La región del Catatumbo se encuentra atrapada en un ciclo de violencia y narcotráfico que ha perdurado a lo largo de varias décadas. A pesar de que se han realizado numerosos estudios que ofrecen diagnósticos precisos y propuestas de solución, la falta de intervención efectiva del Estado colombiano ha permitido que esta situación se agrave. En diálogo con Mañanas Blu, Jorge Mario Eastman, exviceministro de Defensa, habló sobre la estimación que señala que existen cerca de 44,000 hectáreas de coca en la región, una cifra comparable a la totalidad que había en el país al inicio de la administración Santos. El Catatumbo no solo es un territorio rico en recursos agrícolas, sino que también representa un terreno fértil para las economías ilegales. Esta región ha sido históricamente dominada por grupos al margen de la ley, como el ELN, las Farc y el EPL, quienes han impuesto un control férreo sobre la población, que ha comenzado a depender de los cultivos de coca como fuente de subsistencia. Un obstáculo crítico ha sido la falta de presencia del Estado y la imposibilidad de establecer el Estado de derecho en una zona donde el crimen organizado ha logrado un dominio casi absoluto.Eastman señala que la implementación de una política de largo plazo y la necesidad de una fuerte presencia militar son fundamentales para retomar el control territorial. Sin embargo, este enfoque conlleva una serie de complicaciones, incluyendo problemas de protección jurídica para los oficiales involucrados en la tarea. El exviceministro destaca la necesidad de transformar la economía del Catatumbo a través de alternativas de cultivo lícito, tales como el cacao, que ha visto un boom en su demanda. Es imperativo crear asociaciones con el sector privado que faciliten esta transición, así como establecer un marco que incentive el desarrollo agrícola sostenible. Las negociaciones y el papel de VenezuelaEl papel de actores externos, especialmente el régimen de Maduro en Venezuela, complica aún más la situación. Eastman expresa que no contempla posibilidades de una negociación que finalice en paz, dado el contexto actual. Escuche aquí la entrevista:
En el marco de la implementación de los acuerdos de paz hay un punto dedicado a la solución integral del problema de las drogas ilícitas; sin embargo, un informe de la Procuraduría revela que este sigue siendo uno de los puntos más cruciales y complejos.Su objetivo es implementar mecanismos diferenciados para cada eslabón de la cadena, con énfasis en el desarrollo territorial, la sustitución voluntaria de cultivos y la protección de los derechos humanos y, este compromiso busca abordar las diversas aristas del narcotráfico en Colombia, desde los cultivos ilícitos hasta el consumo de sustancias psicoactivas, pasando por la producción y comercialización de narcóticos.El panorama sigue siendo preocupante porque, según la Procuraduría, a pesar de los esfuerzos por avanzar en la implementación de este acuerdo, los últimos informes reflejan un escenario poco alentador y es que, en un informe mundial sobre las drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el narcotráfico en Colombia ha venido en aumento.Este crecimiento ha generado un daño significativo en términos de salud pública, seguridad y bienestar social, además de profundizar la desigualdad y la pobreza en las regiones más afectadas, según el mismo informe.La Procuraduría asegura que es necesaria la cooperación entre el Gobierno Nacional, las organizaciones internacionales y las comunidades locales y, en un enfoque integral que no solo erradique los cultivos, sino que también ofrezca alternativas de desarrollo sostenible para las poblaciones rurales.“Se recomienda al Ministerio de Justicia, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y el Ministerio de Defensa Nacional que, en el marco de la política de drogas 2023-2033 y lo dispuesto en el punto 4 del acuerdo de paz, establezcan acciones a corto plazo para abordar la crítica situación del aumento exacerbado de los cultivos ilícitos y la producción de narcóticos en Colombia”.
No es la primera vez que el presidente, Gustavo Petro, propone utilizar el dinero de la nación para pagarle a los cultivadores de hoja de coca para comenzar la erradicación y evitar la distribución dentro y fuera del país. Desde el 2022, el mandatario hizo énfasis en que para evitar la producción de cocina, iba a fortalecer el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos en el que se la pagaría a los campesinos para la transformación de las plantaciones.Nuevamente, el mandatario, a través de su cuenta de X, en medio de la crisis humanitaria en el Catatumbo, aseguró que a la población dedicada a los cultivos de la hoja de coca se les abrirá el programa integral de pagos por erradicación, específicamente en esa zona del país, que en palabras del mandatario, evitaría más muertes y desolación. Sin embargo, aseguró que el dinero para este pago por erradicación saldrá del estado de conmoción interior que fue notificado por el mandatario al inicio de esta semana“A la población campesina cautivadora de hoja de coca se le abrirá un programa integral de pagos por erradicación que permita que el Catatumbo se libere de una producción, que trae hoy por hoy. Zozobra, muerte y desolación Billones de pesos serán transferidos al gran Pacto Social con el Catatumbo… El programa, ahora construido a través de la conmoción interior se reproducirá a todos los territorios excluidos de Colombia, incluidos los de las grandes ciudades”, aseguró el presidente en su cuenta de X.Entre tanto, afirmó que el programa integral de pagos por erradicación también se implementaría en otras zonas del país. Sin embargo, cierra el trino lanzando un mensaje a las comisiones económicas del gobierno, afirmando que estas mismas y otras entidades, a las que no hace referencia, le han hecho daño a las finanzas del país.“Con métodos ordinarios, sobrepasando el inmenso daño que comisiones económicas del congreso y otras entidades, le han hecho a las finanzas nacionales”. Concluye el presidente, Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro relacionó la crisis en Haití con las dinámicas del narcotráfico que afectan al Catatumbo, región conocida por su alta producción de hoja de coca. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario compartió un mapa que detalla rutas del narcotráfico y lanzó duras críticas contra lo que calificó como una red multinacional dirigida desde Florida, Estados Unidos.“Nunca olviden este mapa. El campo de hoja de coca más cerca del círculo amarillo es el Catatumbo. Cuba ha sido una muralla para los traficantes, por eso debilitan Haití. La meta: la Florida en los EEUU. Una red multinacional controla la muerte en nuestros territorios y es dirigida desde la Florida. Las armas con que matan vienen desde allí. Un negocio redondo”, escribió Petro en su publicación, la cual rápidamente generó una ola de reacciones tanto en Colombia como en el ámbito internacional.El presidente enfatizó que la crisis política y social en Haití ha sido aprovechada por redes criminales para establecer rutas que conectan a América del Sur con los Estados Unidos, pasando por el Caribe. Según Petro, la cercanía geográfica de Haití con Florida lo convierte en un punto estratégico para los traficantes, quienes han explotado la vulnerabilidad del país insular.Petro estuvo esta semana en Haití, desde, entre otras cosas, le dijo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y al magnate Elon Musk, que la humanidad está por encima de las naciones y que para alcanzar las estrellas tiene que haber paz en la tierra. "La humanidad no puede vivir si no es libre. Les digo a ellos que las estrellas no se alcanzan mientras haya guerras y se bombardean niños (...) hay que hacer de la Tierra un paraíso de la libertad, de la vida", dijo Petro durante su visita de varias horas hoy a la ciudad haitiana de Jacmel (sureste), donde se reunió con las principales autoridades de ese país.Además, pidió perdón por el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moise a manos de mercenarios colombianos.
Con el lema “El campo es vida”, alias 'Allende', integrante de la delegación en la mesa de diálogos de paz de las disidencias de las Farc, Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, ratificó su compromiso de erradicar dos mil hectáreas de hoja de coca y convertir esas tierras en productivas, cultivando caña de azúcar para producir panela.Así lo dio a conocer a través de un video en el que se observan algunos cultivos de caña y donde asegura que, tal como se pactó en la segunda ronda de diálogos de paz en Tumaco, está comprometido con la transformación de los territorios donde actualmente tienen presencia.Aseguró que, junto a los combatientes de las distintas estructuras que integran ese grupo ilegal, están socializando con las comunidades los puntos acordados con el Gobierno nacional, pues considera que el apoyo de los habitantes de Nariño y Putumayo es vital para el éxito de este proceso.Manifestó que, como quedó establecido en los acuerdos de Tumaco, las transformaciones tempranas ya comenzaron de la mano de las comunidades y los combatientes, al menos en el Pacífico nariñense. Estas transformaciones serán de carácter vinculante para ambas delegaciones, con la sustitución de 2.000 hectáreas actualmente dedicadas al cultivo de hoja de coca en el departamento de Nariño, de las cuales algunas ya han sido sembradas con caña de azúcar.“Otras 1.000 hectáreas en el departamento del Putumayo serán sustituidas por economías lícitas, para lo cual contaremos con el apoyo de Gloria Miranda, del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”, afirmó el líder insurgente.Así mismo, el jefe guerrillero habló sobre la importancia de transformar la tierra y cambiar las economías ilícitas por lícitas, y llamó la atención del Gobierno nacional para que cumpla con los acuerdos pactados. Consideró que solo así las comunidades volverán a confiar en el proceso de paz y en los anuncios del Estado colombiano.“las delegaciones coincidieron en Tumaco en que, en los casi 20 meses que restan del gobierno del presidente Gustavo Petro, se debe avanzar en la concreción de acuerdos de paz en beneficio de las comunidades y dar inicio a la implementación de los pactos alcanzados”, indicó.Señaló que esto quedó claro en el comunicado firmado por ambas delegaciones, donde se establece la conformación de una comisión de trabajo con participación de la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Esta comisión identificará y diseñará un proyecto piloto teniendo en cuenta las particularidades y propuestas de los territorios, comenzando su trabajo en enero de 2025.Por otro lado, se conoció que, antes de finalizar el año, el Gobierno Nacional expedirá un decreto presidencial para ordenar la suspensión de las operaciones ofensivas contra los frentes que conforman la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano en los departamentos de Nariño y Putumayo, inicialmente.
El último informe de Indicadores de seguridad y resultados operacionales del Ministerio de Defensa destaca que, en los 10 meses que van corridos de 2024, la cifra de erradicación de cultivos de coca llegó a 6.096 hectáreas, lo que representa una disminución del 60% (9.323 hectáreas menos) si se compara con las 15.419 hectáreas erradicadas por las autoridades durante el mismo periodo del año pasado.La cifra es preocupante si se tiene en cuenta que es la más baja para este periodo de tiempo en los últimos 10 años, la única que se le acerca se registró en 2014, cuando la erradicación de cultivos de coca en Colombia fue de 8.707 hectáreas. La más alta, en contraste, fue en 2020, cuando la erradicación de cultivos alcanzó las 101.676 hectáreas.Solo en octubre, según las cifras del Ministerio de Defensa, se erradicaron 1.591 hectáreas de hoja de coca en el país, un número que también es inferior a las 2.088 hectáreas erradicadas en ese mismo mes de 2023. El mes en el que menos hectáreas de hoja de coca se han erradicado es enero, cuando el número de hectáreas erradicadas fue cero, mientras que en febrero fue de 679.Incautación de cocaína en Colombia logró récordEn lo que va corrido de 2024 las Fuerzas Militares y la Policía han logrado incautar un total de 772,4 toneladas de cocaína, 135 toneladas más que las incautadas en el mismo periodo de 2023 cuando la cifra llegó a las 637,4 toneladas, lo que representa un incremento de 21%. Esta es la incautación de cocaína más grande de los últimos 10 años, según destaca el más reciente informe de Indicadores de seguridad y resultados operacionales del Ministerio de Defensa.El mes en el que las autoridades han tenido un mayor éxito en lo que respecta a incautación es marzo, cuando se logró quitarle a los criminales un total de 111 toneladas de cocaína que estaba lista para su distribución.Incluso, de acuerdo con el informe, las 772,4 toneladas incautadas en 2024 superan a las que se lograron en todo 2023, cuando las FF.MM. y la Policía llegaron a las 746,3 toneladas de cocaína incautadas.
En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, expresó su preocupación sobre la metodología utilizada por las Naciones Unidas para la medición de cultivos ilícitos en el país. Según dijo, el enfoque prospectivo que se aplica para estimar la producción de cocaína no refleja con precisión la realidad de la situación en Colombia.La ministra Buitrago explicó que el método actual genera un conjunto de hipótesis a partir de un análisis territorial, pero no aborda las acciones efectivas que realiza la Policía Nacional y la Fiscalía, que incluyen la incautación y destrucción de narcóticos."Es un método que nosotros llamamos prospectivo y lo que hace es generar una hipótesis a través de un análisis de un territorio. Y esto nos lleva a dos condiciones particulares, la primera, que cuando nosotros hablamos de qué es lo que realmente ha salido como cocaína o como producto fabricado, no se puede medir, tampoco se hace utilización de las incautaciones y la destrucción de laboratorios para trabajar la cifra final y sobre esos supuestos generamos algo que ha insistido también la directora de ONU que significa que ellos lo que hacen es una proyección y un potencial", detalló.Además, mencionó que hay regiones donde el cultivo de coca ha disminuido y que esto se relaciona con factores como la caída del precio de la coca. Detalló que, en algunos lugares, la producción dejó de ser rentable, alrededor de 5.000 pesos la tonelada, lo que contribuyó a la reducción de cultivos.“Entonces, cuál es la discusión que tenemos de fondo y la tenemos desde el Ministerio de Justicia y el presidente ha hecho énfasis en varios elementos, que cuando yo hablo de potencial no hay posibilidad de medir lo real y desde ese punto de vista no se está dando un dato con una evidencia que pueda decir: eso fue lo que pasó. Lo segundo, que al no descontar las múltiples acciones que hace la Policía Nacional y la Fiscalía, como son incautaciones de destrucción de laboratorios, destrucción de clorhidrato, pues resulta que tampoco se está contando que ese material no ha salido del país porque fue objeto de incautación, destrucción o, desde ese punto de vista, de inhibición, de que salga esa cocaína o realmente tenga algún resultado”, recalcó.En un contexto donde las mediciones de cultivos ilícitos son cruciales para definir la política antidrogas, Buitrago subrayó la necesidad de revisar y ajustar la metodología utilizada para generar un entendimiento más claro de la situación real en Colombia. Esto es esencial, especialmente en un momento en que el país busca crear un nuevo enfoque en su lucha contra el narcotráfico, dijo.Así, la ministra también se refirió a un proyecto que puede permitir al Estado adquirir cultivos de coca para usos científicos o medicinales. Aclaró que esto se mantendría dentro del marco legal existente y no permitirá que el cultivo se amplíe más allá de lo permitido por las convenciones internacionales.
El senador David Luna, de Cambio Radical, prendió las alarmas por cuenta de un mico que estaría concebido en el borrador de decreto con el que el Gobierno busca legalizar el usos de la hoja de coca con fines médicos y científicos.Según el senador, aunque en principio este decreto busca establecer un sistema de licencias previas para permitir dichos usos controlados, el texto contendría dos artículos que le permitirían al Estado comprar todos los cultivos de coca del país, con la excusa de declararlos de uso científico o medicinal.“Increíblemente el Gobierno del presidente Petro está tratando nuevamente de brincarse la ley y a través de un ‘orangután’ en un borrador de decreto está pretendiendo autorizar que se pueda comprar cultivos preexistentes de coca con fines de investigación o con fines de salud. Eso permitiría que la propuesta hecha por el presidente Petro con bombos y platillos en semanas pasados puede ser una realidad, desde mi punto de vista eso es inconstitucional e ilegal”, señaló Luna.Cabe recordar, que, según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia cuenta hoy con cerca de 253.000 hectáreas de cultivos de coca, es decir, cerca de 20.000 hectáreas más que hace dos años. El senador opositor señaló que además del ‘mico’ se comete una exabrupto al intentar mediante un decreto legalizar lo que hoy es ilegal.“Esto podría significar que los recursos públicos terminen en manos de grupos criminales que controlan estos cultivos, como el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central y hasta grupos terroristas transnacionales como Hezbolá. Entonces la segunda pregunta es: ¿con los recursos de los impuestos que los colombianos pagan piensan alimentar las arcas de grupos al margen de la ley?”El senador concluyó que si este borrador de decreto llega a ser una realidad lo demandará ante el Consejo de Estado. "La tipificación de un delito, como lo es el cultivo de coca, es competencia exclusiva del Congreso. Si el Presidente desea eliminar el tipo penal de estos cultivos, debe presentar una propuesta legislativa y someterla al debate y aprobación del legislativo".
Dentro de la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes, la Procuraduría formuló varias recomendaciones al comité técnico interinstitucional encargado del desarrollo del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato, Pecat.Entre las recomendaciones más destacadas, se encuentra la de incluir a la dirección de sustitución de cultivos de uso ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio en este proceso, así como asegurar la participación activa de las comunidades involucradas en los acuerdos colectivos e individuales en el marco del programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos.De la misma manera, el Ministerio Público advirtió que dichos acuerdos tienen carácter vinculante, tal como lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU545 de 2023, al garantizar el derecho a la consulta previa en los territorios étnicos.La Procuraduría advirtió que la reanudación de la erradicación de cultivos Ilícitos mediante aspersión terrestre con glifosato deben alinearse con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y con los principios establecidos en el punto cuatro del acuerdo de paz.¿Qué es el Pecat?El Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato (PECAT) es una estrategia del Gobierno Nacional de Colombia para reducir la cantidad de hectáreas sembradas de cultivos ilícitos.El PECAT se desarrolla a través de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Para su ejecución, se deben cumplir con los protocolos, normativa y medidas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.El glifosato es un herbicida de amplio espectro que se usa para eliminar plantas no deseadas en la agricultura y sistemas forestales. Sin embargo, investigaciones científicas han documentado que el glifosato tiene efectos nocivos para el medio ambiente, como contaminar el suelo y el agua, y afectar a otros seres vivos.
La Universidad de América realizó una investigación sobre la política antidrogas del Gobierno, analizando su impacto en las comunidades campesinas de Norte de Santander, Putumayo y Nariño. Los profesores Juan Carlos Meza Martínez, Danny Miguel Rebolledo Castillo y José Román González Rodríguez lideraron el estudio.Aunque el Ministerio de Defensa reporta un aumento del 31 % en incautaciones de cocaína en 2024, los campesinos enfrentan pobreza e incertidumbre debido a la disminución de la demanda de hoja de coca. Esto afecta la economía de miles de hogares.La investigación revela que el éxito en la incautación de clorhidrato de cocaína redujo la demanda de hoja de coca, principal sustento de estas comunidades rurales. Las organizaciones narcotraficantes han reducido la compra de hoja de coca, afectando profundamente a las familias campesinas.Entre las recomendaciones del estudio se encuentran:Replanteamiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS): para ayudar a los campesinos a transitar hacia economías legales.Construcción de vías terciarias: para facilitar el transporte de productos agrícolas.Implementación de tecnologías agrícolas: para hacer viable y rentable la producción de alimentos.La Universidad de América hace un llamado al Gobierno nacional para considerar estas recomendaciones y brindar apoyo a las comunidades campesinas para garantizar una transición real y sostenible hacia economías lícitas.