Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero vuelven a estar en el ojo del huracán por una publicación de la revista Semana, en la que asegura haber recopilado chats de WhatsApp, audios, comprobantes de consignaciones bancarias y testimonios de empresarios que, según el medio, revelarían el funcionamiento de una presunta red de corrupción para el favorecimiento de contratos.
Los hechos habrían iniciado en el segundo semestre de 2024, cuando varios empresarios, principalmente de Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Santander, conocieron a las hermanas Guerrero, en quienes confiaron con la promesa de obtener contratos en distintas entidades.
Según Semana, los empresarios afirman que debían pagar un millón de pesos por una primera reunión y que Juliana Guerrero sería la encargada de realizar las gestiones ante el Gobierno para ayudarlos con dichas contrataciones, a cambio de 200 millones de pesos y el pago del 10 % del valor de cada proyecto adjudicado.
Sostiene, además, que parte de esos recursos habría sido entregada a través de David Trespalacios, quien sería cercano a las hermanas. Posteriormente, por diferencias entre las hermanas Guerrero y Trespalacios, así como por la sospecha de un presunto robo por parte de él, habrían decidido recibir el dinero en sus propias cuentas, a pesar de que ellas, según Semana, no querían recibir plata directamente allí.
La publicación también afirma que las conversaciones incluyen referencias a gestiones para proyectos de acueductos en el Cesar, programas de mejoramiento de vivienda y otros contratos públicos. En esos intercambios, según la revista, las hermanas Guerrero aseguraban tener capacidad para hablar y convencer a funcionarios del Gobierno, y mencionaban reuniones, nombramientos y seguimiento a procesos contractuales.
Por otro lado, según el medio, habría chats en los que aparecen menciones al llamado "jefe de jefes", expresión que, de acuerdo con los empresarios que denunciaron este caso, haría referencia al presidente Gustavo Petro. Aseguran que esa expresión era utilizada para tranquilizar a los empresarios sobre el avance de las supuestas gestiones.
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Otras conversaciones harían referencia a entidades como los ministerios de Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad, la Agencia Nacional de Tierras, el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Departamento Administrativo de la Presidencia, entre otras.
También mencionan una de las declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, quien habló para Semana en exclusiva y reiteró sus denuncias sobre la supuesta influencia de Juliana Guerrero en distintas dependencias del Gobierno.
Según Semana, los tres empresarios aseguran haber entregado más de 600 millones de pesos y sostienen que los contratos prometidos nunca se concretaron. Los denunciantes señalaron que posteriormente reclamaron la devolución del dinero, sin obtener respuesta.
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