ordenanza, que también busca negar a las agencias federales de Inmigración el acceso a las bases de datos de la ciudad.
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En 2017, el entonces alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, emitió una orden ejecutiva limitando la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). No obstante, aún no existe una legislación permanente que consolide estas normas.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA), resaltó en la manifestación los aportes anuales de 10.000 millones de dólares en impuestos por parte de los inmigrantes residentes. “Debemos sentirnos seguros en esta ciudad”, subrayó la activista de origen mexicano.
Más de 1,3 millones de inmigrantes viven en Los Ángeles, representando el 34 % de la población, es decir, 1 de cada 3 personas nacidas fuera de Estados Unidos.
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Martha Arévalo, directora del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), advirtió que, aunque “no se puede controlar” lo que ocurre a nivel federal, la ciudad debería tener autonomía sobre lo que sucede localmente. “Debemos estar del lado correcto de la historia”, enfatizó.
Los activistas también enviaron un mensaje de preparación a la comunidad indocumentada, anticipando la llegada de Trump y su equipo. El republicano designó a Tom Homan, con décadas de experiencia en el cumplimiento de leyes de inmigración, como “zar de la frontera”, encargado de implementar las deportaciones masivas.
Homan ha criticado enérgicamente las ‘ciudades santuario’, destacando en particular a California por aprobar la Ley Santuario de Inmigrantes (SB54), que prohíbe a las agencias estatales y locales investigar, interrogar o detener personas con el fin de cumplir con leyes migratorias.
Durante el mandato de Trump (2017-2021), su administración restringió fondos federales de seguridad a estados que promovieran ‘ciudades santuario’. California llevó el caso a los tribunales y ganó la disputa.
La ciudad de Los Ángeles, a través de su entonces fiscal Mike Feuer, también demandó al Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. por retener más de un millón de dólares anuales destinados a la seguridad.
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