La pugna legal entre el representante Daniel Briceño y Gloria Cuartas, exdirectora de la Unidad para las Víctimas, entra en una fase crítica tras un fallo de desacato. El abogado Rubén Acosta asegura que al congresista "se le brindaron todas las garantías judiciales" antes de imponerse la sanción de arresto y multa por negarse a rectificar sus denuncias sobre supuesta corrupción en la entidad.
La defensa de Cuartas argumenta que ella no ejercía el cargo durante los hechos cuestionados, ya que su gestión inició el "14 de marzo de 2025". Acosta desmiente las cifras de Briceño, aclarando que los gastos investigados fueron de aproximadamente "8.600 millones" destinados a eventos territoriales con víctimas y no a proselitismo político, como asegura el representante.
Contrario a esta versión, Briceño sostiene que ha cumplido con la justicia: "Yo hice dos videos de aclaración y retractación. Lo que pasa es que a la doctora Gloria no le gustan". El representante insiste en que el gasto real en logística asciende a "460.000 millones de pesos", denunciando que estos recursos se habrían usado para financiar traslados en chivas y eventos de carácter político.
Sobre la legalidad del arresto, Briceño denuncia una falta de notificación formal, afirmando que se enteró por la prensa y que "están violando todas mis garantías". No obstante, Acosta rebate este punto señalando que, bajo la normativa actual, todas las notificaciones judiciales de tutela e incidente "llegan por correo electrónico inmediatamente" a las partes involucradas.
El debate cierra con Briceño reafirmando que su causa es justa a pesar de la sanción judicial: "No sé si a mí me toca ir a pagar un día de cárcel... por mostrarle al país que medio billón de pesos" de las víctimas se va en logística. Acosta concluye que la acción legal busca proteger el nombre de Cuartas frente a ataques que carecen de sustento administrativo y temporal.
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