Todo comenzó el 4 de octubre de 2015 en el municipio de El Retiro, Antioquia, cuando, según la investigación, el hoy condenado intentó asfixiar a la víctima con una bolsa plástica y posteriormente esta apareció en un río con múltiples lesiones.Inicialmente, un juzgado de primera instancia había absuelto a Zuluaga Ossa al considerar que el testimonio de la víctima no era creíble y que no existían suficientes pruebas para demostrar el ataque. Sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa decisión en 2021 y lo condenó a más de 13 años de prisión por intento de homicidio.La defensa impugnó esa sentencia, pero la Corte Suprema respaldó la decisión del Tribunal al concluir que el relato de la víctima era coherente y estaba corroborado por pruebas médicas y testimonios.El alto tribunal destacó que, aunque existían dudas sobre si la joven realmente estaba embarazada, esa circunstancia no desvirtúa la agresión. Por el contrario, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema consideró que el conflicto por ese tema fue el detonante del ataque.Además, la Corte determinó que las lesiones encontradas en el cuello, la cabeza y el cuerpo de la víctima son compatibles con una maniobra de asfixia y una posterior caída al río, lo que refuerza la hipótesis de un intento de homicidio.El jalón de orejas de la Corte Suprema: señaló el alto tribunal en su fallo de casación que, en el sistema penal colombiano, una condena puede sustentarse incluso en el testimonio de una sola persona, siempre que este sea consistente y esté respaldado por otros elementos de prueba, como ocurrió en este caso.
En la mañana de este miércoles, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo enviaron un mensaje a propósito del Día del “niño por nacer” y sentaron su posición política frente a temas como el aborto y la interrupción voluntaria del embarazo, hoy protegidos como derecho en Colombia.Tanto para De la Espriella como su fórmula, de llegar a la Presidencia su prioridad será la defensa de la vida y la familia, rechazando cualquier aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres casos legales (malformación del feto, peligro para la vida o la salud de la mujer, y violación), así como la IVE hasta la semana 24 de gestación.“Defender la vida del indefenso es la más grande y hermosa de nuestras batallas. Razón, compromiso y acción por el futuro de Colombia. Esta tarea es cultural y moral. La mejor forma de cumplirla es en familia y de la mano de Dios. ¡Nuestra Patria será Milagro, será gigante porque protegeremos a todos los que no pueden defenderse!”, aseguró el aspirante presidencial en su cuenta de X.“Queremos reivindicar de nuevo un compromiso esencial de principios en la campaña de defensores de la patria. El compromiso que tenemos con la defensa de la familia como célula básica de la sociedad. Pero también el compromiso que tenemos con la defensa de la vida. Uno de nuestros compromisos como gobierno será defender siempre la vida, sabiendo que cuando hay vida, cuando hay familia, cuando hay respeto a la dignidad humana, hay siempre una mejor sociedad”, afirmó en un video el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo.Esta es una conmemoración de origen católico a propósito de la Solemnidad de la Anunciación y luego de que el 25 de marzo de 1995, el papa Juan Pablo II publicara la encíclica Evangelium Vitae, en la que manifestó su clara defensa del derecho a la vida y rechaza las amenazas contra ella como el aborto y la eutanasia.
Jaime Parra, conocido como alias ‘El Médico’, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz que dentro de la organización se practicaron interrupciones de embarazo sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres, incluidas menores reclutadas.“Como médico de la extinta organización y encargado de la política de salud en esta organización, reconozco que tengo responsabilidad en la formulación e implementación de la política de la planificación obligatoria que inicialmente se planteó para hombres y mujeres, pero que terminó recayendo solamente en ellas”.“Adicionalmente, reconozco que se practicaron interrupciones de embarazos sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres”, añadió. Luego de leer los relatos de víctimas, Parra asegura que sus decisiones tuvieron consecuencias graves para las víctimas.“Esto les generó un daño psicológico y en su salud física del cual soy consciente luego de leer los relatos de las víctimas”. El exintegrante del Secretariado también aceptó que los hechos investigados en el macrocaso 7 sí ocurrieron.“Los hechos señalados en el macrocaso 7 ocurrieron; reconocerlos es un deber, un compromiso ético y moral con el país y con las víctimas”. Además, admitió que muchos menores fueron expuestos a situaciones que no debieron vivir.“En lugar de protegerlos, no supimos garantizar plenamente sus derechos ni su bienestar. Fueron expuestos a experiencias que nunca debieron vivir”. Finalmente, sostuvo que nada de lo ocurrido debió pasar, y que “asume la responsabilidad” como antiguo integrante del exsecretariado.“Este reconocimiento no borra el dolor ni las consecuencias, pero es un paso necesario para aportar a la verdad, dignificar a las víctimas y contribuir a que los hechos como esto no se repita nunca más”.
La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión de la Alcaldía de Bogotá de objetar el proyecto de acuerdo que buscaba crear la llamada “Ruta por la Vida” para mujeres gestantes y lactantes en la ciudad.Según el organismo, aunque la iniciativa hablaba de cuidado y acompañamiento, en la práctica podría generar barreras para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.La entidad señaló que el proyecto contradecía la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, en especial la Sentencia C-055 de 2022, que protege este derecho en el país.Además, advirtió que el proyecto podía institucionalizar mecanismos de disuasión, vigilancia y posible estigmatización sobre las decisiones reproductivas de mujeres y personas con capacidad de gestar, lo que constituiría una forma de violencia institucional y un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos.La Defensoría señaló que estas alertas ya habían sido enviadas desde el 6 de febrero de 2026 a la Secretaría Jurídica Distrital, tras identificar dichos riesgos constitucionales en varias disposiciones del proyecto.Finalmente, reiteró su disposición de brindar acompañamiento técnico y jurídico al Distrito para que las políticas públicas que se adopten sean compatibles con la Constitución y con los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos.¿Qué dicen desde el Concejo de Bogotá sobre esta decisión?La concejal Lucía Sandoval, autora del proyecto de la “ruta por la vida”, informó que el alcalde mayor Carlos Fernando Galán decidió objetar la iniciativa.“Lo primero que tengo que decir es que para mí es una mala noticia, no para mí de manera personal sino para las mujeres en Bogotá. Hemos explicado hasta el cansancio que aquí tenemos todos los argumentos jurídicos, legales y de conveniencia para que este proyecto se convierta en una realidad en la ciudad”, señaló la concejal.Aseguró que la decisión por parte de la Alcaldía de Bogotá está influenciada por presiones mediáticas y de “grupos extremistas”."El alcalde está cediendo a presiones mediáticas de grupos extremistas que no les interesa proteger la salud de las mujeres, que no les interesa proteger la vida del que está por nacer, que no les interesa tener a mujeres informadas con información completa, clara y oportuna para la toma de decisiones”, puntualizó.Esta decisión de la Alcaldía se conoce en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia. Con la objeción formal, el proyecto deberá surtir el trámite correspondiente en el Concejo, mientras continúa la discusión jurídica y política sobre su alcance y viabilidad.
La reciente aprobación de un proyecto de acuerdo en el Concejo de Bogotá, denominado "Ruta de la Vida", ha desatado una intensa controversia política y social en la capital. Mientras que su autora, la concejal Clara Sandoval, defiende la iniciativa como una medida de acompañamiento integral, organizaciones de derechos de las mujeres advierten que podría convertirse en una barrera para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.Acompañamiento y salud mental: la defensa de SandovalLa concejal Clara Sandoval ha manifestado su sorpresa ante las críticas, calificándolas de "desinformación". Según la cabildante, el proyecto busca establecer mecanismos de acompañamiento psicosocial y comunitario con énfasis en salud mental para mujeres gestantes y lactantes. Sandoval enfatiza que el acuerdo no impone la obligación de realizarse exámenes mentales o psicológicos para acceder al aborto, asegurando que el texto respeta la voluntad de la madre.La concejal justifica el énfasis en salud mental citando un aumento del 47% en conductas suicidas entre mujeres en la ciudad, argumentando que la atención actual para gestantes y lactantes es deficiente. Además, sostiene que el proyecto desarrolla lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2022, la cual menciona el diseño de medidas de protección para la vida en gestación y la oferta de alternativas a la interrupción del embarazo.Voces de alerta: ¿Nuevas barreras al aborto?Desde la otra orilla, Laura Castro, representante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y el movimiento Causa Justa, sostiene que el proyecto constituye una barrera de acceso. Castro argumenta que el Concejo de Bogotá no tiene competencia para regular el aborto, una función que corresponde al Ministerio de Salud a través de rutas ya establecidas.La principal preocupación de estas organizaciones es que las "consultas psicológicas" mencionadas puedan ser utilizadas por funcionarios con posturas personales contrarias al aborto para "reorientar" la decisión de las mujeres o dilatarlas innecesariamente. Según Castro, la salud mental y la autodeterminación reproductiva están siendo estigmatizadas, sugiriendo que el deseo de abortar se enmarca erróneamente en problemas de depresión o ansiedad.El derecho a la información clara y completaUno de los puntos de mayor fricción es el requisito de brindar "información completa, clara y oportuna". Para Sandoval, esto fortalece la libertad de elección, comparándolo con cualquier otro procedimiento médico donde se explican consecuencias y alternativas. Sin embargo, para los sectores críticos, esto abre la puerta a la difusión de información sesgada o falsa sobre los supuestos riesgos de la práctica.El alcalde Carlos Fernando Galán ha anunciado que estudiará el acuerdo aprobado para determinar su viabilidad y coherencia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Escuche aquí la entrevista:
La directora ejecutiva de Profamilia, Martha Royo, aseguró que desde la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24, cada vez más mujeres en Colombia acceden a este servicio a través del sistema de salud con menos barreras administrativas. Subrayó que este avance también se refleja en las zonas rurales, donde el acceso se ha vuelto más oportuno: “La despenalización del aborto hasta la semana 24 ayudó a que las mujeres pudieran ejercer su autonomía reproductiva y acceder a un servicio de calidad y de manera oportuna”, señaló.Royo también se refirió a la disminución de la natalidad en el país, un fenómeno que, dijo, debe analizarse desde una perspectiva de derechos, evitando retrocesos en las políticas que garantizan la autonomía reproductiva de las mujeres.El evento, que reúne a más de 3.500 participantes de todos los continentes, se instaló en Bogotá como el foro global más importante sobre planificación familiar y Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR). La agenda internacional se desarrolla a menos de cinco años del plazo para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con un contexto adverso: organismos internacionales prevén un déficit de financiamiento cercano a 1.500 millones de dólares en salud reproductiva para los países de ingresos bajos hacia 2030.En ese sentido, Germán Fernández, director de Asuntos Públicos de Bayer para Colombia, Centroamérica y el Caribe, destacó que este escenario significa una oportunidad para América Latina, región que, según dijo, aún tiene rezagos en la implementación de políticas integrales de planificación familiar frente al avance de África y Asia. Aseguró que la coordinación entre Estado, sociedad civil y sector privado es el elemento clave para mejorar los indicadores: “Si todos colaboran bajo una estrategia estatal, se empiezan a solucionar los problemas”, afirmó.Fernández recordó que iniciativas como The Challenge Initiative, que opera en más de 400 ciudades de África y Asia, empiezan a mirar a América Latina, lo que podría fortalecer programas de prevención del embarazo no planificado y acceso a anticonceptivos modernos.Además, anunció un concurso regional impulsado por Bayer, dirigido a jóvenes emprendedores y creadores digitales con propuestas innovadoras relacionadas con educación y planificación familiar. El ganador podría recibir hasta 25 mil euros para desarrollar su proyecto social.Durante la conferencia se presentaron nuevos estudios sobre acceso al aborto seguro, salud sexual adolescente e innovación en políticas públicas. Los compromisos renovados de gobiernos y organizaciones internacionales buscan trazar una hoja de ruta clara hacia 2030, con enfoque en cerrar brechas, blindar derechos reproductivos y garantizar que la autonomía de las mujeres no retroceda en medio del actual contexto de crisis global.
Hay consternación en la capital antioqueña luego de que en menos de 5 días las autoridades hallaran en dos partes diferentes de la cuidad la misma cantidad de fetos, inclusive uno en estado avanzado de gestación.El más reciente hecho se registró en el Parque de las Luces, centro de Medellín, donde un habitante en condición de calle que estaba reciclando alertó a una patrulla de la policía sobre sobre una bolsa en una caneca de basura que contenía un feto humano.Tras verificar la información, unidades del CTI llegaron para realizar la inspección técnica determinando que se trataba de un embrión con aproximadamente tres meses de gestación.Este hecho que causó revuelo se suma al hallazgo reportado el pasado viernes en el barrio La Esperanza en la Comuna 5 Castilla donde en medio de sus labores un reciclador avistó y reportó un feto femenino de aproximadamente ocho meses de gestación dentro de una bolsa de basura y rodeada de escombros.Estos dos hechos que ya están siendo analizados tanto por parte de expertos forenses como por organismos de seguridad para identificar a los responsables, han generado preocupación en varios sectores sociales de la ciudad quienes han solicitado investigar la procedencia de estos fetos y su relación con posibles prácticas abortivas clandestinas o inseguras.
Esta citación de versión libre que será de manera virtual se da tras una denuncia que interpuso en 2021 la abogada Natalia Bernal Cano, quien aseguró que los entonces magistrados de la Corte Constitucional presuntamente habrían incurrido en supuestas irregularidades al “encubrir, desacreditar y alterar documentos médicos y jurídicos relacionados con procesos sobre la interrupción voluntaria del embarazo”, señaló ella en su demanda.De acuerdo con la abogada, sus manuscritos y demandas contra la despenalización del aborto habrían sido modificados con expresiones “humillantes” y “ajenas” a su autoría.También afirmó que la Corte Constitucional habría calificado sus argumentos como “opiniones personales”, lo que derivó en sentencias inhibitorias y rechazos procesales.Incluso, la abogada señaló que tras cuestionar en una recusación el proceder del entonces magistrado Lizarazo, se habrían proferido en su contra “acusaciones falsas de injuria, expresiones violentas y lenguaje inapropiado", lo cual, según ella, nunca hizo parte de sus escritos.Incluso, Bernal cuestionó que la Comisión de Acusaciones solo reactivara el trámite una vez los magistrados concluyeron su periodo en la Corte, y hace énfasis en que fue la Procuraduría la que pidió agilizar la investigación. En su momento, la abogada le solicitó a la Corte mediante dos demandas la prohibición total del aborto.Este proceso se encuentra en etapa preliminar, lo que significa que no existe aún una decisión de fondo sobre las conductas señaladas y que los exmagistrados tendrán la oportunidad de rendir su versión libre de los hechos.
En el municipio de Amlafi no solo hay dolor por la muerte de los 13 uniformados a causa del ataque terrorista por parte de las disidencias de las Farc, sino también consternación por el aberrante caso de una joven de 17 años que le habría quitado la vida a su hijo recién nacido con el cable de un celular.Los hechos ocurrieron en la vereda El Dorado, en el municipio de Amalfi, a 3 horas del casco urbano, donde la Comisaría de Familia fue alertada por un aberrante hecho. Una joven de 17 años se había acercado a las instalaciones del hospital El Carmen, con un fuerte dolor abdominal.Al ser atendida, el médico pudo evidenciar que la menor se encontraba en estado de gestación, pero extrañamente no tenía el feto en su útero y que además tenía restos del cordón umbilical y la placenta.Al ser consultada, la joven manifestó que llevaba 40 semanas de embarazo, un total de 9 meses, pero que acababa de abortar y había envuelto al recién nacido con un cargador de celular en el cuello para posteriormente abandonarlo en una zona boscosa cerca de su residencia. La joven tuvo que ser remitida de inmediato al municipio de Yolombó para ser atendida y el cuerpo del recién nacido fue encontrado posteriormente por el padre de la menor.Por el momento, las autoridades se encuentran investigando si el cuerpo del recién nacido fue enviado a Medicina Legal para determinar con exactitud las causas de su muerte y las condiciones de su nacimiento.Este hecho ha generado consternación entre la ciudadanía y ha prendido las alertas entre las autoridades, pues es de anotar que en Antioquia ya van al menos dos casos de bebés abandonados este año, uno en El Santuario y otro en Mutatá y también ha sido encontrado un feto de 28 semanas dentro de un camión de basura en el municipio de Sonsón.
Una guerrillera del ELN reveló a través de un video un testimonio estremecedor sobre lo que, según ella, ocurre al interior de la organización armada ilegal. La mujer aseguró que varias de sus compañeras son víctimas de abusos sexuales y que, en caso de quedar embarazadas, son obligadas a practicarse abortos.“Lo hago con mucha tristeza, con mucho temor de lo que me pueda pasar aquí en la organización o de lo que me puedan hacer. Lo hago en una medida desesperada, pero siento que es la única alternativa que tengo para salvarle la vida a más de una mujer que se encuentra conmigo, e incluso la mía misma, porque nos están abusando”, señaló la combatiente en el video dirigido a sus superiores.La mujer denunció que los “mandos medios” son quienes estarían cometiendo los abusos y añadió: “Si quedamos preñadas, nos obligan a botar a nuestros bebés. Hace unos días me sacaron a mi hijito, y eso me tiene muy mal, pero al comandante de Sendales no le importa, lo único que quiere es silenciarnos la voz”.De acuerdo con su declaración, las mujeres viven en condiciones de aislamiento y bajo control estricto. “Nos están quedando incomunicados, nos quieren quitar los teléfonos y necesito que hagan algo por nosotros”, expresó con voz entrecortada.Información de inteligencia dejó al descubierto que el criminal responsable de estos abusos sería William Ernesto Cruz Lizcano, alias ‘El Profe’ o ‘Cendales’, un hombre de 55 años con un historial delictivo de más de 25 años. Este peligroso delincuente es señalado de ser el jefe financiero del Frente de Guerra Oriental y habría participado en el secuestro de un soldado en Arauca en 2024.El mensaje de la mujer fue acompañado de un llamado directo al Comando Central del ELN. “Espero que este video le llegue a mis comandantes, que sé que van a hacer algo por nosotras. Y un paso atrás, liberación o muerte”, concluyó la guerrillera en medio de la denuncia.
La posibilidad de compartir ideas sin necesidad de palabras volvió a ocupar el centro del debate tecnológico luego de que Elon Musk sugiriera que Neuralink podría realizar los primeros intentos de transmisión directa de pensamientos entre personas antes de que finalice 2026. La afirmación abrió nuevamente la discusión sobre el futuro de las interfaces cerebro-computadora y el alcance que podrían tener estas tecnologías en la comunicación humana.La conversación surgió en la red social X a partir de una publicación realizada por Yun-Ta Tsai, ingeniero de inteligencia artificial vinculado a Tesla. En su mensaje, el especialista planteó que el lenguaje hablado representa una limitación para el intercambio de información debido a la velocidad relativamente baja con la que las personas pueden transmitir ideas mediante palabras.Según Tsai, el siguiente paso en la evolución de la comunicación podría consistir en conectar directamente los cerebros para compartir pensamientos de manera más rápida y eficiente. La propuesta llamó la atención de miles de usuarios y recibió una respuesta directa de Musk, quien dejó entrever que Neuralink ya estaría explorando escenarios similares.“Quizás el primer intento de esto para Neuralink [tenga lugar] a finales de este año”, escribió el empresario, alimentando las expectativas sobre los avances de la compañía de neurotecnología que fundó con el objetivo de desarrollar dispositivos capaces de conectar el cerebro humano con sistemas informáticos.Aunque Musk no entregó detalles técnicos sobre cómo podría realizarse una prueba de estas características ni explicó el alcance de un eventual experimento, sus declaraciones fueron interpretadas como una señal de que la empresa busca avanzar más allá de las aplicaciones médicas que actualmente concentran gran parte de sus esfuerzos.Neuralink ha ganado notoriedad en los últimos años por el desarrollo de implantes cerebrales diseñados para permitir que personas con limitaciones físicas interactúen con dispositivos electrónicos mediante señales neuronales. La empresa ha presentado diversos avances orientados a facilitar la comunicación entre el cerebro y los computadores, una línea de investigación que podría sentar las bases para futuras formas de interacción humana.La idea de transmitir pensamientos de manera directa ha sido durante décadas un concepto asociado a la ciencia ficción. Sin embargo, las investigaciones en neurotecnología y las interfaces cerebro-máquina han impulsado nuevas conversaciones sobre las posibilidades que podrían abrirse en el futuro a medida que estas herramientas evolucionen. El anuncio de MuskEl anuncio de Musk llega en un momento de intensa actividad para Neuralink. A comienzos de este año, el empresario también informó que la compañía trabaja en el desarrollo de Blindsight, un dispositivo concebido para ayudar a personas con ceguera total.El proyecto busca crear un chip capaz de restaurar la visión mediante la estimulación de regiones específicas relacionadas con el procesamiento visual. La iniciativa representa una de las apuestas más ambiciosas de la empresa dentro del campo de la neurotecnología aplicada a la salud.Posteriormente, durante una intervención remota realizada en mayo desde Tel Aviv, Musk señaló que Neuralink espera efectuar la primera implantación del sistema Blindsight en humanos antes de que concluya 2026. De concretarse, el procedimiento marcaría un nuevo hito para la compañía en su objetivo de ampliar las aplicaciones prácticas de los implantes cerebrales.Las recientes declaraciones del empresario muestran que Neuralink mantiene abiertas varias líneas de desarrollo simultáneas. Mientras una parte de sus investigaciones se enfoca en soluciones médicas destinadas a recuperar capacidades perdidas, otra apunta a explorar nuevas formas de interacción entre las personas y la tecnología.Por ahora, la posibilidad de transmitir pensamientos entre seres humanos continúa siendo una meta en fase experimental. Sin embargo, las palabras de Musk indican que los próximos meses podrían ser determinantes para conocer hasta dónde han avanzado los proyectos de Neuralink y cuáles son las capacidades reales que la empresa espera demostrar antes de finalizar el año.
Un operativo del Ejército Nacional y la Policía en el municipio de Saravena, Arauca, dejó como resultado dos presuntos integrantes del ELN muertos en combate, seis personas capturadas y un menor de edad que, según las autoridades, había sido vinculado al grupo armado y fue rescatado durante la operación.La acción militar se llevó a cabo en la vereda Alto San Joaquín, donde tropas de la Décima Octava Brigada se enfrentaron a integrantes de la comisión Ernesto Che Guevara, perteneciente al frente Domingo Laín Sáenz del ELN.Tras el operativo, el menor fue entregado a las autoridades competentes para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.De acuerdo con información de inteligencia militar, los capturados harían parte de una estructura señalada de realizar ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en los municipios de Fortul y Saravena. Además, las autoridades aseguran que el grupo estaría detrás de acciones para alterar el orden público antes y después de los recientes comicios electorales en la región.Durante la operación también fueron incautados cinco fusiles, tres armas cortas, más de 900 cartuchos de diferentes calibres, 23 proveedores, material de campaña y documentos que serán analizados por los organismos de inteligencia.Las Fuerzas Militares señalaron que este resultado hace parte de las operaciones que adelantan para reducir la capacidad de los grupos armados ilegales que operan en Arauca y reiteraron que continuarán las acciones de control y seguridad en el departamento.
El reciente terremoto en Venezuela ha generado una profunda preocupación en el sector de las confecciones de Santander, un gremio que ve con incertidumbre el impacto que esta emergencia pueda tener en el intercambio comercial bilateral. Franklin Guevara, director del gremio textil en el departamento, manifestó la solidaridad de los empresarios locales con el pueblo venezolano, al tiempo que advirtió sobre las repercusiones económicas inmediatas y a mediano plazo para la industria santandereana.La principal preocupación radica en la proximidad de la Exposición Internacional de Moda Infantil (EIMI Colombia), considerado el evento más importante de su tipo en Latinoamérica. Para esta edición, que se celebrará del 13 al 15 de julio en Bucaramanga, ya se tenía confirmada la asistencia de ocho grandes compradores provenientes de Caracas. Sin embargo, el cierre temporal de aeropuertos y la crisis humanitaria en el vecino país ponen en duda su participación, lo que afectaría directamente los negocios proyectados para la producción del segundo semestre del año.Históricamente, Venezuela ha sido el socio comercial más importante para los confeccionistas de Santander. Aunque el comercio sufrió una fuerte contracción a partir de 2006, en los últimos meses se venía registrando una notable recuperación en las ventas. Santander lidera la producción de ropa para recién nacidos en Colombia, un producto altamente apetecido en el mercado venezolano y en Centroamérica.Guevara señaló que, por respeto a la situación, aún no se han establecido contactos directos con los empresarios afectados, pero están muy atentos a la situación del país vecino. El flujo constante de mercancías en la frontera se encuentra bajo una enorme incertidumbre debido a los problemas logísticos derivados del sismo. Los textileros santandereanos esperan una pronta estabilización de la emergencia para reanudar los despachos diarios y asegurar la continuidad de un canal comercial que es vital para la economía de la región.
La Gobernación de Caldas informó que el Pico y Placa Ambiental sobre la vía que comunica a Manizales con Murillo, pasando por inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz, continuará aplicándose hasta el próximo 30 de junio de 2026.Recordemos que recientemente un fallo judicial ordenó suspender esta medida y dispuso que las gobernaciones de Caldas y Tolima, además del Gobierno Nacional, implementen diferentes acciones que permitan la conservación de esa zona de geoparque.La administración departamental explicó que, desde la expedición de esa determinación, las gobernaciones de Caldas y Tolima, el Gobierno Nacional y las entidades competentes mantienen un proceso de articulación interinstitucional para evaluar y definir las medidas que permitan continuar con la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora.Según la Gobernación, este trabajo ha estado acompañado por acciones permanentes de conservación, educación y sensibilización ambiental, las cuales buscan fortalecer la protección de este ecosistema estratégico.La Secretaría de Medio Ambiente indicó que, una vez las autoridades definan las medidas que regirán después del 30 de junio, la información será divulgada oportunamente a través de los canales oficiales de la Gobernación de Caldas.Finalmente, la administración departamental invitó a la ciudadanía a mantener prácticas responsables y a contribuir con la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora, considerados uno de los principales patrimonios naturales del país.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
