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Organizaciones internacionales, de la sociedad civil y del ámbito académico de América Latina lanzaron este miércoles el Observatorio de Movilidad Humana del Darién y otras rutas alternas. Este nuevo proyecto tiene como objetivo proporcionar información precisa y actualizada para facilitar la comprensión y el abordaje de la dinámica migratoria.
La iniciativa pretende identificar y entender los diversos desafíos que enfrentan las personas que transitan desde la región de Urabá (Colombia) hasta la frontera entre Panamá y Costa Rica, según detalló el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Claudia Paz y Paz, directora del programa para Centroamérica y México de CEJIL, señaló: “El Darién es una de las rutas más peligrosas de América Latina, y quienes la transitan se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Los Estados, incluidos los de tránsito, tienen la obligación de garantizar el acceso a derechos fundamentales como el refugio, la salud y la alimentación”.
Sin embargo, Paz y Paz añadió que “las actuales políticas migratorias están obligando a las personas migrantes a tomar rutas alternativas, como las marítimas, que exponen aún más su integridad y su vida”.
Según datos de CEJIL, durante el año 2023 más de 500.000 personas migraron por esta ruta con destino final a Estados Unidos. Las autoridades panameñas estiman que en 2024 el número podría ser al menos un 20 % mayor, superando las 600.000 personas.
Entre los aspectos destacados por las organizaciones se encuentra el aumento de denuncias de violencia sexual en el Darién. Médicos Sin Fronteras registró un total de 328 denuncias hasta marzo de este año, en comparación con las 676 reportadas durante todo el 2023.
Además, las organizaciones han señalado diversas formas de violencia en la ruta, incluyendo desapariciones forzadas y robos perpetrados por grupos armados.
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María Teresa Urueña, responsable de incidencia política de la Red Jesuita con Migrantes, afirmó: “El Darién no es solo un lugar de tránsito de riesgo extremo en una ruta continental de migrantes forzados, sino que también refleja las crisis políticas, socioambientales, económicas, de protección e integración que enfrenta nuestra región”. Agregó que “esta ruta trasciende las fronteras de Colombia y Panamá, y por lo tanto, se requiere un compromiso real de los Estados de la región para garantizar los derechos, la protección y la dignidad de las personas”.
Las organizaciones consideran urgente ofrecer recomendaciones sobre políticas y prácticas basadas en los hallazgos obtenidos, dirigidas a todos los actores involucrados, especialmente a los Estados, con el fin de alertar sobre violaciones de derechos humanos y mejorar el desarrollo de respuestas integrales.
La iniciativa cuenta con la participación de 17 organizaciones, entre ellas AfroResistencia, la Asociación Centro de Derechos Laborales sin Fronteras de Costa Rica, la Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, Fundación Ideas para la Paz, Fundación Refugiados Unidos, Instituto Sobre Migración y Refugio LGTBIQ para Centroamérica y La Oficina de Washington y Latinoamérica (WOLA).
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