Cerca de 80.000 familias campesinas en 61 municipios de Colombia todavía esperan que el Estado cumpla los compromisos adquiridos en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que analiza los resultados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y de RenHacemos, la estrategia impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro.
El documento, titulado “Cerrar los compromisos de la sustitución gobernando el territorio”, plantea que uno de los principales desafíos para el Gobierno de Abelardo de la Espriella será completar las obligaciones pendientes con las comunidades y evitar que los procesos productivos que ya comenzaron queden inconclusos.
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De acuerdo con el análisis, el PNIS, creado en el marco del Acuerdo de Paz firmado con las extintas FARC en 2016, mantiene compromisos pendientes con 32.829 familias que todavía no han culminado su Plan de Atención Inmediata (PAI). Esto representa el 41,3 % de las 79.518 familias que permanecían activas en el programa a julio de 2026.
El informe destaca que, aunque durante el Gobierno de Gustavo Petro se avanzó en el cumplimiento de estos compromisos, la FIP advierte que los resultados no son suficientes para garantizar la transformación económica de los territorios donde las comunidades dejaron de cultivar coca.
De hecho, al cierre del Gobierno de Iván Duque, apenas el 3,5 % de las familias vinculadas al PNIS había completado la totalidad del plan. La administración Petro renegoció las obligaciones pendientes y, para julio de 2026, el porcentaje de familias activas que había culminado el PAI llegó al 58,7 %.
La inversión acumulada del Estado en este programa se estima en cerca de $2,72 billones. Sin embargo, el informe advierte que no existe información suficiente para establecer en qué medida estos recursos se tradujeron en mejores ingresos para las familias, proyectos productivos sostenibles o una reducción duradera de su dependencia de la economía de la coca.
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El informe también revisó los resultados de RenHacemos, programa creado en abril de 2025 para promover la transición hacia economías legales mediante procesos productivos, asociativos y de comercialización.
Durante el Gobierno Petro, esta estrategia llegó a 45.296 familias inscritas en 26 municipios de siete departamentos. De ese total, 32.121 fueron aprobadas y 28.944 se encontraban en etapa de implementación.
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Cabe destacar que uno de los cambios que trajo este programa fue permitir que las familias tuvieran un periodo de transición antes de erradicar sus cultivos, mientras recibían apoyo para desarrollar alternativas productivas. También buscó fortalecer las asociaciones campesinas y conectar sus productos con mercados nacionales e internacionales.
Sin embargo, la FIP encontró que todavía existen dificultades para garantizar la sostenibilidad de estos procesos. A junio de 2026, aunque el 90 % de las familias aprobadas había recibido su primer pago, apenas 7.657 habían recibido la primera entrega correspondiente al establecimiento de sus proyectos productivos.
Además, el informe señala que la vinculación de familias en predios dispersos, la falta de una estrategia territorial suficientemente articulada y las dificultades de coordinación entre entidades estatales limitaron el alcance de la intervención.
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Entre las principales conclusiones del informe está que la sustitución no puede limitarse a entregar recursos, insumos o asistencia técnica a las familias. Según la Fundación, para que los cultivos de coca no vuelvan a aparecer, se necesita una intervención estatal que garantice condiciones para que las actividades legales sean rentables y puedan mantenerse en el tiempo.
Lo que implica mejorar la infraestructura vial y productiva, facilitar el acceso a tierras, fortalecer la asistencia técnica, garantizar canales de comercialización y coordinar las acciones de las entidades responsables de la seguridad y el desarrollo rural.
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Asimismo, advierte sobre la necesidad de contar con una estrategia de seguridad que proteja a las comunidades y a los funcionarios que participan en estos procesos, especialmente en territorios donde los grupos armados mantienen presencia y disputan el control de las economías ilegales.