La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
A un año del hallazgo de cuerpos en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, Margarita Restrepo, madre de Karol Vanessa, desaparecida en 2002 con 17 años, aseguró que el proceso ha estado marcado por sentimientos opuestos. “Fue una alegría muy grande, pero también una pérdida”, expresó al recordar ese momento.Restrepo afirmó que las excavaciones permitieron visibilizar un daño histórico oculto durante años. De manera indirecta, señaló que el dolor de las familias empezó a emerger junto a la tierra removida. “Empezó a brotar todo el daño que se hizo a la naturaleza, llevándose sueños”, dijo.La madre buscadora sostuvo que los hallazgos también significan una reivindicación para quienes insistieron durante décadas. “Ha sido un logro muy importante demostrar y reafirmar que nosotras no éramos locas”, afirmó, al destacar que ya se han encontrado siete cuerpos, aunque no correspondan a mujeres de su colectivo.Según explicó, La Escombrera sigue siendo un punto clave para la verdad y la memoria en Medellín. De forma directa, indicó que en el lugar se buscan 502 cuerpos de personas desaparecidas en 2002. “Aquí tiene que seguir hablando la tierra”, insistió al pedir continuidad en las labores.Restrepo relató que la desaparición forzada es una experiencia que solo deja dolor y desgaste. “La desaparición forzada no tiene nombre”, dijo, al recordar años de trámites en Fiscalía y Medicina Legal sin respuestas claras, incluso con la pérdida de documentos clave como la foto de su hija.Tras 23 años de búsqueda, la mujer aseguró que hoy existe una esperanza distinta. De manera indirecta, afirmó que los mecanismos creados tras el Acuerdo de Paz fortalecieron los procesos de búsqueda y el acompañamiento a las familias que aún esperan verdad.También cuestionó la falta de resultados en intentos anteriores de intervención en el sitio. “Donde la Fiscalía hubiera tenido buena voluntad política, hubiéramos logrado algún hallazgo acá en La Escombrera en 2015”, sostuvo al referirse a procesos que no avanzaron.Finalmente, defendió la memoria como una herramienta fundamental para la sociedad. Recordó el impacto que tuvo la censura de un mural en honor a las víctimas y el papel simbólico de estas expresiones. “Quien no conoce la historia está expuesto a repetirla”, concluyó, al pedir respeto por una memoria que sigue siendo vulnerada.
Medellín destinará $4.800 millones en 2026 para continuar la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera. A pesar de que el Gobierno nacional no ha designado recursos, la Alcaldía destacó que que ya ha invertido $9.800 millones entre 2024 y 2025 en medidas técnicas y humanitarias para estas laboresTras el hallazgo este año de siete cuerpos de víctimas de desaparición forzada en La Escombrera, en varias intervenciones allí en el polígono priorizado por la JEP, la Alcaldía de Medellín anunció la destinación de $4.800 millones para el año 2026.Con esta decisión, la administración busca garantizar la continuidad del trabajo que realizan las madres buscadoras, quienes llevan años acompañando los procedimientos en la zona y ha reiterado la importancia de la articulación entre las autoridades, que son la Administración municipal, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.“Lidera y prioriza la inversión de más de 4800 millones para el 2026 en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Las Combreras. Respaldamos a las madres buscadoras, respaldamos la jurisdicción especial para la paz y respaldamos la unidad de búsqueda. Garantizamos los derechos humanos de las buscadoras”, resaltó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia.Entre 2024 y 2025, el Distrito ha invertido más de $9.800 millones en la implementación de medidas integrales en este sitio. Estos recursos han permitido asegurar condiciones técnicas y humanitarias para las intervenciones, así como maquinaria, logística para los campamentos y acompañamiento psicosocial y médico a las mujeres que participan en la búsqueda.El Auto SAR del 21 de agosto de 2025, emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz, vinculó al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior al trámite cautelar para garantizar la sostenibilidad financiera e institucional de los trabajos en La Escombrera. No obstante, hasta ahora el Gobierno Nacional no ha asignado los recursos solicitados como parte de esa medida, indicó la Alcaldía.
El magistrado del Tribunal para la Paz de la JEP, Gustavo Salazar, confirmó que La Escombrera en Medellín debe ser entendida como un sitio de inhumación múltiple. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, afirmó que este lugar "claramente es una fosa".Explicó que "una fosa es básicamente una inhumación de varias personas, de varios cuerpos y eso ya es la característica central de la de La Escombrera”, con el hallazgo de siete cuerpos, que es lo que llevan hasta el momento.Los hallazgos se centran en el llamado "suelo histórico". El magistrado detalló que el periodo crítico de desaparición se extiende "entre el mes de junio de 2002 y diciembre del 2012". Cuatro de las víctimas ya identificadas corresponden a personas desaparecidas "entre los meses de julio y octubre del año 2002".Los testimonios recabados por la JEP, provenientes de paramilitares, victimarios, víctimas y habitantes de la zona, indican una escala trágica: "Estamos hablando más o menos de 130 víctimas para el periodo más crítico y hasta ahora hemos hallado siete", dijo.El cuerpo más reciente ubicado pertenece "a un hombre joven". Salazar destacó que las siete víctimas son "personas muy jóvenes, salvo una que estaba en los 30 años”, pero según añadió, todos están alrededor de los 17 y los 27 años.Respecto a la identificación de los restos, resaltó la eficiencia del proceso en Colombia. Mencionó que el Instituto Nación de Medicina Legal, que es el que procede con la identificación, “está haciendo un trabajo que ha sido récord en el país".Mientras que la identificación normal puede demorar "6 meses, un año o muchas veces dos años", la JEP ha logrado reducir el tiempo a "un promedio de 2 meses en la identificación de los cuerpos". El magistrado espera que el cuerpo más reciente se logre identificar "en un periodo y unas semanas".Esta rapidez se debe a dos factores principales: el buen estado de los restos óseos, que permite la extracción de ADN y un "perfilamiento genético muy alto", y la existencia de un banco genético de alta calidad."Tenemos un banco genético de altísima calidad," afirmó Salazar, añadiendo que "simplemente el ADN tiene con que confrontarse y por eso logramos procesos bastante rápidos". Además, insistió en que "los equipos forenses de Colombia son de altísimo nivel”.En cuanto al futuro del sitio, la JEP ya emitió una orden para la memorialización que implicará una redefinición total de su uso. La concesión minera existente sobre La Escombrera deberá "suspender”, en su concepto, la explotación de gravas y arenas en ese polígono.Salazar explicó que se está iniciando el proceso de definir qué sucederá allí y "cómo se incorpora al proceso de la Comuna 13". Las discusiones incluyen la destinación del lugar, barajando opciones como "un museo, una iglesia o un monumento”.
En medio de las tensiones que en los últimos meses han involucrado a la Jurisdicción Especial de Paz y a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos en relación con las labores forenses en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, se mantiene la expectativa por el cumplimiento de un fallo de tutela que ordena a esta entidad del Sistema Transicional reintegrarse a estas tareas que avanzan en el occidente de la ciudad.La decisión conocida a finales de agosto, amparando los derechos reclamados como vulnerados por la familia de Arles Edison Guzmán, una de las víctimas de desaparición durante la operación Orión, entre otros asuntos, instó a “convocar de manera inmediata a una mesa técnica con la Unidad de Búsqueda para que se coordine la participación de dicha entidad en el Plan de Intervención Forense en ejecución actual”, espacio que sigue siendo esperado por parte de la institución como lo indicó su directora, Luz Janeth Forero."Estamos justamente a la espera de la mesa técnica, y por eso para nosotros fue clave venir a observar el polígono, a observar cómo va la excavación para tener muchos insumos para cuando se convoque la mesa técnica", resaltó Forero.La funcionaria resaltó que al recuperar el derecho de acceso a la zona que goza de medidas cautelares, quieren realizar inspecciones en terreno para conocer la actualidad del proceso que sigue liderando el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la JEP, pero tras un intento este 18 de septiembre el ingreso les fue negado.“El ingreso fue condicionado, por parte del despacho relator, al cumplimiento de requisitos que, además de no estar previstos en las órdenes emitidas por el mismo despacho, desconocen y vulneran el carácter humanitario y extrajudicial de la Entidad”, destacaron en un pronunciamiento oficial.Al margen de esta situación, en caso de definirse cómo será su participación tras la mesa técnica, Forero indicó que ya la Unidad de Búsqueda cuenta con un grupo técnico."Entendemos que hay análisis que seguramente el despacho relator tiene que hacer de manera precisa pues para este reinicio. No obstante, nosotros como unidad sí nos estamos preparando, ya tenemos constituido por ejemplo nuestro equipo forense el que abordará de manera directa el trabajo en este lugar", añadió la funcionaria.Hay que recordar que un auto de la JEP de la misma fecha, del 21 de agosto, emitido por parte de la Sección de Primera instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, también prorrogó las medidas cautelares en La Escombrera por 12 meses, hasta inicios de octubre de 2026. Allí se han hallado seis cuerpos.
En medio de las tensiones de los últimos meses entre la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas durante las labores que se adelantan en La Escombrera de la comuna 13, una decisión de segunda instancia de la Sala de Apelación del Tribunal para la Paz, del 21 de agosto de 2025, decidió amparar los derechos reclamados como vulnerados por la familia de Arles Edison Guzmán, una de las víctimas de desaparición durante la operación Orión.Por esta razón, la JEP resolvió “convocar de manera inmediata a una mesa técnica a la UBPD para que se coordine la participación de dicha entidad en el Plan de Intervención Forense en ejecución actual, mediando la articulación entre la UBPD y el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, y sus equipos forenses”.La determinación de la institución judicial fue recientemente celebrada por parte de la Unidad de Búsqueda, desde donde destacaron que ella exalta el rol de autoridad en materia de búsqueda que les compete y el derecho de las familias que esperan respuestas del Estado sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos desaparecidos en hechos relacionados con el conflicto armado."Es una sentencia histórica en la medida en que nos permite reivindicar la misionalidad humanitaria y extrajudicial de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Ayuda también a insistir en la necesaria articulación que las entidades del Sistema Integral de Paz debemos tener", explicó Carlos Hernán Marín Arias, subdirector general de la UBPD.En medio de la importancia para las víctimas que tendría el retorno de una entidad como la Unidad Búsqueda para las acciones en La Escombrera, inclusive en un nuevo polígono tras el hallazgo de seis cuerpos, la decisión aún tiene algunos pendientes.Esto por un auto de la misma fecha, 21 de agosto, emitido por parte de la Sección de Primera instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento que prorrogó las medidas cautelares en La Escombrera por 12 meses, hasta inicios de octubre de 2026.El punto que podría generar un choque con el fallo de tutela tiene que ver con la determinación del auto de “mantener el cerramiento y la prohibición de intervención de cualquier persona o el desarrollo de cualquier actividad diferente a la adelantada por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en el sitio correspondiente al “Polígono nuevo””.Blu Radio conoció que está en evaluación el conjunto de las órdenes, las implicaciones de cada una de ellas y de qué manera, en conjunto con la Unidad de Búsqueda, se puede dar cumplimiento a la sentencia de tutela.
Familiares de desaparecidos en la comuna 13 de Medellín rechazaron la exclusión de la Unidad de Búsqueda de las labores en La Escombrera. Tres organizaciones pidieron articulación entre la Jurisdicción Especial para la Paz y esta entidad humanitaria, a propósito de que se cumplió un año de intervención en el que han sido hallados seis cuerpos.En julio de 2024 un acto simbólico dio inicio a la la intervención forense en La Escombrera, lugar emblemático de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín y en el que desde entonces han sido hallados seis cuerpos, cuatro hombres y una mujer, por lo que las familias buscadoras reiteraron la importancia de que las labores continúen allí.Aunque desde ese acto hace un año se mostró como una intervención conjunta entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, hoy en día hay un distanciamiento entre las entidades, lo cual se materializó desde el 31 de marzo, cuando esta última indicó no poder continuar con maquinaria amarilla en el sitio por falta de recursos. Esto no fue el primer desacuerdo. Ocurrió con el primer hallazgo en enero de este año, con el primer comunicado que no fue conjunto por diferencias entre las entidades.Ante esto, en un pronunciamiento del Movice, la Corporación Jurídica Libertad y Mujeres Caminando por la Verdad indicó que se requiere una coordinación real y continua con esta entidad. “Manifestamos que no estamos de acuerdo con la exclusión de la UBPD del proceso de búsqueda en La Escombrera. Esta desarticulación institucional ha implicado una acción con daño, genera frustración y desconfianza de las familias en la institución”, indica el comunicado. “Anteriormente teníamos mucha desconfianza en todas las instituciones por todos los hechos que nos han pasado y ver nuevamente esta desconfianza y es también una acción con daño porque ya hemos empezado a recuperar esa confianza. Término de participación, a nosotros nunca nos han impedido la entrada a este lugar”, dice Luz Elena Galeano, vocera de las familias con personas desaparecidas se refirió a este punto.Indicaron que los desafíos son múltiples y urgentes, como garantizar continuidad técnica, política y financiera, ampliar la intervención al nuevo polígono de la fase VI, avanzar en la identificación de los dos cuerpos hallados recientemente y fortalecer la coordinación JEP–UBPD. Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica libertad, manifestó que la búsqueda es responsabilidad del Estado, por lo cual entre más entidades lo ejecuten mejor, más allá de la discusión de si es judicial (sus hallazgos pueden ser utilizados para judicializar a los responsables) o extrajudiciales (de carácter humanitario).“Lo que hemos planteado es que puede haber una articulación y una complementariedad. Entonces, a nosotros nos parece que esa es una discusión que no debería darse. Por eso llamamos a la articulación. Nosotros creemos que no hay ningún problema entre el trabajo judicial que hace la JEP y el trabajo extrajudicial que es el UBPD”, aseveró.Las mujeres buscadoras calificaron como "graves obstáculos" la falta de presupuesto, dificultades técnicas, y ausencia de garantías para las mujeres “que siguen siendo estigmatizadas y señaladas por exigir verdad y justicia para los responsables de los crímenes”.Además, "se necesita justicia. La tierra no solo está hablando de los desaparecidos, también está revelando crímenes atroces, complicidades estatales, torturas, desapariciones y ejecuciones. Está saliendo a la luz la impunidad y el silencio de quienes se beneficiaron de esta violencia".
Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz informó sobre el hallazgo de dos nuevos cuerpos en La Escombrera de Medellín, hecho que eleva a seis las personas desaparecidas que han sido encontradas durante este año en esta denominada fosa común. Esta situación provocó que, desde la capital de Antioquia, se confíe en que se ampliará la búsqueda.Desde la Alcaldía de Medellín indicaron que el proceso que se realiza en esta zona de la ciudad va a continuar contando con el respaldo del Distrito, pero, además, indicaron que esperan que próximamente las autoridades correspondientes tomen la decisión de expandir las labores de campo a otros polígonos.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue enfático en asegurar que la JEP ya tendría información suficiente para que se amplíe la búsqueda a otras zonas de La Escombrera."Vamos a continuar, y como ya lo hemos dicho en las reuniones anteriores, se puede extender la búsqueda a un nuevo polígono de acuerdo a la información también que tiene la JEP. Siempre decir que hay que estar del lado de las víctimas", indicó el mandatario.Por ahora, y como han pedido las familias de las víctimas, se espera que, dentro de las labores que se ejecutan en este sector de la capital de Antioquia, se incluyan cerca de 70 hectáreas más de terreno en donde, presuntamente, habrían personas desaparecidas por el conflicto armado del país.Finalmente, hay que mencionar que, tras los hallazgos en La Escombrera, se realizó la entrega de dos de los cuerpos que han sido encontrados, mismos que corresponden a dos jóvenes que se encontraban desaparecidos desde el 2002.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó este martes el hallazgo de dos nuevos cuerpos en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, donde se adelanta una de las excavaciones forenses más complejas del país. Con este nuevo descubrimiento, ya son seis las víctimas de desaparición forzada encontradas en el lugar, que fue escenario de al menos 34 operaciones militares en el año 2002.El magistrado Gustavo Adolfo Salazar, relator del caso y miembro del Tribunal de la JEP, explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que los hallazgos son el resultado de un minucioso trabajo de excavación que comenzó en julio de 2024 y que ya ha removido más de 43.000 metros cúbicos de tierra, lo equivalente a unas 3.000 volquetas de material.“Estamos hallando los cuerpos en la zona que los testigos y exintegrantes de grupos paramilitares han señalado como lugares de inhumación clandestina del Bloque Cacique Nutibara”, aseguró.El perímetro de búsqueda fue determinado a partir de testimonios de víctimas, exparamilitares y documentos recopilados por la Fiscalía General, así como mediante la reconstrucción satelital del terreno. Los investigadores lograron ubicar puntos clave, como una antigua base paramilitar y una laguna, para establecer con precisión la zona de intervención.Según explicó Salazar, los hallazgos se han hecho siguiendo una especie de “veta geológica” asociada al suelo histórico de los años 2002, 2003 y 2004, periodo en el que se concentran las desapariciones.De los seis cuerpos hallados hasta ahora, cuatro ya han sido identificados y tres entregados a sus familias. Todas las víctimas fueron desaparecidas durante los años más críticos de la Comuna 13, entre el segundo semestre de 2002 y el primero de 2003. El magistrado también destacó la calidad de los equipos forenses colombianos y reveló que los restos encontrados recientemente están en buen estado de conservación, lo que facilitaría su identificación por ADN.“En Colombia, una identificación forense solía tardar hasta dos años. Aquí, gracias al trabajo articulado de Medicina Legal, la Alcaldía de Medellín y la JEP, logramos algunas en apenas seis semanas”, dijo.Salazar confirmó que ya se tienen ubicados otros puntos donde podrían encontrarse más cuerpos. Actualmente, según cifras de la JEP, en Medellín hay más de 5.000 personas desaparecidas, de las cuales 502 corresponden a la Comuna 13. Para el periodo crítico entre 2002 y 2003, se estima que en La Escombrera podrían estar enterradas al menos 70 personas.“Es un trabajo difícil, con un equipo de forenses, obreros, maquinaria, acompañamiento jurídico y psicosocial. Pero los resultados están llegando”, concluyó Salazar.Escuche la entrevista completa aquí:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo un nuevo descubrimiento en La Escombrera, en Medellín. Este hallazgo, realizado por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación de la JEP, se dio en la zona protegida por la medida cautelar, específicamente, en un área ampliada en abril de 2025, a pocos metros de donde ya se habían localizado las primeras cuatro víctimas.Esto eleva a seis el número total provisional de víctimas encontradas en La Escombrera hasta la fecha. Paralelamente a estas excavaciones, los días 14 y 15 de julio, la JEP llevó a cabo la entrega digna de los cuerpos de dos víctimas previamente halladas en enero de 2025, quienes fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente en 2002.Con estas entregas, ya son tres las víctimas identificadas y restituidas a sus familias para que puedan recibir una sepultura digna.Estos importantes descubrimientos se enmarcan en el subcaso Antioquia del caso 08 de la JEP, que tiene como objetivo investigar los crímenes atroces cometidos por la fuerza pública en alianza con grupos paramilitares durante el conflicto armado en Colombia.La labor de la JEP continúa siendo crucial para esclarecer la verdad, garantizar la justicia y aliviar el dolor de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos.
A través de un comunicado oficial, Venezuela lamentó los hechos violentos de los últimos días que han dejado víctimas mortales y graves afectaciones para la población civil en el Catatumbo, según indican en el texto,En el documento, difundido por el canciller Yván Gil en su cuenta de la red social X, el país vecino asegura haber sido “sorprendido” por los recientes acontecimientos y rechazó cualquier acción armada que ponga en riesgo la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas.El pronunciamiento se conoce en medio del deterioro de la situación de orden público en el Catatumbo colombiano, después de que el ELN incendiara un bus en la vía Málaga–Pamplona, un ataque que se suma a otros dos casos registrados durante el último mes en corredores viales estratégicos que conectan a los departamentos de Arauca, Santander y Norte de Santander.Hay que recordar que esta es una región estratégica, considerada uno de los principales corredores del narcotráfico y de operaciones de grupos armados ilegales.“El país ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano y observa con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera”, señala el comunicado.El Gobierno venezolano insistió además en que la paz y la estabilidad regional solo podrán preservarse mediante “mecanismos de entendimiento y respeto mutuo”, evitando acciones que puedan profundizar las tensiones o aumentar los riesgos para las poblaciones fronterizas.
La investigación por la muerte de una madre y su pequeña hija de tres años tomó un rumbo inesperado luego de que las autoridades determinaran que existen serias inconsistencias en la versión entregada por el esposo de la mujer, quien inicialmente aseguró que todo se trató de un accidente.Las víctimas fueron identificadas como Iria Djanira Roman Costa Talaska, de 36 años, y María Laura Roman Talaska, de apenas tres años. Sus cuerpos fueron encontrados dentro del automóvil de la familia, que terminó sumergido en el río Paraná, en el municipio de Puerto Rico, en el estado de Paraná, en Brasil.Por estos hechos fue detenido Márcio Talaska, de 38 años, esposo de Iria y padre de la menor. La Policía Civil de Paraná lo considera el principal sospechoso, luego de contrastar su testimonio con imágenes de cámaras de seguridad y con los resultados de la reconstrucción del recorrido realizado la noche de la tragedia.De acuerdo con las autoridades, Márcio aseguró en un primer momento que su esposa era quien conducía el vehículo y que habría perdido el control antes de caer al agua. Sin embargo, la evidencia recopilada apunta a que era él quien estaba al volante.Las grabaciones de seguridad muestran que el trayecto hasta la rampa desde donde el automóvil se precipitó al río duró cerca de ocho minutos. Según los investigadores, durante ese recorrido no hubo señales de desorientación ni indicios de que la familia estuviera perdida, lo que debilitó la hipótesis de un accidente fortuito.Los cuerpos de Iria y de la niña fueron localizados por los bomberos en la madrugada del 3 de mayo. El informe forense concluyó que ambas murieron por ahogamiento, lo que indica que seguían con vida en el momento en que el vehículo cayó al río.Otro elemento clave en la investigación es el comportamiento del sospechoso después del hecho. Según la Policía Civil, Márcio logró salir rápidamente del automóvil y tardó alrededor de un minuto y medio en solicitar ayuda.Horas antes, la familia había asistido a una reunión social. Testigos afirmaron que el ambiente entre la pareja era tenso y que Iria eligió una canción relacionada con una traición amorosa, situación que habría provocado incomodidad y pudo desencadenar una discusión.Aunque no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar, las autoridades analizan si la muerte de Iria puede ser tipificada como feminicidio, mientras que la de la menor es investigada como homicidio.La defensa de Márcio Talaska indicó que sus familiares se encuentran conmocionados por lo sucedido. Entretanto, la Policía continúa reuniendo pruebas para establecer si la caída del vehículo al río fue un acto intencional y no un accidente, como se creyó en un principio.
Habitantes del sector de Colina Campestre y del barrio Santa Helena, en la localidad de Suba, realizaron un plantón para denunciar el presunto relleno ilegal de un predio con escombros y residuos biológicos, situación que, según la comunidad, estaría generando graves afectaciones ambientales y de salud en la zona.La protesta se llevó a cabo en el Bosque Urbano Santa Helena, el martes 12 de mayo, donde vecinos bloquearon el paso de las volquetas que, según denunciaron, ingresan constantemente al terreno para depositar residuos de construcción y demolición.“Todo el tiempo hay polvo, hay olores horribles, todo el tiempo se puede ver cómo se mueven las casas por el paso de volquetas totalmente llenas de escombros”, denunció Laura una de las habitantes del sector.La comunidad afirmó que el terreno lleva cerca de un año siendo intervenido y que inicialmente las personas encargadas de las obras aseguraron que únicamente realizarían labores de limpieza y retiro de maleza. Sin embargo, los residentes denuncian que posteriormente excavaron varios metros de profundidad y comenzaron a rellenar el lugar con basura y escombros.Según los vecinos, al sitio ingresarían incluso hasta dos volquetas por minuto durante gran parte del día. Además, denunciaron presuntas agresiones por parte de trabajadores y contratistas cuando intentan impedir el paso de los vehículos.“Agredieron a una señora de la tercera edad que intentó bloquear el paso de las volquetas y también golpearon a un vecino”, agregó Laura.Ante las denuncias, el alcalde local de Suba, César Salamanca, aseguró que la actividad no cuenta con licencia y anunció medidas contra quienes estarían realizando el relleno del predio.“El lote es privado, pero lo están rellenando sin licencia. La curaduría nos confirmó que no existe permiso para esta actividad”, señaló el mandatario local.Salamanca explicó que actualmente existen 10 expedientes abiertos por este caso y anunció que la Alcaldía Local adelanta el proceso para realizar el sellamiento definitivo de la actividad.Además, indicó que también se revisará la situación de los permisos de movilidad para las volquetas y el impacto que estas han generado sobre las vías del sector.“Esperamos que la comunidad pueda ver la restauración de las vías afectadas y que todo quede como estaba antes de que comenzara esta actividad”, agregó.Salamanca también aseguró que, aunque los responsables del predio argumentaban tener permisos ambientales, la Secretaría de Ambiente habría aclarado que únicamente se emitió un PIN informativo, documento que no autoriza el ingreso, ni disposición de residuos de construcción y demolición en el lugar.
A pocas semanas del cierre de la legislatura, organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y lideresas indígenas encendieron las alarmas por el riesgo de que se hunda el proyecto de ley que busca prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina (MGF) en Colombia.La iniciativa ya superó tres debates en el Congreso y solo le falta una última discusión en la plenaria del Senado. Sin embargo, la congestión legislativa y la prioridad que han tomado otros proyectos, como el de jurisdicción agraria, tienen en vilo su aprobación antes del 20 de junio, fecha en la que termina el actual periodo legislativo.Ante este panorama, catorce organizaciones enviaron una carta urgente a la Mesa Directiva del Senado solicitando que el proyecto sea priorizado en el orden del día de la plenaria de niñez para evitar que se archive por falta de trámite.En la carta, las organizaciones advirtieron que “nos queda poco tiempo” y señalaron que la protección de niñas y adolescentes no puede seguir aplazándose. También recordaron que la mutilación genital femenina constituye una grave violación de derechos humanos y una forma de violencia basada en género que deja consecuencias físicas y psicológicas permanentes.El proyecto de ley busca llenar el vacío jurídico que existe actualmente en Colombia frente a esta práctica, reconocida oficialmente por el Estado desde hace casi 20 años. De acuerdo con cifras citadas por las organizaciones, entre 2020 y 2025 se documentaron al menos 204 casos, de los cuales 177 corresponden a niñas indígenas, especialmente en departamentos como Risaralda y Chocó.Especialistas y defensoras de derechos humanos aseguran que las cifras podrían ser mucho más altas debido al subregistro, especialmente en territorios apartados y comunidades donde la práctica persiste por razones culturales y tradicionales.La iniciativa legislativa propone una política pública integral basada en prevención, atención y producción de información. Entre las medidas contempladas están estrategias pedagógicas en las comunidades, fortalecimiento de los sistemas de registro y creación de rutas claras de atención en salud para niñas y mujeres en riesgo.Uno de los puntos que destacan las organizaciones es que el proyecto tiene un enfoque no punitivo e intercultural, construido con participación y liderazgo de mujeres indígenas. El objetivo, aseguran, es promover el diálogo comunitario y proteger a las niñas sin estigmatizar a los pueblos indígenas ni afrodescendientes.El pasado 7 de abril, la Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad la iniciativa, liderada por la senadora Clara López Obregón. Durante ese debate se reveló que el 56 % de las víctimas registradas son niñas entre los 0 y 5 años de edad y que también se han identificado casos en población afrodescendiente.Las organizaciones firmantes, entre ellas Equality Now, Profamilia, Fundación Plan, la Red Nacional de Mujeres y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, insistieron en que la aprobación de esta ley representaría un hecho histórico para la región, pues podría convertirse en la primera legislación específica contra la mutilación genital femenina en América Latina.Además, recordaron que en noviembre de 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó por primera vez una audiencia pública temática sobre esta práctica en las Américas y pidió a los Estados adoptar marcos normativos sólidos para enfrentarla.“El Senado tiene hoy la oportunidad histórica de convertir el reconocimiento del problema en una respuesta legal efectiva”, señalaron las organizaciones en la carta enviada al Congreso.Si el proyecto no alcanza a ser debatido y aprobado antes del cierre de la legislatura, deberá iniciar nuevamente todo su trámite desde cero en el próximo periodo legislativo.
En un operativo adelantado en el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia, la Policía Nacional capturó a seis personas señaladas por el porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en medio de una redada contra la minería ilegal.Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego tipo revólver, 26 cartuchos, 21 kilogramos de explosivos, 200 detonadores, 20 metros de cordón detonante y un cilindro de gas acondicionado con explosivo que, según las autoridades, representaba un grave riesgo para la población y podría ser utilizado para acciones criminales y terroristas. "Esta actividad operacional se da en el marco del amparo y la protección a un título minero que está siendo presuntamente perturbado por personas que se dedican a la minería ilegal en nuestro país", indicó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que este resultado evidencia la capacidad operativa y violenta de estas estructuras ilegales, así como la importancia de anticiparse a las amenazas para proteger a las comunidades y la infraestructura del territorio.“Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que, con valentía y compromiso, continúan protegiendo a Colombia”, expresó.Golpe a la minería ilegal en CaracolíEn otro operativo realizado en Caracolí, en la subregión del Magdalena Medio, uniformados de la Policía lograron inhabilitar un yacimiento minero ilegal y destruyeron maquinaria utilizada para la extracción ilícita de minerales, afectando de manera directa las capacidades logísticas de estas redes ilegales.Durante la operación fueron destruidas cuatro dragas tipo buzo, una retroexcavadora, ocho motobombas y tres motores generadores de aire, equipos cuyo valor aproximado asciende a 420 millones de pesos.De acuerdo con el ministro Sánchez esta acción impacta las finanzas de quienes buscan enriquecerse mediante actividades ilícitas que destruyen los recursos naturales y afectan la seguridad de las comunidades.“La minería ilegal no solo financia el crimen; también deja graves daños ambientales y sociales. Seguiremos actuando con contundencia para proteger el territorio y defender la legalidad”, afirmó, al tiempo que reiteró su reconocimiento a policías y militares por sostener esta ofensiva.