El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció a finales de la semana pasada que reducirá en un 50 %, la meta de erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca para este año, al pasar de 20 mil hectáreas en 2023 a solo 10 mil hectáreas en el 2024.
La explicación del ministro de Defensa, Iván Velásquez, para haber tomado esta decisión, es que se trata de una medida coherente con la instrucción del presidente Petro en el sentido de dar un giro en la política antinarcóticos, que busca atacar a los dueños del negocio ilegal, por medio de la interdicción de grandes cargamentos de cocaína, en lugar de atacar a los pequeños cultivadores.
Velásquez reveló que entre el 1 de enero y el 7 de marzo de este año, la Fuerza Pública se ha incautado de 130 toneladas de cocaína, lo que representa un aumento del 33% frente al mismo periodo de 2023 y luego agregó que según mediciones de la Policía, en diciembre del año pasado comenzó a percibirse una disminución en los cultivos de coca, al ubicarse en 246.693 hectáreas.
Aunque el Gobierno colombiano ha tenido recientemente reuniones con las autoridades estadounidenses para explicar los alcances de la nueva política antidrogas, en círculos diplomáticos de Washington hay inquietud por la decisión de reducir drásticamente la erradicación forzosa de los cultivos de hoja de coca, que es considerada por expertos como una de las prácticas necesarias para frenar la producción de cocaína.
De acuerdo con el reporte anual sobre estrategias para el control internacional de los narcóticos, que evalúa desde el Departamento de Estado la lucha contra las drogas a nivel mundial, Colombia debería combinar el desarrollo y la seguridad en zonas rurales, la erradicación voluntaria y la interdicción de cocaína y precursores químicos, con la necesidad de “continuar erradicando plantaciones de manera forzosa”.
Y es que según las autoridades estadounidenses, en el 2023 Colombia solo erradicó de manera forzosa un poco más de 20 mil hectáreas de hoja de coca, frente a las 69.000 hectáreas de 2022, lo que significó una disminución del 70 por ciento, aunque destaca un aumento del 10 por ciento en incautación de cocaína y un incremento del 12 por ciento en la destrucción de laboratorios para el procesamiento del alcaloide.
Desde una óptica global, a diferencia de lo que afirma el presidente Gustavo Petro, Estados Unidos señala que el aumento de los cultivos de coca en Colombia, obedece entre otras cosas, a una demanda sostenida o creciente de cocaína en los países consumidores, lo que desmiente a quienes señalan que el fentanilo estaría ocupando su lugar.
Hoy en Colombia, la expansión de cultivos de hoja de coca ha llevado a que varios grupos ilegales ejerzan control territorial en las zonas con mayor cantidad de matas sembradas y la disputa por las rutas y el control de esos puntos, han desencadenado enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.
Teniendo en cuenta la influencia de actores armados que controlan los cultivos de coca, resulta muy difícil pensar en un marchitamiento del negocio ilegal únicamente enfocándose en la interdicción y en la destrucción de laboratorios, sobre todo teniendo en cuenta que a pesar de las metas ambiciosas del PNIS, programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, por ahora no se conocen resultados concretos.
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