La Cancillería de Colombia y su Fondo Rotatorio declararon este 17 de septiembre de 2026 la urgencia manifiesta con el objetivo de garantizar, sin interrupciones, el suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, así como de las etiquetas de visa colombiana.
Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado oficial, el servicio de expedición se mantendrá con normalidad tanto en las sedes del país como en los consulados en el exterior. Las citas agendadas conservan su validez y la ciudadanía no requiere realizar trámites adicionales.
Origen de la urgencia manifiesta
La decisión administrativa se tomó en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP del 2 de septiembre de 2026. Esta medida cautelar, proferida dentro de una acción popular, suspendió provisionalmente la ejecución del nuevo modelo de pasaportes.
De acuerdo con lo señalado por la providencia judicial, fue necesario acreditar los soportes fiscales requeridos para vigencias futuras. Asimismo, el tribunal solicitó esclarecer aspectos sobre la planeación, el cumplimiento de cronogramas y el estado real de la operación. Ante esto, la autoridad judicial ordenó adoptar medidas inmediatas para mantener la prestación ininterrumpida del servicio.
Alcance de los nuevos contratos y licitación
Con base en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, la Cancillería acudió a la urgencia manifiesta, una figura jurídica excepcional que autoriza contrataciones inmediatas para evitar la suspensión de un servicio público.
La entidad aclaró que los contratos derivados de esta urgencia tendrán carácter estrictamente transitorio y se limitarán a lo indispensable. De forma paralela, el Ministerio inició la estructuración de un proceso de licitación pública para definir una solución permanente mediante un cronograma con seguimiento mensual.
En cumplimiento del marco legal, el acto administrativo de la urgencia manifiesta, junto con los contratos celebrados y sus antecedentes, se remitirán a la Contraloría General de la República para el control fiscal correspondiente.