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Familiares de desaparecidos en la comuna 13 de Medellín rechazaron la exclusión de la Unidad de Búsqueda de las labores en La Escombrera. Tres organizaciones pidieron articulación entre la Jurisdicción Especial para la Paz y esta entidad humanitaria, a propósito de que se cumplió un año de intervención en el que han sido hallados seis cuerpos.
En julio de 2024 un acto simbólico dio inicio a la la intervención forense en La Escombrera, lugar emblemático de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín y en el que desde entonces han sido hallados seis cuerpos, cuatro hombres y una mujer, por lo que las familias buscadoras reiteraron la importancia de que las labores continúen allí.
Aunque desde ese acto hace un año se mostró como una intervención conjunta entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, hoy en día hay un distanciamiento entre las entidades, lo cual se materializó desde el 31 de marzo, cuando esta última indicó no poder continuar con maquinaria amarilla en el sitio por falta de recursos.
Esto no fue el primer desacuerdo. Ocurrió con el primer hallazgo en enero de este año, con el primer comunicado que no fue conjunto por diferencias entre las entidades.
Ante esto, en un pronunciamiento del Movice, la Corporación Jurídica Libertad y Mujeres Caminando por la Verdad indicó que se requiere una coordinación real y continua con esta entidad.
“Manifestamos que no estamos de acuerdo con la exclusión de la UBPD del proceso de búsqueda en La Escombrera. Esta desarticulación institucional ha implicado una acción con daño, genera frustración y desconfianza de las familias en la institución”, indica el comunicado.
“Anteriormente teníamos mucha desconfianza en todas las instituciones por todos los hechos que nos han pasado y ver nuevamente esta desconfianza y es también una acción con daño porque ya hemos empezado a recuperar esa confianza. Término de participación, a nosotros nunca nos han impedido la entrada a este lugar”, dice Luz Elena Galeano, vocera de las familias con personas desaparecidas se refirió a este punto.
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Indicaron que los desafíos son múltiples y urgentes, como garantizar continuidad técnica, política y financiera, ampliar la intervención al nuevo polígono de la fase VI, avanzar en la identificación de los dos cuerpos hallados recientemente y fortalecer la coordinación JEP–UBPD. A
driana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica libertad, manifestó que la búsqueda es responsabilidad del Estado, por lo cual entre más entidades lo ejecuten mejor, más allá de la discusión de si es judicial (sus hallazgos pueden ser utilizados para judicializar a los responsables) o extrajudiciales (de carácter humanitario).
“Lo que hemos planteado es que puede haber una articulación y una complementariedad. Entonces, a nosotros nos parece que esa es una discusión que no debería darse. Por eso llamamos a la articulación. Nosotros creemos que no hay ningún problema entre el trabajo judicial que hace la JEP y el trabajo extrajudicial que es el UBPD”, aseveró.
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Las mujeres buscadoras calificaron como "graves obstáculos" la falta de presupuesto, dificultades técnicas, y ausencia de garantías para las mujeres “que siguen siendo estigmatizadas y señaladas por exigir verdad y justicia para los responsables de los crímenes”.
Además, "se necesita justicia. La tierra no solo está hablando de los desaparecidos, también está revelando crímenes atroces, complicidades estatales, torturas, desapariciones y ejecuciones. Está saliendo a la luz la impunidad y el silencio de quienes se beneficiaron de esta violencia".
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