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La doctora estadounidense Caitlin Bernard, que practicó a principios de mes un aborto a una niña de 10 años, ha dado el primer paso para potencialmente presentar una demanda contra el fiscal general de Indiana por difamación.
En un documento presentado ante la oficina de agravios de Indiana, Bernard acusa al fiscal republicano Todd Rokita, de haber hecho declaraciones públicas sobre el caso sin comprobar si estas eran verdaderas, por lo que le pide una compensación económica por daños reputacionales y estrés emocional.
La semana pasada, Rokita anunció públicamente que iba a investigar a la doctora por supuestamente no haber avisado a las autoridades que practicó un aborto a una niña de 10 años que fue violada en Ohio, algo a lo que está obligada por ley.
"Si la doctora Bernard no presentó los informes requeridos a tiempo, ha cometido un delito cuyas consecuencias pueden incluir un enjuiciamiento penal", dijo en una carta Rokita, quien es partidario de restringir el acceso al aborto.
Sin embargo, posteriormente se conoció que Bernard sí había avisado a las autoridades y se había ajustado a lo que dicta la ley, por lo que ahora quiere que se le compense por las palabras del fiscal.
La admisión del documento presentado hoy abre ahora un período de 90 días en el que el estado deberá investigar el caso y, si lo considera, llegar a un acuerdo con la doctora.
En caso de que no haya acuerdo, Bernard solo podrá presentar una demanda formal ante la Justicia una vez hayan pasado estos 90 días, y en función de lo que determinen los resultados de la investigación.
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El caso del aborto de esta menor ha cobrado enorme relevancia en el país, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo puso como ejemplo de las consecuencias que tiene el fallo del Tribunal Supremo que tumbó el derecho constitucional al aborto.
La menor de 10 años fue violada en Ohio, estado que restringió el aborto a partir de las seis semanas de gestación sin excepciones como la violación, entonces acudió a abortar en Indiana, donde de momento se permite la interrupción del embarazo hasta las 22 semanas.
Varios estados controlados por republicanos han restringido o prohibido completamente el aborto desde que el Tribunal Supremo tumbó a finales de junio este derecho, vigente en todo el país desde 1973.
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