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La operación del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali se encuentra en el centro de la controversia tras las denuncias realizadas por el representante a la Cámara, Cristian Garcés, quien advirtió posibles irregularidades en la administración de esta terminal aérea clave para el suroccidente del país.
Según el congresista, los problemas se habrían intensificado desde septiembre de 2025, cuando la Aeronáutica Civil de Colombia asumió la operación bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Ante este panorama, el representante presentó un derecho de petición dirigido a la Aerocivil con el objetivo de obtener información detallada sobre decisiones administrativas, contractuales y técnicas que hoy generan incertidumbre entre operadores y usuarios del aeropuerto.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en la gestión de los parqueaderos. El congresista pidió explicar qué procedimientos legales se utilizaron para recuperar o reasignar estos espacios, qué actos administrativos se emitieron y cómo se garantizó el debido proceso a los operadores que ya contaban con contratos vigentes. Además, solicitó claridad sobre las decisiones tomadas frente a solicitudes de prórroga y las razones jurídicas que llevaron a adjudicar nuevos contratos, incluyendo el suscrito con el operador que inició actividades en enero de 2026.
Otro punto crítico es la situación de la sala VIP del aeropuerto. El congresista busca establecer si su intervención, suspensión o cierre estuvo debidamente sustentada en actos administrativos y normas contractuales, y si se adelantaron procesos sancionatorios o decisiones unilaterales por parte de la entidad.
En cuanto a la infraestructura, las denuncias apuntan a posibles fallas que podrían comprometer la operación, como fisuras en la plataforma, deterioro de la pista y problemas en los sistemas de navegación aérea. Por lo que, se solicitó a la Aerocivil la entrega de informes técnicos, auditorías e inspecciones, así como el plan de mantenimiento y modernización que detalle cronogramas, fuentes de financiación y responsables de ejecución.
La gestión contractual y financiera también está bajo la lupa. El representante cuestiona cobros de arrendamiento a operadores que, presuntamente, no han podido hacer uso efectivo de los espacios contratados. De esta forma, pidió conocer los análisis de impacto económico de estas decisiones y las medidas adoptadas para garantizar el equilibrio de los contratos, proteger el empleo y evitar posibles litigios contra el Estado.
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Finalmente, el respresentante solicitó información sobre el modelo de administración que se proyecta, ya sea operación directa, concesión o asociación público-privada, los procesos de selección que podrían adelantarse, la coordinación con entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura y el detalle de las inversiones anunciadas por el Gobierno nacional, incluyendo montos, fuentes de recursos y cronogramas.
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