Las facturas del servicio de acueducto comenzaron a subir en varias ciudades del país y el impacto ya encendió las alarmas entre los alcaldes de las capitales. Por esta razón, Asocapitales solicitó al Gobierno nacional revisar el nuevo marco tarifario al considerar que sus efectos ya se reflejan en el bolsillo de miles de usuarios y podrían extenderse a más hogares.
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La preocupación surge por la entrada en vigencia de la nueva metodología definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la CRA. El modelo cambia la forma en que se calcula la tarifa al incorporar costos actualizados a 2024, modificar la rentabilidad reconocida a las empresas prestadoras y permitir que las inversiones ejecutadas sean reconocidas dentro de la factura. Debido a estas variables, el incremento no será igual en todas las ciudades.
Los primeros efectos ya empezaron a evidenciarse. Empresas de acueducto en distintas regiones han informado ajustes en las tarifas y uno de los casos más representativos es el de Bucaramanga, donde el incremento será gradual durante el periodo de transición al nuevo esquema. En otras capitales también crece la preocupación por el impacto que tendrán estos cambios sobre el valor final que pagan los usuarios.
Frente a este escenario, Asocapitales, que representa a los alcaldes de las 32 ciudades capitales, pidió abrir una revisión técnica del modelo tarifario. La asociación recordó que, aunque las administraciones municipales son las primeras en recibir las reclamaciones de los ciudadanos, no tienen la facultad legal para modificar las tarifas, ya que estas son definidas por la regulación nacional y aplicadas por las empresas prestadoras.
El gremio propuso instalar una mesa de trabajo entre el Gobierno nacional entrante, la CRA, la Superintendencia de Servicios Públicos, las empresas del sector y las ciudades capitales para evaluar los efectos de la nueva metodología. El objetivo, según Asocapitales, es encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de los sistemas de acueducto y la protección de la capacidad de pago de millones de colombianos, teniendo en cuenta que las capitales concentran cerca de la mitad de la población del país.
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