Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Tras la judicialización de un quinto hombre que aceptó su responsabilidad en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Carmilo Peláez, en el Norte de Antioquia, pistas investigativas de las autoridades llegaron ahora hasta el Valle de Aburrá e involucran un vehículo.En un operativo realizado por el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía, incautaron una camioneta modelo 1997 en una zona ubicada entre los sectores Los Puertos y San Simón en el municipio de Bello.El transcurso de la investigación ha llevado a determinar que ese vehículo habría sido manejado por Weimar Alexánder Castillo, alias ‘300’, de la banda criminal El Mesa para transportar a Andrés Camilo una vez secuestrado en San Andrés de Cuerquia en medio de un caso de presunta extorsión.La camioneta, con placas de la ciudad de Pereira, habría sido abandonada en esta zona del norte del Valle de Aburrá desde 2023, sin embargo, una vez llevada a cabo la incautación por los organismos judiciales otras preguntas surgieron en la historia.“¿Por qué razón el vehículo donde secuestraron y luego asesinaron al ingeniero Andres Camilo Peláez apareció escondido en un lote que pertenece al Hospital mental de Antioquia?”, afirmó en X Miguel Ángel del Río, uno de los abogados del caso.Frente a estos cuestionamientos el Hospital Mental aclaró que este predio invadido fue reportado a las autoridades de 2022 cuando la Inspección Novena de Policía de Bello declaró una infracción por construcciones irregulares en un predio invadido, pero no se pudo llevar a cabo la demolición por falta de un contrato.Ante quejas y la falta de medidas, en octubre de 2025 la institución de salud radicó ante el municipio de Bello una nueva querella, pero decidió solicitar apoyo a la Gobernación de Antioquia que asumió el conocimiento del proceso, que actualmente se encuentra en etapa probatoria.“El Hospital Mental de Antioquia adelantó todas las acciones legales que tenía a su disposición, con criterios de inmediatez y oportunidad. Aunque los hechos fueron puestos en conocimiento del municipio de Bello, no se recibió una respuesta efectiva que permitiera restablecer el control del predio”, indicaron en el comunicado.Información en poder de las autoridades indicaría que ante la falta de una destinación para el predio, desde 2021 el grupo delincuencial El Mesa, señalado de cometer la desaparición de Andrés Camilo, se habría apropiado de esta zona permitiendo a su vez la aparición de construcciones ilegales.
Mientras la fuerza pública y organismos judiciales continúan con las respectivas investigaciones, en las últimas horas se han conocido nuevos detalles sobre la desaparición de Julián Hincapié, un reconocido comunicador comunitario del municipio de Anorí sobre quien se perdió todo rastro desde el pasado 10 de septiembre.Según la versión de su esposa, Katy Zapata, ese día Julián salió de su vivienda en el barrio La Playa en compañía de un vecino que había conocido hace poco manifestando que iban a un sector conocido como Las Lomitas, distante a unos 30 minutos, “a llevar un mercurio”.Luego de eso los familiares no tuvieron más información de Julián, sin embargo, lo que ahora más los inquieta es que el vecino sí regresó de este lugar, pero no lograron obtener más información sobre lo ocurrido porque pocos días después del hecho se marchó de su residencia. Esto, de acuerdo a Zapata, podría distinguirlo como principal sospechoso del hecho."Yo le pregunté y él lo que me dijo fue eso, que Julián se había dizque devuelto de donde tenían que llevar el mercurio en una moto y no. Y yo fui a preguntar por allá y nunca, nunca, nunca lo vieron. Pues, a Julián sí lo vieron subir con él, pero nunca bajar", relató.Sobre el caso y a la espera de nuevos reportes de las autoridades, el defensor de derechos humanos Óscar Yesid Zapata manifestó que ya se activaron incluso las gestiones con organizaciones internacionales en caso que el comunicador estuviera en poder de algún grupo armado y se requiriera su intermediación."Lo que aconsejamos a sus familiares y amigos fue establecer las denuncias para que se reactivaran las rutas urgentes de búsqueda con el Estado. Y también abrimos unos canales con organizaciones internacionales, por si es del caso, para que se establezcan coordinaciones humanitarias, en caso de que sean necesarias", señaló Zapata.A la solicitud sobre su búsqueda urgente pronto retorno se sumó la Fundación para la Libertad de Prensa desde donde indicaron que durante 2026 en Antioquia se han registrado 47 agresiones contra periodistas y Antioquia aparece como el segundo departamento más peligroso para el ejercicio de estas labores.Familiares de Julián aseguran que previo a lo ocurrido no tenían información sobre inconvenientes o amenazas previas que hubieran podido motivar cualquier tipo de ataque o riesgo para su integridad.
Una nueva intervención humanitaria se desarrolla en el cementerio La Resurrección de Barrancabermeja, donde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) adelanta labores para localizar y recuperar cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.El operativo comenzó el 14 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 21 de septiembre. Para esta fase, el equipo forense tiene previsto recuperar hasta diez cuerpos, siete de ellos con algún nivel de orientación de identidad, es decir, existen elementos de investigación que permiten establecer una posible correspondencia con una persona desaparecida.De acuerdo con la UBPD, la intervención no se limita a las excavaciones. Antes de ingresar a determinadas zonas del camposanto, los investigadores recopilan y contrastan información documental, registros de inhumaciones, protocolos de necropsia y testimonios que permitan establecer dónde podrían encontrarse los cuerpos.Las familias también tienen un papel fundamental en este proceso. Algunas han entregado información sobre sectores específicos del cementerio en los que consideran que podrían estar sus seres queridos, aportando elementos que ayudan a orientar las labores de búsqueda.La Resurrección es considerado un sitio de especial interés para la búsqueda humanitaria debido a que allí fueron sepultadas personas procedentes de diferentes municipios del Magdalena Medio y de departamentos como Santander, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca.Con esta nueva jornada, la UBPD continúa el trabajo que viene desarrollando en el cementerio. En las intervenciones realizadas hasta ahora han sido recuperados 78 cuerpos, cuyos procesos de identificación avanzan con las autoridades forenses.La magnitud de la búsqueda también refleja la dimensión del fenómeno de desaparición en la región. Según la UBPD, en el Magdalena Medio existen más de 6.000 personas desaparecidas, mientras que en Barrancabermeja se concentran numerosos casos que siguen siendo investigados por la entidad.
En Anorí, Antioquia, hay preocupación por la desaparición de un comunicador comunitario y defensor de derechos humanos. El joven fue visto por última vez hace cerca de una semana en zona semirural del Nordeste antioqueñoSe trata de Julián Hincapié, un reconocido comunicador comunitario de la zona y, según organizaciones sociales, defensor de los derechos humanos en este sector del Nordeste antioqueño.Óscar Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, manifestó su inquietud por el caso y señaló que Hincapié fue visto por última vez el pasado 10 de septiembre, aproximadamente al mediodía, y desde entonces sus familiares y allegados desconocen su paradero.“Pero no se conoce hasta el momento su paradero. Hemos conversado con algunos familiares y nos indican la grave preocupación, pero que están esperando que las autoridades con la ruta ya activada logren dar con su paradero, ojalá vivo y sano”, agregó.Desde el municipio de Anorí, la familia, las autoridades y diferentes personas de la comunidad ya activaron las rutas institucionales establecidas para atender este tipo de casos de desaparición.La Fundación Sumapaz expresó su preocupación debido a las condiciones de seguridad que atraviesa actualmente el municipio, donde en los últimos meses se ha reportado un incremento de situaciones relacionadas con el orden público, en medio de la presencia y disputa territorial de grupos armados ilegales.Por ahora, se hizo un llamado a cualquier persona que pueda tener información sobre el paradero de Hincapié para que la entregue a las autoridades o a sus familiares, con el propósito de contribuir a las labores de búsqueda.La situación genera especial preocupación entre las organizaciones sociales por la vulnerabilidad de quienes ejercen labores de comunicación comunitaria y defensa de los derechos humanos en territorios afectados por la violencia.Como antecedente reciente, hay que recordar el asesinato del comandante del Cuerpo de Bomberos de Anorí, ocurrido en zona rural del municipio, hecho que, según señaló, evidencia las dificultades de seguridad que enfrenta la población.
En la tarde de ayer, autoridades y miembros de la comunidad reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña, de aproximadamente 8 a 10 años de edad, en el barrio JJ Rondón de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El cadáver de la menor fue ubicado dentro de conductos e infraestructura hídrica por otros niños que ingresaron a jugar a la zona.Policías del CAI San Francisco acudieron al sitio, y la inspección técnica al cuerpo fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realiza las pruebas científicas correspondientes para establecer la identidad de la víctima y determinar si se trató de una muerte violenta.Frente a especulaciones sobre si el cuerpo correspondería a una menor reportada como desaparecida a inicios de semana en el municipio vecino de Mosquera, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, solicitó prudencia a la ciudadanía y rechazó apresurar conclusiones."No, no hay que hacer esas conexiones me parece que es irresponsable hacer conexiones entre casos. De hecho, en la información preliminar que nos da el CTI y la policía, no tiene que ver con ningún caso de desaparición", enfatizó el funcionario, aclarando que la menor fue encontrada de forma casual y no como resultado de un operativo de búsqueda específico.Sobre versiones preliminares respecto a un posible abuso o lesiones específicas, Restrepo añadió: "No, yo creo que eso hay que esperar el reporte de la necropsia".Balance de la Alcaldía: reducción de casos y el impacto de la Alerta RosaEl suceso coincidió con la discusión adelantada en el Concejo de Bogotá sobre la situación de menores de edad reportados como desaparecidos. De acuerdo con el balance presentado por el secretario Restrepo, en la última década la capital ha registrado una tendencia a la baja en estos reportes: mientras que en el año 2016 se contabilizaron 1.600 casos, en el año 2025 la cifra descendió a 816, reflejando una disminución del 50%.En lo corrido de este año se registran 611 casos, de los cuales el 69% ya han retornado a sus hogares y un 29% corresponden a jóvenes localizados o sobre los que se tiene información, aunque no han manifestado la voluntad de regresar o están bajo procesos de protección de derechos.Actualmente, el Distrito mantiene 20 casos activos de menores en búsqueda. A propósito de los rumores difundidos en redes sociales que afirman la existencia de una "ola de desapariciones" en la ciudad, la Secretaría de Seguridad explicó que el fenómeno obedece al incremento en la difusión pública de alertas tras la entrada en vigor de la Ley 2326 de 2023 (Alerta Rosa)."Esa ley que se demoró hasta el 2025 en ser reglamentada hace un mes y medio se volvió efectiva y entonces la información pública sobre casos de desaparición aumentó", sostuvo Restrepo, agregando que esto beneficia la colaboración ciudadana: "Entre más información disponible de personas que están desaparecidas, la ciudadanía se va a involucral más en contribuir con información para la identificación de esas personas".Factores de ausencia y llamado a la prevenciónEl secretario precisó que en más del 75% de los casos analizados y cerrados por las autoridades, las ausencias corresponden a decisiones voluntarias de los menores motivadas por dinámicas familiares o sociales, sin la intervención o constreñimiento de criminales. Como ejemplo, citó la reciente localización en el centro de Bogotá de Josep Santiago Santa María, un joven de 15 años cuyo reporte había generado movilizaciones: "No había participación de un tercero... y el proceso de restitución de derechos se activa una vez fue identificado por el CTI de la Fiscalía".Finalmente, Restrepo insistió en que el flujo de información no debe traducirse en pánico infundado: "Lo que debemos es ser cuidadosos en cómo interpretamos esa información y cómo nos la convertimos en factor de atemorización o terror. Y ahí es donde está el problema". El funcionario concluyó haciendo un llamado a fortalecer el diálogo y la comunicación al interior de las familias para mitigar los riesgos a los que se exponen los menores al alejarse de sus hogares.Escuche aquí la entrevista:
Una manifestación se registra en la noche de este lunes en la avenida Calle 80 con carrera 77, en Bogotá, en medio de la preocupación por la desaparición del estudiante Joseph Santiago Santamaría, de 15 años. Esto ha afectavo la movilidad del occidente de la capital, tanto en el carril mixto como la operación de TransMilenio.De acuerdo con la información difundida por sus compañeros y la concejal Rocío Dussán Pérez, el menor fue visto por última vez el jueves 10 de septiembre, cuando salía del colegio La Palestina, ubicado en la localidad de Engativá.La movilización reúne a niños, niñas y jóvenes que recorren la zona para exigir que se intensifiquen las labores de búsqueda y que Joseph Santiago regrese con su familia.Colapsada la movilidadLa situación también ha generado afectaciones en la movilidad en esta zona de Bogotá. Según TransMilenio, a las 7:16 de la noche, cerca de 17.116 usuarios se encontraban afectados por la manifestación. Los buses troncales permanecían sin paso en ambos sentidos a la altura de la avenida Calle 80 con carrera 77. Además, la flota realizaba retornos hacia el oriente sobre la carrera 77 y hacia el occidente sobre la carrera 90.Como consecuencia de la protesta, las estaciones Granja - Carrera 77 y Avenida Cali continuaban sin operación, mientras que varias rutas TransMiZonal presentaban desvíos. Las autoridades y el sistema de transporte recomendaban a los usuarios tener en cuenta las afectaciones y tomar rutas alternas.La desaparición del menor mantiene en alerta a su familia, compañeros y comunidad educativa. Por eso, piden a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Icbf que activen todas las rutas de búsqueda y acompañamiento necesarias para establecer el paradero de Joseph Santiago.
La familia de Diego Andrés Gallego Flórez, en coordinación con la Alcaldía de La Ceja y las autoridades, adelanta la búsqueda y hace un llamado a la comunidad para obtener información que permita establecer dónde se encuentra.De acuerdo con sus familiares, el joven salió con dirección a su vivienda a bordo de una motocicleta Apache, de color gris con detalles negros y placas VXQ 52G. Sin embargo, nunca llegó a su destino y desde ese momento no se ha tenido información sobre su paradero.Al momento de su desaparición, Diego Andrés vestía el uniforme de la empresa C.A. Visión Technology SAS, compuesto por camiseta azul, pantalón gris, chaqueta azul, botas negras y un bolso en tonos grises.El secretario de Gobierno de La Ceja, Geovany Henao, explicó que las autoridades han logrado establecer algunos registros relacionados con el recorrido de la motocicleta.“La última información que tenemos registrada por las autoridades es que la motocicleta en la que desapareció el joven tiene un registro donde se observa que sale del municipio de La Ceja hacia Rionegro”, aseguró Henao.El funcionario señaló además que la administración municipal ha venido acompañando a la familia de Diego Andrés durante el proceso de búsqueda y pidió a la comunidad mantenerse alerta ante cualquier información que pueda contribuir a localizarlo.Henao hizo un llamado a los habitantes de La Ceja y municipios cercanos para que, en caso de observar la motocicleta con las características descritas o contar con algún dato que pueda ser útil para la investigación, lo comuniquen de inmediato a las autoridades.Los familiares de Diego Andrés también solicitan la colaboración de la ciudadanía. Cualquier persona que lo haya visto, tenga información sobre su paradero o identifique la motocicleta puede comunicarse a los números 322 667 0166 y 313 626 0361.También se solicita reportar cualquier información a la Policía Nacional a través de sus canales oficiales.
Pablo Emilio Carrizo, ciudadano argentino que permanecía desaparecido en Medellín desde el pasado 20 de agosto, fue hallado muerto en el departamento de Córdoba, luego de un accidente de tránsito ocurrido en la vía a Montería, entre los municipios de Buenavista y La Apartada.La información fue confirmada por Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, quien había acompañado el proceso de búsqueda del extranjero. A través de sus redes sociales, el funcionario lamentó el fallecimiento y expresó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del ciudadano argentino Pablo Emilio Carrizo, quien residió en nuestro país y mantuvo un estrecho vínculo con nuestra ciudad. Extendemos nuestras más sinceras condolencias, solidaridad y acompañamiento a su hija, exesposa, familiares y seres queridos en este difícil momento”.Carrizo se desempeñaba como consultor de restaurantes y hoteles y, de acuerdo con la información conocida durante su búsqueda, tenía actividades profesionales y de negocios entre Medellín y Bogotá. El argentino había sido visto por última vez en el sector de El Poblado, en Medellín, después de salir de una asesoría.Tras perder contacto con él, sus familiares alertaron a las autoridades, pues Carrizo dejó de responder llamadas y mensajes. Su exesposa, quien reside en Cartagena y es madre de su hija, también intentó establecer comunicación con el hombre y consultó con amigos y conocidos para conocer su paradero.Durante las dos semanas de búsqueda, las autoridades intentaron reconstruir los movimientos del ciudadano argentino después de su salida de El Poblado y determinar si había permanecido en Medellín o se había desplazado hacia otra ciudad.De manera preliminar, la información apunta a que Carrizo se dirigía a la ciudad de Cartagena, donde viven su hija y exesposa, cuando habría sufrido el accidente de tránsito que terminó con su vida. Las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para establecer plenamente las circunstancias del siniestro vial.
En Medellín ya se activaron todos los protocolos necesarios para poder hallar o encontrar información sobre Pablo Emilio Carrizo, un ciudadano argentino que se desempeña como consultor de restaurantes y hoteles y del cual no se sabe nada desde el 20 de agosto.Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que el extranjero fue visto por última vez en el exclusivo sector de El Poblado saliendo de una asesoría y desde ese momento no se sabe nada de Carrizo.La alerta la arrojó la familia del argentino que no volvió a recibir llamadas ni mensajes del hombre que, según información de su entorno más cercano, se movía por negocios entre las ciudades de Medellín y Bogotá.Tras varias horas de la desaparición de Carrizo, la exesposa del extranjero que reside en Cartagena no pudo encontrar razón alguna del padre de su hija ni con los amigos del hombre ni con ninguna persona cercana a él.Por ahora, las autoridades en la capital de Antioquia intentan establecer el recorrido que hizo el hombre tras salir de su asesoría y si el último contacto que puedan establecer fue en Medellín o, quizás, salió de la ciudad.Además, se espera que las entrevistas con las últimas personas que vieron a Carrizo sean la base para poder determinar qué pudo haber pasado con el extranjero que cumple 15 días desaparecido.
Un torrencial aguacero cayó esta tarde sobre Barranquilla y varios municipios del Atlántico como Puerto Colombia, Soledad y Malambo.Las lluvias estarían presentes este fin de semana en diferentes partes del Caribe colombiano por el paso de una nueva onda tropical, la número 52 de la temporada.Así las cosas, se presentarán precipitaciones en ciudades como Barranquilla, como en efecto ya ocurre, las inmediaciones de la Sierra Nevada y el sur de la región.El meteorólogo del Ideam, Rodney Poveda, explica que para Barranquilla, varios modelos están generando señales de precipitaciones para la tarde y la noche del viernes y la madrugada del sábado.“El sábado también puede estar pasado por lluvia. El domingo se espera que las condiciones sean de nubosidad y precipitaciones, particularmente para las horas de la tarde y la noche”.Agregó el Ideam, que se podrán presentar lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizadas en amplias áreas marítimas, como también en amplios sectores del centro y sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, especialmente en regiones de los Montes de María y La Mojana.Las autoridades recomiendan máxima precaución a las personas, sobre todo si las lluvias vienen acompañadas de fuertes vientos y actividad eléctrica.
El caso que estremeció a Ibagué en 2017 y que llevó a que la Fundación Peces Vivos fuera señalada como la denominada “casa del terror” vuelve a ocupar la atención judicial. Siete exempleados de la Fundación Peces Vivos fueron condenados a penas de hasta 17 años y 6 meses de prisión por hechos relacionados con torturas contra menores que permanecían internados en esta institución del barrio La Pola.La historia salió a la luz después de que un exempleado denunciara ante la Fiscalía los presuntos abusos cometidos contra los niños. La investigación reveló que menores con discapacidad mental o condiciones psiquiátricas eran sometidos a prácticas de inmovilización que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían dejado de tener una finalidad terapéutica para convertirse en mecanismos de castigo, intimidación y sometimiento.El escándalo se conoció públicamente en octubre de 2017. El 23 de octubre, el CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a diez personas señaladas de estar involucradas en los maltratos. Entre los detenidos estaban la entonces directora, Johana Dignore Rodríguez Olaya; la coordinadora, Dignore Olaya Hernández; la psicóloga Jennifer Stefany Salcedo; las enfermeras Yenny Carolina Camelo Osorio y Paola Andrea Tique Vera; además de los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flórez Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao, Ángel Duván Serna Molina y Edison Jaber Calderón Espitia.Aquel día, mientras los capturados eran trasladados y posteriormente presentados ante la justicia, una vecina del barrio La Pola describió ante los medios la crudeza de lo que, según los relatos conocidos hasta ese momento, ocurría dentro de la fundación. “Dicen que entre varios empleados tomaban a un niño de pies y manos y lo trataban como si fuera un costal”, fue la frase que entregó la residente del sector cuando los señalados eran presentados en el Palacio de Justicia de Ibagué.La investigación judicial estableció que las víctimas eran sometidas a diferentes formas de contención física y psicológica. Entre los hechos descritos estuvieron niños amarrados a camas, el uso de medicamentos tranquilizantes y otros mecanismos empleados como supuestas medidas de control. También se documentaron casos en los que los menores habrían sido sometidos a estas prácticas por situaciones como llorar, negarse a comer, discutir o incumplir instrucciones.La justicia impuso penas de entre 15 y 17 años de prisión por hechos ocurridos en el centro de atención ubicado en el barrio La Pola, en la Fundación Peces Vivos. La investigación estableció que nueve menores fueron sometidos a prácticas de violencia física y psicológica que, según la Fiscalía, eran utilizadas como mecanismos de castigo e intimidación.Un juez especializado de conocimiento encontró responsables, de acuerdo con la participación individual establecida en el proceso, a la entonces directora de la institución, una psicóloga y cinco trabajadores vinculados a labores de enfermería y formación. Las penas oscilan entre 15 y 17 años de prisión, además de multas y restricciones para ejercer funciones públicas y determinadas actividades profesionales durante el periodo de la condena.La sentencia se produjo después de que la Fiscalía presentara ante el despacho judicial elementos de prueba relacionados con hechos ocurridos entre el segundo semestre de 2016 y 2017.Según la investigación, nueve menores de edad fueron víctimas de procedimientos de sometimiento físico y psicológico que habrían dejado de responder a una finalidad terapéutica para convertirse en mecanismos de castigo, intimidación y control.Entre las situaciones investigadas estuvieron las inmovilizaciones de los menores que, de acuerdo con las pruebas, eran utilizadas frente a comportamientos como llorar, negarse a comer, discutir, incumplir instrucciones o presentar conductas relacionadas con sus condiciones particulares.La Fiscalía sostuvo que estas actuaciones no correspondían a verdaderas emergencias médicas o psiquiátricas que justificaran ese tipo de intervención.Las penas impuestasLa mayor condena corresponde a Johanna Dignore Rodríguez Olaya, quien fue directora de la Fundación Peces Vivos. El juzgado le impuso 17 años y seis meses de prisión, además de una multa de 9.900 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras declararla responsable como coautora del delito de tortura agravada y autora del delito de concierto para delinquir con el propósito de cometer actos de tortura.La psicóloga Yenifer Stefany Salcedo Cartagena recibió una pena de 17 años de prisión y una multa equivalente a 17.100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos establecidos en la sentencia.Entre los auxiliares y formadores condenados aparecen Edison Jaber Calderón Espitia, Paola Andrea Tique Vera —quien se encuentra a disposición de la autoridad penitenciaria competente para su traslado del sitio donde actualmente está en detención preventiva al establecimiento que determine el INPEC— y Claudia Maritza Flórez Medina —quien permanecerá en prisión domiciliaria en condición de madre cabeza de familia—, cada uno con una pena de 16 años y cuatro meses de prisión.Claudia Lorena Pedraza Henao fue condenada a 16 años y tres meses, mientras que Paula Andrea Patiño Buitrago recibió una pena de 15 años y seis meses de prisión.En el caso de Patiño Buitrago, la decisión contempla además una absolución parcial respecto de algunos de los hechos atribuidos a determinadas víctimas, al considerar el juzgado que no se acreditó su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable frente a esas conductas específicas.La decisión judicial establece que Johanna Dignore Rodríguez Olaya, Yeniffer Stefany Salcedo Cartagena, Edison Jaber Calderón Espitia, Claudia Lorena Pedraza Henao y Paula Andrea Patiño Buitrago permanecerán en libertad mientras la sentencia adquiere ejecutoria.Una vez la decisión quede en firme, el despacho judicial ordenará la expedición de las respectivas órdenes de captura para que los condenados sean puestos a disposición del INPEC y cumplan la pena privativa de la libertad en el establecimiento penitenciario que determine esa entidad.El expediente señala, además, que Claudia Maritza Flórez Medina cumplirá la pena bajo prisión domiciliaria, mientras que los demás deberán permanecer en establecimientos penitenciarios, según las condiciones establecidas en la decisión judicial. La sentencia corresponde a una primera instancia y puede ser objeto de los recursos previstos por la ley.La sentencia también contempla la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas y la prohibición de ejercer las respectivas profesiones durante el periodo de las condenas.¿Cuál era el propósito de la Fundación Peces Vivos?En su momento, Peces Vivos era presentada como una institución especializada en el departamento del Tolima para atender a menores con diferentes condiciones de salud mental y discapacidad psicosocial. Entre los niños atendidos había menores con diagnósticos y situaciones de alta vulnerabilidad.Así era la llamada ‘Casa del Terror’En 2017, los gritos de los menores y las denuncias de un exempleado permitieron conocer las condiciones en las que, según la investigación, permanecían algunos niños internados en la institución ubicada en el barrio La Pola.La Fiscalía describió prácticas que incluían atar a los menores a las camas, arrojarles alimentos calientes a la cara y utilizar medicamentos tranquilizantes como mecanismo de control. Estas actuaciones habrían sido aplicadas frente a comportamientos como negarse a comer o desobedecer instrucciones.El caso involucró a menores de entre 7 y 17 años, varios de ellos en condiciones de discapacidad o extrema vulnerabilidad. Según la información recopilada durante la investigación, las víctimas hacían parte de un grupo de menores que permanecía bajo el cuidado de la institución contratada para prestar atención especializada.La investigación que comenzó con las capturas de octubre de 2017 terminó convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más recordados de Ibagué por las denuncias de maltrato contra menores bajo protección institucional.Un caso que comenzó con denuncias en 2017La investigación contra los trabajadores de la Fundación Peces Vivos se hizo pública en octubre de 2017, cuando el CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a diez personas señaladas de participar en los hechos denunciados.El 23 de octubre del año 2017 fueron capturadas por el CTI, con el apoyo de la Policía Nacional, 10 personas señaladas de cometer toda clase de maltratos crueles e inhumanos contra menores de edad que se encontraban en una fundación para atención especializada de Ibagué. De este grupo, ocho ya han sido condenadas; una de ellas mediante preacuerdo. Una más fue absuelta y otra falleció.Los involucrados en el momento de las capturas fueron la directora Johana Dignore Rodríguez Olaya; la coordinadora Dignore Olaya Hernández (madre de la directora, fue absuelta); la psicóloga Jennifer Stefania Salcedo; las enfermeras Yenny Carolina Camelo Osorio (Q. E. P. D., falleció en marzo de 2020 en la ciudad de Manizales) y Paola Andrea Tique Vera; y los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flores Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao, Ángel Duván Serna Molina (condenado a 8 años y 39 días en 2018 mediante preacuerdo con la Fiscalía) y Edison Jaber Calderón Espitia.La institución, ubicada en el barrio La Pola de Ibagué y dedicada a la atención especializada de menores con discapacidad mental o condiciones psicosociales, quedó en el centro de una investigación que reveló presuntos episodios de maltrato y sometimiento.Uno de los elementos que tomó fuerza durante la investigación fueron las denuncias sobre las llamadas contenciones físicas, procedimientos que, según la Fiscalía, debían contar con autorización médica especializada.En el proceso se estableció que algunas de esas prácticas habrían sido realizadas sin la autorización correspondiente. Incluso se investigó la elaboración de órdenes con contenido falso para justificar determinadas inmovilizaciones.Uno de los primeros resultados judiciales llegó en 2018, cuando Ángel Duván Serna Molina, quien trabajaba como formador en la institución, aceptó mediante un preacuerdo su responsabilidad por los hechos investigados. La justicia le impuso entonces una pena de ocho años, un mes y nueve días de prisión.La Fiscalía señaló en ese momento que Serna Molina había participado en 129 procedimientos de contención considerados inhumanos dentro de la investigación.
La Selección Colombia parte como favorita para el amistoso frente a México, según el análisis del periodista mexicano Gustavo Mendoza, de ESPN, quien habló en Blog Deportivo sobre el encuentro que marcará el inicio de la era de Rafa Márquez al frente del combinado azteca. Aunque el comunicador reconoció que México afrontará el compromiso con expectativas moderadas en cuanto al resultado, señaló que el equipo colombiano llega con una ventaja por la continuidad del proceso que lidera Néstor Lorenzo.Mendoza explicó que una de las razones para considerar favorito a Colombia es el antecedente más reciente entre ambos seleccionados, especialmente el triunfo 4-0 conseguido por la tricolor cuando México era dirigido por Javier Aguirre. A esto se suma que, en su opinión, el equipo colombiano mantiene una estructura de trabajo más consolidada, pese a las ausencias de varios futbolistas que estuvieron en el Mundial y que no harán parte de esta convocatoria.“Simplemente no se nos borra de la mente el 4 a 0 de Colombia con Javier Aguirre”, afirmó el periodista.Mendoza también señaló que la situación es diferente para México, debido a que este partido representa el comienzo de una nueva etapa con Rafa Márquez, quien asumió el cargo después de la salida de Aguirre y todavía está implementando sus ideas en el equipo nacional.Las ausencias de MéxicoEl periodista mexicano también puso sobre la mesa las bajas que tendrá su selección para el compromiso. Julián Quiñones y Raúl Jiménez no estarán disponibles por lesión, mientras que Edson Álvarez atraviesa una situación que le impide participar. Además, la convocatoria tuvo una particularidad: el cuerpo técnico solamente pudo llamar inicialmente a dos jugadores por club, situación que afecta especialmente a Chivas, equipo que constituye una de las bases del seleccionado mexicano.“México arranca de cero”, aseguró al explicar su percepción sobre el proceso de Márquez, aunque aclaró que espera que el exdefensor consiga potenciar al seleccionado mexicano.El partido entre ambas selecciones será este sábado, 26 de septiembre, desde las 8:00 de la noche.
La llegada de Joaquín Gutiérrez a la presidencia de Ecopetrol abre una nueva etapa para la compañía y desde el Congreso ya advierten cuáles serán los principales desafíos de su administración.Aumentar las reservas y la producción, garantizar el abastecimiento de gas, fortalecer las finanzas y definir el futuro de la transición energética están entre las prioridades señaladas por senadores y representantes.Recuperar las finanzas y la confianza en EcopetrolUno de los primeros desafíos planteados desde el Congreso está relacionado con las finanzas y el gobierno corporativo de la compañía. Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, aseguró que Gutiérrez tendrá que recuperar las finanzas de Ecopetrol, pero también fortalecer la confianza y el gobierno corporativo.“Recibe una empresa con un debilitamiento económico lamentable. En el gobierno Petro las utilidades de Copetrol cayeron en un 72%. Al doctor Gutiérrez, de la mano de la junta directiva, le corresponderá recuperar, además de las finanzas, la confianza y el gobierno corporativo, retomar el negocio de la producción de gas natural y de petróleo”, aseguró Espinal.La senadora María Clara Posada también puso el foco en la rentabilidad y los costos. Según explicó, Ecopetrol venía de tres años de caída de utilidades hasta 2025 y, aunque los resultados mejoraron en 2026 por los precios internacionales, considera necesario que la compañía pueda mantener su rentabilidad incluso ante un escenario de menores precios del crudo.“El gobierno corporativo, que es determinante el fortalecimiento de la institucionalidad. Después de las controversias investigaciones de los últimos años, hay un desafío importante en recuperar la credibilidad, fortalecer controles y demostrar independencia en las decisiones para que no se afecte la inversión”, señaló Posada.Petróleo: aumentar reservas y volver a impulsar la exploraciónLa recuperación de las reservas y la producción de hidrocarburos aparece como otro de los principales retos.El senador Ariel Ávila, integrante de la Comisión Quinta, aseguró que la exploración y explotación petrolera deberá volver a convertirse en una prioridad.“El tema de exploración y explotación petrolera. Ese, en el gobierno de Gustavo Petro no fue una prioridad, por tanto, aquí se requiere esa prioridad para aprovechar los precios altos que tenemos en este momento del petróleo, que el barril de Brent está entre los 97 a 102, 103 dólares, el WTI 3, 4 dólares más barato, y eso, pues permitiría a la empresa despegar”, subrayó Ávila.Espinal también planteó aumentar la producción nacional de petróleo y defendió retomar el fracking como una alternativa para fortalecer las reservas probadas de petróleo y gas del país.A esta petición se sumó el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, quien aseguró que la nueva administración tiene la tarea de concentrarse en aumentar el valor de la compañía.“Colombia no puede darse el lujo de perder sus reservas ni de depender cada vez más de las importaciones”, afirmó Barguil, quien sostuvo que el país necesita una compañía “fuerte, eficiente y estratégica para la seguridad energética”.Gas: garantizar el abastecimiento y llevar los descubrimientos a producciónEl gas es otro de los asuntos que genera preocupación entre integrantes del legislativo.El representante a la cámara Alejandro de la Ossa, señaló que uno de los retos será lograr que los descubrimientos de gas del Caribe dejen de ser únicamente recursos encontrados y lleguen efectivamente a producción. Para ello, considera necesario resolver asuntos de infraestructura, licenciamiento y relacionamiento con las comunidades.El senador Miguel Ángel Barreto también advirtió sobre el riesgo de un racionamiento de gas y pidió acelerar la entrada de nueva oferta nacional.“Necesitamos, de manera urgente, explorar y explotar gas en nuestro país. Necesitamos solucionar el tema de las consultas previas y las licencias ambientales. Necesitamos que los nuevos proyectos ingresen de manera inmediata, como el proyecto Sirius de la costa Caribe de nuestro país”, aseguró.Por otro lado, el senador Marcos Daniel Pineda también puso entre las prioridades reducir la dependencia del gas importado, que según aseguró, ha aumentado hasta un 30%.Ariel Ávila también alertó sobre las necesidades de abastecimiento durante los próximos años, especialmente ante la incertidumbre internacional y los retrasos que, según señaló, enfrentan proyectos de regasificación.¿Cómo continuará la transición energética?El futuro de la transición energética es otro punto sobre el cual el Congreso pone la mirada.El senador Kevin Paz, defendió que Ecopetrol mantenga su carácter público mayoritario y continúe transformándose de una compañía exclusivamente petrolera hacia una empresa productora de diferentes energéticos.“Petróleo, gas, energía solar, eólica, hidrógeno blanco, gris, azul y verde, e iniciar la explotación de de geotermia, cuyos pilotos ya están diseñados. Igualmente, considero importante que la empresa mantenga en su junta directiva la participación de los trabajadores”, planteó Paz.Mientras tanto, De la Ossa aseguró que el desafío será desarrollar nuevas fuentes de energía sin debilitar de manera anticipada la producción de petróleo y gas que todavía requiere Colombia y que, además, puede generar los recursos necesarios para financiar esa transición.Cuestionamientos al nombramiento de Joaquín GutiérrezMás allá de los desafíos que tendrá la nueva administración, desde algunos sectores del Congreso también surgieron cuestionamientos sobre la elección de Gutiérrez.El representante José Luis Bohórquez, del Pacto Histórico, cuestionó su experiencia específica en hidrocarburos.“No hay idoneidad del señor para el cargo. El señor es especialista en la gerencia de proyectos de telecomunicaciones, es especialista en derecho a las telecomunicaciones, es especialista en servicios de la salud. Y en Ecopetrol, pues ni telecomunicaciones ni salud, sino que es hidrocarburos, gas, petróleo, entre otras cosas”, afirmó Bohórquez.El representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde, también cuestionó la cercanía entre el nuevo presidente de Ecopetrol y el presidente Abelardo de la Espriella.“Cuando el cargo más importante de la empresa se entrega al jefe de campaña del presidente, pues el mensaje que Ecopetrol se reparte como botín electoral es muy grave. Eso lo criticamos con Petro y con Roa, y lo criticamos igual hoy. Abelardo De La Espriella llegó diciendo que iba a devolverle la técnica a Ecopetrol después del caso Roa, y eso resulta ser falso. Y lo primero que hace, pues es repetir exactamente el mismo patrón”, aseguró.Mientras tanto, desde el Centro Democrático, el representante John Jairo Berrío defendió la experiencia administrativa y empresarial de Gutiérrez.“Esos mismos que lo cuestionan, se les olvidó que Petro nombraba bachilleres de ministros y hasta directores del DPS. Hay que hacer buena memoria. Esperemos que este señor arranque y a ver cómo le va. Yo le auguro mucho éxito”, afirmó.Por su parte, el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, también señaló que Gutiérrez no cuenta con experiencia directa en el sector petrolero, pero destacó que Ecopetrol tiene en su interior trabajadores con conocimiento técnico y experiencia.“Necesitamos un ecopetrol que siga generando utilidades, que siga generando riqueza. Eso es lo que te va a hacer. Y el fracking es más el costo de la operación que la ganancia que genera”, agregó Ocampo.
En las imágenes conocidas por Blu Radio se observa a Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, esposado y escoltado por agentes de Interpol y uniformados de la Policía, mientras es trasladado para su extradición a los Estados Unidos. En una de las imágenes, aparece firmando documentos durante el procedimiento judicial relacionados con su extradición, mientras que otras registran su salida de un vehículo de seguridad y el momento en que era conducido por los agentes antes de continuar con el traslado.La operación comenzó la noche del jueves, cuando salió de la cárcel La Picota hacia CATAM y. posteriormente. fue llevado a Barranquilla. Allí, Interpol formalizó su entrega a agentes de los US Marshals y la DEA. A las 10:39 de la mañana de este viernes 25 de septiembre despegó desde el Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el avión Falcón 2.000 chárter que lo lleva a territorio estadounidense.Con el despegue de la aeronave terminó un operativo que comenzó desde la noche del jueves en Bogotá y que incluyó su salida de la cárcel La Picota, un traslado bajo fuertes medidas de seguridad hasta CATAM, un primer vuelo hacia Barranquilla y, finalmente, su entrega judicial a las autoridades de Estados Unidos.Antes de abandonar territorio colombiano, Interpol realizó en Malambo la entrega formal de ‘Araña’ a personal de los US Marshals y la DEA, que desde ese momento asumió su custodia. El procedimiento contó con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella, quien estuvo al frente del protocolo entre las autoridades colombianas y estadounidenses.Las imágenes también muestran el momento en el que ‘Araña’ es sacado de un vehículo de la Policía bajo una estricta escolta. El peligroso cabecilla aparece con chaleco táctico y casco, mientras varios uniformados de la Dijín e Interpol rodean cada uno de sus movimientos.En otra de las fotografías se observa al detenido frente a una mesa, firmando documentos mientras permanece esposado de pies y manos y custodiado por los agentes, en lo que corresponde a parte del protocolo previo a su entrega a las autoridades estadounidenses.La extradición había sido autorizada previamente, pero su entrega permaneció suspendida mientras Rojas participaba como representante de los Comandos de Frontera en los diálogos de paz del Gobierno de Gustavo Petro.El 26 de agosto de 2026, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó hacer efectiva la entrega, junto con la de otros cuatro integrantes de estructuras criminales, al señalar que no se habían acreditado aportes verificables al proceso de paz.Estados Unidos lo acusa de conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo; según el Departamento de Justicia de ese país, la acusación sostiene que habría participado en un acuerdo para distribuir cocaína destinada a ser introducida ilegalmente en Estados Unidos y que habría proporcionado apoyo de valor a personas u organizaciones vinculadas con actividades terroristas.
