Carrusel de abogados se estarían quedando con dinero de Unidad de Víctimas
Así lo denunció la directora de la Defensa Jurídica del Estado quien asegura que con poderes los abogados se apoderan de las indemnizaciones de las víctimas.
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Adriana Guillén, directora de la Defensa Jurídica del Estado, denunció que hay un grupo de abogados que interponen recursos para quedarse con los dineros o beneficios que le corresponden a las víctimas del conflicto armado.
Estos profesionales del derecho, que se podrían denominar como un "carrusel de abogados" consiguen que los beneficiados les otorguen poderes para luego hacer las diligencias correspondientes ante la Unidad de Víctimas, obteniendo y apropiándose de las indemnizaciones que merecen sus apoderados por ley.
"En realidad sí hay grupos de abogados que están consiguiendo poderes de las víctimas y son esos abogados y no las víctimas los que se van por las diferentes vías, y son esos abogados y no las Víctimas los que se quedan con esas indemnizaciones, un carrusel de abogados", dijo.
Guillén sostuvo que los abogados utilizan las distintas vías de indemnización a las que pueden acudir las víctimas para conseguir el pago de diferentes reparaciones con un mismo caso.
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“Algunos abogados de víctimas lo que hacen es acudir a las cinco vías que tienen dispuestas y abiertas y obtener indemnización en cada una de estas vías. El Estado considera que esto no puede seguir ocurriendo porque los recursos del Estado son finitos y necesitamos reparar a un universo de víctimas muy amplio”, afirmó.
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Son cinco instancias a las que pueden acudir las víctimas del conflicto armado como son la demanda de reparación directa ante la jurisdicción contenciosa administrativa, los procesos de Justicia y Paz y la reparación administrativa, además de la posibilidad de ser demandante ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la facultad que existe para constituirse en víctima en un proceso judicial.
Actualmente la Unidad de Víctimas es la entidad más demandada del Estado y su anterior directora Paula Gaviria tenía más de 9 mil órdenes de arresto y embargos por 480 millones de pesos por órdenes de tutela.