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El gobierno español anunció este jueves que continuará con la aplicación del artículo 155, que permite intervenir en los asuntos de una región, al considerar que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, no respondió satisfactoriamente a su requerimiento de desistir en sus ambiciones independentistas.
"En consecuencia, el Gobierno de España continuará con los trámite previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad" en Cataluña, indicó el gobierno en un comunicado, en referencia al artículo que le permite tomar el control de una región en circunstancias excepcionales.
Por su parte, el presidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, aseguró en una carta al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, que si "persiste en impedir el diálogo", el Parlamento autonómico "podrá proceder a votar la declaración formal de independencia" de Cataluña.
A las 10,00 horas (08,00 GMT) vencía el segundo y último plazo dado por el Gabinete de Rajoy para que Puigdemont aclarase si declaró la independencia de Cataluña el pasado 10 de octubre para decidir si toma medidas constitucionales con el objetivo de volver a la legalidad.
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En esa carta, el líder catalán vincula que se ponga en marcha un diálogo a la opción de renunciar a esa declaración de independencia que, según dice en la misiva, el parlamento regional "no votó el día 10" y, según añade, la "suspensión (de la declaración de independencia) continúa vigente".
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Ahora, el Gobierno central decidirá si activa el artículo 155 de la Constitución, que le permite asumir directamente funciones desempeñadas por las autoridades regionales.
"Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo -dice Puigdemont-, que la única respuesta (del Gobierno central) sea la suspensión de la autonomía indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar".
No obstante, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, precisó hace unos días que el artículo 155 de la Constitución no es para suspender el autogobierno de la región, sino para que se ejerza "de acuerdo con la legalidad constitucional" y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
España vive en las últimas semanas una crisis política desencadenada por los pasos dados por los independentistas catalanes para lograr la secesión de Cataluña, entre ellos la celebración el pasado 1 de octubre de un referéndum ilegal y sin garantías.
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El presidente catalán asumió el pasado día 10 el resultado de esa consulta favorable a la secesión, según las cifras de las autoridades catalanas, aunque dejó en suspenso la declaración de independencia y abogó por un diálogo, con mediación, con el Gobierno de Madrid.
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El Gobierno de Rajoy respondió pidiendo a Puigdemont que aclare si declaró o no la independencia, y le instó a dialogar con la oposición en Cataluña y en el Parlamento español.
El Ejecutivo ha iniciado la tramitación para, en base a la Constitución, decidir si toma el control de algunas competencias de la autonomía de Cataluña en respuesta al desafío independentista. EFE
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