Las labores de búsqueda de personas desaparecidas en el sector de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, continuarán con una sexta fase de intervención que se concentrará en un área ampliada por la Jurisdicción Especial para la Paz.El anuncio fue realizado por el magistrado Gustavo Salazar durante una nueva audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que protegen este lugar del occidente de Medellín, considerado uno de los principales escenarios de búsqueda humanitaria del país.El magistrado informó que la quinta fase de excavaciones está próxima a concluir a finales de agosto, luego de que desde el inicio de las intervenciones ordenadas por la JEP se hayan removido más de 63.000 metros cúbicos de tierra y escombros.Como resultado de ese trabajo han sido recuperados siete cuerpos, seis de ellos correspondientes a personas que residían en la Comuna 13 y el corregimiento San Cristóbal, mientras que el séptimo pertenece a una víctima del nororiente de la ciudad.La siguiente etapa se desarrollará principalmente en el polígono cuya extensión fue ampliada por la JEP en mayo de 2025 y podría contar, según el magistrado Salazar, con apoyo adicional."Nosotros esperamos que dure entre nueve meses y un año. Nosotros tenemos el personal asignado que son dos equipos forenses plenos por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, y hay un equipo forense que ha ofrecido la unidad de búsqueda. Estamos viendo en qué zona o de qué manera se articularía con la con la Jurisdicción", señaló.De acuerdo con versiones entregadas por exintegrantes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, en la zona priorizada para la sexta fase habrían sido sepultadas hasta 50 personas, dentro de un universo de cerca de 500 desaparecidos que son buscados por sus familias tras operaciones de la fuerza pública entre 2002 y 2004."Lo que señala el bloque Cacique de Nutibara es en primer lugar que podría encontrarse en esa zona específica alrededor de 50 o 60 personas. Sin embargo, el hallazgo de una persona proveniente del sector nororiental de la ciudad de Medellín abre una pregunta enorme y es, ¿cuántas otras personas de la ciudad de Medellín fueron enterradas allí?", advirtió.Según detalló Salazar, los objetivos fundamentales de la reciente diligencia están encaminados en verificar avances para la construcción de la ruta de memorialización ordenada en la zona a cargo de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, así como la disponibilidad presupuestal para garantizar la continuidad en las labores de búsqueda en los próximos meses.
El cuerpo de un joven obrero de 23 años al momento de los hechos, padre de una niña de un año, fue entregado en las últimas horas a su familia, convirtiéndose así en la séptima víctima de desaparición forzada hallada en La Escombrera, de la comuna 13 de Medellín.De acuerdo con las investigaciones de la justicia ordinaria y los señalamientos de las víctimas, el hombre fue desaparecido en septiembre de 2002 por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.El cuerpo fue encontrado el 25 de septiembre de 2025 por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la JEP, como parte de la intervención que desarrolla este tribunal en La Escombrera. Un aspecto que llama la atención de este caso es que el joven es la primera víctima identificada en La Escombrera que vivía en el sector oriental de Medellín, distante de la Comuna 13, lo que corrobora lo afirmado por las mujeres buscadoras que continuamente señalaron la posibilidad de que el grupo señalado como responsable operaba también en otras zonas de la ciudad.Según expuso la JEP, los indicios recopilados indican que las siete víctimas halladas hasta ahora en La Escombrera habrían sido desaparecidas por el Bloque Cacique Nutibara de ese extinto grupo, entre junio y octubre de 2002. Estos hallazgos coinciden con la información documentada por la Jurisdicción, que señala que el segundo semestre de ese año fue el período con mayor ocurrencia de desapariciones forzadas en la historia de la capital antioqueña.Ante los recientes hallazgos, la JEP reiteró la necesidad de continuar las labores de búsqueda, ante la posibilidad de que el número de personas desaparecidas e inhumadas en este sector sea mayor, como lo han señalado las víctimas y las organizaciones que solicitaron las medidas cautelares y que acompañan la intervención forense.Por ahora, la Jurisdicción continúa con las labores de intervención forense en La Escombrera, que ya completan 20 meses. Durante este tiempo, se han removido más de 62.000 metros cúbicos de tierra, lo que ha permitido el hallazgo de siete víctimas de desaparición forzada.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
A un año del hallazgo de cuerpos en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, Margarita Restrepo, madre de Karol Vanessa, desaparecida en 2002 con 17 años, aseguró que el proceso ha estado marcado por sentimientos opuestos. “Fue una alegría muy grande, pero también una pérdida”, expresó al recordar ese momento.Restrepo afirmó que las excavaciones permitieron visibilizar un daño histórico oculto durante años. De manera indirecta, señaló que el dolor de las familias empezó a emerger junto a la tierra removida. “Empezó a brotar todo el daño que se hizo a la naturaleza, llevándose sueños”, dijo.La madre buscadora sostuvo que los hallazgos también significan una reivindicación para quienes insistieron durante décadas. “Ha sido un logro muy importante demostrar y reafirmar que nosotras no éramos locas”, afirmó, al destacar que ya se han encontrado siete cuerpos, aunque no correspondan a mujeres de su colectivo.Según explicó, La Escombrera sigue siendo un punto clave para la verdad y la memoria en Medellín. De forma directa, indicó que en el lugar se buscan 502 cuerpos de personas desaparecidas en 2002. “Aquí tiene que seguir hablando la tierra”, insistió al pedir continuidad en las labores.Restrepo relató que la desaparición forzada es una experiencia que solo deja dolor y desgaste. “La desaparición forzada no tiene nombre”, dijo, al recordar años de trámites en Fiscalía y Medicina Legal sin respuestas claras, incluso con la pérdida de documentos clave como la foto de su hija.Tras 23 años de búsqueda, la mujer aseguró que hoy existe una esperanza distinta. De manera indirecta, afirmó que los mecanismos creados tras el Acuerdo de Paz fortalecieron los procesos de búsqueda y el acompañamiento a las familias que aún esperan verdad.También cuestionó la falta de resultados en intentos anteriores de intervención en el sitio. “Donde la Fiscalía hubiera tenido buena voluntad política, hubiéramos logrado algún hallazgo acá en La Escombrera en 2015”, sostuvo al referirse a procesos que no avanzaron.Finalmente, defendió la memoria como una herramienta fundamental para la sociedad. Recordó el impacto que tuvo la censura de un mural en honor a las víctimas y el papel simbólico de estas expresiones. “Quien no conoce la historia está expuesto a repetirla”, concluyó, al pedir respeto por una memoria que sigue siendo vulnerada.
Medellín destinará $4.800 millones en 2026 para continuar la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera. A pesar de que el Gobierno nacional no ha designado recursos, la Alcaldía destacó que que ya ha invertido $9.800 millones entre 2024 y 2025 en medidas técnicas y humanitarias para estas laboresTras el hallazgo este año de siete cuerpos de víctimas de desaparición forzada en La Escombrera, en varias intervenciones allí en el polígono priorizado por la JEP, la Alcaldía de Medellín anunció la destinación de $4.800 millones para el año 2026.Con esta decisión, la administración busca garantizar la continuidad del trabajo que realizan las madres buscadoras, quienes llevan años acompañando los procedimientos en la zona y ha reiterado la importancia de la articulación entre las autoridades, que son la Administración municipal, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.“Lidera y prioriza la inversión de más de 4800 millones para el 2026 en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Las Combreras. Respaldamos a las madres buscadoras, respaldamos la jurisdicción especial para la paz y respaldamos la unidad de búsqueda. Garantizamos los derechos humanos de las buscadoras”, resaltó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia.Entre 2024 y 2025, el Distrito ha invertido más de $9.800 millones en la implementación de medidas integrales en este sitio. Estos recursos han permitido asegurar condiciones técnicas y humanitarias para las intervenciones, así como maquinaria, logística para los campamentos y acompañamiento psicosocial y médico a las mujeres que participan en la búsqueda.El Auto SAR del 21 de agosto de 2025, emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz, vinculó al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior al trámite cautelar para garantizar la sostenibilidad financiera e institucional de los trabajos en La Escombrera. No obstante, hasta ahora el Gobierno Nacional no ha asignado los recursos solicitados como parte de esa medida, indicó la Alcaldía.
El magistrado del Tribunal para la Paz de la JEP, Gustavo Salazar, confirmó que La Escombrera en Medellín debe ser entendida como un sitio de inhumación múltiple. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, afirmó que este lugar "claramente es una fosa".Explicó que "una fosa es básicamente una inhumación de varias personas, de varios cuerpos y eso ya es la característica central de la de La Escombrera”, con el hallazgo de siete cuerpos, que es lo que llevan hasta el momento.Los hallazgos se centran en el llamado "suelo histórico". El magistrado detalló que el periodo crítico de desaparición se extiende "entre el mes de junio de 2002 y diciembre del 2012". Cuatro de las víctimas ya identificadas corresponden a personas desaparecidas "entre los meses de julio y octubre del año 2002".Los testimonios recabados por la JEP, provenientes de paramilitares, victimarios, víctimas y habitantes de la zona, indican una escala trágica: "Estamos hablando más o menos de 130 víctimas para el periodo más crítico y hasta ahora hemos hallado siete", dijo.El cuerpo más reciente ubicado pertenece "a un hombre joven". Salazar destacó que las siete víctimas son "personas muy jóvenes, salvo una que estaba en los 30 años”, pero según añadió, todos están alrededor de los 17 y los 27 años.Respecto a la identificación de los restos, resaltó la eficiencia del proceso en Colombia. Mencionó que el Instituto Nación de Medicina Legal, que es el que procede con la identificación, “está haciendo un trabajo que ha sido récord en el país".Mientras que la identificación normal puede demorar "6 meses, un año o muchas veces dos años", la JEP ha logrado reducir el tiempo a "un promedio de 2 meses en la identificación de los cuerpos". El magistrado espera que el cuerpo más reciente se logre identificar "en un periodo y unas semanas".Esta rapidez se debe a dos factores principales: el buen estado de los restos óseos, que permite la extracción de ADN y un "perfilamiento genético muy alto", y la existencia de un banco genético de alta calidad."Tenemos un banco genético de altísima calidad," afirmó Salazar, añadiendo que "simplemente el ADN tiene con que confrontarse y por eso logramos procesos bastante rápidos". Además, insistió en que "los equipos forenses de Colombia son de altísimo nivel”.En cuanto al futuro del sitio, la JEP ya emitió una orden para la memorialización que implicará una redefinición total de su uso. La concesión minera existente sobre La Escombrera deberá "suspender”, en su concepto, la explotación de gravas y arenas en ese polígono.Salazar explicó que se está iniciando el proceso de definir qué sucederá allí y "cómo se incorpora al proceso de la Comuna 13". Las discusiones incluyen la destinación del lugar, barajando opciones como "un museo, una iglesia o un monumento”.
En medio de las tensiones que en los últimos meses han involucrado a la Jurisdicción Especial de Paz y a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos en relación con las labores forenses en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, se mantiene la expectativa por el cumplimiento de un fallo de tutela que ordena a esta entidad del Sistema Transicional reintegrarse a estas tareas que avanzan en el occidente de la ciudad.La decisión conocida a finales de agosto, amparando los derechos reclamados como vulnerados por la familia de Arles Edison Guzmán, una de las víctimas de desaparición durante la operación Orión, entre otros asuntos, instó a “convocar de manera inmediata a una mesa técnica con la Unidad de Búsqueda para que se coordine la participación de dicha entidad en el Plan de Intervención Forense en ejecución actual”, espacio que sigue siendo esperado por parte de la institución como lo indicó su directora, Luz Janeth Forero."Estamos justamente a la espera de la mesa técnica, y por eso para nosotros fue clave venir a observar el polígono, a observar cómo va la excavación para tener muchos insumos para cuando se convoque la mesa técnica", resaltó Forero.La funcionaria resaltó que al recuperar el derecho de acceso a la zona que goza de medidas cautelares, quieren realizar inspecciones en terreno para conocer la actualidad del proceso que sigue liderando el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la JEP, pero tras un intento este 18 de septiembre el ingreso les fue negado.“El ingreso fue condicionado, por parte del despacho relator, al cumplimiento de requisitos que, además de no estar previstos en las órdenes emitidas por el mismo despacho, desconocen y vulneran el carácter humanitario y extrajudicial de la Entidad”, destacaron en un pronunciamiento oficial.Al margen de esta situación, en caso de definirse cómo será su participación tras la mesa técnica, Forero indicó que ya la Unidad de Búsqueda cuenta con un grupo técnico."Entendemos que hay análisis que seguramente el despacho relator tiene que hacer de manera precisa pues para este reinicio. No obstante, nosotros como unidad sí nos estamos preparando, ya tenemos constituido por ejemplo nuestro equipo forense el que abordará de manera directa el trabajo en este lugar", añadió la funcionaria.Hay que recordar que un auto de la JEP de la misma fecha, del 21 de agosto, emitido por parte de la Sección de Primera instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, también prorrogó las medidas cautelares en La Escombrera por 12 meses, hasta inicios de octubre de 2026. Allí se han hallado seis cuerpos.
En medio de las tensiones de los últimos meses entre la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas durante las labores que se adelantan en La Escombrera de la comuna 13, una decisión de segunda instancia de la Sala de Apelación del Tribunal para la Paz, del 21 de agosto de 2025, decidió amparar los derechos reclamados como vulnerados por la familia de Arles Edison Guzmán, una de las víctimas de desaparición durante la operación Orión.Por esta razón, la JEP resolvió “convocar de manera inmediata a una mesa técnica a la UBPD para que se coordine la participación de dicha entidad en el Plan de Intervención Forense en ejecución actual, mediando la articulación entre la UBPD y el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, y sus equipos forenses”.La determinación de la institución judicial fue recientemente celebrada por parte de la Unidad de Búsqueda, desde donde destacaron que ella exalta el rol de autoridad en materia de búsqueda que les compete y el derecho de las familias que esperan respuestas del Estado sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos desaparecidos en hechos relacionados con el conflicto armado."Es una sentencia histórica en la medida en que nos permite reivindicar la misionalidad humanitaria y extrajudicial de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Ayuda también a insistir en la necesaria articulación que las entidades del Sistema Integral de Paz debemos tener", explicó Carlos Hernán Marín Arias, subdirector general de la UBPD.En medio de la importancia para las víctimas que tendría el retorno de una entidad como la Unidad Búsqueda para las acciones en La Escombrera, inclusive en un nuevo polígono tras el hallazgo de seis cuerpos, la decisión aún tiene algunos pendientes.Esto por un auto de la misma fecha, 21 de agosto, emitido por parte de la Sección de Primera instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento que prorrogó las medidas cautelares en La Escombrera por 12 meses, hasta inicios de octubre de 2026.El punto que podría generar un choque con el fallo de tutela tiene que ver con la determinación del auto de “mantener el cerramiento y la prohibición de intervención de cualquier persona o el desarrollo de cualquier actividad diferente a la adelantada por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en el sitio correspondiente al “Polígono nuevo””.Blu Radio conoció que está en evaluación el conjunto de las órdenes, las implicaciones de cada una de ellas y de qué manera, en conjunto con la Unidad de Búsqueda, se puede dar cumplimiento a la sentencia de tutela.
Familiares de desaparecidos en la comuna 13 de Medellín rechazaron la exclusión de la Unidad de Búsqueda de las labores en La Escombrera. Tres organizaciones pidieron articulación entre la Jurisdicción Especial para la Paz y esta entidad humanitaria, a propósito de que se cumplió un año de intervención en el que han sido hallados seis cuerpos.En julio de 2024 un acto simbólico dio inicio a la la intervención forense en La Escombrera, lugar emblemático de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín y en el que desde entonces han sido hallados seis cuerpos, cuatro hombres y una mujer, por lo que las familias buscadoras reiteraron la importancia de que las labores continúen allí.Aunque desde ese acto hace un año se mostró como una intervención conjunta entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, hoy en día hay un distanciamiento entre las entidades, lo cual se materializó desde el 31 de marzo, cuando esta última indicó no poder continuar con maquinaria amarilla en el sitio por falta de recursos. Esto no fue el primer desacuerdo. Ocurrió con el primer hallazgo en enero de este año, con el primer comunicado que no fue conjunto por diferencias entre las entidades.Ante esto, en un pronunciamiento del Movice, la Corporación Jurídica Libertad y Mujeres Caminando por la Verdad indicó que se requiere una coordinación real y continua con esta entidad. “Manifestamos que no estamos de acuerdo con la exclusión de la UBPD del proceso de búsqueda en La Escombrera. Esta desarticulación institucional ha implicado una acción con daño, genera frustración y desconfianza de las familias en la institución”, indica el comunicado. “Anteriormente teníamos mucha desconfianza en todas las instituciones por todos los hechos que nos han pasado y ver nuevamente esta desconfianza y es también una acción con daño porque ya hemos empezado a recuperar esa confianza. Término de participación, a nosotros nunca nos han impedido la entrada a este lugar”, dice Luz Elena Galeano, vocera de las familias con personas desaparecidas se refirió a este punto.Indicaron que los desafíos son múltiples y urgentes, como garantizar continuidad técnica, política y financiera, ampliar la intervención al nuevo polígono de la fase VI, avanzar en la identificación de los dos cuerpos hallados recientemente y fortalecer la coordinación JEP–UBPD. Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica libertad, manifestó que la búsqueda es responsabilidad del Estado, por lo cual entre más entidades lo ejecuten mejor, más allá de la discusión de si es judicial (sus hallazgos pueden ser utilizados para judicializar a los responsables) o extrajudiciales (de carácter humanitario).“Lo que hemos planteado es que puede haber una articulación y una complementariedad. Entonces, a nosotros nos parece que esa es una discusión que no debería darse. Por eso llamamos a la articulación. Nosotros creemos que no hay ningún problema entre el trabajo judicial que hace la JEP y el trabajo extrajudicial que es el UBPD”, aseveró.Las mujeres buscadoras calificaron como "graves obstáculos" la falta de presupuesto, dificultades técnicas, y ausencia de garantías para las mujeres “que siguen siendo estigmatizadas y señaladas por exigir verdad y justicia para los responsables de los crímenes”.Además, "se necesita justicia. La tierra no solo está hablando de los desaparecidos, también está revelando crímenes atroces, complicidades estatales, torturas, desapariciones y ejecuciones. Está saliendo a la luz la impunidad y el silencio de quienes se beneficiaron de esta violencia".
Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz informó sobre el hallazgo de dos nuevos cuerpos en La Escombrera de Medellín, hecho que eleva a seis las personas desaparecidas que han sido encontradas durante este año en esta denominada fosa común. Esta situación provocó que, desde la capital de Antioquia, se confíe en que se ampliará la búsqueda.Desde la Alcaldía de Medellín indicaron que el proceso que se realiza en esta zona de la ciudad va a continuar contando con el respaldo del Distrito, pero, además, indicaron que esperan que próximamente las autoridades correspondientes tomen la decisión de expandir las labores de campo a otros polígonos.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue enfático en asegurar que la JEP ya tendría información suficiente para que se amplíe la búsqueda a otras zonas de La Escombrera."Vamos a continuar, y como ya lo hemos dicho en las reuniones anteriores, se puede extender la búsqueda a un nuevo polígono de acuerdo a la información también que tiene la JEP. Siempre decir que hay que estar del lado de las víctimas", indicó el mandatario.Por ahora, y como han pedido las familias de las víctimas, se espera que, dentro de las labores que se ejecutan en este sector de la capital de Antioquia, se incluyan cerca de 70 hectáreas más de terreno en donde, presuntamente, habrían personas desaparecidas por el conflicto armado del país.Finalmente, hay que mencionar que, tras los hallazgos en La Escombrera, se realizó la entrega de dos de los cuerpos que han sido encontrados, mismos que corresponden a dos jóvenes que se encontraban desaparecidos desde el 2002.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). De acuerdo con lo informado por el mandatario, la decisión se tomó tras detectarse la modificación del manual de funciones de la entidad para presuntamente facilitar su vinculación al cargo.¿Por qué el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH?Según explicó el presidente De La Espriella a través de sus canales oficiales, el designado director, Camilo Noguera Pardo, quien es yerno del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, adelantó cambios en los requisitos del manual de funciones en coordinación con el director encargado del instituto, Javier Estrada.El jefe de Estado señaló que las modificaciones administrativas se realizaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín. De la Espriella precisó que, aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura con autonomía administrativa, no existe autorización para alterar los reglamentos internos con el fin de favorecer o acomodar aspirantes a cargos públicos.¿Qué medidas administrativas ordenó el presidente De la Espriella?Ante las irregularidades reportadas en la tramitación del nombramiento, el mandatario dispuso la salida inmediata del director encargado de la entidad y la anulación de la designación del nuevo funcionario."Mi instrucción ha sido clara: en el gobierno no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno", aseveró el presidente.El mandatario concluyó que la institucionalidad y los manuales de funciones deben respetarse sin excepción, ratificando que ningún funcionario cuenta con aval para adoptar determinaciones presupuestales o administrativas al margen de los ministerios de cabeza de sector.
Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarmar una red transnacional que esclavizaba a más de 100 colombianos en centros de llamadas en Camboya, informaron este martes fuentes oficiales.La Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), y la Policía de España realizaron tres capturas por orden judicial y dos retenciones por notificaciones rojas de Interpol en las localidades españolas de Zamora y Castellón, como parte de una investigación contra una red de trata de personas vinculada a la 'mafia china' en Asia.La organización criminal, liderada por alias de Jiaxing Ye, se dedicaba a captar ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero para trasladarlos a Camboya y obligarlos a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.Según las investigaciones, la red funcionaba mediante cabecillas financieros y coordinadores internacionales establecidos en Zamora y Castellón, que a su vez coordinaban con reclutadores en Colombia encargados de identificar, captar y trasladar a las víctimas.Los reclutadores buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, a quienes ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, dedicados a la comercialización de criptomonedas.La ruta comenzaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y seguía hacia Tailandia antes de terminar en Phnom Penh, la capital camboyana, o en zonas fronterizas con Vietnam.Una vez en Camboya, los colombianos eran despojados de sus documentos, sometidos a vigilancia armada y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta doce horas en complejos tecnológicos cerrados, con acceso restringido a atención médica.Para recuperar su libertad, la red exigía a las víctimas el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos (unos 9.000 dólares) por los gastos de traslado o que cumplieran al menos seis meses de trabajo forzado.En esos centros recibían una capacitación delictiva denominada "mastereo", mediante la cual eran obligados a llamar a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional para ofrecerles tramitar la cédula digital.Durante las llamadas, los trabajadores inducían a las víctimas a instalar aplicaciones en sus teléfonos móviles, lo que permitía a los miembros de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar a las víctimas hacia Camboya. También están acusadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.Las autoridades también emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de esta red.
A pocas semanas de su regreso a Colombia, la agrupación mexicana Maná presentó mundialmente MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), un especial audiovisual que recoge uno de los conciertos más destacados de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado. El estreno gratuito se realizó el pasado 6 de noviembre, a través del canal oficial de la banda en YouTube, donde permanece disponible para sus seguidores.El lanzamiento, realizado en alianza con YouTube y Warner Music, incluye un espectáculo con producción visual cinematográfica y sonido de alta definición, además de un mini documental que revela la conexión emocional de Fher Olvera con este escenario. Cuando tenía 21 años, el vocalista vivía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con presentarse algún día en el emblemático anfiteatro. Cuatro décadas después, aquel anhelo se convirtió en realidad.El especial reúne algunas de las canciones más representativas de la banda, que ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock en español.Maná prepara su regreso a ColombiaEste lanzamiento sirve como antesala al regreso de Maná al país. El próximo 28 de noviembre, la agrupación abrirá su Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica con un único concierto en Colombia, programado en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. La gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.El repertorio promete clásicos como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.En 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina. Además, fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard, y alcanzó 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.
En el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el Gobierno de Abelardo De La Espriella planteó una transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).La propuesta, incluida en el eje de Patriotismo Constitucional, busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas, recuperar la confianza en sus organismos de inteligencia y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y surge en medio de las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por el uso indebido y otras irregularidades en la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.En el diagnóstico sobre la DNI, el Gobierno identificó problemas operativos y una pérdida de capacidades institucionales y “del enfoque diferencial de la inteligencia civil frente a los demás organismos de inteligencia”, así como “la obsolescencia de material y equipo” y una “rigidez institucional que impide atender las necesidades operacionales”.El documento reconoce además que existe una “limitada comprensión y la distorsión que existen sobre la finalidad, alcance, y controles de las actividades de inteligencia, que hoy afectan la confianza y ponen en duda su credibilidad ante la ciudadanía y las instituciones”.El documento también cuestiona que la inteligencia estatal haya concentrado sus esfuerzos en asuntos coyunturales, en detrimento de los temas estratégicos de seguridad. Para cambiar ese enfoque, propone que la DNI genere “conocimiento anticipativo y prospectivo” que permita “reducir la incertidumbre que generan actores estatales y no estatales”, en particular frente a fenómenos como el crimen transnacional y las disputas por recursos estratégicos.La modernización de la DNI contempla inversiones en “nuevas tecnologías seguras y resilientes para el procesamiento y la analítica masiva de información”. El plan también incluye renovar los medios técnicos y fortalecer el talento humano, con personal profesional y especializado, formación, gestión del conocimiento y mejores condiciones de bienestar.En el ámbito internacional, el Gobierno busca revertir la “tendencia de reducción de la cooperación internacional y su presencia en instancias estratégicas de inteligencia”. Además, pretende posicionar a la DNI como un “proveedor objetivo de análisis para la identificación de prioridades estratégicas y la toma de decisiones del Estado”, con canales de relacionamiento con las instituciones, la academia y la ciudadanía.La segunda transformación se concentra en la UIAF, una entidad también bajo la lupa durante el gobierno anterior. Dicha estrategia responde al plan para desfinanciar las economías ilegales y afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales pues señala que el lavado de activos movilizó “cerca de 169,73 billones de pesos entre 2022 y 2025”, recursos que, según el diagnóstico, alimentan las redes criminales y sus mecanismos de corrupción.Para enfrentar esas operaciones, el Gobierno propone modernizar la capacidad tecnológica de la UIAF, con énfasis en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la analítica avanzada, la inteligencia financiera y la ciberseguridad para enfrentar los “riesgos emergentes derivados de los activos virtuales, las plataformas digitales, las tecnologías financieras y las nuevas modalidades de criminalidad económica”.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".