La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta un posible recorte de 185.000 millones de pesos en su presupuesto. Según su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, a los 85.000 millones que ya fueron reducidos podrían sumarse otros 100.000 millones, de acuerdo con una proposición presentada por el senador Enrique Gómez Martínez.
Ramelli advirtió que la reducción afectaría programas de protección a víctimas y testigos, la participación de las víctimas en las audiencias y el funcionamiento de las sedes de la jurisdicción.
“Entre recortar el presupuesto y cerrarla no es que exista mucha diferencia realmente”, afirmó el magistrado, quien explicó que con el recorte adicional la JEP tendría dificultades para asumir gastos como servicios públicos y el funcionamiento de los espacios donde atiende a víctimas y comparecientes.
¿Qué impacto tendría el recorte en la JEP?
El presidente de la JEP también respondió a los cuestionamientos sobre la cantidad de resultados obtenidos por la jurisdicción durante sus años de funcionamiento.
Frente al señalamiento de que la entidad ha sido lenta y se convirtió en una estructura burocrática, Ramelli aseguró que el senador Enrique Gómez recibió una respuesta de más de 190 páginas a un derecho de petición sobre planta, presupuesto y resultados. “En las 190 páginas está explicado absolutamente todo”, sostuvo.
Ramelli también cuestionó que se mida el trabajo de la JEP únicamente por las sentencias de los macrocasos. Aseguró que existen 3.618 decisiones con efecto de sentencia, entre ellas actuaciones de la Sección de Apelación, beneficios para integrantes de la fuerza pública, amnistías y renuncias a la acción penal.
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¿Cuándo comenzarán a cumplir las sanciones los antiguos integrantes de las FARC?
Durante la entrevista, Ramelli explicó que las sanciones propias contra el antiguo secretariado de las FARC todavía no habían comenzado porque las decisiones fueron apeladas y posteriormente se presentaron solicitudes de aclaración por parte de víctimas y comparecientes.
Según el magistrado, el cumplimiento comenzará una vez terminen las notificaciones correspondientes. “Esto no son meses, son días. Hay que surtir el debido proceso”, aseguró.
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Ramelli explicó que la Sección de Apelación determinó los lugares, horarios, actividades y mecanismos de monitoreo que deberán cumplir los antiguos integrantes del secretariado.
El magistrado también sostuvo que la JEP no puede ser evaluada únicamente por las sentencias y afirmó que los macrocasos ya tienen imputaciones contra máximos responsables.
¿Qué hará la JEP frente al posible recorte presupuestal?
Ramelli anunció que la jurisdicción acudirá a instancias internacionales por la situación presupuestal.
“Vamos a denunciar toda esta situación ante instancias internacionales, ante la Comisión Interamericana, el relator de Naciones Unidas para Independencia Judicial, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los países garantes y la Corte Penal Internacional”, afirmó.
El objetivo, explicó, será buscar presión sobre el Estado colombiano para que cumpla el Acuerdo de Paz. Finalmente, al ser consultado por posibles fallas de la JEP, Ramelli reconoció una dificultad en la explicación del modelo a la sociedad. “Tal vez fallamos en explicar mucho más el modelo y cuáles son las consecuencias del modelo”, concluyó.