“Ante el caso más grave de corrupción en la historia del país, cualquier pago que se realice a concesionarios y contratistas de la Ruta del Sol II tendrá que sujetarse a las decisiones judiciales”, aseguró el procurador general de la Nación (e), Juan Carlos Cortés González, ante el anuncio de la Superintendencia de Transporte de disolución de la Concesión Ruta del Sol S.A.S..
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Cabe recordar que la Procuraduría inició una vigilancia al proceso, teniendo en cuenta que el anuncio de la Superintendencia se conoce 13 días antes de que la justicia, a través de un tribunal de arbitramento, resuelva si declara nulo el contrato por el escándalo de sobornos que compromete a Odebrecht.
Para la Procuraduría, es inoportuna cualquier decisión que se adopte en este proceso de disolución y liquidación sin que se respete la decisión que tome el tribunal de arbitramento, donde, entre otras cosas, se debería resolver el monto del detrimento atribuible a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.
“Decisiones de pago en estos momentos ponen en riesgo la efectividad del fallo de la acción popular que promovió la Procuraduría, donde la concesionaria y sus sociedades principales fueron condenadas al pago de 800.000 millones de pesos y a una inhabilidad de 20 años y se limitó el reconocimiento a terceros de buena fe hasta el saldo que tuviere disponible el proyecto en su fiducia. Agotados esos recursos, no procederían pagos adicionales con el presupuesto de la Nación”, dice el Ministerio Público.
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“Los colombianos no deben soportar ninguna carga fiscal adicional por el caso Odebrecht”, finalizó el procurador (e) Cortés.
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