El caso del médico que se vio involucrado en la muerte de tres presuntos atracadores en un puente peatonal del norte de Bogotá, le ha dado la razón al representante del Centro Democrático Cristian Garcés, quien ha solicitado al Gobierno que verifique el decreto que otorga un permiso especial a las personas que lo solicitan.
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“El decreto que saca el presidente cada año desde la época de Juan Manuel Santos es sumamente restrictivo y pone en riesgo la vida de personas que no pueden acceder a su defensa personal, que es el caso que hemos venido viendo en repetidas ocasiones de personas que son asesinadas sin poderse defender”, señalo Garcés.
Según el representante, en el 2018, había 300.000 colombianos que tenían un permiso especial, pero les fue suspendido. De ellos, 9.014 solicitaron un porte especial para poder usar el arma fuera de su casa, pero solo fueron aprobados 6.827.
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“Esta situación es muy lamentable, por eso yo estoy pidiendo que el Gobierno lo reglamente mejor. En el pasado decreto mejoraron porque incluyeron un texto que dice que se tendrá en cuenta la profesión, ingresos, actividades comerciales de los solicitantes para analizar si se le debe entregar el derecho al porte especial, pero sigue siendo muy restrictivo”, expresó el representante Garcés.
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el representante del Centro Democrático señaló que el decreto que emite anualmente el Gobierno está violando el derecho a la legitima defensa que tiene cualquier ciudadano y aclaró que no todo el mundo debe tener un arma.
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