En diálogo con BLU Radio, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Diego Zambrano, confirmó que antes de iniciar el plan de fumigación aérea de cultivos ilícitos con glufosinato de amonio, el El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella realizará una mesa técnica con autoridades y campesinos del departamento de Putumayo.El compromiso se habría acordado luego de un encuentro, entre el Representante a la cámara, el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, varios alcaldes del departamento, y el ministro de Defensa, Gral. (r) Jorge Eduardo Mora. Según el congresista, el propósito de este encuentro, que se realizaría en menos de quince días, es escuchar a las comunidades, llevar una oferta institucional con varios ministerios y entidades del Estado y buscar la posibilidad de concretar un plan de inversión en la región, a partir de un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.“Desde las comunidades nace una iniciativa de hacer una sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca. Y aquí le decimos al gobierno que hay que llegar con oferta institucional, y eso es lo que se ha anunciado”, dijo el congresista. Asegura Zambrano, que en la mesa técnica participarán ministerios como el de Educación, Defensa, Salud, Agricultura, Cancillería, entre otros. “Queremos darle un ejemplo a Colombia: los putumayenses no solo somos coca, somos piña, somos frutos amazónicos, biodiversidad, cultura y turismo”, concluyó.
El plan de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo quedó temporalmente frenado por orden judicial. El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó suspender cualquier actividad de aspersión aérea con este agroquímico mientras recopila información sobre el piloto y adopta una decisión de fondo dentro de la tutela.La decisión se produce tras la acción presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social contra el Gobierno y varias entidades. La organización advierte una posible afectación de derechos relacionados con la salud, el agua, el ambiente sano, la participación y la biodiversidad.El proceso judicial ocurre después de que la Policía Nacional confirmara el 10 de septiembre que realizará en Putumayo un plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio. La operación fue presentada como experimental, limitada y temporal y contempla el uso de dos aeronaves AT-802.Entre las primeras órdenes, el despacho judicial dio 24 horas al Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia y Defensa, la Dirección de Antinarcóticos y la Gobernación del Putumayo para informar qué municipios y áreas están incluidas en la zona y entregar la cartografía correspondiente.En ese mismo plazo deberán informar cuántas hectáreas han sido tratadas, cuántos días de operación se han realizado y cuánto falta para llegar a los límites de siete días y 1.000 hectáreas.Las autoridades deberán explicar además si se hizo la divulgación previa de cinco días prevista en la Resolución 007 de 2026, entregar las respectivas pruebas y señalar si existe una fecha para iniciar, reanudar o continuar las aspersiones durante los próximos diez días. También deberán entregar el anexo integral de la resolución y los documentos que sustenten la información.En un plazo de dos días, el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Justicia y del Derecho deberán entregar los estudios técnicos, científicos, sanitarios y ambientales que sustentaron el piloto, así como información sobre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y un eventual proceso de consulta previa.El juez también pidió establecer los posibles riesgos para la salud, fuentes hídricas, biodiversidad, abejas y otros polinizadores, cultivos lícitos y ecosistemas amazónicos. Con esta información, el despacho avanzará en el estudio de la tutela y definirá el alcance de las medidas dentro del proceso.Además, el juez requirió al Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto Colombiano Agropecuario, Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el Instituto Nacional de Salud; a Corpoamazonia; Defensoría del Pueblo; Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios y a la Aeronáutica civil información específica de cada una de sus respectivas áreas.
El Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia autorizó un controvertido plan piloto del Gobierno para erradicar los cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio, un herbicida considerado "moderadamente peligroso" por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Este compuesto químico -no permitido en la Unión Europea (UE)- es distinto al glifosato, cuyo empleo para combatir los cultivos ilícitos (principalmente, coca), se suspendió en Colombia en 2017 por motivos sanitarios.La resolución, publicada en el Diario Oficial, ordena la ejecución de una "fase experimental controlada, limitada, temporal y ejecutable" mediante aeronaves tripuladas y con el compuesto químico glufosinato de Amonio 200 SL, exclusivamente en los polígonos que sean habilitados para la operación.El piloto tendrá un cupo máximo de 1.000 hectáreas efectivamente tratadas y una duración operacional de hasta siete días calendario, contados desde la fecha del acta de inicio que todavía no se conoce.La ejecución estará a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran), que deberá cumplir los instrumentos ambientales, las autorizaciones aeronáuticas y los protocolos sanitarios, ambientales, sociales y de seguridad.El objetivo, según el Consejo Nacional de Estupefacientes, no es reactivar de manera generalizada las fumigaciones aéreas, sino "obtener evidencia científica sobre la eficacia del herbicida, la precisión de las aplicaciones, la posible deriva del producto" y sus riesgos e impactos sobre la salud y el medioambiente.La propia resolución establece que este plan piloto "no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional".El glufosinato de amonio esta incluido en Clase II (moderadamente peligroso) de la escala de toxicidad de la OMS, por encima del glifosato (clase III, ligeramente peligroso).En una área reservadaEl área de prueba estará ubicada en un único departamento del país, en una zona próxima a una instalación de la fuerza pública, aunque la resolución mantiene bajo reserva las coordenadas exactas, la extensión del área, las rutas de vuelo y el cronograma detallado, al considerar que su divulgación podría "comprometer la seguridad de la operación y del personal participante".El documento establece además que las zonas seleccionadas deberán excluir áreas protegidas, determinados ecosistemas y espacios donde pueda existir afectación directa a comunidades étnicas sin consulta previa.Si durante la preparación de una operación se detecta una posible afectación de este tipo, el polígono deberá ser suspendido.Suspendidas desde 2017La aspersión aérea de herbicidas fue durante años una de las principales herramientas utilizadas por Colombia para combatir los cultivos ilícitos, especialmente el de la coca, pero el Gobierno de Juan Manuel Santos suspendió en 2015 las fumigaciones con glifosato por motivos sanitarios.Posteriormente, en 2017 se produjo su suspensión definitiva por orden de la Corte Constitucional, en medio de cuestionamientos por los posibles efectos del producto en la salud de poblaciones campesinas y el medioambiente.Desde entonces, las autoridades han recurrido principalmente a la erradicación manual y a estrategias de sustitución voluntaria de cultivos, aunque la aspersión aérea ha permanecido en el debate como una alternativa para enfrentar el crecimiento de los cultivos de uso ilícito.La nueva resolución que fue firmada el pasado 18 de agosto y se conoce un día después de la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, busca precisamente generar evidencia sobre una sustancia diferente al glifosato antes de considerar cualquier eventual programa de mayor alcance.
El canciller, Omar Bula, se reunió con Amado Philip de Andrés, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. En el encuentro hablaron sobre la importancia de fortalecer la cooperación para enfrentar el crimen organizado transnacional y las problemáticas relacionadas a las drogas ilícitas.“Resulta fundamental mantener una coordinación estrecha y oportuna con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos, favorecer la coherencia entre las actividades desarrolladas por UNODC y las prioridades nacionales, optimizar el uso de los recursos disponibles y promover una planificación más eficiente y articulada”, manifestó el canciller Bula. Colombia confirmó tras este encuentro su participación en el 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Además, el gobierno colombiano está organizando un evento paralelo para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre trazabilidad, debida diligencia y control de flujos financieros ilícitos.“Es un trabajo que tiene que comenzar ya. Yo creo que el presidente de la República lo ha dejado claro: tenemos una nueva óptica de lucha contra el crimen organizado y tenemos que comenzar a alinearnos en esta nueva línea del Gobierno”, dijo Bula. Es importante recordar que el anterior gobierno sostuvo algunas diferencias con UNODC, especialmente el expresidente Gustavo Petro cuestionó la metodología que usaba esa oficina en su medición sobre producción de cocaína.En enero de 2026, el presidente Petro aseguró que el Gobierno dejaría de usar ese indicador, al considerar que la metodología no reflejaba con precisión la situación del país. Según el mandatario, el sistema de monitoreo de la Policía Nacional mostraba resultados distintos y evidenciaba una reducción en el crecimiento de los cultivos.
La erradicación de los cultivos de coca será una prioridad para el Gobierno de Abelardo De La Espriella, quien anunció durante su discurso de posesión que utilizará la fumigación con herbicidas como una de las herramientas para combatir las plantaciones ilícitas. “La erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible, es una prioridad nacional”, afirmó el mandatario desde el Batallón Pichincha, en Cali.De La Espriella cuestionó las estrategias que, según dijo, se limitan a medir el crecimiento de los cultivos ilícitos y planteó una intervención directa sobre las plantaciones. “La coca no se combate con estadísticas maquilladas ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra, donde hoy alimenta la violencia y el crimen”, sostuvo.El presidente anunció específicamente la implementación de fumigación con herbicidas, afirmando que se realizaría con una tecnología que no causa afectaciones ni a los humanos ni al medio ambiente.“Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”, afirmó.El mandatario presentó la lucha contra los cultivos ilícitos como parte de una estrategia más amplia contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. En su discurso aseguró que la coca ha generado violencia, corrupción y desplazamiento de comunidades campesinas: “La coca ha traído muerte, corrupción y destrucción”, dijo.Sin embargo, la propuesta no se limita a la erradicación. De La Espriella también planteó una sustitución productiva de los cultivos ilícitos por actividades agrícolas legales. “La coca dará paso al coco, al cacao, al café, al maíz, a la palma y a una agricultura honrada, próspera y libre en la patria”, aseguró.El anuncio representa uno de los principales cambios planteados por el nuevo Gobierno en materia de política antidrogas y abre el debate sobre la implementación de la aspersión, sus condiciones técnicas y ambientales y el cumplimiento de las exigencias establecidas por la Corte Constitucional.
La erradicación manual forzosa de cultivos de coca registró una fuerte reducción durante 2024, en contraste con el aumento del área sembrada reportado en el país.De acuerdo con el informe Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, las hectáreas intervenidas mediante esta estrategia pasaron de 20.325 en 2023 a 9.403 en 2024.Esto representa una caída del 54 % en las acciones de erradicación manual, que a su vez es uno de los principales mecanismos utilizados por el Estado para combatir los cultivos ilícitos.La reducción ocurre cuando Colombia alcanzó las 261.000 hectáreas sembradas en 2024, frente a las 253.000 registradas el año anterior. Aunque la UNODC no establece una relación directa, las cifras muestran que el descenso de las labores de erradicación coincidió con un incremento del 3,5 % en el área cultivada a nivel nacional.Además, se resalta que Putumayo concentró el 87 % del total de área intervenida por erradicación manual forzosa convirtiéndose en el departamento donde se ejecutó la mayor parte de las operaciones realizadas durante el año.Cabe recordar que allí se han adelantado tareas de erradicación voluntaria en medio de los compromisos de la conversación de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Por otra parte, el informe también advierte que la coca se encuentra cada vez más concentrada en territorios especializados conocidos como enclaves productivos y en zonas cercanas a las fronteras internacionales.Estos territorios ofrecen condiciones favorables para el cultivo, el procesamiento y la salida de la droga hacia mercados internacionales. Mientras la erradicación disminuyó, los enclaves productivos pasaron de siete en 2019 a quince en 2024 y actualmente concentran cerca del 44 % de toda la coca sembrada en Colombia.Para la UNODC, el principal desafío no es únicamente reducir el número de hectáreas cultivadas, sino enfrentar la consolidación de territorios donde la economía de la coca se ha mantenido durante años.
Colombia cerró el 2024 con un nuevo aumento en los cultivos de coca. Según el informe ‘Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2024’, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, y el Gobierno, el país alcanzó las 261.000 hectáreas cultivadas, lo que representa un incremento del 3,5 % frente a las 253.000 hectáreas registradas en 2023.Si bien el crecimiento fue menor al evidenciado en años anteriores, el informe advierte una mayor concentración de los cultivos en áreas estratégicas para la producción y el tráfico de cocaína, como lo son las fronteras con otros países.Según el estudio, la coca se encuentra cada vez más agrupada en los llamados “enclaves productivos”, los cuales se establecen cuando un territorio, en los últimos cinco años, ha presentado una concentración de cultivos de entre 10 a 12 hectáreas sembradas por kilómetro cuadrado.Mientras en 2019 los enclaves eran 7 y concentraban cerca de 56.000 hectáreas de coca, para 2024 esa cifra alcanzó las 114.000 hectáreas, en 15 enclaves, es decir que estos cultivos se han fortalecido en zonas donde ya existían condiciones favorables para su desarrollo.Estas zonas, además, están conectadas directamente con los laboratorios de procesamiento de la hoja de coca y el transporte de insumos tanto legales como ilegales usados en dichas tareas.Gran parte de estos cultivos se localizan en regiones como el Pacífico, Catatumbo y Putumayo-Caquetá, áreas donde históricamente han coexistido economías ilícitas, presencia de grupos armados y dificultades para la intervención estatal.Los cultivos de coca también han tenido una creciente cercanía a centros poblados y a fronteras internacionales. Según el documento, el 90 % del área cultivada en 2024 se ubicó a menos de 15 kilómetros de un centro poblado, mientras que la distancia promedio a las fronteras se ha reducido significativamente durante las últimas dos décadas.En otra arista, más de la mitad de la coca sembrada está en territorios con alguna figura especial de protección ambiental como lo son comunidades negras (21 %), reservas forestales (14 %) y resguardos indígenas (12 %), mientras que el 4 % de los cultivos se localiza dentro de parques nacionales naturales, siendo los más afectados el Paramillo, Catatumbo Barí y Natural Nukak.En el contexto internacional, Colombia continúa siendo el principal productor de hoja de coca del mundo: junto con Perú y Bolivia, los tres países andinos 376.784 hectáreas cultivadas en 2023, de las que Colombia aportó 253.000 hectáreas, equivalente a cerca de dos terceras partes de toda la coca sembrada en la región.Durante 2024 las autoridades decomisaron 889 toneladas de cocaína, un aumento del 19 % frente a las 746 toneladas registradas en 2023.“Una cantidad considerable de la cocaína que sale de Colombia también es transportada hacia México y, posteriormente, a Estados Unidos, que, aunque ha perdido protagonismo para el tráfico internacional de cocaína, sigue siendo considerado uno de sus mercados más tradicionales. Esta ruta se encuentra, en gran medida, bajo el control de los cárteles mexicanos como el de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, entre otros grupos dedicados al tráfico transnacional de cocaína”, reseñó el informe.El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 reportó que el número de consumidores alcanzó los 25 millones de personas y que las incautaciones mundiales llegaron a un récord histórico de 2.275 toneladas.Finalmente, por primera vez en años, la UNODC y el Gobierno colombiano decidieron no publicar la estimación de producción potencial de clorhidrato de cocaína, pues aseguran que la metodología utilizada ya no reflejaba adecuadamente los cambios en productividad y rendimientos observados en los territorios afectados por los cultivos de coca, por lo que se inició un proceso de revisión técnica para actualizar el indicador y mejorar su precisión.
Colombia cerró 2024 con 261.000 hectáreas sembradas con coca, un aumento del 3,5 % frente a las 253.000 hectáreas registradas en 2023, según el informe del Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2024 elaborado por la UNODC y el Gobierno colombiano.En detalle, el informó reveló que esta expansión o aumento no ocurrió de manera uniforme, sino que se concentró en regiones y departamentos específicos, principalmente en zonas cercanas a las fronteras internacionales.Puntualmente, son 10 los municipios que concentran el 50% de las hectáreas cultivadas para 2024:Tumaco (Nariño), 31.300 ha.Tibú (Norte de Santander), 25.911 haEl Tambo (Cauca) 10.326 haPuerto Asís (Putumayo) 9.893 haValle del Guamuez (Putumayo) 8.968 haEl Charco (Nariño) 8.800 haOrito (Putumayo) 7.669 haEl Tarra (Norte de Santander) 7.665 haSan Miguel (Putumayo) 6.411 haRoberto Payán (Nariño) 5.950 ha“Se requiere sumar la coca en 167 municipios para alcanzar la misma concentración del fenómeno de los 10 municipios”, advierte el informe.La región Pacífico continúa siendo el principal núcleo cocalero del país. Allí se localizaron 121.612 hectáreas en 2024, un incremento del 14 % respecto a las 107.078 hectáreas reportadas el año anterior. Esta región concentra casi la mitad de toda la coca sembrada en Colombia y explica buena parte del crecimiento nacional.Por el contrario, la región Putumayo-Caquetá registró una de las mayores reducciones del país. El área sembrada pasó de 56.933 hectáreas en 2023 a 49.190 hectáreas en 2024, una disminución del 14 %. También hubo reducciones en la región Central, donde la coca cayó 7 %, y en Meta-Guaviare, Orinoquía y Amazonía, que mantuvieron tendencias de estabilidad o descenso.19 departamentos con presencia de coca, diez registraron disminuciones, ocho aumentos y uno permaneció estableEl crecimiento se concentró principalmente en Nariño, Cauca y Norte de Santander, que sumaron cerca de 19.000 hectáreas adicionales durante 2024. En contraste, las reducciones más importantes ocurrieron en Putumayo, Caquetá y Antioquia, donde se dejaron de registrar alrededor de 9.000 hectáreas.Allí se han reportado tanto procesos de paz que han incluido erradicación voluntaria, como operaciones militares contra el delito de la producción de cocaína pero también un traslado de las economías ilícitas hacia la minería ilegal.Nariño se consolidó nuevamente como el departamento con mayor presencia de coca en Colombia al alcanzar cerca de 74.500 hectáreas, un incremento del 15 % frente a 2023. Norte de Santander también presentó un crecimiento significativo del 11 %, mientras que Putumayo, aunque sigue ocupando el tercer lugar nacional, redujo su área sembrada en un 12 %.Así las cosas, Nariño, Norte de Santander y Putumayo reúnen el 64 % de toda la coca sembrada en Colombia y, según el análisis histórico del SIMCI, en la última década casi triplicaron la cantidad de cultivos presentes en sus territorios.El informe atribuye parte de esta dinámica a la cercanía con las fronteras. La UNODC señala que los cultivos se han desplazado hacia zonas limítrofes porque estas ofrecen ventajas para el transporte, procesamiento y comercialización de cocaína. En la franja más próxima a las fronteras terrestres, entre 0 y 10 kilómetros, el área sembrada aumentó 8 % durante el último año.Tendencia que se refuerza en el mediano plazo: entre 2019 y 2024, la cantidad de coca ubicada en la franja de 0 a 40 kilómetros de las fronteras terrestres aumentó 70 %, es decir, casi 1,7 veces más que hace cinco años, en especial en Nariño y Catatumbo, territorios que limitan con Ecuador y Venezuela, respectivamente.Otro de los hallazgos relevantes es el crecimiento de los enclaves productivos, territorios donde los cultivos presentan alta densidad, permanencia y especialización, pasando de siete en 2019 a quince en 2024.Además, el área sembrada dentro de ellos se duplicó, al pasar de 56.000 a 114.000 hectáreas. Actualmente concentran el 44 % de toda la coca del país. Según la UNODC, en estos territorios existe una creciente integración entre el cultivo y los procesos de transformación (laboratorios), lo que favorece economías ilegales más estables.El 90 % de la coca detectada en 2024 se localiza en territorios donde el cultivo ha permanecido de manera continua durante los últimos diez años. Para la UNODC, esta concentración fortalece la dependencia económica de estos territorios frente a las economías ilícitas y representa uno de los mayores desafíos para las políticas de sustitución y desarrollo rural.
La publicación del informe de cultivos ilícitos de la ONU antes de las elecciones presidenciales podría tener efectos políticos negativos para el gobierno Petro y para su candidato, según advirtió el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, Michael Weintraub. En diálogo con Mañanas Blu 10:30, el experto analizó el impacto electoral que genera el retraso de este documento del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci).Impacto electoral del informe de la ONU en ColombiaEl reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) se conocerá después de la segunda vuelta presidencial. Al respecto, Weintraub afirmó: “Es evidente que publicar el informe antes de elecciones podría tener efectos políticos negativos para el gobierno de Gustavo Petro y para candidato del pacto, dado que el informe de 2023 pues mostró un aumento importante en hectáreas cultivadas como en producción potencial”.El director del Cesed aclaró que no tiene pruebas directas sobre una manipulación del calendario: “No tengo evidencia que la decisión de postergar el reporte se deba a eso”. Sin embargo, reconoció que en esta coyuntura confluyen dos elementos complejos. “Es un debate técnico legítimo como hemos estado hablando, y también la demora se podría, pues tiene que ver seguramente con conveniencia política, y es re difícil separar las dos cosas en este momento”, explicó.Fallas metodológicas en la medición de cocaína potencialEl debate técnico central gira en torno a la forma en que Naciones Unidas calcula el narcotráfico. El académico defendió el censo de hectáreas sembradas, pero cuestionó con severidad la estimación de la droga producida. “Estoy de acuerdo de que la metodología para calcular la producción potencial de cocaína está mal. Sí, hay que actualizar la metodología o incluso de nuevo dejarlo”, aseveró.Para el investigador, este indicador acumula un margen de error crítico en cada fase de su cadena de suposiciones, que incluye rendimientos de hoja y factores de conversión a clorhidrato. “Es una metodología poca transparente porque de hecho cuando uno intenta, y lo hemos hecho, intentar replicar la metodología no es fácil”, sentenció Weintraub.Escuche la entrevista completa aquí:
El mercado mundial de la cocaína es el que más rápido crece a nivel global de entre todas las drogas y la ONU atribuye esa expansión al aumento de la producción en Sudamérica, especialmente en Colombia, y a una creciente demanda en otras regiones emergentes como África y Asia.El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado este jueves en Viena, destaca que la producción mundial de cocaína habría superado las 3.700 toneladas en 2023, un 34 % más que en 2022.Esta expansión de la oferta se explica, en particular, por el caso de Colombia, donde crecieron tanto el área de cultivo ilícito de coca como la capacidad de producción en los laboratorios ilegales.La JIFE, un órgano cuasi judicial del sistema de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales contra las drogas, señala que el crecimiento del mercado no es solo cuantitativo sino que también se ha diversificado y es más global.Aunque los dos mayores mercados de la cocaína siguen siendo Europa y América del Norte, las rutas ilegales de esta droga alcanzan ya "todas las regiones del mundo", incluida África, que hasta hace poco era sólo una región de tránsito, o Asia, donde su presencia hasta hace poco era residual.En Europa occidental y central, por quinto año consecutivo, las incautaciones en 2023 superaron a las de Norteamérica, confirmando a la región como el principal destino de esta droga.Según la JIFE, entre enero de 2019 y junio de 2024 se incautaron más de 1.826 toneladas de drogas con destino a puertos europeos, y el 82 % de ese volumen correspondió a la cocaína con 1.487 toneladas.El aumento de la producción de cocaína impulsa la expansión de esa droga en nuevas regiones, como África, donde las incautaciones crecieron un 48 % en 2023 respecto a 2022.Entre 2013 y 2023, el número de consumidores de cocaína habría pasado de 17 a 25 millones, con señales de expansión hacia África y Asia, señala el informe, que cita datos de Naciones Unidas."Hay una tendencia al alza en el consumo de cocaína en todo el continente, especialmente en África Occidental, Central y Austral, y al menos 4.700 personas han recibido tratamiento por trastorno por consumo de cocaína en los últimos años", señala el informe sobre África.En el sur de Asia, la JIFE destaca un importante aumento de incautaciones, lo que muestra un mercado en expansión. El documento advierte además de técnicas de ocultación cada vez más sofisticadas, como alterar químicamente la cocaína para que no sea detectable en controles rutinarios, y camuflarla mezclándola o integrándola en "materiales portadores" como plásticos o tejidos.En Sudamérica, el informe ilustra el efecto corrosivo del auge del narcotráfico con el caso de Ecuador, donde en 2024 se incautaron más de 290 toneladas de cocaína, más de un 30 % por encima de 2023, en un entorno marcado por la violencia."En Sudamérica, el impacto del aumento del tráfico de cocaína se ha sentido especialmente en Ecuador, que en los últimos años ha vivido una ola de violencia letal causada tanto por grupos criminales locales como transnacionales", señala la JIFE.En ese país, se registraron 6.964 muertes violentas en 2024, con una tasa de 38,76 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que supone que esa tasa se quintuplicó en cinco años.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.
La reforma tributaria de Bogotá avanza en el Concejo Distrital con uno de sus componentes centrales ya aprobado: la sobretasa al alumbrado público, un nuevo cobro que recaerá sobre los predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como sobre inmuebles comerciales, industriales y financieros. La medida busca garantizar recursos durante los próximos 10 años para modernizar el sistema de iluminación de la capital, pero ha generado reparos entre sectores como los centros comerciales, que advierten sobre un posible incremento de sus costos.La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, explicó que la propuesta hace parte de una transformación del sistema de alumbrado público hacia un modelo que incorpore tecnología, sensores y cámaras, además de herramientas para mejorar la movilidad y responder ante situaciones como incendios o inundaciones.“Lo que nosotros le estamos apostando acá es a transformar la ciudad y transformarla a partir de una columna vertebral que es su alumbrado”, señaló Cadena durante una entrevista con Mañanas Blu.La funcionaria explicó que actualmente el alumbrado público se financia con recursos ordinarios del Distrito, es decir, con recursos que hacen parte del presupuesto general. Con la nueva sobretasa se busca establecer una fuente específica de financiación que no pueda ser destinada a otros sectores.¿Cuánto se pagará por el alumbrado público en Bogotá?De acuerdo con las estimaciones entregadas por la Secretaría de Hacienda, el cobro comenzaría a aplicarse a partir de 2027, siempre y cuando la reforma tributaria sea aprobada en su totalidad por el Concejo de Bogotá.Para los predios residenciales, el promedio estimado sería de $133.000 anuales para el estrato 4, $227.000 para el estrato 5 y $348.000 para el estrato 6. En términos mensuales, la Secretaría de Hacienda ha calculado aproximadamente $11.000, $19.000 y $29.000, respectivamente.La sobretasa también alcanzaría a otros tipos de predios. El promedio anual estimado sería de $807.000 para inmuebles comerciales, $1.672.000 para industriales, $2.342.000 para financieros, $577.000 para lotes y $2.400.000 para predios dotacionales.La medida, sin embargo, contempla mecanismos para proteger a propietarios que no tengan capacidad de pago. Cadena explicó que los propietarios de predios residenciales de estratos 4, 5 y 6 que estén clasificados en los niveles A, B o C del Sisbén podrán acceder a una tarifa de cero pesos. También se contemplan excepciones para predios comerciales cuyos propietarios carezcan de capacidad de pago, en los casos establecidos, y para establecimientos comerciales de hasta 30 metros cuadrados ubicados en viviendas de estratos 1, 2 y 3.“Hemos tenido el cuidado (...) de buscar que este cobro, pues si bien significa un esfuerzo para todos, sea muy cuidadoso en no afectar a quienes menos capacidad de pago tienen”, afirmó la secretaria de Hacienda.Bogotá busca modernizar su alumbrado públicoUno de los argumentos de la Administración Distrital para defender la sobretasa es la necesidad de pasar de un sistema tradicional de iluminación a uno de carácter inteligente. Según Cadena, la modernización permitiría implementar sensores, cámaras y sistemas de telegestión, con los que sería posible detectar fallas de manera remota y optimizar el consumo de energía.“¿Qué queremos? Telegestionar nuestro alumbrado. Eso genera eficiencias, ahorro en consumo de energía, y los recursos para eso ya van a estar determinados”, sostuvo. La funcionaria también explicó que la reforma tributaria no define quién será el operador del servicio de alumbrado público. Actualmente, buena parte de la infraestructura está relacionada con Enel, en el marco de un convenio que lleva cerca de 30 años.El contrato vigente, según la secretaria, llega a una etapa de cambio a finales de noviembre. La definición del nuevo esquema contractual corresponde al proceso que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, y el Distrito. Cadena señaló que uno de los objetivos será garantizar que las inversiones que haga Bogotá sobre la infraestructura queden para la ciudad.Centros comerciales advierten por aumento de costosMientras la Administración Distrital defiende la sobretasa como una fuente de financiación para modernizar Bogotá, los centros comerciales han expresado su oposición al mecanismo de cobro.Carlos Betancourt, director ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, Acecolombia, cuestionó que la sobretasa se calcule sobre el avalúo catastral y no sobre el consumo efectivo de energía: “La sobretasa (...) en este caso en particular es un 1% sobre el valor del avalúo catastral”, explicó Betancourt, quien considera que los avalúos de algunos inmuebles comerciales en Bogotá pueden generar cargas tributarias elevadas.El dirigente puso como ejemplo locales con avalúos de hasta $60 millones por metro cuadrado. Según su explicación, un local de 100 metros cuadrados podría representar un avalúo de $6.000 millones y, bajo el cálculo planteado, una sobretasa de $60 millones.Para Betancourt, esta situación puede generar una presión adicional sobre establecimientos que ya enfrentan elevados costos de operación: “Yo creo que no estamos para más impuestos, estamos en un momento en el que hay que recuperar actividad, preservar empleo, seguir trabajando en construir oportunidades”, manifestó.Acecolombia alerta por posible traslado del costo al consumidorEl representante de los centros comerciales también advirtió que el impacto de la sobretasa podría trasladarse a otros integrantes de la cadena comercial. De acuerdo con Betancourt, algunos establecimientos podrían verse obligados a aumentar precios para compensar el incremento de sus obligaciones tributarias, mientras que otros negocios con menores márgenes podrían enfrentar dificultades para mantenerse en el mercado.“Inevitablemente todo termina en una cadena de traslado de costos. Entonces vamos a tener una presión de inflación por esa vía”, afirmó. El dirigente también señaló que el modelo de cobro basado en el avalúo podría tratar de la misma manera a establecimientos comerciales con realidades económicas diferentes.Como ejemplo, mencionó negocios de accesorios, bisutería o joyería que pueden ocupar áreas similares, pero que no necesariamente tienen los mismos niveles de ventas, arriendos o márgenes de rentabilidad.Reforma tributaria aún tiene artículos pendientesAunque la sobretasa al alumbrado público ya fue aprobada dentro del debate, la reforma tributaria distrital todavía tiene artículos pendientes de discusión. La secretaria de Hacienda explicó que el proyecto contempla 54 artículos, de los cuales 27 habían sido aprobados durante la sesión mencionada en la entrevista. Entre los principales componentes de la reforma están el alumbrado público, las modificaciones relacionadas con el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y los incentivos a la inversión.Sobre este último punto, la Administración Distrital calcula que durante los próximos 10 años Bogotá podría atraer inversiones por más de $70 billones y generar alrededor de 215.000 empleos, de acuerdo con sus propias proyecciones.
Un carro que llegue a la revisión tecnomecánica con luces en mal estado, desalineadas o que no funcionen correctamente puede ser rechazado, ya que se trata de una de las razones comunes de reprobación durante la inspección, que verifica el estado de las luces de parqueo, direccionales, freno, reversa y las delimitadoras o de posición, según dijo ASOCDA a Blu Radio.Y es que el panorama de alto incumplimiento de la tecnomecánica en Colombia no es menor. De los 22.161.912 vehículos matriculados en el país, más de 10 millones evaden actualmente la revisión, según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Centro de Diagnóstico Automotor.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, mientras que en los últimos cinco años se ha mantenido por encima del 50 % del parque automotor registrado.¿Qué problemas en las luces hacen que rechacen un carro?Entre las fallas que pueden provocar el rechazo están el mal estado, la desalineación o el no funcionamiento de las luces del vehículo.La revisión contempla las luces de:Parqueo.Direccionales.Freno.Reversa.Delimitación.Posición.Por tratarse de elementos utilizados para iluminar la vía o advertir a otros conductores sobre las maniobras del vehículo, una falla en estos componentes puede impedir que el carro obtenga el certificado de la tecnomecánica.Por eso, antes de llevar el vehículo al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), es importante comprobar que las diferentes luces funcionen y que no presenten problemas visibles de estado o alineación.¿En qué regiones están rechazando más vehículos en 2026?Las cifras del informe muestran diferencias importantes entre las regiones del país. San Andrés y Providencia registra el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con un 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.Por tipo de vehículo, las motocicletas son las que acumulan el mayor número de rechazos en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la inspección técnica.El panorama contrasta con el nivel de evasión de la revisión. Amazonas registra la tasa más alta del país, con 96,95 % de evasión, seguido por Guainía, con 93,79 %, y Vichada, con 93,42 %.A nivel municipal también aparecen cifras elevadas: Aguachica alcanza 90,93 % de evasión y La Dorada, 74,48 %.¿Qué pasa si rechazan mi carro en la tecnomecánica?Cuando un vehículo es rechazado, el propietario tiene 15 días calendario para corregir los defectos identificados y volver a presentarlo para una segunda inspección.Si en esa segunda revisión el carro vuelve a incumplir los estándares, el propietario deberá pagar nuevamente el costo de la revisión para poder obtener el certificado.También será necesario realizar una nueva revisión completa y asumir nuevamente el costo del procedimiento si el propietario no presenta el vehículo dentro del plazo de 15 días.Por eso, una falla en las luces no debería dejarse para el momento de la inspección: si alguna está dañada, no funciona, presenta problemas de alineación o tiene algún otro defecto, debe corregirse antes de acudir al CDA.¿Cuántos vehículos tienen la tecnomecánica al día?A pesar del nivel de evasión, el número de vehículos que cumplen con la RTMyEC aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026, 3.810.725 vehículos estaban certificados, frente a 3.629.782 en el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de 180.943 vehículos, equivalente al 5 %.La red de CDA cuenta actualmente con 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 líneas mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados.Sin embargo, la infraestructura disponible permanece ampliamente subutilizada. El porcentaje mensual de vehículos inspeccionados frente a la capacidad autorizada no supera el 10,59 %, según el informe.
La Corte Constitucional estableció una serie de condiciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional al momento de definir la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para 2027, el valor que financia los servicios y tecnologías de salud de los afiliados.En el Auto 1302 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 reiteró que el Ministerio de Salud debe demostrar, con información técnica y verificable, que los recursos asignados son suficientes para cubrir las necesidades del sistema.Uno de los puntos centrales de la decisión es que la UPC integral del régimen subsidiado no podrá ser inferior al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica que justifique una diferencia mayor.La Corte también advirtió que el cálculo de la UPC no puede limitarse a actualizar valores históricos ni estar determinado únicamente por las restricciones presupuestales. El Ministerio de Salud deberá establecer técnicamente cuánto dinero requiere el sistema para garantizar los servicios y tecnologías financiados mediante esta prima.Además, la Sala ordenó identificar y cuantificar el posible rezago acumulado de la UPC, diferenciándolo de factores como problemas de gestión, ineficiencias o dificultades de flujo de recursos de las EPS.La decisión también involucra al Ministerio de Hacienda, al que se le reiteró la obligación de garantizar los recursos necesarios para cumplir las órdenes relacionadas con la financiación del sistema de salud.El Ministerio de Salud tendrá que presentar, a más tardar el 15 de enero de 2027, un informe a la Corte con la metodología utilizada, la calidad de la información, la justificación técnica del valor definido para la UPC y el proceso de participación adelantado.La Corte aclaró que este auto no constituye todavía una evaluación de cumplimiento, sino que establece las condiciones mínimas que deberán observarse para la definición de la UPC de 2027.En contexto, la Sala señaló que la decisión se adopta en un escenario de dificultades en el acceso a los servicios de salud y recordó que las tutelas relacionadas con este derecho aumentaron de más de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, según los datos citados en la providencia.
