El Congreso se transformó nuevamente en el escenario de intensos debates ideológicos como consecuencia de las marcadas discrepancias en torno a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La controversia se desató cuando la parlamentaria Carol Borda interrumpió de forma intempestiva una concentración pacífica impulsada por varias legisladoras en apoyo a la causa del aborto. La situación generó un ambiente de elevada crispación y cruce de reclamos entre integrantes de diversas colectividades políticas.Irrupción en la jornada conmemorativaEl acontecimiento tuvo lugar durante el acto simbólico organizado por congresistas para conmemorar el Día Internacional del Aborto Seguro, fecha fijada habitualmente cada 28 de septiembre. En la manifestación participaban activamente las parlamentarias María Fernanda Carrascal y la activista conocida como ‘Lalis’, ambas del Pacto Histórico; la representante Jennifer Pedraza, de la coalición Dignidad y Compromiso; y Catherine Juvinao, integrante de la Alianza Verde. Las parlamentarias congregadas portaban distintivos y pañuelos verdes representativos de la ola por los derechos reproductivos.En medio del desarrollo de la concentración, Carol Borda, representante a la Cámara por la capital del país y conocida defensora de posturas provida, se abrió paso hasta el centro del grupo. Allí desplegó un tejido de color azul celeste, tono característico de las agrupaciones contrarias a la gestación interrumpida, exhibiendo un lema enfocado en la preservación de la vida de los infantes en la nación. Esta acción fue interpretada de inmediato por las asistentes como una incitación desatinada.Tensiones y enfrentamientos verbales en el recintoLa congresista María Fernanda Carrascal encaró a Borda para recalcarle que su intervención constituía una equivocación por tratarse de un acto incitador y desprovisto de una legítima intención de diálogo o reivindicación. Paralelamente, otras parlamentarias le exigieron cesar la disputa e indicaron que su intromisión resultaba una falta de consideración frente a la actividad programada. Por su parte, la legisladora provida defendió con firmeza su derecho a manifestarse en aquel espacio.La tensión escaló cuando la representante Catherine Juvinao intervino de manera tajante para recordarle a Borda que los espacios legislativos y los derechos que hoy disfrutan las mujeres en la política son el resultado directo de décadas de movilización feminista. Juvinao la instó a mostrar una actitud respetuosa en lugar de buscar notoriedad mediante provocaciones deliberadas, enfatizando que la responsabilidad de mantener el decoro correspondía primeramente a quien interrumpió el acto.
En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora el 28 de septiembre, el movimiento Causa Justa hizo un llamado al Gobierno para garantizar que las personas que requieren una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) puedan acceder al servicio sin barreras.De acuerdo con los datos entregados por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización que hace parte de Causa Justa, entre el 22 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2026 fueron atendidos 3.591 casos relacionados con el acceso a la IVE.La organización aseguró que las barreras más frecuentes identificadas en estos casos son las demoras administrativas para acceder al servicio, las remisiones sucesivas entre prestadores que no permiten resolver oportunamente la solicitud, falta de información sobre dónde y cómo acceder al procedimiento. Además, del desabastecimiento de medicamentos utilizados para la IVE y en el casos de los embarazos avanzados, falta de personal especializado.Asimismo, el movimiento señaló que el estigma y las presiones para intentar persuadir a las personas de desistir del procedimiento continúa siendo una de las barreras activas para las mujeres que quieren acudir a este procedimiento.Laura Castro, directora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, explicó que el tipo de acompañamiento solicitado por las personas ha cambiado desde la entrada en vigencia de la sentencia C-055.Según los datos entregados por la organización, los casos que requirieron acompañamiento legal pasaron de 171 a 81, mientras aumentaron aquellos en los que las personas lograron acceder al servicio únicamente después de recibir información sobre sus derechos y la ruta de atención.“En los dos últimos años de la implementación de la Sentencia ha cambiado el tipo de apoyo que brindamos desde la Mesa: los casos que requirieron acompañamiento legal - es decir activar acciones administrativa o legales - pasaron de 171 a 81. Mientras que aumentaron los casos en los que se logró el acceso solo con información. Esto evidencia que cada vez las mujeres acuden más por información y con esta sortean las barreras”, señaló Castro.La organización también reportó que entre febrero y junio de 2026, el 80 % de los casos en los que se informó la edad gestacional correspondía a embarazos de las primeras 12 semanas.Entre febrero de 2022 y junio de 2026, La Mesa registró 1.935 procedimientos de IVE entre los casos que acompañó. Durante el primer semestre de 2026 fueron 566, frente a 593 registrados durante todo 2025. Sin embargo, la organización aclaró que estas cifras corresponden exclusivamente a los casos que ha acompañado y no representan el número total de abortos realizados en Colombia.Causa Justa también advirtió que las dificultades para acceder al servicio no tienen el mismo impacto en todas las personas. En el caso de niñas y adolescentes, por ejemplo, el movimiento señala que la intervención de terceros puede afectar la intimidad y confidencialidad de la atención.Para el movimiento, la solución no pasa únicamente por garantizar la prestación del procedimiento, sino por implementar una política pública integral que incluya tres componentes: acceso efectivo a la IVE, prevención de embarazos no deseados y fortalecimiento de la educación sexual integral.
El presidente de Argentina, Javier Milei, culpó este jueves a las feministas y a la legalización del aborto de la baja natalidad en su país, al afirmar que esto tiene consecuencias económicas y para el sistema de pensiones."Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes (símbolo feminista y de la lucha por el aborto legal). Argentina no llega a la tasa de crecimiento de población y natalidad que permite la reposición", dijo el mandatario durante su discurso en el Council of the Americas, celebrado en Buenos Aires.El mandatario profundizó su crítica al señalar las consecuencias que, a su juicio, genera la baja natalidad: "Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando en términos de crecimiento y materia previsional. También en capital humano".Milei tiene una postura abiertamente contraria a la interrupción voluntaria del embarazo, que es legal en Argentina desde 2020, lo que supuso entonces un hito en la lucha feminista para toda Latinoamérica.En febrero de 2024, legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el partido de Miei, presentaron un proyecto para derogar el aborto voluntario.La legislación vigente permite interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gestación de forma segura, legal y gratuita. Después de ese plazo, contempla el acceso a este derecho cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación.Milei también ha cuestionado el aborto escenarios internacionales. Durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2024, atacó al movimiento feminista y arremetió contra lo que llamó "agenda sangrienta del aborto".Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, los nacimientos cayeron en Argentina durante la última década hasta 1,2 hijos por mujer, uno de los niveles mas bajos de la región y que el organismo achaca a factores como la creciente dificultad para concretar un proyecto familiar por factores económicos, laborales, habitacionales y de organización de los cuidados.Javier Milei dio este discurso ante el Council of the Americas, una conferencia anual organizada en Buenos Aires por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la organización estadounidense Americas Society.
El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1575 de 2026, mediante la cual actualiza los lineamientos técnicos y operativos para la atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia.La norma adiciona un artículo a la Resolución 051 de 2023 y modifica el numeral 4.2 de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal adoptada mediante la Resolución 3280 de 2018, en cumplimiento de la Sentencia de Unificación 297 de 2025 de la Corte Constitucional.La resolución incorpora un capítulo específico para garantizar el acceso a la IVE de mujeres y personas con capacidad de gestar pertenecientes a pueblos indígenas. Entre las medidas establece que las entidades responsables de la atención deberán garantizar el acceso inmediato al procedimiento cuando la persona manifieste su decisión, sin imponer barreras administrativas, culturales, comunitarias o institucionales.También señala que las autoridades tradicionales o comunitarias no podrán condicionar ni impedir el acceso mediante autorizaciones o decisiones colectivas, y ordena proteger la confidencialidad de la información relacionada con el procedimiento.La norma también dispone que, cuando existan barreras en las entidades indígenas de salud, las usuarias podrán acudir directamente a cualquier institución pública o privada para recibir la atención, sin requerir autorizaciones adicionales. En esos casos, el prestador tendrá derecho al reconocimiento de los costos conforme a las reglas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.Otro de los principales cambios corresponde a la actualización del talento humano autorizado para participar en la atención. La resolución señala que profesionales de enfermería, de acuerdo con su formación, entrenamiento y competencias, podrán intervenir en consultas, valoración clínica, seguimiento y otros procedimientos relacionados con la IVE, conforme a los lineamientos técnicos vigentes. Además, el Ministerio deberá expedir, en un plazo de tres meses, un documento técnico con las orientaciones para la ejecución de estos procedimientos por parte del personal de enfermería.El documento también actualiza la organización de la atención. Establece que la IVE deberá prestarse de forma inmediata y que entre la manifestación de voluntad de la persona gestante y la realización del procedimiento no podrán transcurrir más de cinco días calendario. La consulta inicial podrá realizarse en urgencias, consulta prioritaria, consulta programada o durante una hospitalización, y podrá ser efectuada por profesionales de medicina o enfermería capacitados.En cuanto a la atención clínica, la resolución indica que la valoración inicial deberá confirmar el embarazo, establecer la edad gestacional, identificar factores de riesgo y suministrar información sobre los procedimientos disponibles. También establece que la ecografía no será un requisito para acceder a la IVE durante el primer trimestre, salvo cuando exista una indicación clínica, y prohíbe que la paciente sea expuesta a imágenes o sonidos del embarazo sin su consentimiento expreso. De igual forma, precisa que los exámenes de laboratorio no podrán convertirse en una barrera para la prestación del servicio.La resolución reitera que la interrupción voluntaria del embarazo procede por la sola decisión de la mujer o persona gestante hasta la semana 24 de gestación. Después de ese periodo, deberá verificarse alguna de las tres causales establecidas por la Corte Constitucional. Asimismo, establece que la atención deberá garantizar la confidencialidad, el respeto por la autonomía de la paciente y la eliminación de barreras de acceso para poblaciones indígenas, personas privadas de la libertad, comunidades étnicas y quienes carezcan de documentos de identificación.
La atención a mujeres que buscan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo continúa creciendo en Colombia, pero las barreras para ejercer este derecho siguen presentes. Así lo evidencia el más reciente informe de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que analizó los casos atendidos entre el 22 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.Durante ese periodo, la organización acompañó 2.532 casos, de los cuales el 19,2 % requirió asesoría y acciones legales debido a obstáculos impuestos por instituciones o prestadores de salud. Según el informe, aunque el acceso ha mejorado desde la decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24, todavía persisten dificultades que retrasan la atención o vulneran los derechos de las mujeres.Los datos muestran que el 44 % de las mujeres accedió al procedimiento durante las primeras 12 semanas de gestación, mientras que aún se registran casos que llegan a realizarse después de las 24 semanas, principalmente por demoras y barreras en el sistema. La organización destaca, sin embargo, que los tiempos de respuesta han disminuido en comparación con los primeros años de implementación del fallo.El informe también evidencia que el 48 % de las mujeres logró acceder al procedimiento por medio de su EPS, lo que representa 1.360 casos en los que el servicio fue garantizado directamente por estas entidades.En cuanto al perfil de las personas atendidas, la Mesa reportó que 35 correspondieron a niñas menores de 14 años, equivalentes al 1,38 % del total. Para la organización, estos casos reflejan que continúan existiendo situaciones de especial vulnerabilidad y retrasos que afectan a niñas y adolescentes.Otro de los grupos que enfrenta mayores dificultades es el de las mujeres migrantes. El informe señala que el 7,66 % de las mujeres atendidas eran migrantes, y de ellas el 90,4 % eran venezolanas, quienes enfrentan obstáculos relacionados con la afiliación al sistema de salud y el acceso oportuno a los servicios.Por regiones, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el mayor número de atenciones, mientras que Meta, Guainía y Guaviare fueron identificados como los territorios con mayor impacto por las barreras de acceso.La Mesa también reportó un incremento sostenido en la demanda de acompañamiento. Mientras en 2022 atendió 252 mujeres, al cierre de 2025 la cifra ascendió a 971, lo que, según la organización, refleja un mayor conocimiento del derecho, pero también la persistencia de obstáculos que llevan a las mujeres a buscar apoyo jurídico.En diálogo con Blu Radio, Sara Méndez, asesora jurídica de incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, explicó que las barreras más frecuentes afectan a niñas y adolescentes, cuyas decisiones reproductivas muchas veces son desconocidas y cuya información clínica llega a ser divulgada de forma indebida. También señaló dificultades para mujeres indígenas, a quienes algunas EPS exigen autorizaciones de autoridades indígenas antes de acceder al procedimiento, y para mujeres migrantes, quienes continúan enfrentando problemas para recibir una atención oportuna y en condiciones de calidad.La organización recordó que cualquier mujer que encuentre barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo o considere vulnerado su derecho a la intimidad puede solicitar acompañamiento jurídico gratuito, con el fin de promover acciones legales que permitan eliminar esas restricciones y garantizar el acceso al servicio.
Todo comenzó el 4 de octubre de 2015 en el municipio de El Retiro, Antioquia, cuando, según la investigación, el hoy condenado intentó asfixiar a la víctima con una bolsa plástica y posteriormente esta apareció en un río con múltiples lesiones.Inicialmente, un juzgado de primera instancia había absuelto a Zuluaga Ossa al considerar que el testimonio de la víctima no era creíble y que no existían suficientes pruebas para demostrar el ataque. Sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa decisión en 2021 y lo condenó a más de 13 años de prisión por intento de homicidio.La defensa impugnó esa sentencia, pero la Corte Suprema respaldó la decisión del Tribunal al concluir que el relato de la víctima era coherente y estaba corroborado por pruebas médicas y testimonios.El alto tribunal destacó que, aunque existían dudas sobre si la joven realmente estaba embarazada, esa circunstancia no desvirtúa la agresión. Por el contrario, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema consideró que el conflicto por ese tema fue el detonante del ataque.Además, la Corte determinó que las lesiones encontradas en el cuello, la cabeza y el cuerpo de la víctima son compatibles con una maniobra de asfixia y una posterior caída al río, lo que refuerza la hipótesis de un intento de homicidio.El jalón de orejas de la Corte Suprema: señaló el alto tribunal en su fallo de casación que, en el sistema penal colombiano, una condena puede sustentarse incluso en el testimonio de una sola persona, siempre que este sea consistente y esté respaldado por otros elementos de prueba, como ocurrió en este caso.
En la mañana de este miércoles, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo enviaron un mensaje a propósito del Día del “niño por nacer” y sentaron su posición política frente a temas como el aborto y la interrupción voluntaria del embarazo, hoy protegidos como derecho en Colombia.Tanto para De la Espriella como su fórmula, de llegar a la Presidencia su prioridad será la defensa de la vida y la familia, rechazando cualquier aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres casos legales (malformación del feto, peligro para la vida o la salud de la mujer, y violación), así como la IVE hasta la semana 24 de gestación.“Defender la vida del indefenso es la más grande y hermosa de nuestras batallas. Razón, compromiso y acción por el futuro de Colombia. Esta tarea es cultural y moral. La mejor forma de cumplirla es en familia y de la mano de Dios. ¡Nuestra Patria será Milagro, será gigante porque protegeremos a todos los que no pueden defenderse!”, aseguró el aspirante presidencial en su cuenta de X.“Queremos reivindicar de nuevo un compromiso esencial de principios en la campaña de defensores de la patria. El compromiso que tenemos con la defensa de la familia como célula básica de la sociedad. Pero también el compromiso que tenemos con la defensa de la vida. Uno de nuestros compromisos como gobierno será defender siempre la vida, sabiendo que cuando hay vida, cuando hay familia, cuando hay respeto a la dignidad humana, hay siempre una mejor sociedad”, afirmó en un video el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo.Esta es una conmemoración de origen católico a propósito de la Solemnidad de la Anunciación y luego de que el 25 de marzo de 1995, el papa Juan Pablo II publicara la encíclica Evangelium Vitae, en la que manifestó su clara defensa del derecho a la vida y rechaza las amenazas contra ella como el aborto y la eutanasia.
Jaime Parra, conocido como alias ‘El Médico’, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz que dentro de la organización se practicaron interrupciones de embarazo sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres, incluidas menores reclutadas.“Como médico de la extinta organización y encargado de la política de salud en esta organización, reconozco que tengo responsabilidad en la formulación e implementación de la política de la planificación obligatoria que inicialmente se planteó para hombres y mujeres, pero que terminó recayendo solamente en ellas”.“Adicionalmente, reconozco que se practicaron interrupciones de embarazos sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres”, añadió. Luego de leer los relatos de víctimas, Parra asegura que sus decisiones tuvieron consecuencias graves para las víctimas.“Esto les generó un daño psicológico y en su salud física del cual soy consciente luego de leer los relatos de las víctimas”. El exintegrante del Secretariado también aceptó que los hechos investigados en el macrocaso 7 sí ocurrieron.“Los hechos señalados en el macrocaso 7 ocurrieron; reconocerlos es un deber, un compromiso ético y moral con el país y con las víctimas”. Además, admitió que muchos menores fueron expuestos a situaciones que no debieron vivir.“En lugar de protegerlos, no supimos garantizar plenamente sus derechos ni su bienestar. Fueron expuestos a experiencias que nunca debieron vivir”. Finalmente, sostuvo que nada de lo ocurrido debió pasar, y que “asume la responsabilidad” como antiguo integrante del exsecretariado.“Este reconocimiento no borra el dolor ni las consecuencias, pero es un paso necesario para aportar a la verdad, dignificar a las víctimas y contribuir a que los hechos como esto no se repita nunca más”.
La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión de la Alcaldía de Bogotá de objetar el proyecto de acuerdo que buscaba crear la llamada “Ruta por la Vida” para mujeres gestantes y lactantes en la ciudad.Según el organismo, aunque la iniciativa hablaba de cuidado y acompañamiento, en la práctica podría generar barreras para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.La entidad señaló que el proyecto contradecía la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, en especial la Sentencia C-055 de 2022, que protege este derecho en el país.Además, advirtió que el proyecto podía institucionalizar mecanismos de disuasión, vigilancia y posible estigmatización sobre las decisiones reproductivas de mujeres y personas con capacidad de gestar, lo que constituiría una forma de violencia institucional y un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos.La Defensoría señaló que estas alertas ya habían sido enviadas desde el 6 de febrero de 2026 a la Secretaría Jurídica Distrital, tras identificar dichos riesgos constitucionales en varias disposiciones del proyecto.Finalmente, reiteró su disposición de brindar acompañamiento técnico y jurídico al Distrito para que las políticas públicas que se adopten sean compatibles con la Constitución y con los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos.¿Qué dicen desde el Concejo de Bogotá sobre esta decisión?La concejal Lucía Sandoval, autora del proyecto de la “ruta por la vida”, informó que el alcalde mayor Carlos Fernando Galán decidió objetar la iniciativa.“Lo primero que tengo que decir es que para mí es una mala noticia, no para mí de manera personal sino para las mujeres en Bogotá. Hemos explicado hasta el cansancio que aquí tenemos todos los argumentos jurídicos, legales y de conveniencia para que este proyecto se convierta en una realidad en la ciudad”, señaló la concejal.Aseguró que la decisión por parte de la Alcaldía de Bogotá está influenciada por presiones mediáticas y de “grupos extremistas”."El alcalde está cediendo a presiones mediáticas de grupos extremistas que no les interesa proteger la salud de las mujeres, que no les interesa proteger la vida del que está por nacer, que no les interesa tener a mujeres informadas con información completa, clara y oportuna para la toma de decisiones”, puntualizó.Esta decisión de la Alcaldía se conoce en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia. Con la objeción formal, el proyecto deberá surtir el trámite correspondiente en el Concejo, mientras continúa la discusión jurídica y política sobre su alcance y viabilidad.
La reciente aprobación de un proyecto de acuerdo en el Concejo de Bogotá, denominado "Ruta de la Vida", ha desatado una intensa controversia política y social en la capital. Mientras que su autora, la concejal Clara Sandoval, defiende la iniciativa como una medida de acompañamiento integral, organizaciones de derechos de las mujeres advierten que podría convertirse en una barrera para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.Acompañamiento y salud mental: la defensa de SandovalLa concejal Clara Sandoval ha manifestado su sorpresa ante las críticas, calificándolas de "desinformación". Según la cabildante, el proyecto busca establecer mecanismos de acompañamiento psicosocial y comunitario con énfasis en salud mental para mujeres gestantes y lactantes. Sandoval enfatiza que el acuerdo no impone la obligación de realizarse exámenes mentales o psicológicos para acceder al aborto, asegurando que el texto respeta la voluntad de la madre.La concejal justifica el énfasis en salud mental citando un aumento del 47% en conductas suicidas entre mujeres en la ciudad, argumentando que la atención actual para gestantes y lactantes es deficiente. Además, sostiene que el proyecto desarrolla lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2022, la cual menciona el diseño de medidas de protección para la vida en gestación y la oferta de alternativas a la interrupción del embarazo.Voces de alerta: ¿Nuevas barreras al aborto?Desde la otra orilla, Laura Castro, representante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y el movimiento Causa Justa, sostiene que el proyecto constituye una barrera de acceso. Castro argumenta que el Concejo de Bogotá no tiene competencia para regular el aborto, una función que corresponde al Ministerio de Salud a través de rutas ya establecidas.La principal preocupación de estas organizaciones es que las "consultas psicológicas" mencionadas puedan ser utilizadas por funcionarios con posturas personales contrarias al aborto para "reorientar" la decisión de las mujeres o dilatarlas innecesariamente. Según Castro, la salud mental y la autodeterminación reproductiva están siendo estigmatizadas, sugiriendo que el deseo de abortar se enmarca erróneamente en problemas de depresión o ansiedad.El derecho a la información clara y completaUno de los puntos de mayor fricción es el requisito de brindar "información completa, clara y oportuna". Para Sandoval, esto fortalece la libertad de elección, comparándolo con cualquier otro procedimiento médico donde se explican consecuencias y alternativas. Sin embargo, para los sectores críticos, esto abre la puerta a la difusión de información sesgada o falsa sobre los supuestos riesgos de la práctica.El alcalde Carlos Fernando Galán ha anunciado que estudiará el acuerdo aprobado para determinar su viabilidad y coherencia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Escuche aquí la entrevista:
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la Policía, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura en Medellín e Itagüí de los dos presuntos responsables del ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre en la capital de Antioquia. En este hecho fueron asesinadas tres personas, entre ellas el patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre.“Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. He sido claro: quien levante un arma contra un colombiano o contra un integrante de nuestra Fuerza Pública tendrá todo el peso de la ley sobre sus hombros”, dijo el mandatario.Uno de los capturados tenía anotaciones por hurto calificado y lesiones. Otro de ellos tenía anotaciones por hurto calificado y por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 46 local, Unidad de Reacción Inmediata de Medellín.
Colombia registra actualmente importaciones de gas natural superiores a los 400 millones de pies cúbicos diarios, un volumen destinado a cubrir el consumo residencial, el transporte vehicular y la generación eléctrica.En diálogo con Mañanas BLU, Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros y Gasoductos (Campetrol), advirtió sobre la urgencia de fortalecer la producción interna para proteger las tarifas de los usuarios y evitar depender exclusivamente de mercados externos.El gasoducto binacional: Una "llanta de repuesto" frente a la crisisEn relación con la propuesta de reparar y habilitar el gasoducto binacional con Venezuela para abastecer al mercado colombiano, el dirigente gremial sostuvo que, si bien constituye una alternativa valiosa, no resuelve de fondo el problema estructural de abastecimiento.Castañeda definió el rol de esta infraestructura señalando: "Esto es una es una llanta de repuesto muy buena. Es un plan B y un plan C. El país necesita todas las fuentes de energía, lógicamente. Privilegiamos el gas nacional, que es mucho más económico". Asimismo, explicó que, aunque el suministro venezolano llegaría por tubería, evitando los costos logísticos de licuefacción y transporte marítimo, su tarifa final dependerá de las condiciones de libre mercado, los acuerdos comerciales y la geopolítica internacional. El elevado costo del gas importado y su impacto en la factura de los colombianosUno de los aspectos más críticos expuestos por el presidente de Campetrol radica en la brecha tarifaria entre el combustible producido en territorio nacional y el gas natural licuado (GNL) traído del exterior.Castañeda detalló que el gas importado debe pasar por un proceso intensivo que incluye su licuefacción, traslado en buques metaneros, recepción en puertos locales y posterior regasificación para inyectarlo al Sistema Nacional de Transporte. "El gas importado vale tres y cuatro veces el gas nacional dado que toca volverlo líquido, transportarlo en barco, traerlo a puerto colombiano, regasificarlo y meterlo al sistema nacional de transporte", enfatizó el vocero.Sirius y Fracking 4.0: Las alternativas nacionales estratégicasPara superar la coyuntura y garantizar el suministro a mediano y largo plazo, Campetrol propuso avanzar de manera paralela en cuatro frentes: la infraestructura de regasificación, la importación vía Venezuela, el desarrollo offshore y los yacimientos no convencionales. Entre las cartas más fuertes a nivel nacional se destaca el proyecto Sirius, el cual posee recursos contingentes proyectados en 470 millones de pies cúbicos diarios. No obstante, Castañeda remarcó la necesidad de agilizar las consultas previas para tramitar la licencia ambiental y construir un gasoducto de 120 kilómetros que conecte el pozo con tierra firme. "Ahí tenemos una alternativa que es Sirius que podría entrar en 36 meses, pero si todos nos ponemos de acuerdo como país podríamos cumplir ese cronograma y no tener demoras", afirmó.Escuche aquí la entrevista:
La polémica relacionada con la captura de Santiago Peña, tras el colapso de Ueno Bank, sigue generando interrogantes. En medio de las investigaciones, durante un allanamiento a la mansión de verano del expresidente paraguayo, las autoridades encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa.El inmueble, ubicado en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, fue allanado el domingo 8 de noviembre de 2026, en el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank. Los fiscales y agentes de Policía llegaron hasta una puerta blindada, pero no consiguieron acceder al espacio que se encontraba detrás.Durante el operativo, las imágenes difundidas por la Fiscalía y medios paraguayos mostraron un pasillo que conduce desde una de las habitaciones hasta el acceso a la bóveda. Al finalizar el procedimiento, las autoridades todavía no habían podido ingresar al recinto. Por lo tanto, se desconoce qué hay en su interior.¿Cómo es la bóveda encontrada en la mansión de Santiago Peña?De acuerdo con información publicada por ABC Color, la puerta tendría un sistema de seguridad de nivel siete y requeriría varios mecanismos de autenticación, entre ellos reconocimiento facial o del iris, huella dactilar, clave numérica y llaves especiales.Medios paraguayos señalaron que la tecnología podría ser de procedencia israelí. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente.Además, circuló un video que mostraría el espacio durante la construcción de la vivienda. En las imágenes se puede ver el interior de la estructura antes de que terminaran las obras, pero su autenticidad todavía no ha sido verificada.La Fiscalía confirmó el allanamiento, aunque en su comunicado no hizo referencia específica a la bóveda. Según informó ABC Color, los investigadores regresarían a la propiedad para continuar con la inspección de la vivienda.¿Cómo planean abrir la bóveda de la mansión de Santiago Peña?Los investigadores todavía no han definido cómo ingresarán a la bóveda, ubicada debajo de una piscina y detrás de una pared falsa. La estructura tiene una puerta de acero blindado y un sistema de seguridad que, según las primeras hipótesis, podría requerir reconocimiento facial, datos biométricos o una clave alfanumérica. Entre las posibilidades está contactar al fabricante mediante una orden judicial o recurrir a personas que conozcan el mecanismo, incluida la exesposa del expresidente. Sin embargo, no se ha confirmado que ella vaya a participar ni que Peña sea trasladado al inmueble para facilitar la apertura.Sobre el valor de la propiedad, la periodista Fátima Garay informó para Noticias Caracol que la tasación superaría el millón de dólares. Además, señaló que Peña habría solicitado un préstamo de cerca de 470.000 dólares a Ueno Bank para construirla, con cuotas aproximadas de 31.000 dólares. Hasta ahora, las autoridades no han establecido qué contiene la bóveda ni si había objetos en su interior antes del allanamiento.¿Por qué investigan la mansión de Santiago Peña?La residencia es uno de los puntos centrales de la investigación contra el exmandatario. Según el acta de imputación, en mayo de 2024, cuando Peña todavía era presidente, habría recibido dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a cerca de 600.000 dólares, para financiar la construcción de la propiedad.Las cuotas mensuales habrían sido de 239 millones de guaraníes, una cifra que, de acuerdo con los fiscales, equivalía a seis veces su salario presidencial.La vivienda tuvo un costo declarado de 7.750 millones de guaraníes, distribuidos entre el terreno, la construcción y el equipamiento. La propiedad cuenta con un lote de 5.012 metros cuadrados y una superficie construida de 1.015 metros cuadrados.Peña fue imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. La Fiscalía también investiga posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos depositados en la entidad financiera.El expresidente niega los cargos y permanece en prisión preventiva en Asunción. Hasta el momento, su defensa no se ha pronunciado sobre el hallazgo de la bóveda.
La Unión Sindical Obrera (USO) rechazó las propuestas que plantean vender Ecopetrol como una salida a la crisis fiscal y una alternativa para evitar nuevas reformas tributarias. En un comunicado de su Junta Directiva Nacional, la organización sindical advirtió que entregar la empresa a manos privadas sería “traicionar a la patria” y aseguró que el déficit fiscal no puede solucionarse vendiendo uno de los activos más estratégicos y rentables del país.Para sustentar su rechazo, la USO señaló que la discusión debe tener en cuenta el panorama energético internacional, marcado por las tensiones y los conflictos alrededor del control de las reservas de petróleo y gas y de los mercados de distribución de energía. Recordó que más del 80 % de la canasta energética mundial sigue dependiendo de los combustibles fósiles y puso como ejemplo a empresas estatales que tienen un papel protagónico en el sector, como Saudi Aramco, de Arabia Saudita; Sinopec y CNPC, de China; Rosneft y Gazprom, de Rusia; Petrobras, de Brasil, y Equinor, de Noruega. "Ecopetrol como grupo empresarial aportó a la nación en los últimos 4 años más de 180 billones vía impuestos, dividendos y regalías; adicionalmente y como ha sido histórico Ecopetrol reemplaza en los territorios con inversión social a los Gobiernos nacional, departamentales y locales", afirmó la USO en su comunicado. También resaltó su papel en la generación de encadenamientos productivos que abarcan desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta su transporte, refinación y comercialización.Otro de los argumentos de la USO tiene que ver con la dependencia de Colombia de las importaciones para abastecer su consumo energético. Según las cifras presentadas por el sindicato, el país importa el 41 % del gas natural y el 43 % de las gasolinas que consume, así como el 20 % del diésel. Además, debe traer del exterior el 12 % del crudo liviano que necesita la refinería de Barrancabermeja.Para la organización, estas cifras evidencian una crisis energética que atribuye, entre otros factores, a las políticas de desestímulo a la inversión en petróleo y gas, los bajos resultados de la exploración y la falta de implementación de tecnologías para aumentar la recuperación de hidrocarburos en campos maduros. También señaló los retrasos en la entrada de proyectos de gas offshore, la postergación de los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio y la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño.El sindicato advirtió que esta situación se presenta incluso cuando las dos refinerías del país han alcanzado eficiencias importantes y operan al máximo de su capacidad de carga. "Ecopetrol se debe fortalecer en su negocio original para revertir la tendencia creciente de importaciones y así recuperar la seguridad en el suministro y garantizar la Soberanía energética del pueblo Colombiano; lo que jamás sería posible en manos de capitales privados", afirmó el sindicato.Teniendo en cuenta los motivos anteriores, la USO anunció que convocará a sus trabajadores, a las comunidades de los territorios petroleros y al país en general para defender la empresa y la soberanía energética. “La USO sin vacilación alguna convocará a su base trabajadora, a los territorios petroleros y al país en general a defender su soberanía energética y patrimonio público”, dicen en el comunicado. Finalmente, la organización sindical recordó que su historia está ligada a la creación de Ecopetrol. Según explicó, la huelga de 1948, impulsada por trabajadores y comunidades, permitió que la Nación asumiera el control de la industria petrolera que estaba en manos de la Tropical Oil Company, tras impedir la prórroga de su contrato.También recordó que en 2004, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, protagonizó una huelga que calificó como patriótica para frenar un nuevo intento de privatización de la empresa. Ahora, 22 años después, cuestionó que el expresidente y su bancada política vuelvan a plantear la entrega de Ecopetrol a los privados.
Cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes a la estructura 33, fueron capturados y un menor de edad recuperado durante una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la vereda La Perla, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.El operativo fue desarrollado por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional. Las cinco personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales y, en el caso del menor, el restablecimiento de sus derechos.Entre los capturados se encuentra alias Eddy, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González de las disidencias. También fueron detenidos alias Franyer, quien sería sicario de esta estructura, y alias Franklin, señalado de desempeñarse como dronista y sicario.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y abundante munición de diferentes calibres."En materia de comunicaciones fueron encontrados tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a esta organización armada ilegal", afirmó el general Néstor Nieto, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército. Uno de los resultados más importantes de la operación fue la incautación de material explosivo. Según el reporte militar, fueron encontrados aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras."Además, personal especializado destruyó de manera controlada una granada y cinco dispositivos explosivos improvisados. Uno de ellos, por sus características, se asemejaba a una mina antipersonal, mientras que los otros cuatro podían ser utilizados como trampas explosivas", manifestó el coronel Gonzalo Esteban Blanco, comandante de la Policía Norte de Santander. En el operativo también fueron recuperados una camioneta y una motocicleta que, de acuerdo con los registros judiciales, figuraba como hurtada. Según las autoridades, estos automotores presuntamente eran utilizados para movilizar integrantes de la organización, armamento e insumos.Con este resultado, la Fuerza Pública reportó una nueva afectación a las capacidades armadas, logísticas y explosivas de las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en esta zona del Catatumbo.
