Cerca de 80.000 familias campesinas en 61 municipios de Colombia todavía esperan que el Estado cumpla los compromisos adquiridos en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que analiza los resultados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y de RenHacemos, la estrategia impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro.El documento, titulado “Cerrar los compromisos de la sustitución gobernando el territorio”, plantea que uno de los principales desafíos para el Gobierno de Abelardo de la Espriella será completar las obligaciones pendientes con las comunidades y evitar que los procesos productivos que ya comenzaron queden inconclusos. De acuerdo con el análisis, el PNIS, creado en el marco del Acuerdo de Paz firmado con las extintas FARC en 2016, mantiene compromisos pendientes con 32.829 familias que todavía no han culminado su Plan de Atención Inmediata (PAI). Esto representa el 41,3 % de las 79.518 familias que permanecían activas en el programa a julio de 2026.El informe destaca que, aunque durante el Gobierno de Gustavo Petro se avanzó en el cumplimiento de estos compromisos, la FIP advierte que los resultados no son suficientes para garantizar la transformación económica de los territorios donde las comunidades dejaron de cultivar coca.De hecho, al cierre del Gobierno de Iván Duque, apenas el 3,5 % de las familias vinculadas al PNIS había completado la totalidad del plan. La administración Petro renegoció las obligaciones pendientes y, para julio de 2026, el porcentaje de familias activas que había culminado el PAI llegó al 58,7 %.La inversión acumulada del Estado en este programa se estima en cerca de $2,72 billones. Sin embargo, el informe advierte que no existe información suficiente para establecer en qué medida estos recursos se tradujeron en mejores ingresos para las familias, proyectos productivos sostenibles o una reducción duradera de su dependencia de la economía de la coca.El informe también revisó los resultados de RenHacemos, programa creado en abril de 2025 para promover la transición hacia economías legales mediante procesos productivos, asociativos y de comercialización.Durante el Gobierno Petro, esta estrategia llegó a 45.296 familias inscritas en 26 municipios de siete departamentos. De ese total, 32.121 fueron aprobadas y 28.944 se encontraban en etapa de implementación.Cabe destacar que uno de los cambios que trajo este programa fue permitir que las familias tuvieran un periodo de transición antes de erradicar sus cultivos, mientras recibían apoyo para desarrollar alternativas productivas. También buscó fortalecer las asociaciones campesinas y conectar sus productos con mercados nacionales e internacionales.Sin embargo, la FIP encontró que todavía existen dificultades para garantizar la sostenibilidad de estos procesos. A junio de 2026, aunque el 90 % de las familias aprobadas había recibido su primer pago, apenas 7.657 habían recibido la primera entrega correspondiente al establecimiento de sus proyectos productivos.Además, el informe señala que la vinculación de familias en predios dispersos, la falta de una estrategia territorial suficientemente articulada y las dificultades de coordinación entre entidades estatales limitaron el alcance de la intervención. Entre las principales conclusiones del informe está que la sustitución no puede limitarse a entregar recursos, insumos o asistencia técnica a las familias. Según la Fundación, para que los cultivos de coca no vuelvan a aparecer, se necesita una intervención estatal que garantice condiciones para que las actividades legales sean rentables y puedan mantenerse en el tiempo.Lo que implica mejorar la infraestructura vial y productiva, facilitar el acceso a tierras, fortalecer la asistencia técnica, garantizar canales de comercialización y coordinar las acciones de las entidades responsables de la seguridad y el desarrollo rural.Asimismo, advierte sobre la necesidad de contar con una estrategia de seguridad que proteja a las comunidades y a los funcionarios que participan en estos procesos, especialmente en territorios donde los grupos armados mantienen presencia y disputan el control de las economías ilegales.
Treinta y tres académicos especializados en salud ambiental enviaron una carta abierta a la ministra de Salud, Ana María Vesga, y a la directora del Instituto Nacional de Salud, Zulma Cucunubá, en la que solicitan una evaluación independiente de los riesgos asociados con la eventual aspersión aérea de glufosinato de amonio para erradicar cultivos de uso ilícito en Colombia.En el documento, los expertos señalan que reemplazar el glifosato por otro ingrediente activo no garantiza, por sí solo, que exista un menor riesgo para la salud y el ambiente. Por eso, piden que cualquier decisión tenga en cuenta la formulación comercial completa, los componentes adicionales del producto, las dosis previstas, las condiciones de aplicación y las características de los territorios donde se utilizaría.Los académicos también advierten sobre la necesidad de examinar la evidencia científica disponible acerca de los posibles efectos neurológicos, reproductivos y en el desarrollo, así como la información relacionada con la carcinogenicidad. Aclaran que los resultados observados en estudios con animales no demuestran automáticamente que esos mismos efectos se presenten en seres humanos, pero consideran que los hallazgos deben incluirse en la evaluación de los riesgos.La carta plantea que los estudios piloto propuestos para analizar la afectación en las comunidades tienen limitaciones para establecer posibles consecuencias a largo plazo. Ante este escenario, los expertos señalan que el modelamiento puede ayudar a estimar la exposición, siempre que se sustente en datos de calidad, supuestos justificados y condiciones que correspondan a la forma en que se realizarían las aspersiones.La evaluación, según el documento, debe considerar la posible exposición por inhalación, contacto con la piel y consumo de agua, además de los riesgos para residentes, trabajadores y personas que habitan o desarrollan actividades cerca de las zonas intervenidas. También solicita que se analicen las incertidumbres de los modelos y las medidas necesarias para prevenir la exposición.Los firmantes piden que las autoridades sanitarias sustenten sus decisiones en evidencia científica y tengan en cuenta las diferencias entre las comunidades rurales, sus condiciones de salud, vivienda, acceso al agua y actividades laborales.Los académicos insisten en que la eventual utilización del glufosinato de amonio debe estar precedida por una evaluación específica de sus riesgos, sin asumir que el cambio de sustancia garantiza la seguridad de las personas y del ambiente.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció desde Cartagena la incautación de 7.6 toneladas de cocaína que iban para Países Bajos. Al hacer el anuncio el mandatario se refirió a la fumigación de cultivos.“Del narcotráfico se alimentan todas las formas de violencia, por eso tenemos que combatir el narcotráfico con total determinación, no solamente frente a la incautación sino además frente a los cultivos ilícitos. Se hace absolutamente necesario empezar a fumigar, nada ganamos si incautamos la droga pero no combatimos la raíz, que son los cultivos y la economía ilegal que se mueve alrededor de este negocio”, dijo De La Espriella. El mandatario también explicó que esta operación de la Policía para incautar la cocaína se dio en colaboración con la DEA.“La Policía Nacional acaba de lograr la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena de los últimos 10 años: 7,6 toneladas que tenían como destino los Países Bajos, en Europa. En tan solo 75 días de Gobierno, nuestra Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares”, anunció el mandatario.
En diálogo con Mañanas BLU, el gobernador del departamento del Putumayo, John Molina, abordó la compleja coyuntura de orden público y orden social que atraviesa la región. El mandatario departamental expuso una ambiciosa propuesta planteada por los campesinos cocaleros para erradicar manualmente las hectáreas de hoja de coca en solo 15 días, al tiempo que dio a conocer la incertidumbre jurídica y de seguridad tras el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio del Valle del HuamuésErradicación comunitaria en 15 días y temor por la aspersiónEl contexto en el Putumayo refleja una profunda dependencia económica de los cultivos de uso ilícito. Según detalló el gobernador Molina, el 44% de la población del departamento habita en el sector rural, y unas 22.000 familias (correspondientes al 23% del total regional) derivan sus ingresos del cultivo de hoja de coca.En la actualidad, el departamento registra 40.500 hectáreas de hoja de coca, una cifra que contrasta con el periodo 2009-2011, cuando la extensión oscilaba entre las 4.000 y 5.000 hectáreas, antes de dispararse hasta picos de 53.000 hectáreas.Frente al anuncio del Gobierno Nacional sobre la realización de un plan piloto de erradicación mediante aspersión con glufosinato de amonio, Molina alertó sobre la inquietud que embarga a las comunidades rurales: "El temor y la zozobra se genera por las consecuencias que vivieron en el pasado con las fumigaciones... cómo perjudicó la salud de las personas, cómo muchas mujeres en embarazo perdieron sus bebés, la contaminación de las tierras, la afectación sobre los cultivos lícitos, la fauna, la flora y las fuentes hídricas".Ante esta situación, los voceros de las asociaciones cocaleras presentaron una alternativa directa de erradicación manual. De acuerdo con el gobernador, la propuesta es títulada como factible debido a la estructura de la propiedad rural en la zona. "Estos voceros de las asociaciones cocaleras nos propusieron que ellos podían erradicar esas hectáreas en dos semanas, o sea, 15 días. ¿Y por qué me parece que es posible? Porque es que una familia en el Putumayo tiene alrededor de una hectárea, dos hectáreas, máximo tres hectáreas de hoja de coca. Y si hay 22.000 familias y después de lograr un compromiso de inversión social se puede arrancar en ese proceso, pues es algo que se puede realizar".Un plan de sustitución productiva por $1 billón de pesosPara que la erradicación voluntaria sea sostenible y no deje desprotegidas a miles de familias, la Gobernación del Putumayo estructuró un borrador de plan de sustitución de cultivos que requiere una inversión cercana a un billón de pesos. La iniciativa contempla la siembra de 50.000 hectáreas de cultivos lícitos, distribuidas equitativamente en 10.000 hectáreas de cacao, 10.000 de maíz, 10.000 de chontaduro, y 10.000 compartidas de plátano y yuca. Molina enfatizó la necesidad de contar con infraestructura básica como mejoramiento de vías, electrificación y líneas productivas reales. Para discutir este plan y definir un cronograma, se confirmó la visita de al menos cinco ministerios al departamento durante la siguiente semana: "Ellos se comprometerían a iniciar ese proceso de erradicación con las garantías de que el gobierno haga un compromiso real en materia de inversión social. Es que el Putumayo necesita mejoramiento de vías, necesita electrificación, necesita inversión en líneas productivas lícitas". En materia de orden público, el gobernador confirmó que mediante la Resolución 389 se decretó el cierre definitivo de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) creada en zona rural del municipio del Valle del Huamués para la concentración de integrantes de los Comandos de Frontera. En el lugar permanecen 62 excombatientes bajo supervisión de la Agencia para la Reincorporación, mientras que el Ejército mantiene cordones de seguridad perimetrales. Según la oficina jurídica departamental, las autoridades judiciales ya habrían emitido órdenes de captura contra aquellas personas con procesos penales pendientes que intenten abandonar la zona. Escuche aquí la entrevista:
La posibilidad de retomar la aspersión aérea de cultivos ilícitos volvió al debate en el Congreso. Durante una sesión de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, congresistas pusieron sobre la mesa sus preocupaciones por los posibles efectos que tendría el uso de componentes químicos como el glifosato y el glufosinato sobre la salud de las comunidades.Uno de los principales cuestionamientos vino del representante José Luis Bohórquez, quien se refirió tanto al glifosato como al glufosinato y advirtió sobre los posibles efectos que, según afirmó, podrían tener estas sustancias sobre la salud.“La OMS concluyó que el glifosato puede ser generador de cáncer. La Unión Europea en el 2013 se pronunció sobre el glufosinato. Y la Unión Europea dice que esto puede ser más dañino que el glifosato. Y dice que puede ser más dañino, porque este no genera cáncer, ministro. Pero este hace que las mujeres puedan abortar, las embarazadas. Este hace que los fetos se puedan malformar”, aseguró Bohórquez durante su intervención.El congresista también cuestionó que Putumayo haya sido contemplado para desarrollar el piloto, teniendo en cuenta la presencia de comunidades étnicas y áreas de especial protección ambiental.La respuesta del ministro de JusticiaAnte los cuestionamientos, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que la respuesta del Gobierno no debe centrarse en determinar cuál de los componentes podría generar un mayor daño.“El debate es cómo hacerlo sin afectarla, de tal manera que ahí está la primera respuesta. No van a tener ninguna preocupación porque mientras Iván Alfonso Cancino González sea ministro de Justicia y del Derecho y dirija el Consejo de Estupefacientes, va a acatar las disposiciones internacionales, va a acatar la jurisprudencia, va a acatar la ley, pero vamos a dar una lucha frontal contra los grupos armados al margen de la ley que se aprovechan del campesino para el cultivo de sustancias ilícitas”, señaló.El ministro también respondió a las inquietudes sobre la participación de las comunidades y aseguró que el Gobierno no pretende desconocer procedimientos como la consulta previa cuando esta sea necesaria.“Este programa no es para experimentar a ver qué le pasa al ser humano, es para revisar si ese componente químico realmente causa sobre la mata lo que dicen que causa. Y perdóneme que se lo responda, yo no le puedo contestar qué va a pasar con el ser humano, porque es que este programa no está diseñado para ver qué le pasa al ser humano cuando le hagan una aspersión con uno de los componentes. Se trata de cuidarlo, de que no esté presente, de alejarlo y ver qué le causa la mata”, afirmó.Cancino explicó además que el Gobierno está revisando la tecnología relacionada con la precisión de las operaciones y las condiciones técnicas de las aeronaves de la Policía que podrían ser utilizadas.Gobierno también evalúa el uso de dronesSin embargo, la estrategia que estudia el Gobierno no estaría limitada a la aspersión aérea. Cancino reveló durante el debate que también se está evaluando la posibilidad de utilizar drones.“El mensaje no ha sido contundente y hoy quiero que sea contundente. El Gobierno no se va a quedar con la aspersión aérea. Hay temas para aspersión manual, incluida la aspersión en el ámbito de diferenciación que lo estamos evaluando con drones”, señaló el ministro.Cancino aseguró además que el Gobierno verificará cada una de las condiciones exigidas antes de avanzar.“La resolución 007 es absolutamente clara en establecer en el artículo 5º las condiciones previas al inicio material del piloto en, literales, hasta la h. Cada uno tiene que ser comprobado con precisión. Si eso no se comprueba con precisión, no hay piloto”, concluyó el ministro.Mientras tanto, Claudia Carrasquilla, viceministra de Defensa, afirmó que uno de los motivos por los que el Gobierno está estudiando retomar la aspersión aérea, es porque con la manual los integrantes de la fuerza pública están más expuestos a caer en minas antipersonales.Carrasquilla además aseguró que en Putumayo hay 40.000 hectáreas sembradas de hoja de coca y que el plan piloto contempla la fumigación en 1.000 hectáreas que ya fueron delimitadas, donde no hay cultivos ni personas.
En diálogo con BLU Radio, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Diego Zambrano, confirmó que antes de iniciar el plan de fumigación aérea de cultivos ilícitos con glufosinato de amonio, el El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella realizará una mesa técnica con autoridades y campesinos del departamento de Putumayo.El compromiso se habría acordado luego de un encuentro, entre el Representante a la cámara, el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, varios alcaldes del departamento, y el ministro de Defensa, Gral. (r) Jorge Eduardo Mora. Según el congresista, el propósito de este encuentro, que se realizaría en menos de quince días, es escuchar a las comunidades, llevar una oferta institucional con varios ministerios y entidades del Estado y buscar la posibilidad de concretar un plan de inversión en la región, a partir de un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.“Desde las comunidades nace una iniciativa de hacer una sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca. Y aquí le decimos al gobierno que hay que llegar con oferta institucional, y eso es lo que se ha anunciado”, dijo el congresista. Asegura Zambrano, que en la mesa técnica participarán ministerios como el de Educación, Defensa, Salud, Agricultura, Cancillería, entre otros. “Queremos darle un ejemplo a Colombia: los putumayenses no solo somos coca, somos piña, somos frutos amazónicos, biodiversidad, cultura y turismo”, concluyó.
El plan de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo quedó temporalmente frenado por orden judicial. El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó suspender cualquier actividad de aspersión aérea con este agroquímico mientras recopila información sobre el piloto y adopta una decisión de fondo dentro de la tutela.La decisión se produce tras la acción presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social contra el Gobierno y varias entidades. La organización advierte una posible afectación de derechos relacionados con la salud, el agua, el ambiente sano, la participación y la biodiversidad.El proceso judicial ocurre después de que la Policía Nacional confirmara el 10 de septiembre que realizará en Putumayo un plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio. La operación fue presentada como experimental, limitada y temporal y contempla el uso de dos aeronaves AT-802.Entre las primeras órdenes, el despacho judicial dio 24 horas al Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia y Defensa, la Dirección de Antinarcóticos y la Gobernación del Putumayo para informar qué municipios y áreas están incluidas en la zona y entregar la cartografía correspondiente.En ese mismo plazo deberán informar cuántas hectáreas han sido tratadas, cuántos días de operación se han realizado y cuánto falta para llegar a los límites de siete días y 1.000 hectáreas.Las autoridades deberán explicar además si se hizo la divulgación previa de cinco días prevista en la Resolución 007 de 2026, entregar las respectivas pruebas y señalar si existe una fecha para iniciar, reanudar o continuar las aspersiones durante los próximos diez días. También deberán entregar el anexo integral de la resolución y los documentos que sustenten la información.En un plazo de dos días, el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Justicia y del Derecho deberán entregar los estudios técnicos, científicos, sanitarios y ambientales que sustentaron el piloto, así como información sobre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y un eventual proceso de consulta previa.El juez también pidió establecer los posibles riesgos para la salud, fuentes hídricas, biodiversidad, abejas y otros polinizadores, cultivos lícitos y ecosistemas amazónicos. Con esta información, el despacho avanzará en el estudio de la tutela y definirá el alcance de las medidas dentro del proceso.Además, el juez requirió al Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto Colombiano Agropecuario, Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el Instituto Nacional de Salud; a Corpoamazonia; Defensoría del Pueblo; Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios y a la Aeronáutica civil información específica de cada una de sus respectivas áreas.
El Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia autorizó un controvertido plan piloto del Gobierno para erradicar los cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio, un herbicida considerado "moderadamente peligroso" por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Este compuesto químico -no permitido en la Unión Europea (UE)- es distinto al glifosato, cuyo empleo para combatir los cultivos ilícitos (principalmente, coca), se suspendió en Colombia en 2017 por motivos sanitarios.La resolución, publicada en el Diario Oficial, ordena la ejecución de una "fase experimental controlada, limitada, temporal y ejecutable" mediante aeronaves tripuladas y con el compuesto químico glufosinato de Amonio 200 SL, exclusivamente en los polígonos que sean habilitados para la operación.El piloto tendrá un cupo máximo de 1.000 hectáreas efectivamente tratadas y una duración operacional de hasta siete días calendario, contados desde la fecha del acta de inicio que todavía no se conoce.La ejecución estará a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran), que deberá cumplir los instrumentos ambientales, las autorizaciones aeronáuticas y los protocolos sanitarios, ambientales, sociales y de seguridad.El objetivo, según el Consejo Nacional de Estupefacientes, no es reactivar de manera generalizada las fumigaciones aéreas, sino "obtener evidencia científica sobre la eficacia del herbicida, la precisión de las aplicaciones, la posible deriva del producto" y sus riesgos e impactos sobre la salud y el medioambiente.La propia resolución establece que este plan piloto "no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional".El glufosinato de amonio esta incluido en Clase II (moderadamente peligroso) de la escala de toxicidad de la OMS, por encima del glifosato (clase III, ligeramente peligroso).En una área reservadaEl área de prueba estará ubicada en un único departamento del país, en una zona próxima a una instalación de la fuerza pública, aunque la resolución mantiene bajo reserva las coordenadas exactas, la extensión del área, las rutas de vuelo y el cronograma detallado, al considerar que su divulgación podría "comprometer la seguridad de la operación y del personal participante".El documento establece además que las zonas seleccionadas deberán excluir áreas protegidas, determinados ecosistemas y espacios donde pueda existir afectación directa a comunidades étnicas sin consulta previa.Si durante la preparación de una operación se detecta una posible afectación de este tipo, el polígono deberá ser suspendido.Suspendidas desde 2017La aspersión aérea de herbicidas fue durante años una de las principales herramientas utilizadas por Colombia para combatir los cultivos ilícitos, especialmente el de la coca, pero el Gobierno de Juan Manuel Santos suspendió en 2015 las fumigaciones con glifosato por motivos sanitarios.Posteriormente, en 2017 se produjo su suspensión definitiva por orden de la Corte Constitucional, en medio de cuestionamientos por los posibles efectos del producto en la salud de poblaciones campesinas y el medioambiente.Desde entonces, las autoridades han recurrido principalmente a la erradicación manual y a estrategias de sustitución voluntaria de cultivos, aunque la aspersión aérea ha permanecido en el debate como una alternativa para enfrentar el crecimiento de los cultivos de uso ilícito.La nueva resolución que fue firmada el pasado 18 de agosto y se conoce un día después de la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, busca precisamente generar evidencia sobre una sustancia diferente al glifosato antes de considerar cualquier eventual programa de mayor alcance.
El canciller, Omar Bula, se reunió con Amado Philip de Andrés, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. En el encuentro hablaron sobre la importancia de fortalecer la cooperación para enfrentar el crimen organizado transnacional y las problemáticas relacionadas a las drogas ilícitas.“Resulta fundamental mantener una coordinación estrecha y oportuna con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos, favorecer la coherencia entre las actividades desarrolladas por UNODC y las prioridades nacionales, optimizar el uso de los recursos disponibles y promover una planificación más eficiente y articulada”, manifestó el canciller Bula. Colombia confirmó tras este encuentro su participación en el 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Además, el gobierno colombiano está organizando un evento paralelo para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre trazabilidad, debida diligencia y control de flujos financieros ilícitos.“Es un trabajo que tiene que comenzar ya. Yo creo que el presidente de la República lo ha dejado claro: tenemos una nueva óptica de lucha contra el crimen organizado y tenemos que comenzar a alinearnos en esta nueva línea del Gobierno”, dijo Bula. Es importante recordar que el anterior gobierno sostuvo algunas diferencias con UNODC, especialmente el expresidente Gustavo Petro cuestionó la metodología que usaba esa oficina en su medición sobre producción de cocaína.En enero de 2026, el presidente Petro aseguró que el Gobierno dejaría de usar ese indicador, al considerar que la metodología no reflejaba con precisión la situación del país. Según el mandatario, el sistema de monitoreo de la Policía Nacional mostraba resultados distintos y evidenciaba una reducción en el crecimiento de los cultivos.
La erradicación de los cultivos de coca será una prioridad para el Gobierno de Abelardo De La Espriella, quien anunció durante su discurso de posesión que utilizará la fumigación con herbicidas como una de las herramientas para combatir las plantaciones ilícitas. “La erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible, es una prioridad nacional”, afirmó el mandatario desde el Batallón Pichincha, en Cali.De La Espriella cuestionó las estrategias que, según dijo, se limitan a medir el crecimiento de los cultivos ilícitos y planteó una intervención directa sobre las plantaciones. “La coca no se combate con estadísticas maquilladas ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra, donde hoy alimenta la violencia y el crimen”, sostuvo.El presidente anunció específicamente la implementación de fumigación con herbicidas, afirmando que se realizaría con una tecnología que no causa afectaciones ni a los humanos ni al medio ambiente.“Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”, afirmó.El mandatario presentó la lucha contra los cultivos ilícitos como parte de una estrategia más amplia contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. En su discurso aseguró que la coca ha generado violencia, corrupción y desplazamiento de comunidades campesinas: “La coca ha traído muerte, corrupción y destrucción”, dijo.Sin embargo, la propuesta no se limita a la erradicación. De La Espriella también planteó una sustitución productiva de los cultivos ilícitos por actividades agrícolas legales. “La coca dará paso al coco, al cacao, al café, al maíz, a la palma y a una agricultura honrada, próspera y libre en la patria”, aseguró.El anuncio representa uno de los principales cambios planteados por el nuevo Gobierno en materia de política antidrogas y abre el debate sobre la implementación de la aspersión, sus condiciones técnicas y ambientales y el cumplimiento de las exigencias establecidas por la Corte Constitucional.
Un combate entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del ELN permitió el hallazgo de dos mulas que transportaban 100 minas antipersonales. Los animales fueron abandonadas por los hombres armados durante el enfrentamiento y posteriormente trasladados a un centro de bienestar animal.De acuerdo con la información conocida, los hechos ocurrieron en la vereda La Tirana de Anorí, cuando soldados que adelantaban labores de patrullaje observaron a dos hombres que se movilizaban con los semovientes, cargados con costales.Al percatarse de la presencia de los uniformados, los sujetos se enfrentaron con las tropas y, tras el combate de encuentro, huyeron y dejaron abandonadas las dos mulas. Al inspeccionar la carga, los militares encontraron 100 artefactos explosivos improvisados activados.En un audio conocido recientemente se oye a un delincuente planeando el transporte de los artefactos explosivos que tenían como propósito atentar contra la Fuerza Pública y atemorizar a la población del Nordeste antioqueño."Vea hermano, eso coja dos, tres bestias, montele las yucas, móntele las pepas, eso, tanta mula que pasa por ahí, no las van a esculcar. Eso tiene que mirar hermano, que queden parecidas a las de todos los vecinos, para que no hagan colocar sospecha ahí. Eso al fin y al cabo, eso es para que amarrados no van a mirarlas todas miras. Pues confíe en usted nomás que arman que necesitamos esa vuelta", se escucha.Hay que mencionar que en el operativo fueron hallados 40 kilogramos de explosivo tipo pólvora negra, 50 kilogramos de ANFO, 20 metros de mecha de seguridad, 700 metros de cable eléctrico, 1.200 jeringas y otros elementos utilizados para la fabricación e instalación de estos artefactos.El material explosivo fue incautado y posteriormente destruido por las tropas, mientras que los dos animales quedaron bajo protección en un centro de bienestar animal.
A partir de este 9 de noviembre, cinco estaciones del Metro de Medellín dejarán de contar con taquillas para la venta y recarga de la tarjeta Cívica. La medida hace parte de la estrategia de autogestión de pagos para fortalecer el uso de canales digitales y máquinas automáticas.¿Qué estaciones del Metro de Medellín no tendrán taquillas?Las estaciones donde dejarán de funcionar estos puntos de atención son Itagüí, Envigado, Ayurá, La Floresta y Parque Berrío, lugares en donde los usuarios deberán recurrir a las máquinas automáticas instaladas en las estaciones, las aplicaciones Cívica, Bancolombia y Nequi.Según explicó el Metro, para mitigar el cierre de las taquillas se habilitaron máquinas, que permiten la devolución de dinero cuando el usuario realiza una transacción en efectivo, y estarán distribuidas 9 en Itagüí, 11 en Envigado, 6 en Ayurá, 5 en La Floresta y 14 en Parque Berrío.A pesar de que la medida ha causado rechazo entre los adultos mayores y quienes no están familiarizados con los sistemas automáticos, el Metro de Medellín anunció que contará con guías educativos y orientadores de experiencia para acompañar a los usuarios.Asimismo, el Metro aclaró que la eliminación de las taquillas no implicará despidos, ya que los cerca de 270 trabajadores que desempeñaban estas funciones continuarán vinculados y asumirán labores de orientación, atención de inquietudes y acompañamiento en diferentes estaciones.
El tablero de seguimiento del Ministerio de Salud, con corte al 3 de noviembre de 2026, reporta más de 978.000 registros con cierre de pendientes y 310.585 personas con al menos un pendiente resuelto. Sin embargo, desde Pacientes Colombia advierten que todavía existen dudas sobre la verificación de los casos reportados por las EPS y piden claridad sobre los recursos y la atención de quienes no hacen parte de esta estrategia.El tablero también muestra que, en el seguimiento general al Plan de Choque, se han recibido 4.505.909 registros, de los cuales 1.526.181 aparecen con cierre, mientras que 2.979.728 continúan pendientes. Esto representa un avance del 33,87 % en el cierre de registros. En el componente de procedimientos, el reporte presenta 4.711.022 procedimientos ordenados, 3.490.737 pendientes y 1.220.285 realizados. Por su parte, el seguimiento específico de procedimientos registra 310.585 personas con cierre de al menos un pendiente, de un total de 1.325.610 personas.Sin embargo, las cifras de cierre no necesariamente significan que todos los pacientes hayan recibido efectivamente el medicamento o accedido al procedimiento que necesitaban. Esta es precisamente una de las preocupaciones que plantean las organizaciones de pacientes.Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, reconoce que el Plan de Choque es una iniciativa que puede contribuir a estabilizar el sistema de salud, pero advierte que todavía existen dificultades en su ejecución y en la forma como se verifican los resultados.Según Silva, algunas EPS reportan haber resuelto cientos de miles de pendientes, pero las organizaciones no cuentan con información suficiente para comprobar que el paciente recibió el medicamento o accedió al servicio. Como ejemplo, mencionó el caso de una EPS que habría reportado cerca de 400.000 pendientes resueltos de un universo de 637.000, sin que exista una fuente clara de verificación.“La EPS cierra el caso, pero no está la fuente de verificación de la garantía del derecho”, señaló el vocero.Desde Pacientes Colombia identifican tres dificultades principales para que la estrategia cumpla sus objetivos. La primera tiene que ver con las EPS intervenidas, que, según Silva, no estarían funcionando de manera articulada con el resto del sistema. La segunda es la falta de información clara que permita hacer seguimiento a cada caso y comprobar si las necesidades de los pacientes fueron atendidas. Y la tercera corresponde a los recursos económicos necesarios para cumplir las metas.Silva también destacó la disposición de la ministra de Salud y de la viceministra Marcela Brun para escuchar las inquietudes de las organizaciones de pacientes y mantener espacios de diálogo. No obstante, insistió en que las EPS deben comprometerse con la ejecución de la estrategia. Otra de las advertencias es que la atención no puede concentrarse exclusivamente en los pacientes incluidos en el Plan de Choque, mientras quienes no hacen parte de esta estrategia continúan enfrentando dificultades para acceder a medicamentos y procedimientos.Para Pacientes Colombia, el reto no es solamente aumentar el número de casos que aparecen como cerrados en los reportes del Gobierno, sino garantizar que las personas reciban efectivamente la atención que necesitan. Como concluyó Silva, la salud debe ser un derecho fundamental y no un milagro para unos pocos.
El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y cuenta con miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, lo que permite a los participantes seguir en vivo el anuncio de los resultados oficiales.Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 9 de noviembreEl resultado del sorteo de Paisita Día de este lunes 9 de noviembre de 2026 es el 9885 - 9.Número ganador: 9885Dos últimas cifras: 85Tres últimas cifras: 885La quinta balota: 9Desde 2025, los participantes pueden agregar una quinta balota o número adicional a su apuesta. Esta modalidad amplía las posibilidades de obtener premios cuando también se aciertan las demás cifras, de acuerdo con las condiciones del juego.Las apuestas tienen valores que van desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.¿A qué hora juega Paisita Día?El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días, con horarios que varían según la jornada:De lunes a sábado: a la 1:00 p. m.Domingos y días festivos: a las 2:00 p. m.Los resultados pueden consultarse después del sorteo a través de los canales autorizados. Además, los participantes tienen la posibilidad de seguir la transmisión en vivo por Teleantioquia.¿Cómo se juega el chance Paisita Día?Este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Día?Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar algunos documentos básicos:Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el valor del premioPremios inferiores a 48 UVT: únicamente se solicitan los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, el ganador debe diligenciar y presentar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta (PDV).Premios superiores a 182 UVT: también se requiere una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Para evitar inconvenientes durante el cobro, se recomienda conservar el tiquete en buen estado y verificar las condiciones vigentes con el operador autorizado.
Un bus chocó con un vehículo tipo niñera en el tunel # 6 de la carretera, entre Loboguerrero y el puerto sobre el Pacífico.De manera preliminar se habla de varios fallecidos, entre ellos, el conductor del bus.En desarrollo.
