Solicitudes que desde hace varios meses colectivos de víctimas venían haciendo a la administración de Medellín y entidades del sistema de justicia transicional fueron escuchadas y este viernes, con un acto simbólico para honrar a las víctimas de desaparición, inició la quinta fase excavaciones en la zona de la Escombrera de la Comuna 13.En esta zona al occidente de la ciudad se presume que hay restos de cerca de 140 personas desaparecidas en medio de operaciones militares y acciones paramilitares entre principios de la década de los 80 y del 2.000.El magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, relator de las medidas cautelares en la zona, indicó que se trata de la intervención más ambiciosa de los últimos años donde se esperan remover más de 35.000 metros cúbicos de tierra, una 4 mil volquetas llenas, para lograr hallar restos óseos."Esta intervención es mucho mayor que las otras veces. Anteriormente se habían hecho una serie de tanteos, ocho excavaciones de búsqueda hace año y medio que implicó 800 metros cúbicos de extracción. esta es de otras proporciones, es 40 veces superior", destacó el magistrado.Víctimas que aún esperan encontrar a sus seres queridos se mostraron esperanzadas sobre estas acciones que durarán entre ocho y nueve meses y que contarán con un campamento en el que podrán acompañar las excavaciones y hacer veeduría a los procedimientos."Es un logro muy importante también de nosotras las víctimas por nuestra participación y también trazar esas propuestas y esos diálogos con las instituciones que tienen la competencia en la búsqueda, un logro muy grande para nosotros después de 22 años de lucha y resistencia", explicó Luz Elena Galeano, del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad.El Plan de Intervención Forense va hasta 2025 e incluye acciones de monitoreo, excavación, recuperación y documentación en las que hay una inversión de 2.800 millones de pesos por parte de la Alcaldía de Medellín y de 2.340 millones provenientes de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Tras el final de la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares para la búsqueda de desaparecidos en el sector de La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, la Justicia Especial para la Paz definió una serie de medidas que buscan garantizar agilidad en los procedimientos que permitan cuanto antes la reanudación de intervenciones forenses en la zona donde podrían encontrarse hasta 460 cuerpos sepultados desde hace más de 20 años.Entre las medidas de la JEP y compromisos establecidos entre las entidades implicadas en la búsqueda, se destaca la entrega por parte de la Alcaldía de Medellín, con un plazo máximo del 27 de noviembre, del informe final de geotecnia que define el diseño de excavación para el plan de intervención forense en la zona de interés.De igual manera, la administración deberá iniciar en los siguientes dos días un plan coordinado con otras instituciones como la Unidad de Búsqueda donde queden establecidas las adecuaciones que serán necesarias en el terreno para llevar a cabo la búsqueda. Esto dijo el magistrado Gustavo Salazar, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP."Adoptar como guía el informe de geotecnia contratado por la empresa Moreal S.A. que define el diseño de excavación adecuado a las características del área, el alcalde deberá entregar a la sección el informe final del estudio el día 27 de noviembre de 2023", declaró Salazar.También el magistrado respondiendo a diferentes dudas de las víctimas sobre la continuidad del proceso teniendo en cuenta la llegada de una nueva administración en la ciudad, dispuso que la saliente incluya dentro del empalme que avanza un informe detallado de la medida cautelar y de las obligaciones que quedan."Ordenar al alcalde de Medellín que incluya dentro del empalme con el mandatario elegido para el próximo período constitucional un informe detallado de esta medida cautelar y de las obligaciones a cargo de la entidad territorial deberá remitir a la sección informe del cumplimiento de esta Orden", dijo el magistrado.Luego de terminar las adecuaciones, las instituciones deberán remitir informes mensuales de avance en su gestión iniciando el 20 de diciembre. Estos serán evaluados ampliamente en mesas técnicas que se deben convocar dentro de los 15 días siguientes a la radicación de esos documentos.El alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado, manifestó durante la diligencia que en el presupuesto para el próximo año la Alcaldía ya comprometió cerca de 350 millones para las obras y que hay recursos disponibles para ejecutar toda la intervención, que costaría cerca de 4 mil millones de pesos.Le puede interesar:
Durante la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares para la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, el magistrado de la JEP Gustavo Salazar hizo un llamado de atención al alcalde (e) de Medellín Oscar Hurtado, para que se agilice el estudio de geotecnia que permita iniciar las excavaciones en la zona.Allí, según movimientos de víctimas, se estima que hay 460 cuerpos sepultados en fosas comunes hace 21 años cuando se desplegó la 'Operación Orión'.“Yo le voy a pedir señor, alcalde de verdad que cerremos este informe geotecnia, no puede ser que un informe de Geotecnia que tiene básicamente una recomendación, aquí estuvo el ingeniero, que eran tres obras civiles menores que eran una columnas, canaletas, unos desagües y un tanque nos demoremos dos meses en hacer una revisión”, aseveró el magistrado, SalazarEl alcalde encargado, por su parte, respondió que se están adelantando las acciones pertinentes, concretamente en los estudios de geotécnia. Por su parte, las víctimas manifestaron que la alcaldía quiso exigir un estudio de geotecnia que no les favorecía.“Son unos desagües, unos drenajes, que ya se había dicho que no intervenía para nosotros iniciar la búsqueda y le pedimos a la JEP que sea un poquito más rudo más fuerte que hayan desacatos porque no podemos salir hoy como hemos salido siempre cabizbajas y con las emociones caídas”, manifestó Margarita Restrepo, del movimiento mujeres que caminan por la vida.La directora de la corporación Jurídica Libertad, Adriana Arboleda, pidió además no seguir dilatando este proceso: “La Alcaldía nos sale ahora con que las obras civiles que ordena el estudio geotecnia se demoraría prácticamente otro año más, porque irían desde ahora hasta el 30 de septiembre que costarían 700, 800 millones de pesos eso haría que la intervención Técnico Forense que también cuesta alrededor de de casi 1.000 millones de pesos, o sea que en la práctica no habría forma, o sea, sería un problema, no solamente presupuestal, sino del tiempo”, expresó.Se espera que este mismo martes se den las conclusiones que definirán el futuro de las excavaciones en La Escombrera.Le puede interesar:
La decisión de realizar algunas adecuaciones hidráulicas necesarias en el sector de La Escombrera y que irían hasta finales del segundo semestre de 2024, ha generado rechazo en familiares de victimas de desaparición forzada cuyos restos se presumen se encuentran en esa zona del occidente de Medellín.Por esta razón diferentes colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron un plantón en la plazoleta central de La Alpujarra para exigir una reanudación pronta en las búsquedas, que según se había planteado en una reciente audiencia de la JEP a inicios de octubre, se llevarían a cabo durante noviembre."A nosotros las víctimas para buscar a nuestros desaparecidos nos exigen un estudio geotécnico y ahora lo dilatan diciendo que se neciestan otros canales de desagüe cuando nosotros esperábamos que que La Escombrera se abriera ahora en noviembre ", explicó sobre las decisiones notificadas por la mesa técnica, María Auxilio Arenas, integrante del colectivo Mujeres Caminando por la VerdadDesde los movimientos de victimas también llamaron la atención del gobierno de Medellín entrante frente a su compromiso con las labores de búsqueda, pues aseguran que durante la primera administración de Federico Gutiérrez, entre 2016 y 2019, hubo poco o nulo acompañamiento a estas labores priorizadas por las instituciones creadas tras el acuerdo de paz con las Farc.Le puede interesar:
Diez meses después de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas reinició las excavaciones en la zona de La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín, la Justicia Especial para la Paz ordenó nuevas medidas cautelares de protección por 12 meses sobre los 3.692 metros cuadrados, que hacen parte del nuevo polígono donde se está adelantando la búsqueda, en respuesta a una solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE.El auto del 22 de septiembre del 2023, ordena “a la alcaldía de Medellín y a la Policía Nacional, garantizar el cerramiento del polígono denominado “Polígono Nuevo””, además exige que “supervisen y garanticen su conservación, así como el respeto de las correspondientes prohibiciones, por el término señalado”.De igual forma, la JEP pidió a las instituciones involucradas en la nueva fase de búsqueda, que comprende la remoción de unos 40 mil metros cúbicos de tierra, presentar un cronograma de actividades en la mesa técnica de este proceso cautelar.Finalmente, convocó al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria y a sus secretarios de Gobierno a una audiencia pública el próximo 4 de octubre en la capital antioqueña.Según cifras reveladas por la JEP, entre los años 2001 y 2003 cerca de 200 personas fueron reportadas como desaparecidas en la Comuna 13, con el agravante de que sus familias creen que fueron enterradas en La Escombrera.Le puede interesar:
En la Personería de Medellín se hará un proceso de inspección a los archivos relacionados con el sector de La Escombrera, en la Comuna 13, en el nororiente de la ciudad, luego de que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenara esa revisión.La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó realizar un exhaustivo análisis a los archivos de la Personería de Medellín para avanzar en la recolección de denuncias y datos sobre el accionar de grupos criminales en la Comuna 13 y especialmente en el sector La Escombrera, donde se ha dicho durante muchos años es una fosa común de personas que fueron desaparecidos por paramilitares y milicias, aunque las autoridades nunca han hallado los cuerpos.La inspección a los archivos del ente defensor de derechos humanos tiene como fin identificar posibles sitios de inhumación de víctimas. Al respecto, el magistrado Gustavo Salazar indicó que el objetivo es recolectar “información que pueda ser útil para establecer las dinámicas y patrones de violencia, el universo de víctimas de violencia en relación con el conflicto, así como los posibles lugares de disposición o inhumación de personas presuntamente víctimas de desaparición forzada, por hechos ocurridos en dicho sector para el lapso 2001-2004″.En una audiencia pública, que se realizó recientemente en la JEP, esto dijo el magistrado Raúl Sánchez Sánchez sobre la labor de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP en el caso La Escombrera: “El paso del tiempo destruye la verdad, de todas maneras y es doloroso, implica que haya mucha esperanza y eso es lo que hacemos en la JEP, tratar desde nuestra función judicial de llevar esperanza y hacer el mejor trabajo posible”.El equipo designado por los magistrados y por un delegado de la Fiscalía tiene como misión recopilar para su posterior análisis las investigaciones hechas por la Personería sobre desaparición forzada y violaciones a los derechos humanos entre los años 2001 y 2004.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El secretario de la No Violencia de Medellín, Luis Eduardo Giraldo Lopera, respondió en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, a las declaraciones que dio la directora de la Unidad de Personas desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, sobre los resultados y temas pendientes en el caso de La Escombrera y las incógnitas de la Operación Orión.Monzón dijo que algunos de los que maneja la Unidad de Búsqueda, desafortunadamente, no serán resueltos: “No necesariamente vamos a encontrar a todas las personas, esa es una realidad”.Por su parte, Giraldo mencionó que, en el caso de La Escombrera, Monzón “tuvo algunas imprecisiones” frente al proceso de dilatación por parte de la Alcaldía de Medellín que llegó a advertir.Según explicó, la búsqueda en esa zona requiere de un proceso “técnico y riguroso que plantean los ingenieros”, por eso, solicitaron un estudio geotécnico, pues en el lugar se requiere una intervención diferente a la usualmente implementada en un cementerio.“No se trata de un quiebre o confrontación institucional”, recalcó sobre sus aclaraciones frente a la posición de UBPD.Los 20 años del caso La EscombreraLos escombros se acumulan en la Comuna 13 de Medellín, donde familiares de personas que desaparecieron en el marco de la operación Orión buscan respuestas sobre lo que pasó en aquel entonces.El hallazgo de una sola prenda ya es una pista para empezar a determinar si los restos podrían ser hallados tras décadas de incertidumbre.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
Este viernes reiniciaron las excavaciones en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, con el fin de buscar cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzadas. Varios magistrados de la JEP y funcionarios de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas estuvieron en el lugar, que se presume es una de las fosas comunes más grandes del país.“Tenemos una cifra inicial de 459 personas solo en la Comuna 13 de Medellín. Cerca de 200 estarían entre 2002 y 2003, que fueron los años más altos”, declaró en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Gustavo Salazar, presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas de la JEP.Salazar aseguró que para determinar el polígono de búsqueda se revisaron expedientes y testimonios, así como una sentencia de 2015 que lo establecía. “Hicimos una reconstrucción fotográfica, tomamos fotos aéreas. Logramos comparar cuáles eran las zonas que tenían alteración”, sostuvo el magistrado.En 2015, la Fiscalía hizo en un área del mismo vertedero una intervención forense en la que no se encontraron restos de desaparecidos y causó desazón en la comunidad por su abrupta interrupción.La Escombrera está ubicada en la Comuna 13 de Medellín, que antaño fue uno de los sectores más peligrosos de la capital antioqueña, y es conocida por supuestamente albergar cadáveres de desaparecidos durante la operación Orión, ordenada por el presidente Álvaro Uribe (2002-2010).Entre el 16 y 17 de octubre de 2002 tuvo lugar la operación para acabar con milicias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados.Este operativo se llevó a cabo bajo la declaratoria de Estado de Excepción y, según el informe de la Corporación Jurídica Libertad, 80 civiles resultaron heridos y 92 desaparecieron; hubo 12 torturados y 370 detenciones arbitrarias, además de 71 personas asesinadas por paramilitares - que habrían actuado con ayuda del Estado - y otras 17 catalogadas como "bajas en combate". Le puede interesar:Escuche el podcast El Camerino:
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.