Tras tres años de la sentencia de la Corte que despenalizó el aborto, mujeres siguen enfrentándose a obstáculos para acceder a este derecho. Por lo menos 100 barreras administrativas se han documentado entre 2023 y 2024 en Antioquia, según un informe de Justicia Mujer
Recientemente se cumplieron tres años de la sentencia C-055, que despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación en Colombia, pero siguen siendo numerosas las dificultades que enfrentan las mujeres que muestran su intención de acceder a este derecho en Antioquia.
Así lo muestra el informe de la Corporación Justicia Mujer, que documentó 46 casos durante los últimos dos años, evidenciando que en promedio cada una se enfrentó a dos obstáculos administrativos para que le realizaran el procedimiento, pero el panorama fue peor para por lo 19 mujeres, que tuvieron entre tres y siete dificultades.
En diálogo con Blu Radio, Juliet Gómez Osorio, directora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer, detalló que los casos más frecuentes son fallas de atención, desconocimiento del marco legal, interpretación restrictiva, falta de disponibilidad de los servicios, violencia obstétrica y criminalización.
“Las están criminalizando, las están denunciando, violando el sistema profesional, poniéndolas como a voltear y no solamente a las mujeres, sino también a las profesionales que las acompañan. Nuestras abogadas y psicólogas también están siendo criminalizadas, perseguidas y señaladas para acompañar a las mujeres que hacen la interrupción voluntaria del embarazo”, dijo.
De otro lado, en los casos acompañados por la entidad evidenciaron que a quienes solicitan el procedimiento se les exige un método anticonceptivo, además de que no les ponen la medicación suficiente, obligándolas a sentir dolor, tortura, tratos crueles y degradantes. A ello se suma que aunque la reglamentación en el país es de cinco días, después de que se hace la solicitud, se están demorando mucho más y en Medellín solo siete instituciones lo realizan.
“En Antioquia, la mayoría de los servicios de atención a la interrupción voluntaria del embarazo se encuentran en la ciudad de Medellín, en las que solo hay siete prestadores, de los cuales dos son privados y cinco son públicos, pero hay una gran dificultad de hacer interrupciones voluntarias del embarazo después de la semana 22 y de la semana 24, y para esas edades estacionales sólo hay dos prestadores”, resaltó.
Dentro de las acciones psicojurídicas adelantadas, están en proceso la defensa de una mujer joven rural criminalizada por abortar; cerca de 16 quejas disciplinarias contra prestadores públicos y privados por vulnerar el derecho al aborto y el derecho a defender derechos, de las profesionales que acompañaron los casos; y por último, un litigio en contra de la Alcaldía y el Hospital San Julián del municipio de Argelia, que incluyó la interposición de una acción de tutela y una de cumplimiento.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.