Por tercera vez durante este gobierno, el Ministerio de Justicia llevó al Congreso la Ley Arles, un proyecto con el que busca endurecer las sanciones contra los funcionarios que no actúen de manera inmediata cuando exista información sobre el posible paradero de una persona desaparecida. La iniciativa pretende que esas omisiones dejen de ser simples incumplimientos y se conviertan en una falta disciplinaria gravísima.
Con esta reforma se modificaría el Código General Disciplinario para castigar a los servidores públicos que omitan, nieguen, retrasen o entorpezcan las actuaciones necesarias para verificar el posible paradero de una persona desaparecida. El objetivo es fortalecer la respuesta de las autoridades, garantizar los derechos de las víctimas y sus familias y cumplir los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de derechos humanos.
El proyecto vuelve a presentarse luego de que las dos iniciativas anteriores fueran archivadas en el Congreso. Por eso, durante la radicación, la ministra de Justicia, Cielo Rusinque, pidió a los congresistas debatir y aprobar esta propuesta, al señalar que se trata de una obligación pendiente con la familia de Arles Guzmán y con todas las víctimas de desaparición forzada en el país.
La Ley Arles tiene su origen en la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina, ocurrida en 2002 en la comuna 13 de Medellín. Desde entonces, su familia emprendió una búsqueda que ya supera dos décadas y entregó a las autoridades un croquis en el que señalaba que Arles podría estar en La Escombrera.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, las coordenadas entregadas por la familia coinciden con el punto donde la Jurisdicción Especial para la Paz ha reportado, hasta ahora, siete hallazgos de cuerpos. Sin embargo, durante todos estos años sus familiares denunciaron que el Estado no actuó con la rapidez y diligencia que exigía el caso.
Esa falta de actuación fue precisamente la que llevó a que, en 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara la responsabilidad internacional del Estado colombiano por no haber adoptado medidas efectivas e inmediatas para establecer el paradero de Arles Guzmán. Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó adoptar medidas que impidan que otras familias vuelvan a enfrentar la misma situación.
En respuesta a esa decisión, el Gobierno impulsó esta reforma, que además de fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas busca garantizar la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición. La ministra Cielo Rusinque aseguró que la búsqueda de una persona desaparecida no admite demoras, indiferencia ni omisiones por parte de las autoridades.
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Las cifras muestran la dimensión del problema. Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en Colombia hay más de 137.000 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado y más de 52.600 personas buscadoras continúan esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Con la Ley Arles, el Gobierno espera fortalecer la actuación del Estado frente a una de las violaciones más graves de los derechos humanos.
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