En el marco del Día Internacional para la Sensibilización sobre las Minas Antipersonal, Colombia sigue enfrentando una brecha en materia de desminado. Aunque ha firmado compromisos internacionales y ha extendido en varias ocasiones los plazos para cumplirlos, la realidad del conflicto armado continúa dificultando el objetivo de liberar completamente el territorio de minas antipersonal.
Desde la Consejería Comisionada de Paz, el coordinador del Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal, Mauricio Silva, reconoció que el país no alcanzará esa meta en los tiempos establecidos por la Convención de Ottawa.
“Hemos tomado una posición muy discreta, muy honesta y muy transparente en la que le hemos informado a los Estados miembros de la Convención de Ottawa que la tarea no la vamos a poder cumplir, que no vamos a poder despejar el 100 % del territorio colombiano en los periodos que la Convención dictamina, pero que estamos comprometidos con toda la institucionalidad para llevarle acción humanitaria y reducción del riesgo a las comunidades afectadas”.
Según explicó, Colombia solicitó en 2025 una nueva extensión de cinco años para avanzar en el desminado, con una estrategia enfocada en intervenir primero los territorios donde existan condiciones de seguridad. Sin embargo, advirtió que mientras el conflicto armado persista, no hay certeza de lograr un país libre de minas.
De acuerdo con Silva, desde 1990 se han registrado aproximadamente 2.200 víctimas, y aunque en 2026 se evidencia una reducción frente al año anterior, el país sigue dentro de los diez más afectados a nivel global. En 2025 se reportaron cerca de 140 víctimas, con departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Cauca y Caquetá entre los más impactados.
Frente a este panorama, el Gobierno asegura haber implementado una nueva metodología de desminado humanitario que busca agilizar el ingreso a zonas afectadas.
“Hemos promovido una nueva metodología para el desminado humanitario que permite a las organizaciones de la sociedad civil acreditadas en Colombia y a nuestra Fuerza Pública acreditada para desminado humanitario entrar a esos territorios afectados de una manera más rápida, donde puedan ellos mismos asegurar el acceso humanitario y avanzar en las operaciones de descontaminación del territorio, de limpieza y destrucción de artefactos”, explicó Silva, señalando intervenciones en regiones como el Catatumbo, la cordillera nariñense y el noreste antioqueño.
Sin embargo, desde los territorios la realidad es distinta. Rodrigo Martínez, sobreviviente de mina antipersonal y representante de la Asociación Colectivo Cimarrona del Chocó, advierte que la situación sigue siendo crítica.
“Hoy el país vive una situación, una crisis humanitaria en todo el tema de las minas antipersonal porque somos más de 12.000 víctimas en Colombia y, diría yo, como sobrevivientes, que estamos mal contados porque de pronto esas son las cifras que están registradas en la oficina del consejero presidencial, pero hay muchas víctimas que ni siquiera están en el Registro Único de Víctimas”, señaló.
Asegura que el problema no puede reducirse a cifras, ya que “las minas antipersonal siguen generando zozobra, desplazamiento, confinamiento, arrebatando sueños y vidas de niños, niñas y adolescentes, mujeres y hombres en nuestros territorios. Y especialmente están dejando nuestros territorios solos porque nos están generando confinamiento”.
Martínez, además, denuncia graves fallas en la atención a víctimas, especialmente en regiones como el Chocó.
“Hoy las víctimas hemos venido pidiendo y reclamando al país que necesitamos que el departamento de Chocó tenga una ruta de atención con enfoque diferencial, porque si una víctima cae en otro departamento, automáticamente llega un helicóptero y lo evacúa. En el departamento de Chocó no pasa eso. Nos toca vivir el paseo de la muerte para que nos puedan trasladar a un tercer nivel y eso son 3, 4, 5 días. Y automáticamente a veces no es necesario que nos amputen un miembro de nuestro cuerpo, pero por esa falta de atención oportuna a un tercer nivel permite que nos tengan que amputar o perder una extremidad de nuestro cuerpo”.
A esto se suma la falta de acceso a prótesis y ayudas técnicas dignas.
“Hoy en el departamento de Chocó no existe un banco de ayudas técnicas que nos puedan permitir a nosotros como sobrevivientes: se me dañó la prótesis, se me dañó el pie, se me dañó de pronto la válvula y automáticamente voy a tener ese acceso, porque eso es responsabilidad de las IPS, pero realmente no cumplen con esa función”.
Alerta que hay sobrevivientes que llevan dos o tres años esperando respuesta de las IPS que puedan garantizarles prótesis, pero que no cuentan con garantías.
“Hoy tenemos sobrevivientes, como les pude mostrar, que su prótesis está amarrada, liada con neumáticos. Tenemos sobrevivientes que su prótesis son con palos de escoba porque realmente no existe un banco de ayudas técnicas. Si hacemos un análisis de otros departamentos en Colombia, existen los bancos de ayudas técnicas. Entonces, cuando nuestras prótesis no funcionan, nuestro estado de salud va empeorando cada día”.
Ante esta realidad, organizaciones sociales y fundaciones han asumido un papel clave en la prevención y el acompañamiento a las comunidades. Alfonso Otoya, director de la Fundación Barco, explicó que su trabajo se enfoca en sensibilizar y educar frente al riesgo.
“Colombia desde hace más de dos décadas vive el flagelo de las minas antipersonal, los artefactos explosivos y la munición sin explosionar, y este flagelo no ha desaparecido de los territorios colombianos”.
Desde la fundación, asegura, se promueven herramientas para reducir ese riesgo en la vida cotidiana.
“A través de estas campañas en que tratamos de sensibilizar a la población y contarle que todavía hay comunidades que padecen este flagelo, que tienen que hacer sus actividades diarias en medio del riesgo y que este riesgo, por más que todos quisiéramos que desapareciera de la noche a la mañana, no va a desaparecer. Y lo que tenemos que procurar es que estas comunidades se preparen y adopten comportamientos seguros que garanticen o reduzcan el nivel de riesgo al que están expuestos todos los días en sus labores rutinarias y diarias”, aseguró.
Además, desarrollan estrategias pedagógicas dirigidas a toda la población, incluyendo niños: “Tenemos una serie de dibujos animados que se llaman Lalo y Lulú dan pasos seguros, son 10 episodios que los puede ver desde un niño o una niña en una escuela hasta un adulto que les puede contar cómo son estos comportamientos y qué tipo de actuaciones debe uno tener cuando se encuentra en un territorio que no conoce, donde pudo haber pasado un combate o pudo haber existido conflicto y donde puede haber material de guerra que puede poner en riesgo la integridad de todos”.
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